Carles Ramió y Miquel Salvador acusan
en su último libro a políticos y sindicatos de llevar al precipicio a la
Administración pública
Revista de prensa.- Lainformación.com.- La Administración Pública se juega su supervivencia.
Y no solo por culpa de la externalización (sin cabeza) o las políticas
llamadas neoliberales. El
cáncer viene de lejos. Su modelo organizativo y su sistema de gestión de recursos humanos está
obsoleto mientras el funcionariado envejece sin remedio. El libro 'La nueva gestión del
empleo público' (editorial Tibidabo), de Carles Ramió y Miquel Salvador, expone con crudeza la realidad.
"Las
últimas convocatorias están anticuadas, en cuanto a los procesos de selección
como en perfiles demandados. En unos años ¿qué haremos con los auxiliares administrativos en
plena revolución de la robótica?", expone Ramió. "Los parches y las
medidas paliativas de 'replantillar' ya no valen, lo que exponemos a raíz de
contactos con los sectores de la Administración y desde nuestra propia
experiencia es un plan coherente, equilibrado, donde evaluación, formación y
recursos humanos encajen", señala Miquel Salvador.
En una
década habrá un millón de
jubilaciones y puede ser la última oportunidad, con la
tecnología de la información, la robótica y la biomedicina en camino. La selección del funcionariado, memorística y
vieja, la falta de control de
aptitudes y actitudes, el clientelismo, unos sindicatos inmovilistas que defienden prebendas
que no durarán, una burocracia corporativa, una cultura de trabajo
acomodada y poco productiva, y la grave falta de motivación son algunos de los
tumores a extirpar.
La
Administración cuenta con el doble de trabajadores mayores de 64 años que
menores de 30, seis de cada diez tiene más de 55 años y solo el 7% tiene menos de 30. A su marcha tendremos
una falta de personal cualificado ("no se forma en A.I. ni en big
data", destaca Salvador) que puede poner en riesgo a la Administración.
Estamos ante una ventana de oportunidad para "dejar de apostar por
los puestos de más baja cualificación", señalan. El error sería, lo
que se hace siempre, convocar pruebas masificadas para rellenar los huecos... y
es lo que se está haciendo. Primero, habría que analizar la futura realidad de
la función pública para adaptar los puestos a la innovación, flexibilidad, creatividad y adaptabilidad necesarias
dentro de 30 años. Y en muchas situaciones los mayores serán los mejores
tutores.
Los
autores Carles Ramió y Miquel Salvador aman
la función pública y la consideran imprescindible, pero sus recetas son duras
en 'La nueva gestión del empleo
público'. No abogan por privatizar y externalizar, si no es necesario,
pero sacan los colores a una Administración en la que "las mitad de los
contratados en las últimas cuatro décadas no lo ha hecho bajo principios de igualdad, capacidad y
mérito". El 40%, de hecho, no son funcionarios sino que han
accedido al puesto por vías de consolidación, concursos de oposición basados en
la antigüedad, bajo el "manto trucado de plazas unipersonales, sin olvidar
el reclutamento endogámico
en la universidad", sostienen. Un hecho más, la crisis y
la burocracia han provocado que en los Ayuntamientos haya puestos que le caen
"al hijo del vecino" ante la insoportable burocracia.
Desprecio a los altos cargos de la Administración
Arremeten
los autores contra el hecho de que se pida bajar los salarios de los puestos
superiores de la Administración, hacer fijos a los interinos de manera
indiscriminada o la criminalización de toda externalización 'per se'. Consideran
en este sentido que el poder sindical es inaudito ante unos políticos
"faltos de valentía para reformar la Administración" y destacan que
deberían ser "funcionarios de alto nivel y prestigio los que llevaran las
riendas de la misma y no los políticos, incapaces de enfrentarse ante la
opinión pública a los intereses corporativos y los privilegios profesionales,
entre ellos los liberados sindicales". Un dato: en el sector privado hay 4.200, en el público, más de 10.000.
