CC.OO alerta de la situación que vive la Seguridad Social, donde en los próximos 10 años se jubilará más del 48% de la plantilla
Revista de prensa. El Confidencial.- La gerente del Ayuntamiento de Madrid, Carmen Román
Riechmann, lo describe como “una angustia total”. El presidente de la Organización
de Inspectores de Hacienda, José Luis Groba, teme que “las
jubilaciones masivas van a llegar en medio del déficit brutal de funcionarios que arrastramos”. El subdirector del
Instituto Valenciano de Administración Pública, Javier Cuenca, cree que
vamos a vivir “una época muy parecida a los años 30, un relevo generacional que
viene de golpe”.
La preocupación se extiende por prácticamente todas las
instituciones españolas: el envejecimiento de las plantillas, unido a las bajas
tasas de reposición durante la crisis, aboca al país a una situación complicada
que se tendrá que resolver por fuerza en los próximos años. Según una
estimación elaborada por CCOO para
El Confidencial, una cuarta parte de los empleados públicos en el estrato
estatal, autonómico y municipal se jubilarán antes de una década, dejando
cerca de 700.000 puestos vacantes. Eso sin contar la consolidación pactada
de los 300.000 interinos y de los 300.000 puestos perdidos durante la crisis.
Plazas que, en teoría, habrá que sacar a concurso en convocatorias tan masivas
como las de los primeros años de la democracia española.
A finales de 2015, el gobierno vasco presentó un plan de empleo interno con datos “preocupantes”, en
boca del responsable de Recursos Humanos de la Dirección de Función Pública, Mikel
Gorriti. “Vimos que de aquí al 2030, más del 70 por ciento de los ocupantes de
los puestos de la Administración General del País Vasco se jubilarán. Vamos a
tener que consolidar, incorporar y formar a un montón de gente en un tiempo
reducido, para una estructura que, si no se rediseña, se concibió en el año 2000.
El reto es importante porque estamos hablando de muchas plazas que saldrán
a concurso y ofertas de empleo público para una administración que se
transformará por los procesos telemáticos y las nuevas necesidades de la
ciudadanía”, dice.
La alerta adelantada por el País Vasco se ha ido extendiendo
en el último año y medio por el resto de España, sobre todo en la Administración
General del Estado y en las autonomías a las que se transfirieron antes las
competencias básicas. “En Valencia encargamos un plan en 2016” , dice Javier Cuenca.
“El diagnóstico nos asustó bastante. Nos dimos cuenta de que la mitad de
nuestra plantilla se jubila dentro de 10 o 15 años y que prácticamente todas
las jefaturas de sección se van a marchar de manera inminente. La salida de la
crisis coincide con la jubilación de la generación del 'baby boom' y eso nos obliga a un
reclutamiento masivo. Vamos ya contrarreloj”.
A priori, la creación de miles de plazas debería suponer un
alivio en un país con un 18 por ciento de paro y donde los nacidos después de
1980 perciben el empleo público como un privilegio de sus padres. Pero en las
instituciones el proceso no se vive precisamente con entusiasmo. Elisa de
la Nuez, abogada del Estado y gerente de la Fundación Hay Derecho, es una
de las altas funcionarias que ya empieza a imaginar su retiro.
“Que nuestra generación salga no significa que vaya a entrar
una nueva”, dice. “Habrá que ver qué tipo de Estado queremos en el futuro. Este
es un momento crucial, en el que esto tendremos que afrontarlo. Hay un montón
de perfiles de la Administración que ya no son necesarios, sobre todo en
tareas auxiliares. Por otro lado, entre los altos funcionarios hay cuerpos que van a perder toda la
experiencia de manera muy abrupta. Y deberíamos plantearnos si conviene reformar
el proceso de oposiciones, un sistema muy objetivo y justo, que mide mucho el
conocimiento y poco otras competencias”.
Un sistema del siglo XIX
Rafael Jiménez Asensio, catedrático de la Universidad Pompeu
Fabra y autor del blog La Mirada Institucional, subraya que la selección del
personal es uno de los mayores desafíos y urge a sindicatos y administraciones
a trabajar para llegar a un acuerdo que beneficie a la ciudadanía. “No se puede
seleccionar a personal para el siglo XXI con un sistema desarrollado en el
siglo XIX. Internet ha dejado trabajos obsoletos y ha generado otras
necesidades”, enfatiza. En su opinión, convocar cientos de miles de plazas en
pocos años nos metería en un problema. “No van a entrar los mejores, sino los
que tuvieron más suerte. Además es injusto para las generaciones posteriores y
anteriores. En los 80 entraron muchos en poco tiempo y la media bajó. Había
gente que claramente no estaba preparada. Y ahora puede pasar lo mismo”.
