"La evolución del funcionariado moderno se va convirtiendo en
un conjunto de trabajadores intelectuales altamente especializados mediante una
larga preparación (…) cuyo valor supremo es la integridad. Sin ese
funcionariado se cernería sobre nosotros el riesgo de una terrible corrupción y
una incompetencia generalizada” (Max Weber, El político y el científico,
Alianza Editorial, pp. 101-102)
Por Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional.- La Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó en marzo de 2016 un
Sistema de Integridad Institucional que pretendía homologar a la institución
con los modelos existentes en las democracias avanzadas a través de la
configuración de una infraestructura ética con vocación holística, que no solo
siguiera el buen ejemplo ya dado por el Gobierno Vasco en 2013 (tras la
aprobación, en mayo de ese mismo año, del Código Ético y de Conducta de altos
cargos y personal eventual), sino que fuera más allá proponiendo, además de la
aprobación de un código ético y de Código de Conducta y buenas prácticas de los
miembros de la Diputación foral y de los altos cargos y personal asimilado de
la Administración Foral de Gipuzkoa y de las entidades de su sector público, la
creación de un Marco de Integridad Institucional y códigos de conducta para la
contratación pública y la entidades receptoras de subvenciones forales, así
como la elaboración y aprobación de un Código Ético para el empleo público foral[1].
El citado Código del
Empleo Público ha sido recientemente aprobado por la Diputación Foral de Gipuzkoa
(noviembre de 2017). Y tiene el siguiente enunciado: “Código Ético y de Buena
Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa” (CEBGEP, en lo sucesivo). Aunque
dada su importancia (por lo que seguidamente se dirá) requeriría un análisis
monográfico que en estos momentos no puede hacerse, lo que aquí sigue es una
mera y rápida descripción de algunas ideas-fuerza de su contenido, poniendo en
todo caso el acento en que se ha dado un paso enorme (avalado, con matices, por
algunos sindicatos y rechazado por algún otro) hacia la construcción futura de
un empleo público foral que refuerce los valores públicos como seña de
identidad al servicio de la ciudadanía y con el fin de fortalecer, asimismo, la
imagen de los servidores públicos como profesionales que actúan en un marco de
ejemplaridad y probidad. Algo especialmente importante en estos momentos, pero
mucho más cuando se advierte en el horizonte de los próximos años un profundo
relevo intergeneracional en la Administración pública que producirá la
incorporación en masa de nuevos empleados públicos. Que estas nuevas
incorporaciones se llevan a cabo a una organización que resalta los valores
éticos y los principios de buena gestión, no es una cuestión indiferente, sino
todo lo contrario. La función pública guipuzcoana de las próximas décadas se
construirá, así, sobre cimientos de valores sólidos y sobre una idea-fuerza de
servicio a la ciudadanía.
El CEBGEP se inspira, por
tanto, en las experiencias que la OCDE viene impulsando de construcción de
Marcos de Integridad Institucional en las administraciones públicas, pero en su
correcta concepción de marco holístico o que agrupa a todos los colectivos y
entidades que forman parte del sector público o se relacionan con este (no solo
a los “altos cargos”)[2]; por tanto, también a la función pública.
Además, ese Código, tal como expresa su exposición de motivos, se inspira en
otros modelos comparados, advirtiéndose una huella importante del Código de la
Administración Federal canadiense. Se puede decir, en todo caso, que desde un
punto de vista no solo cuantitativo sino especialmente cualitativo, este es el
instrumento más importante del Sistema de Integridad Institucional puesto en
marcha por la Diputación Foral, pues si se aplica y desarrolla de forma
adecuada sus efectos a largo plazo serán, sin duda, notables en lo que pueda
afectara a los estándares de funcionamiento (por cierto, elevados ya en estos
momentos) del empleo público foral.
El CEBGEP incorpora una serie de finalidades que se
pretenden alcanzar con su desarrollo efectivo. Y entre ellas cabe citar las
siguientes:
-Resaltar la importancia de los valores en el ejercicio del
empleo público.
-Asentar, en los empleados públicos forales, la vocación y
orientación de servicio a la ciudadanía.
-Desarrollar la profundización del empleo público foral a
través de la interiorización de valores éticos y principios de buena gestión.
-Construir infraestructura ética, vocación de servicios,
compromiso profesional y ejemplar, del servicio y de los servidores públicos.
-Reforzar la legitimación y prestigio de la institución del
empleo público foral y fortalecer, así, la confianza en la ciudadanía.
El objeto del CEBGEP es articular una serie de valores, a
los que se anudan sus respectivas normas de conducta, así como prever unos
principios de buena gestión, que vienen acompañados de sus respectivas normas
de actuación profesional.