"Los sindicatos no hablan de
meritocracia, ni de dirección profesional, solo de días y horas de
asueto. El sistema público posee una estructura de incentivos perversa que conduce a la
falta de carrera profesional, la desmotivación, la apatía, el gregarismo y la indiferencia". El desnivel de la retribución
respecto a lo privado y estos síntomas atacan a la
Administración y su futuro. "Los políticos no trabajan con perspectiva porque millones de votos están en
juego. Hay unos privilegios endiablados que nadie quiere tocar y los
sindicatos con sus posturas, aunque no lo crean, se han convertido en enemigos
de lo público. Es cierto que se ha perdido poder adquisitivo en la crisis, pero
deben acabar con la cultura de la ociosidad, un sistema desmotivador y eso que en la sanidad, por
ejemplo, el esfuerzo de los empleados es enorme tras los recortes",
puntualiza Ramió.
Hecho
el demoledor análisis, algunas soluciones. Meritocracia en el acceso, pruebas del siglo XXI, formación
acorde al trabajo a realizar y no solo para sumar puntos, expertos y unidades
especializadas blindadas que vigilen la transparencia, y una evaluación constante del desempeño. En 20 años habrá un
60% menos de empleados públicos, el 90% deberán ser titulados superiores, y
tendrán que convertir la educación y la sanidad en una atención más
personalizada. "Una evaluación continua que tenga un impacto sobre la retribución
variable sería vital para promover la movilidad. Se podría
facilitar el acceso a puestos de ámbito superior partir de tres evaluaciones
superiores o el cambio a uno inferior con tres evaluaciones negativas",
destacan los expertos.
Más
difícil parece que será acabar con esos interinos que se convierten en permanentes y el
hecho de que todo trabajo se ampare en el hecho de ser funcionario. "Estos
deberán ser puestos sometidos a funciones de autoridad (jueces, fiscales,
polícía, inspectores...) o aquellos que deban blindarse para ser inmunes a los
cambios políticos y evitar así el clientelismo", señalan los expertos. La
bomba es clara: el 80% de
los empleados públicos deberían ser laborales y el autoempleo debería
ser una opción. También llaman los expertos a acabar con los "paraísos retributivos (Tribunal
de Cuentas, Defensor del Pueblo, Oficinas antifraude...) frente a la
precariedad salarial de los técnicos superiores". Resulta vital
"acabar con el sistema complejo de niveles y optimizar las tablas
retributivas".
"Es
hora -señalan- de fomentar el valor del fomento del aprendizaje, de vigilar la
corrupción, y de la sostenibilidad intergeneracional con valentía y
para preservar el valor de lo público". Los propios técnicos de la
administración han presentado propuestas para modernizarla y preservar la sostenibilidad
intergeneracional de la misma. "Nadie escucha y es un suicidio que
abre las puertas a la privatización. Nos jugamos el futuro", alerta Ramió.
"Necesitamos líderes valientes y generosos, capaces de afrontar el
conflicto aún a riesgo de quemarse (a corto plazo) con el proceso de cambio...,
que no piensen solo en las elecciones. El futuro se lo agradecerá",
concluye Salvador.
¿CÓMO REFORMAR
LA ADMINISTRACIÓN?
¿Cómo reformar la Administración?: Oposiciones del SXX y formación que
no funciona
¿Tiene sentido seguir apostando por
oposiciones de otra época? En opinión de los expertos Carles Ramió y Miquel Salvador, la respuesta es no. "Si un
robot saca mejor nota que los humanos en las pruebas es que están mal
diseñadas", destaca Salvador. En su libro 'La nueva gestión del empleo
público' dejan claro que es hora de diseñar pruebas fluidas, rápidas, de no más
de dos días, tipo test, también psicométricas en las pruebas de las
oposiciones que incluyan demostrar destrezas orales y aptitudes específicas
para el puesto. Es imprescindible evaluar de una segunda lengua.
No solo eso. Los tribunales deben estar bien
retribuidos y su selección debe computar como mérito dentro de
la Administración. Deben ser híbridos y en su composición deberían estar
representados tanto la universidad, como la administración y la empresa privada.
La movilidad entre
agrupaciones de puestos o ámbitos funcionales mediante cursos puente de
formación debería ser una práctica común, así como agilizar la captación para que los mejores expedientes para
que opten a la función pública.
Por otro lado, los cursos de formación tendrían
que tener una duración mínima de seis meses,
tutorizadas, de formación presencial, con contenidos teóricos u prácticos, con
revisiones cada 15 días, con un examen final. Los candidatos serían
retribuidos, pero se seleccionarían los más aptos para los mismos dándoles los
cursos necesarios específicos para la función que se desempeñe y no solo para
sumar puntos.
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