José Luis Groba comparte la opinión y pone como ejemplo lo
ocurrido en su gremio, en la Agencia Tributaria. “En los primeros años del PSOE es
cuando se decidió crear una Hacienda moderna. Llegaron a salir hasta 300 plazas
de inspector y algunas ni siquiera se cubrían. Recuerdo convocatorias de 700 u
800 técnicos. Estos mismos son los que ahora se jubilan, a un ritmo de unos 700
al año. ¡En tres años perdemos 2.000 inspectores en un cuerpo de 24.000! Y las
plazas hay que cubrirlas porque hemos perdido 4.000 desde que empezó
la crisis y estamos realmente bajo mínimos”. Uno de los desafíos, argumenta, es
transmitir todo el conocimiento. “En los escalafones más altos no hay nadie que
se esté formando ahora mismo para tomar el relevo”.
El reto al que se enfrenta el país es tan evidente que el
Gobierno ya no puede mirar hacia otro lado. El objetivo de corto plazo sigue
siendo reducir el déficit público, pero el envejecimiento de las plantillas
está en un proceso tan avanzado que apenas queda margen para adoptar decisiones
estratégicas. En las últimas semanas se han producido los primeros
acercamientos entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los
sindicatos para analizar el problema y buscar soluciones. El jueves 22 de junio
se constituyó el grupo de trabajo sobre la administración digital y el lunes 26
se reunió la secretaria de Función Pública, Elena Collado, con los
representantes de los trabajadores.
“El Gobierno comparte con nosotros la preocupación”, explica Raúl
Olmos, secretario de Acción Sindical de FSC-CCOO. “Coincidimos en que habría
que anticiparse antes de que estallase el problema, pero cuando queremos
traducirlo en medidas concretas, todo queda supeditado al objetivo de déficit
de Bruselas”.
El Ministerio pretende ganar tiempo con la Oferta de Empleo
Público (OEP) que pactó con los sindicatos en mayo. Este acuerdo no supone
ningún incremento del capítulo 1 de gastos de personal, ya que simplemente
sustituye trabajadores interinos por fijos. De esta forma se garantiza que
durante los tres próximos años se convocarán plazas de funcionario, pero no
servirá para atajar el problema del envejecimiento de las plantillas y
tampoco para elevar el número de efectivos. Las dos partes acordaron volver a
reunirse a mediados de julio para discutir en profundidad este problema y, tal
vez, buscar soluciones.
Emergencia nacional
Para entender dónde estamos hay que remontarse unos años en
el tiempo. Cuando estalló la crisis económica en 2008 se paralizó cualquier
plan a largo plazo. El único objetivo nacional era evitar el rescate. El resto
de problemas pasaron a un segundo o tercer plano. La situación de las cuentas
públicas forzó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a
recuperar la tasa de reposición, abandonada desde el año 2002, y
establecerla en el 30%. En la práctica, esto significaba que solo se reponía
uno de cada tres funcionarios que se jubilaban.
En el año 2011 se bajó todavía
más, hasta el 10%, y se empezó a aplicar solo a los sectores prioritarios
(sanidad, educación y seguridad del Estado). En el resto simplemente se cortó
por lo sano: trabajador que sale, puesto que se amortiza.
Esto agravó el ritmo de envejecimiento de las plantillas:
los contratados iban sumando años y la llegada de sangre nueva se paralizó,
disparando la edad media. Según datos del INE, desde 2011 se han perdido más
de 300.000 empleos en el sector público. Puestos que en condiciones normales
hubiesen ocupado los jóvenes. La consecuencia es que actualmente solo el 6,5%
de los trabajadores públicos (incluyendo empresas públicas) tiene menos de 30
años.
