Elisa de la Nuez. Meritocracia de pega

"Si en una Universidad pública el esfuerzo, el talento y la dedicación no valen nada, cabe cuestionarse legítimamente cual es papel"

Otro post relacionado. Alejandro Quiroga. diario.es. Corrupción en las aulas. 

Por Elisa de la Nuez. Blog Hay Derecho.- Los avatares del máster de Cristina Cifuentes por la Universidad Pública Rey Juan Carlos –con independencia de cómo evolucione la investigación acerca de si reunía o no los requisitos necesarios para obtener el título puesto que las explicaciones facilitadas el miércoles en la Asamblea regional de la Comunidad de Madrid solo han convencido a los que ya lo estaban previamente- revelan un problema de fondo muy preocupante. Consiste en la escasa formación de nuestros políticos sumada a las redes clientelares tejidas alrededor de determinadas instituciones académicas públicas. Se refiere por tanto a la necesidad de aparentar más méritos de los que efectivamente se tiene.

Porque más allá de lo que se determine finalmente respecto a la veracidad de las actas, la asistencia a clase, los trabajos de fin de curso, las notas modificadas y otros elementos relacionados con el complejo procedimiento administrativo académico (que a día de hoy parece presentar irregularidades muy notables dicho sea de paso) hay algo que es obvio: la señora Cifuentes no ha podido dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a obtener este máster. En eso sigue la tradición de otros políticos de su partido que antes que ella -recordemos las tesis de Rodrigo Rato o Federico Trillo cuando eran respectivamente Vicepresidente del Gobierno y Presidente del Congreso- que han hecho tesis doctorales ocupando puestos políticos de primer nivel. ¿Superhombres o supermujeres? Que cada uno piense lo que quiera, pero el ciudadano desconfiado puede pensar que es poco probable que se les haya exigido lo mismo que a otros estudiantes de a pie o  que ellos solos hayan realizado un trabajo intelectual que –al menos si se hace bien- requiere un esfuerzo y una dedicación considerables. No nos engañemos: una vez que se llega a primera línea de la política no hay más capital humano e intelectual que el que se trae puesto de casa e incrementarlo no es fácil y menos mediante una formación reglada. Desgraciadamente en España ese capital no suele ser muy impresionante.

Dicho lo anterior, parece que el objetivo es sencillamente hacerse con un título que avale el reconocimiento y el prestigio que se supone lleva aparejada la educación superior así como las ventajas profesionales que lleva consigo. En el ámbito académico y empresarial estar en posesión de un máster o de un doctorado es una “marca” que puede mejorar sustancialmente las perspectivas profesionales máxime en casos como los de Cristina Cifuentes, que antes de pasar a la política era funcionaria del Cuerpo Técnico Superior de la Universidad Complutense de Madrid, es decir, personal de Administración y Servicios (PAS).

El problema es cuando este objetivo se pretende alcanzar sin necesidad de superar los requisitos de mérito y capacidad que exigen este tipo de estudios.

  En definitiva, si estas titulaciones se expidan a los políticos –y quizás no solo a ellos- en unas condiciones que básicamente lo que acreditan es justamente lo contrario, la falta de mérito y capacidad, se pervierte todo el sistema y se pone en entredicho la finalidad y la función social de una institución académica de tanta importancia como es una universidad pública.

En el caso de la Universidad Rey Juan Carlos (más conocida por sus estrechos lazos clientelares con el PP de Madrid que por sus logros académicos) además llueve sobre mojado. Después del escándalo protagonizado por el anterior Rector, Fernando Suarez, por varios casos documentados de plagio la Universidad no solo fue incapaz de reaccionar, sino que sus órganos de gobierno cerraron filas con el Rector, para vergüenza general. La pasividad de profesores y estudiantes, con honrosas excepciones, fue la regla general. Tampoco el papel de la CRUE fue demasiado airoso. El Rector Suárez no llegó a dimitir sino que simplemente no se presentó a la reelección y, hasta donde se sabe, sigue desempeñando su tarea docente en la Universidad Rey Juan Carlos.

