Nota conjunta de Access Info, Transparencia Internacional España y Civio. Desde el primer conflicto en los tribunales ante el
Gobierno, a finales de 2015, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)
se ha encontrado con una coyuntura no prevista: su representación legal estaba
encomendada a la Abogacía del Estado, pero también la de sus oponentes: los
ministerios. Con el conflicto de interés servido, el Gobierno decidió optar por
que los abogados del estado representaran a los ministerios y el CTBG tuvo que
buscar su propia representación legal.
La primera vez que ocurrió algo así, en el proceso contra
RTVE, y según el propio CTBG, tuvieron solo unos días para encontrar abogado. Y
optaron por contratar de forma directa a una con vínculos profesionales previos
con la directora del organismo. Han pasado casi dos años desde entonces y,
durante este tiempo, dos personas han ido representado al CTBG en decenas de
litigios y bajo el mismo sistema de contratación directa.
En julio, tras tener conocimiento de los hechos gracias al
aviso de un ciudadano, Access Info, Transparencia Internacional España y Civio planteamos una serie de
preguntas al CTBG para aclarar nuestras dudas con respecto a estas
contrataciones y, sobre todo, para reclamar explicaciones públicas ante la
ciudadanía sobre este asunto.
El CTBG resolvió una parte de esas preguntas, pero seguimos teniendo
dudas sobre aspectos importantes, sobre todo: ¿por qué se siguió contratando a
las mismas personas una vez solventadas las prisas iniciales? ¿A quién se pidió
ayuda para seleccionar a profesionales y por qué no se volvió a preguntar o a
buscar alternativas en más de un año?
Access Info, Transparencia Internacional España y Civio consideramos que, aunque pudiera estar justificado este procedimiento ante las
prisas de un primer proceso, la situación ha durado demasiado tiempo y el CTBG
debería haber encontrado soluciones para poner en marcha una selección basada
en la concurrencia y la transparencia.
Además, creemos que pese a que haya dictámenes del Consejo
de Estado y de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre algunas partes de
este proceso que establezcan que se cumplen las condiciones legales, ciertas
actuaciones pueden dejar en mal lugar a un organismo que debe ser garante de la
transparencia y, por lo tanto, ejemplar ante este tipo de situaciones.
Como hemos transmitido desde un principio, las
organizaciones firmantes consideramos que el CTBG debe comunicar, de forma
abierta, qué ha pasado y cómo se pretende resolver. Además, debe publicar en su
lista de contratos estos servicios, incluyendo nombre de los representantes
legales, cantidades y procedimiento judicial (ahora mismo lo publica en una
lista de gastos inferiores a 1.000 euros, pero sin nombres de los
destinatarios). Los importes de esos contratos hacen que la ley no obligue al
CTBG a hacerlos públicos, pero creemos que, dada la situación, el Consejo debe
ir más allá de los mínimos que marca la norma para ser ejemplo.
Vigilancia y control de la sociedad civil
Recordamos que, más allá de las entidades públicas
encomendadas a esta misión, la sociedad civil puede -y debe- ejercer un papel
de vigilancia y control de todos los organismos públicos en una sociedad
democrática. Es una función en la que las tres organizaciones firmantes creemos
firmemente. Si plantear una serie de preguntas al CTBG por parte de la sociedad
civil se percibe como un ataque, estamos ante una situación muy preocupante.
Porque lo vamos a seguir haciendo siempre que recibamos cualquier tipo de
denuncia.
Creemos que el CTBG debe seguir defendiendo los derechos de
los ciudadanos ante los tribunales como lo ha venido haciendo hasta ahora y que
esa función es esencial, dado que el Gobierno se está negando en demasiadas
ocasiones a cumplir sus resoluciones, conceder la información solicitada y
cumplir la Ley de Transparencia. Eso sí, el proceso de contratación de
profesionales que les representen debe ser, más aún en el organismo del que se
trata, concurrente y transparente.
Firmado: Helen Darbishire, Access Info Europe, David Cabo, Civio y Jesús Lizcano, Transparencia Internacional España
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