No deja de ser significativo que el Congreso de los Diputados y el Senado continúen incumpliendo esta normativa
Transparency Internacional España. Después de contrastado el bajo cumplimiento por las
instituciones públicas de la normativa legal sobre publicidad de contratos, en
base a los tres estudios realizados en 2016 y en mayo de 2017 por Transparencia
Internacional España, en colaboración con el OCP, estas organizaciones han
realizado en Octubre de 2017 un cuarto análisis del nivel de cumplimiento de
esta normativa, en el cual se evidencia una cierta mejora en el número de
instituciones que la cumplen, si bien sigue siendo en todo caso inaceptable el
amplio número de instituciones públicas que continúan incumpliendo esta
normativa legal.
Transparencia Internacional España realizó a lo largo de
enero y julio de 2016, así como en marzo de 2017, en colaboración con el
Observatorio de Contratación Pública (OCP), tres análisis del nivel de
cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación
legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación
del Sector Público (lugar común de publicidad de los contratos a nivel
nacional), en función de lo establecido por la Ley 20/2013 de Garantía de la
unidad de mercado.
Estos análisis
vinieron a poner de manifiesto el importante nivel de incumplimiento de esta
normativa legal por una gran parte de las instituciones públicas españolas,
tanto Ayuntamientos, como Comunidades Autónomas, Parlamentos, Diputaciones
Provinciales y Universidades públicas.
En Octubre de 2017, TI-España y el OCP
han realizado un cuarto análisis de este nivel de cumplimiento, en el cual se
pone de manifiesto una cierta mejora a este respecto en algunas de estas
instituciones, si bien sigue siendo demasiado alto y preocupante el nivel de
incumplimiento legal por las entidades públicas de este país.
A continuación se indican las cifras concretas por tipos de
entidades: De los 110 grandes Ayuntamientos españoles analizados, eran solo 29
en enero y 33 en julio de 2016, y de 56 en mayo de 2017, los que cumplían esta
obligación legal. En Octubre de 2017
ha aumentado algo este número, pasando a ser 61 las
corporaciones locales que publican en la PCSP, lo que indica que el 45% de los
110 grandes Ayuntamientos siguen incumpliendo esta obligación legal.
Por otra parte, en
relación con las Comunidades Autónomas, eran 3 en enero y 6 en julio de 2016
las que cumplían la normativa legal, y 10 en marzo de 2017. En octubre de 2017
han pasado a ser 13 (de las 17 totales), esto es, un 76% las Comunidades, las
que la cumplen, pero sigue siendo alta la proporción, el 24%, las que siguen
sin cumplir esta normativa legal.
En lo que se refiere a los 19 Parlamentos (Congreso, Senado
y 17 Parlamentos autonómicos), tanto en enero como en julio de 2016 eran 5
Parlamentos los que cumplían la norma; en mayo de 2017 pasaron a ser 9, esto
es, los mismos que en octubre de 2017; son por tanto menos de la mitad (un 47%)
los Parlamentos que cumplen esta norma y publican sus contratos en la
Plataforma de Contratación del Sector Público; no deja de ser significativo que
el Congreso de los Diputados y el Senado continúen incumpliendo esta normativa.
En lo que se refiere a las Diputaciones Provinciales, eran 18 en enero y 27 en
julio de 2016 las Diputaciones que cumplían la normativa (de las 45
Diputaciones totales), en mayo de 2017 se amplió este número a 32 Diputaciones,
aumentando a 33 esta cifra en Octubre de 2017, lo que equivale al 73% del
total; ello implica que más de la cuarta parte de las Diputaciones siguen incumpliendo
este mandato legal.
En lo que se refiere a Universidades públicas, eran 30 en
enero y 33 en julio de 2016 las Universidades que cumplían esta normativa; en
mayo de 2017 eran 36 las que la cumplían, pasando a ser 40 en Octubre de 2017
las que lo hacen, lo cual significa que el 78% de los centros universitarios
públicos españoles cumplen ahora con esta obligación legal, porcentaje éste el
más alto en cuanto a nivel de cumplimiento entre los cinco colectivos de
instituciones públicas analizadas por TI-España.
Dado el todavía abultado e inaceptable nivel de
incumplimiento legal por las entidades públicas españolas, Transparencia
Internacional España continúa instando a que todas las instituciones públicas
cumplan en el menor breve plazo posible esta obligación legal, de cara a que la
información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a
cabo los miles de entidades públicas españolas se encuentre centralizada a
nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país,
de cara a un aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción, y
posibilitándose además un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia, y
por tanto, de la eficiencia económica global.
A continuación se
recogen las Tablas que muestran de forma individualizada el nivel de
cumplimiento legal en cuanto a publicación de contratos y licitaciones en la
PCSP, por parte de:
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