Ascensor social

Más allá de las vicisitudes del caso concreto de la Presidenta de la Comunidad de Madrid (cuya huida hacia adelante le augura un futuro político poco halagüeño) convendría reflexionar como sociedad sobre la necesidad de tomarse más en serio los principios de mérito y capacidad. Los títulos académicos y las universidades que los expiden (máxime si están pagadas con el dinero de nuestros impuestos) tienen una importantísima responsabilidad en esto. Si en una Universidad pública el esfuerzo, el talento y la dedicación no valen nada, cabe cuestionarse legítimamente cual es papel. Algo especialmente crítico en una Universidad de las características de la Rey Juan Carlos, llamada a servir de “ascensor social” a los estudiantes con menos ventajas socioeconómicas.

Conviene insistir: si cunde la sospecha de que en esta u otras universidades personas con poder pueden obtener el reconocimiento de méritos inexistentes, queda en entredicho su credibilidad y su profesionalidad y con ellas el esfuerzo y el trabajo de sus profesores y estudiantes. En definitiva, si el máster de Cristina Cifuentes no vale nada, los títulos que expida la Universidad Rey Juan Carlos cada vez valdrán menos. Por tanto, deben de ser esos mismos profesores y estudiantes, además de sus órganos de gobierno, los principales interesados en disipar todas las dudas y demostrar que en la Universidad Pública las reglas que rigen el mérito y la capacidad son iguales para todos. Por su bien y por el de todos.

Por último, deberíamos también plantearnos qué tipo de representantes políticos queremos. Porque en una época de grandes cambios e incertidumbres como la que vivimos se necesitan muchos más recursos intelectuales y morales que en otras menos disruptivas y más tranquilas.  Necesitamos políticos con una formación más amplia e ilustrada, capaces de detectar hacia donde van nuestras sociedades y como usar para mejorar nuestra calidad de vida la tecnología que ya tenemos a nuestra disposición. Necesitamos repensar muchos conceptos políticos, jurídicos y económicos que ya no responden al mundo en el que vamos a vivir. Y por encima de todo, necesitamos un compromiso ético con los intereses generales mucho mayor.

Universidades públicas: ¿las nuevas cajas de ahorros?

"Denunciar lo que funciona mal es la mejor defensa de quienes funcionan bien. También había excelentes profesionales en nuestras cajas de ahorros. Lo importante no son las excepciones sino la regla"

Por Isidoro Tapia. El Confidencial.- ¿Qué lleva a un catedrático universitario a arriesgar su prestigio y su carrera profesional por salvar la cara a un representante político? ¿Qué obliga a tres profesoras a permanecer en silencio mientras sus firmas se exhiben como supuesta prueba exoneratoria de un tribunal que nunca existió? Hace unos días, en esta misma tribuna, señalaba un poco a vuelapluma que “las universidades españolas son las cajas de ahorros de hace 15 años”. Como no han sido pocos los comentarios que en todas las direcciones he recibido, vaya aquí una reflexión algo más elaborada al respecto.

Empecemos por el capítulo de salvedades iniciales. La primera, preguntarse por el papel de la universidad no es una cortina de humo para dejar de hacerlo por Cristina Cifuentes. Creo que el futuro político de la presidenta de Madrid tiene fecha de caducidad. Cuando se acabe su viacrucis, Cifuentes será una expresidenta más. Con el debido respeto, su futuro a partir de entonces me resulta indiferente. Lo verdaderamente importante es cómo quedan nuestras instituciones después de la tormenta.

Salvedades y  similitudes

La segunda salvedad es una perogrullada: no paso por alto las muchas diferencias entre universidades y cajas de ahorros. Las universidades no representan un riesgo sistémico y sus dirigentes no se embolsan sueldos propios de futbolistas. Cualquier analogía es parcial e imperfecta, y no es necesario estirarla más de lo debido. Sin embargo, sí existen en mi opinión inquietantes similitudes, un ecosistema viciado que no provocará un rescate de miles de millones de euros, pero que sin embargo puede estar deteriorando la calidad de la enseñanza que reciben nuestros estudiantes. Y, si me apuran, tal vez esa factura sea más grave que la de cualquier rescate.