Es muy relevante resaltar que el Código tiene una naturaleza
de instrumento de autorregulación y carece de valor normativo, sin perjuicio de
que obligue a los servidores públicos forales a adecuar sus conductas y
actuaciones a tales valores y principios. Pero se debe poner de relieve
inmediatamente que este Código carece, por tanto, de dimensión represiva o
sancionadora, pues su orientación y finalidad es radicalmente distinta, dado
que pretende exclusivamente mejorar la infraestructura ética y la buena gestión
en el empleo público, teniendo por tanto un carácter eminentemente preventivo y
orientador (la ética pública como faro que guía al servidor públicos en el
ejercicio de sus funciones). Así se prevén medidas de difusión del Código, el
fomento de su internalización por los empleados públicos forales, circuitos
para que planteen dudas, cuestiones éticas o quejas, y además la atribución de
la resolución de tales cuestiones a la Comisión de Ética de la Diputación Foral
que, en estos caso, se verá ampliada con la presencia de un representante
sindical con voz, pero sin voto.
El CEBGEP se plantea, además, como desarrollo de los
artículos 52 a
55 del TREBEP, en la medida en que, sin contradecir ninguno de tales
planteamientos normativos (que se asumen expresamente en el citado Código),
detalla o concreta (y sobre todo sistematiza) los valores y normas de conducta,
por un lado, y los principios y normas de actuación, por otro.
En síntesis, los valores y principios que se incluyen con
sus respectivas definiciones o alcance (buscando una cierta homogeneidad con
los establecidos en el Código de cargos forales, al margen de las diferencias
funcionales de cada colectivo), son los siguientes:
Valores:
Integridad
Ejemplaridad
Honestidad y desinterés
Imparcialidad y Objetividad
Excelencia profesional
Eficiencia
Respeto
Principios:
Transparencia
Apertura de Datos
Cultura de gestión e innovación
Promoción y uso del euskera
Responsabilidad profesional
En fin, el Código recoge un conjunto sistematizado de normas
de conducta y de normas de actuación, que ahora no procede analizar, así como
un Marco de Integridad Institucional en los términos ya expuestos. Tal vez, el
aspecto de mayor debilidad radique en la articulación efectiva de un sistema
institucional de garantías, no tanto por la atribución de esa función a la
Comisión de Ética (cuya composición preserva esas garantías, al tener más
externos que internos), sino porque tal vez se ha perdido la oportunidad
(aunque siempre se está a tiempo) de dar un papel más activo y protagonista en
esa Comisión a los propios funcionarios y empleados públicos (no solo a la
representación sindical), así como de crear alguna figura de Comisionados
éticos en los diferentes departamentos que hiciera de enlace de proximidad
entre los empleados públicos y la distante Comisión de Ética, cuando a aquellos
se les plantearan dilemas, dudas o cuestiones de carácter ético o quisieran
tramitar alguna queja, reclamación o, en su caso, plantear una denuncia.
No cabe olvidar en este punto que en las Comisiones de Ética
(o Comisionados de Ética) de la función pública de las democracias avanzadas la
composición de estos órganos es exclusivamente funcionarial. Ese debería ser el
objetivo final a lograr cuando la cultura ética en nuestras organizaciones
públicas se consolide, pues al fin y a la postre la gestión de esos códigos no
es otra cosa que la de ser un instrumento de autorregulación y para que los
empleados públicos lo sientan suyo lo han de “vivir” no solo “oír” o “leer”.
Las Comisiones Éticas compuestas de cargos públicos o externos, deberían verse
nutridas también de empleados públicos (no de “representantes sindicales”),
pues ellos deberían ser quiénes autogestionaran sus códigos y aportaran valor
ético a su trabajo profesional. Ese ha de ser el objetivo final. Todo lo demás
es pura transición, hasta que la cultura ética pueda –tal como decía- permear
efectivamente las organizaciones públicas. Algo que tardará muchos años, pero que
cuantas menos dificultades institucionales se pongan más se podrá avanzar y a
mejor ritmo. Tiempo al tiempo.
El Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público de la
Administración foral guipuzcoana es una iniciativa pionera, de la que, tras su
futura implantación y desarrollo, cabrá extraer las debidas lecciones y
corregir puntualmente, en su caso, lo que proceda. Buen comienzo. A ver si
cunde el ejemplo. Bien harían los distintos niveles de gobierno de seguir este
importante camino abierto por una Diputación Foral que ha hecho de la
Gobernanza (también ética) su seña de funcionamiento.
[1] Ese Sistema de Integridad Institucional
y todos los códigos que hasta la fecha han sido aprobados se pueden consultar
en abierto en el siguiente enlace: http://www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistema-de-integridad
[2] Sobre esta cuestión, por todos: M.
Villoria y A. Izquierdo, Ética Pública y Buen Gobierno, Tecnos, 2016.
No hay comentarios:
Publicar un comentario