Revista de prensa.- Por Bruno Pérez ABC.- Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo han abierto la puerta a levantar por fin el velo de opacidad que ha permitido ocultar durante años el reparto de los pluses de productividad a los trabajadores de la Administración del Estado, que ha recurrido a los tribunales en varias ocasiones para no proporcionar esa información. El Gobierno ha hecho en los últimos años todo lo posible por evitar revelar esa información, pese a la sombra de sospecha que siempre ha rodeado su distribución, amparado en un presunto derecho a la protección de datos personales de los empleados públicos, bajo cuyo paraguas han esquivado decenas de peticiones del Consejo de Transparencia.
Que existía esa estrategia lo prueba que la publicación de esas sentencias haya desbloqueado una treintena de resoluciones de Transparencia que reconocían el derecho de los sindicatos a recibir con un elevado nivel de detalle los beneficiarios concretos y las cuantías de los pluses de productividad de miles de altos cargos y funcionarios de una decena de ministerios, un ejercicio de transparencia salarial que, de consumarse, no tendría precedentes en la administración pública española.
Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo han abierto la puerta a levantar por fin el velo de opacidad que ha permitido ocultar durante años el reparto de los pluses de productividad a los trabajadores de la Administración del Estado, que ha recurrido a los tribunales en varias ocasiones para no proporcionar esa información. El Gobierno ha hecho en los últimos años todo lo posible por evitar revelar esa información, pese a la sombra de sospecha que siempre ha rodeado su distribución, amparado en un presunto derecho a la protección de datos personales de los empleados públicos, bajo cuyo paraguas han esquivado decenas de peticiones del Consejo de Transparencia.
Que existía esa estrategia lo prueba que la publicación de esas sentencias haya desbloqueado una treintena de resoluciones de Transparencia que reconocían el derecho de los sindicatos a recibir con un elevado nivel de detalle los beneficiarios concretos y las cuantías de los pluses de productividad de miles de altos cargos y funcionarios de una decena de ministerios, un ejercicio de transparencia salarial que, de consumarse, no tendría precedentes en la administración
No es un asunto menor. El Gobierno repartió en 2025 cerca de 900 millones de euros en productividades y más de 285 millones solo entre el personal de los ministerios, casi duplicando la dotación inicial prevista en los presupuestos prorrogados. Es decir, que se destinaron 100 millones más de los previstos a este tipo de pluses variables.
Una bolsa millonaria para retribuir el buen desempeño
En 2025 la Administración del Estado pagó cerca de 900 millones de euros en productividades, una parte muy importante de esa bolsa se reparte entre policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones, casi como un elemento más de su salario estructural, pero otros 285 millones de euros se distribuyeron entre el personal de los ministerios. El Gobierno amplió en 100 millones de euros esa bolsa, respecto a la cantidad prevista en los presupuestos prorrogados, para poder retribuir el desempeño de sus funcionarios y en algunos ministerios, como el de Presidencia, esa cuantía se duplicó.
Lo que deja sentado el Supremo es que «el principio de transparencia retributiva en el empleo público constituye una manifestación del principio democrático de rendición de cuentas, en la medida que permite a la ciudadanía y a los representantes de los empleados públicos el control democrático del gasto público» y que solo esa transparencia permite verificar «que los recursos destinados a las retribuciones del personal se asignan con arreglo a la legalidad, bajo el principio de igualdad y respetando criterios objetivos de mérito y capacidad». También que el principio de privacidad que han venido invocando los ministerios viene limitado por la condición de empleados públicos de los afectados y que bajo estas premisas «el acceso a tal información debe ser, en principio, la regla general», ya que prevalece el interés público sobre la posible afectación indirecta sobre los datos personales.
Los sindicatos desconfían
A horcajadas de ese criterio, las resoluciones desbloqueadas por Transparencia abrirán al escrutinio público, o como mínimo de los sindicatos, las productividades de los altos cargos de la Agencia Tributaria, de los organismos de la Seguridad Social (INSS, TGSS e Instituto Social de la Marina) y del Ministerio de Economía, que hasta la fecha sí daba acceso a las productividades y gratificaciones de sus altos funcionarios pero no al resto. Sobre el papel, porque los sindicatos no las tienen todas consigo. Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda que lleva seis años peleando por conocer la distribución de la productividad entre los trabajadores de la Agencia Tributaria, instó nada más conocer las sentencias del Supremo el cumplimiento de la resolución de Transparencia que obligaba al organismo del Ministerio de Hacienda a proporcionar información detallada sobre esos pluses. Aún no ha sabido nada del caso. «La Administración está ofreciendo desde hace años una resistencia numantina a dar esa información y estamos convencidos de que van a seguir resistiéndose para dejar en el mínimo posible la aplicación de la sentencia», aseguran fuentes del servicio jurídico del sindicato.
Varias fuentes sindicales aseguran, bajo la condición del anonimato, que la resistencia de los sucesivos gobiernos a dar información sobre los pluses de productividad viene de que en algunos casos se han utilizado para comprar voluntades y eso deriva en que hay funcionarios concretos que pueden recibir hasta 70.000 euros al año solo en este tipo de complementos. Ninguna de las fuentes consultadas comparte que esto sea una práctica generalizada, aunque sí recalcan que la opacidad sobre su distribución es un campo abonado para favorecer arbitrariedades.
70.000 euros. Nóminas que se multiplican
Fuentes sindicales sugieren que la opacidad en el pago de la productividad responde a que se trata de un instrumento que se ha utilizado para comprar voluntades y denuncian que hay casos de funcionarios que llegan a ingresar hasta 70.000 euros al año por este complemento de desempeño.
El secretario general de la Sección Sindical de CC.OO. en el Ministerio de Economía, Jesús Guerrero Titos, es otro de los que ha peleado para que el ministerio diera a conocer el reparto de las productividades en el ministerio, lo que conseguido solo en parte. Economía se avino a proporcionar información sobre sus niveles 28, 29 y 30, es decir, sobre los directivos del Ministerio, pero no del resto de empleados públicos. «Se ha consolidado una forma de hacer contraria al derecho a la transparencia y a la misma actividad sindical, ya que el Estatuto del Empleado Público establece la obligación legal de negociar la retribución por productividad y la Administración se lo ha tomado como una obligación de negociar, pero no de llegar a un acuerdo».
Jorge Vilas, de CSIF, también se ha topado con el muro de la Administración cuando intentó conocer la distribución de los pluses entre el alrededor de un millar de mandos que hay en Prisiones. «Transparencia no dio la razón, lo llevaron a los tribunales y lo perdieron, y decidieron elevarlo al Supremo. ¿Qué habrá en esos listados para que pongan tanta resistencia a darlos», se pregunta. En su caso, también pasaron los diez días que Transparencia dio a Interior para dar esa información sin que la haya recibido.
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