La tercera salvedad es que al hablar de 'universidades públicas' estaremos, como en toda generalización, siendo injustos. Hay muchas excepciones: universidades que funcionan muy bien y profesionales que ponen su mejor empeño en ofrecer una enseñanza de calidad. No lo niego, más bien al contrario. Denunciar lo que funciona mal es la mejor defensa de quienes funcionan bien. También había excelentes profesionales en nuestras cajas de ahorros. Lo importante no son las excepciones sino la regla: si el diseño institucional y los incentivos son los adecuados o es necesario reformarlos.

Hechas las salvedades, vayamos con las semejanzas.

-Una red de favores mutuos entre universidades y políticos. Una de las razones que arrastraron a las cajas de ahorros fue la relación simbiótica o, mejor dicho, mutuamente parasitaria que existía entre cajas y políticos. Con las universidades ocurre algo parecido. ¿Qué favores reciben los políticos? Se ha escuchado mucho durante los últimos días la reflexión de que Cifuentes no necesitaba para nada el famoso máster. Discrepo al respecto: el máster era un ingrediente fundamental del producto político llamado Cristina Cifuentes.

-La presidenta madrileña ha cultivado una imagen de 'maverick', de política no convencional. En realidad, es todo lo contrario. Diputada autonómica desde principios de los noventa, es una de tantos cargos políticos que no han tenido otra ocupación en su carrera. Sin embargo, el máster le permitía dar una pátina diferente a su currículo: esa imagen de profesional exitosa que está en la política casi de paso.

Algo parecido ocurre con Pablo Casado: cuando cursó su máster en 2008 ya era presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, una de las muchas ocupaciones políticas que ha tenido a lo largo de su todavía joven carrera. Los másteres de los políticos no son un adorno superfluo: embellecen el currículo para aparentar una imagen de profesionales formados y exitosos cuando, en realidad, carecen de una carrera profesional alternativa a la política (dicho sea de paso, tengo la impresión de que las dudas sobre el máster de Casado poco tienen que ver con el caso Cifuentes, y al menos de momento no hay ni engaño ni manipulación de documentos).

No es este el único favor que las universidades ofrecen a los políticos. Las universidades sirven para 'blanquear' proyectos políticos dudosos: hace años, por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ofertó una nueva titulación: Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria, a la sombra del flamante Aeropuerto de Ciudad Real. Para culminar el disparate, la titulación no llegó ni quiera a tener carácter oficial porque la UCLM no remitió la correspondiente memoria a la Aneca.

Tanto les gustan las universidades a los políticos que cada partido ha tenido siempre la suya: la Complutense ha sido históricamente uno de los resortes de poder de IU y los viejos comunistas. Los socialistas crearon la Carlos III y, para compensar, el PP creó la Rey Juan Carlos. Y todos contentos.

Por su parte, ¿qué favores hacen los políticos a las universidades? Como ocurre con muchas otras cosas, la Constitución española no habla de la enseñanza universitaria en ninguna de las dos relaciones que reparten las competencias entre el Estado y las CCAA (art. 148.1 y 149.1), pero la práctica política ha hecho que la mayor parte de las competencias sobre universidades corresponda a las CCAA (como por cierto también ocurría con las cajas de ahorros). La más importante de ellas es la financiación: según un informe del Observatorio Universitario, la financiación pública representa entre el 60% (Cataluña) y el 85% (País Vasco) de la financiación total de las universidades. O, en euros, por alumno, si cada universidad vasca recibe 8.429 euros por estudiante, las universidades madrileñas solo reciben 4.730 euros. Es decir, para las universidades, ganarse el favor político es una cuestión de supervivencia.

-Sistema de gobernanza. El funcionamiento interno es otra de las semejanzas entre cajas y universidades. En las cajas de ahorros, debido a su finalidad social, el poder se repartía entre diversos colectivos: CCAA, ayuntamientos, impositores y sindicatos. El problema surge cuando estos colectivos no tienen 'accountability' interna: ¿ante quién responden los representantes de los impositores? Durante mucho tiempo, tuve mis ahorros en una caja de ahorros: nunca supe quién me representaba como impositor, y aunque lo hubiese sabido, no le hubiese dedicado tiempo. Algo parecido ocurría con sindicatos, CCAA y ayuntamientos. ¿Ante quiénes respondían por su labor de gestión en las cajas? Cuando no hay 'accountability' interna, vale todo. Los gestores dejan de velar por los intereses colectivos que teóricamente representan y empiezan a hacerlo por el de ellos mismos.

Algo parecido ocurre con el gobierno interno de las universidades: los consejos sociales teóricamente son un instrumento democrático, destinado a favorecer que la universidad atienda una pluralidad de intereses. En la práctica, la falta de rendición de cuentas hace que los intereses a los que sirve la universidad sean más los intereses privados de los representantes que los intereses difusos de los representados.

-Dualidad laboral. Y vaya una última semejanza: las universidades son un pequeño microcosmos del mercado laboral español. Algo parecido ocurría en las cajas de ahorros, pero en las universidades la dualidad es si cabe más agravada: cuando los profesores consiguen una plaza, se dice que la han 'ganado', son profesores 'titulares' que disfrutarán de la misma de por vida. Mientras tanto, hay un colectivo de profesores 'precarios', los asociados, una figura teóricamente destinada a que profesionales de prestigio diesen clase en la universidad, pero que en la práctica está siendo utilizada como los contratos temporales en el resto del mercado laboral.

Vasallaje

No es casualidad que la profesora que se atrevió a denunciar el acta de Cifuentes fuese la única integrante del supuesto tribunal que era profesora titular. En las universidades, los precarios tienen una posición incluso más débil debido a la endogamia, la falta de transparencia y el poder que acumulan algunos catedráticos. Algunas relaciones son casi de vasallaje. Producía bastante repulsión que el director del máster de Cifuentes hablase hace unos días de sus 'discípulas'; sobre todo, porque un 'maestro' no las induce a firmar un acta falsa, ni se cuida de explicar cuando lo pillan que, como su firma no aparece en ningún sitio, él no tiene responsabilidad legal alguna.

-En definitiva, sí creo que las universidades son, en varios aspectos, las cajas de ahorros de hace algunos años. Alguien entenderá esta reflexión como un ataque al sistema público de universidades por ser público: al contrario, pienso que cuando un sistema público deja de servir al interés general y solo lo hace a intereses privados, la mejor defensa es reformarlo para que vuelva a ser verdaderamente público.

-Un último inciso a este respecto: tenemos un sistema universitario bastante por debajo de lo que nos corresponde. Igual que, en mi opinión, tenemos un sistema sanitario bastante por encima de nuestra posición relativa como país (en términos de desarrollo económico). La autonomía en la gestión se puede utilizar para mal, como en las universidades, o para bien, como en los hospitales. En las políticas públicas, el diablo está en los detalles.

Otro post relacionado. La Voz de Galicia. Uxio Labarta ¿Mérito, capacidad o paripé?

Rafael Jiménez Asensio: Másteres

"El caso Cifuentes es un ejemplo más de tan evidente declive, pero ni es el único ni cabe alarmarse cínicamente por este y no por los otros habidos y por haber. También todos esos casos son muestra, sin duda, de que la integridad y la ética no son atributos de nuestra clase política, sea cual fuere su origen y procedencia ideológica"

Fíjese en los másteres que, en general, son de un patetismo terrible” (Emilio Lledó)

“¿Mal aliento? Pruebe el elixir Colgate. ¿Problemas con su carrera profesional?: Apúntese a un MBA” (Testimonio de dos profesores, recogido por H. Minzberg)

Por Rafael Jiménez Asensio.- Blog La Mirada Institucional.- Másteres.- No hace falta calificarlos, siempre que se refieran a educación superior. Dejemos de lado los masters deportivos. Son universitarios, no hay duda, de los que hablo. Al menos los que ahora interesan. Muchos profesores o ex profesores (entre los que me encuentro) transitan por sus aulas impartiendo su “conocimiento” o su “experiencia”, los hay incluso que “entretienen” (algo que se valora cada vez más, por cierto), que de todo hay; aunque algunos ni eso, pues nada tienen que aportar realmente, pero allí están y en ellos se prodigan. Y de ellos cobran, pues los másteres y postgrados (salvo excepciones tasadas que se computen como horas lectivas o de trabajo) son sobresueldos para las magras retribuciones universitarias, funcionariales o profesionales. Plato ansiado por no pocos, para endulzar sus ingresos, engordar la vanidad o simplemente “estar en la pomada”.

En cosa de másteres y postgrados los hay menos buenos, regulares, malos o pésimos de solemnidad. No conozco ninguno que pueda ser calificado de excelente o muy bueno. Debe ser porque soy un profesor provinciano y de segunda división. Y eso que he llegado a trabajar en los aledaños de lo que se llama una “Escuela de Negocios”, aunque no me dejaron acercarme a las mieles del asunto: los másteres para formar directivos en empresa o en el sector público. Algo que el propio Henry Minztberg denunció inteligentemente en un recomendable libro: Directivos. No a los MBA (Editorial Deusto 2005). Hay mucho escaparate y algunas estafas en toda esa educación de postgrado. Y una necesidad objetiva: quien no tiene un Máster no es nadie. Entre estos últimos me encuentro.

El caso “Cifuentes” ha sido una auténtica bomba que ha irrumpido sobre las ya turbias aguas universitarias. Quién lo ha sacado ahora y por qué es algo que al parecer no interesa (aunque también pudiera ser relevante preguntarse). En todo caso, ha puesto a la institución frente al espejo. Quienes nos hemos dedicado durante algunos años a esa función docente universitaria sabemos que en esos postgrados universitarios la exigencia es un valor relativo, al menos en buena parte de los casos. Se va, se imparte clase, cuentas lo que te da la gana (con mayor o menor rigor, según las personas), te pagan y a callar. Por poner un caso, los innumerables Másteres de Acceso a la Abogacía que pululan por doquier son, por lo común, un rosario interminable de profesorado que desfila con escaso orden y concierto por las aulas ante la perplejidad de un desconcertado alumnado. Cumplir el expediente.

Hay, no obstante, quienes cursan con empeño y elaboran concienzudamente su “TFM” (Trabajo de Fin de Máster). Pero no nos llamemos a engaño, son una minoría de personas siempre responsables, que en cualquier actividad harían lo mismo. Tienen conciencia ética y sentido del deber. No abundan. Pero dignifican la institución y el producto. Gracias a estas personas el sistema aguanta. Normalmente esos alumnos (cargos directivos, altos funcionarios, profesionales, técnicos o estudiantes) están comprometidos con el valor de lo público o con la propia institución, interesados en la innovación y en el aprendizaje continuo o con la necesidad de mejorar ellos mismos y transferir esos conocimientos a las instituciones en las que sirven. Son muy importantes, pero aún son pocos. Aunque, en honor a la verdad, me los he ido encontrado en las aulas de diferentes postgrados, lo cual siempre es un estímulo. También hay profesores (así como algunas Universidades) que se empeñan en dar un producto digno y actualizado, lo cual también es de aplaudir, pues cobran lo mismo por hacerlo o no. Hay que romper una lanza por estas mujeres y hombres que se toman en serio algo que el sistema universitario desprecia o ignora, pues no nos llamemos a engaño para la Universidad lo trascendental no son esos estudios de Postgrado (fuente adicional de ingresos), sino  sigue siendo el Doctorado. Al menos hasta ahora.

Y sobre esto último, mejor no hablar. Como me dijo alguien que asistió a una tesis doctoral: “¡Vaya comedia!” Una puesta en escena muchas veces puramente formal y en la que no pocos miembros de tales tribunales se escuchan a sí mismos, tienen su momento de gloria, cuando no incurren en irregularidades que es mejor no tipificar. Pocas personas habrá en el mundo universitario que hayan asistido como miembros de tribunales de Doctorado que no se hayan visto involucradas en algunas “malas prácticas” (y no me pondré como excepción); por ejemplo, en la calificación final (donde los regalos, a pesar del “sobre cerrado”, siguen siendo una relativa constante, salvo en alguna Universidad que se ha ido poniendo seria). Otras veces no se detectan los plagios, “las copias contextuales” o, en fin, las innumerables citas prestadas. También hay no pocos casos en que la paciencia no acompaña para leerse (algo que algunas veces ni siquiera se hace) centenares de páginas o llevar a cabo una redacción minuciosa y pulcra de los informes previos. Por no hablar de las “direcciones de tesis”, una tarea que en ocasiones se transforma en mera formalidad o peor aún en una carrera de obstáculos insalvables para el doctorando, más que en ayudas reales y efectivas. Siempre he sido defensor de que las tesis no deberían ser leídas al inicio de la “carrera académica”, pues desvían la atención de quien debe crear poso general de conocimientos y no “segmentado” o particular. Y no pondré más “ejemplos”, pues tengo varios que sonrojarían a cualquiera.

También los doctorados

Si esto es así en “la joya de la Corona” (los doctorados), qué no pasará en sus productos subalternos (los másteres y cursos de postgrado), que proliferan como setas, con unas comprobaciones paupérrimas sobre su pretendida calidad, pues calidad no es “llenar con mentalidad de burócrata digital infinidad de papeles”. Por no hablar de su sistema de evaluación (¿cuántos suspenden en estos formatos universitarios y qué calificaciones medias se ponen?). Y ahora me pondré cínico. La verdad es que no sé porqué se rasgan las vestiduras quienes censuran a Cristina Cifuentes. ¿Dónde está publicada la tesis o los TFM de muchos de nuestros políticos que airean por doquier su condición de doctores o postgraduados (y no pongamos nombres porque hay bastantes)? ¿Con qué recursos han abonado los gastos de matrícula (algunas veces cuantiosos) algunos de esos políticos que se han formado en tales programas universitarios mientras ejercían o ejercen sus cargos públicos? ¿Sabemos realmente qué defendieron y por qué les dieron el solemne título de Doctor o de Máster? ¿Conocemos cuál fue la calificación que obtuvieron y por qué? En fin, mejor no miremos mucho por el retrovisor. Seguro que tiene efectos colaterales y expansivos.

Me dirán que no es lo mismo, pues ellos no mintieron (al menos algunos de ellos). De acuerdo. Así es, en efecto. Lo peor del “caso Cifuentes” no es que presentara o no el TFM, pues podría haber entregado una auténtica birria y le hubieran dado el título igual (y no es broma). Aunque desde el punto de vista de la Universidad que expide el título no acreditar su entrega es un hecho ciertamente insostenible. Lo grave es que se mienta o, al menos, que parezca que se miente (tanto ella como la Universidad): ¿Quién, que haya elaborado una tesis doctoral o un TFM, no guarda la copia de su trabajo en el ordenador o en una o varias copias en papel?, ¿No hay ningún repositorio de trabajos de estas características en las Universidades? Sencillamente nadie “tira” o “elimina” una tesis o un TFM. Todavía conservo mi tesis doctoral de hace más de treinta años, publicada por el INAP en 1989.  Y mejor que “no aparezca ahora” el trabajo perdido, pues el tufillo existente se transformaría en insoportable hedor. Lo grave es, por tanto, que se enrede así, con tan escasa credibilidad; que se erosione más aún la débil confianza que la ciudadanía tiene en la política y se resquebraje y deteriore profundamente la imagen de una malherida Universidad; que se predique con el mal ejemplo. Y, en especial, que se nos tilde de estúpidos. Al menos a quienes conocemos cómo (mal) funcionan las cosas en tales programas universitarios.

El espíritu perdido

La Universidad española necesita, sin duda, recuperar el espíritu perdido, tal como sugiere el excelente filósofo y siempre profesor universitario que es Emilio Lledó (lean la entrevista que ayer le hacía un diario, no tiene desperdicio: https://elpais.com/cultura/2018/03/27/actualidad/1522176484_685088.html). Su nuevo libro (Sobre la educación. La necesidad de la Literatura y la vigencia de la Filosofía, Taurus, 2018), se antoja imprescindible en estos momentos de estupor colectivo. Un profesor al que por cierto el establishment universitario español no le puso precisamente las cosas fáciles cuando intentó volver a ejercer la docencia en España. Su extraordinaria y pulcra imagen debiera servir como espejo de recuperación de una Universidad que desde hace décadas languidece. El caso Cifuentes es un ejemplo más de tan evidente declive, pero ni es el único ni cabe alarmarse cínicamente por este y no por los otros habidos y por haber. También todos esos casos son muestra, sin duda, de que la integridad y la ética no son atributos de nuestra clase política, sea cual fuere su origen y procedencia ideológica (y no pondré en marcha el ventilador citando nombres). Tampoco enaltecen a un sistema universitario que muestra, así, sus peores vergüenzas. Y, se resuelva como se resuelva, la herida ya está abierta, tanto en la Universidad como en la Política. No es mortal, pero sí grave. Una vez más nos vamos desangrando, sin que se pongan otros remedios que meras tiritas. Y en esas seguimos.

¿Cómo se contrata al personal universitario en España?

El ex rector de la Juan Carlos I -G-Trevijano-, ahora  magistrado del Constitucional, tiene una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo fundada en la contratación irregular de profesores.

 

Blog ¿Hay Derecho?.-  Post: Se rompe la omertá universitaria: el caso de la Rey Juan Carlos. En este blog no hemos conseguido nunca que un profesor de una universidad pública española escriba, con su nombre y apellidos, sobre cómo se contrata –de verdad, no sobre el papel- al profesorado y también, de paso, al personal administrativo o personal auxiliar de servicios, más conocido como PAS.



Pedro Glez-Trevijano

 Por supuesto que en cafeterías y pasillos varios no hay problema para escuchar las historias de sagas enteras de familiares “colocados” en departamentos –preferentemente “de letras”, eso sí- o de  rectores que manejan universidades pagadas con el dinero de los contribuyentes como un cortijo y/o como una plataforma para alcanzar otros objetivos, ya sean políticos, sociales o vaya usted a saber cuáles. El caso de la Universidad Rey Juan Carlos ha saltado ya a los medios de forma explosiva, pero no es, desde luego, el único. Su ex rector magnífico durante once años, Pedro González-Trevijano, tejió según esta noticia (aquí) una magnífica red clientelar, lo que sin duda contribuyó en alguna medida a garantizarle una plaza en el Tribunal Constitucional a propuesta del PP, principal beneficiado por su munificencia. Plaza que conlleva, por cierto, un cómodo aforamiento por lo que pueda pasar, que la vida es muy larga y los jueces se están poniendo muy pesados.

 

De hecho, el ex rector tiene ahora una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo precisamente fundada en la contratación irregular de profesores. En todo caso, no es la primera vez que Gonzalez-Trevijano tiene que resolver sus problemas en los tribunales de justicia, si bien el haber hecho tantos favores y tener tantas conexiones con gente importante le ha facilitado mucho las cosas… por lo menos cuando ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional del que hoy forma parte.

 

González-Trevijano y... la lotería

Efectivamente, como ya contamos en este mismo blog hace más de dos años (aquí) los Tribunales de Justicia consideraron que Gonzalez-Trevijano se había presentado de forma irregular a las últimas elecciones que ganó, ya que  el TSJ de Madrid  en su sentencia de 3 de junio de 2011  afirma que en dichas elecciones, convocadas en 2005, “se consumó la limitación estatutaria” de dos mandatos, por lo que declaró en el fallo que “Los actos de proclamación impugnados (por Ríos Insua) relativos a las elecciones convocadas en 2009 son contrarios a derecho, ya que (González-Trevijano) no podía concurrir a ellas”. Por tanto, en su resolución firme, el tribunal estimó el planteamiento del recurrente, anuló la candidatura del actual Magistrado del Tribunal Constitucional en los comicios de 2009 y exigió que el proceso electoral debe llevarse con efecto retroactivo “al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional”. ¿Se cumplió esta sentencia? Pues a estas alturas ya no les sorprenderá saber que no.

 

Raudo y veloz el ex rector interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y aunque en principio es harto complicado que te admitan un recurso de amparo y no digamos ya que se suspenda la ejecución de una sentencia firme, él tuvo mucha suerte, tanta más o menos como Carlos Fabra con la lotería. Le admitieron el recurso y le suspendieron la ejecución de la sentencia con una celeridad inusitada. Conviene recordar, para apreciar en su justa medida la suerte que tuvo, lo estricto que es el Tribunal Constitucional con respecto a la admisión de los recursos de amparo y lo que tarda en decidir si los admite o no. Para que se hagan una idea, el número de recursos de amparo pendientes  simplemente del trámite de admisión, según los datos de la Memoria del 2011 del propio TC eran 2.032 ante la Sala Primera y 1.338 ante la Sala Segunda. Lo que supone que existían 3.420 recursos pendientes de admisión a trámite en el año 2011. La papeleta del ex rector llevaba el nº 5714/2011 pero oye, fue llegar, ver, y vencer.  Ya hemos comentado también en otro post (aquí) la discrecionalidad con la el Tribunal Constitucional “adelanta” o “retrasa” la resolución de los recursos que le interesa o que no le interesa resolver, con las consecuencias que esto tiene.

 

Claro que no fue solo el Tribunal Constitucional el que se volcó con el ex rector. Qué decir de los desvelos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, al mando de Dª Lucía Figar, para garantizarle la reelección. Ya se sabe que la Universidad Rey Juan Carlos es la niña bonita del PP regional, pero la entrega fue total, no se merecía menos alguien que había colocado a tantos y tantos familiares de cargos importantes del PP y de paso de otros partidos.  Así la Consejería emitió -según dice la propia contestación a la demanda de los abogados del ex Rector- nada menos que un “dictamen vinculante previo favorable a la presentación a las elecciones de González Trevijano”, para asegurar que no hubiera problemas legales con lo de los dos mandatos. En fin, la creatividad jurídica de esta Consejería en beneficio de los suyos se ve que no tiene límites. El caso es que según la ley sólo hay dictámenes vinculantes y no vinculantes, y además con carácter general -según el art. 83 de Ley 30/1992- los dictámenes son no preceptivos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario que aquí no hay. Es decir, que ni es obligatorio pedir informes en casos como éste, ni hay que hacerles caso si se piden. Salvo que haya que devolverle un favor a un amigo, claro. En todo caso, al Tribunal Superior de Justicia este dictamen no le impresionó mucho, por lo que resolvió en contra de Gonzalez-Trevijano. De ahí que hubiera que impedir la ejecución de la sentencia a toda costa, y solo quedaba jurídicamente la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

 

Al final de esta historia, Gonzalez-Trevijano fue elevado a los altares de la gloria partitocrática como magistrado del Tribunal Constitucional y sus problemas con las elecciones a rector de la Rey Juan Carlos pasaron a mejor vida, no sin antes dejar un digno sucesor, D. Fernando Suarez, al frente de la institución. El nuevo rector no le ha ido a la zaga a su antecesor en cuanto a este tipo de prácticas, e incluso sus desvelos le han llevado a ser imputado por amenazas a disidentes (gente que no quería votar al candidato correcto, vamos) aunque la Audiencia Provincial ha sobreseído la causa por amenazas que tenía incoada por entender que no tenían entidad suficiente para ser constitutiva de delito. La grabación de la conversación de estilo mafioso –por el fondo y por la forma- donde insta a ciertos profesores a no apoyar al candidato alternativo al ex Rector Gonzalez-Trevijano no tiene desperdicio y su transcripción parcial la pueden disfrutar aquí. Comprobarán que no es el tipo charla que uno puede escuchar en cualquier despacho de la Ivy League.

 

Masa crítica...y Podemos

Pero más allá de la anécdota concreta la pregunta es la de siempre: ¿Cómo pueden pasar estas cosas en Universidades públicas financiadas mayoritariamente con dinero de los contribuyentes? Y la contestación es también la misma: falta de transparencia, falta de rendición de cuentas e impunidad garantizada. Nada muy distinto de lo que pasa en otras administraciones, aunque quizás incluso peor. Porque en este caso la autonomía universitaria es el manto que cubre las vergüenzas, y el modelo de gobernanza multiplica los incentivos perversos para que los rectores tengan que hacer muchos favores a diestro y siniestro para ganar votos como sea, y para que la Consejería de turno les facilite la financiación con independencia de sus resultados, que en el caso concreto de esta Universidad son más bien pobres (¿cómo podía ser de otra manera?). Y es que la buena gestión, la excelencia universitaria o el puro y simple cumplimiento de las leyes no puntúan, y la financiación pública lamentablemente no depende de ese tipo de criterios. El resultado es la absoluta “patrimonialización” (en terminología de Fukuyama) de la universidad pública: sagas familiares y clientelares en lugar de meritocracia. A costa, por supuesto, de la educación de nuestros jóvenes (parados).

 

Para romper definitivamente la perniciosa omertá que reina en la universidad española se necesita un mínimo de masa crítica organizada al margen de la casta universitaria (porque, precisamente para esto, no vamos a contar con Podemos, me parece).  Por nosotros, desde luego, no va a quedar.