En algunos sectores de la Administración la destrucción de empleo
ha sido tan intensa que ha terminado provocando colapsos, listas de espera, mala calidad en el servicio… Se
da por hecho que algunos de estos puestos no regresarán nunca, en especial
aquellos relacionados con cuestiones administrativas y auxiliares que pueden
digitalizarse. Pero para crear un Estado moderno deberán surgir nuevos perfiles
con los que, en teoría, se debería poder equilibrar la tasa de reposición. “Hemos perdido mucho
trabajo de bajo valor añadido, pero está surgiendo una necesidad de empleo cualificado
a la que hay que responder”, explica Olmos. Con este objetivo se creó hace dos
semanas el grupo para discutir la transformación digital de la Administración y
la gestión de recursos humanos más apropiada.
Entre finales de marzo y principios de abril de este año, el
gobierno y los sindicatos firmaron un acuerdo por la estabilidad del empleo público con el
objetivo de reducir la temporalidad al 8 por ciento y recuparar la tasa de
reposición del 100%, al menos en los servicios básicos como educación, sanidad
o justicia. Y aunque algunas instituciones asumen que no volverán a los viejos
tiempos, otras aspiran incluso a más, como el propio Ayuntamiento de Madrid.
“La ciudad no para de crecer y nosotros no podemos contentarnos con
mantener la tasa del 100%. Necesitamos ampliar. Si abrimos una biblioteca en un
barrio nuevo es lógico que haya que contratar más gente”, dice Carmen Román.
En algunos sectores el envejecimiento es más acusado, lo que
obligará a adoptar soluciones de emergencia en los próximos años. Un reciente
informe de FSC-CCOO alerta de la situación especialmente delicada que vive la
Seguridad Social, donde en los próximos 10 años se jubilará más del 48% de
la plantilla.
Las comunidades autónomas atraviesan también una situación
muy delicada, aunque presentan una gran heterogeneidad debido al distinto ritmo
al que se fueron transfiriendo las competencias desde el inicio de la
democracia. País Vasco, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana lideraron el
proceso ya desde el año 1981 con el primer gran pacto territorial, los
‘Acuerdos Autonómicos’. Ese mismo año Cataluña consiguió las competencias de la
sanidad, la educación no universitaria y el grueso de los servicios sociales,
transferencias que no se completaron a todas las autonomías hasta el año 2001.
Según los cálculos de CCOO, en la próxima década se jubilarán casi el 30% de
los empleados públicos autonómicos.
Euforia opositora (contenida)
Aunque resulta imposible saber con exactitud las plazas que
saldrán a concurso en los próximos años, las cuentas salen así: si se suman los
700.000 jubilados de la próxima década, los 300.000 empleos perdidos y los
300.000 interinos que se convertirán en indefinidos, el resultado es que en los
próximos años se deberían sacar a oposición más de un millón de plazas.
"En los puestos de atención al público hemos pactado una tasa de
reposición del cien por cien, en otros colectivos baja al 50 por ciento, pero
se compensarán unos con otros y, si todos cumplen, estamos hablando de 500.000
empleos en tres años", opina Francisco Camarillo, secretario de
Acción Sindical de la Ejecutiva nacional del sindicato CSIF.
Una expectativa con la que cuentan ya muchos opositores,
sobre todo aquellos que llevan más tiempo preparándose. “Tengo 38 años y he
pasado casi una década pensando que probablemente no iba a conseguir nunca una
plaza. Ahora, por primera vez, soy optimista”, dice Julia, profesora interina
de Historia que aspira a consolidar plaza en algún instituto de Castilla-La
Mancha.
El entusiasmo –contenido– se empieza a notar en muchas
academias especializadas en oposiciones. “Soy muy escéptica con la situación en
la que está la economía española, pero es verdad que hemos pasado años muy
duros aquí, que tuvimos que hacer un ERE y trabajar 50 horas a la semana. Y
ahora estamos sacando la cabeza por fin. Aparecen convocatorias y vuelven
los alumnos. Aunque ahora salimos a por ellos, yo creo que este año podemos
recuperar el número de matrículas anterior a la crisis”, dice Begoña Caparrós,
directora de Preparadores
de Oposiciones, en el centro de Madrid.
Alicia Martín, opositora a tramitación procesal de Justicia.
(Carmen Castellón)
Su propia hija, Alicia, licenciada en ADE de 37 años, está
preparando unas oposiciones para el cuerpo de Justicia. “Trabajé en empresas
privadas hasta que la crisis me dejó fuera porque cerraron la compañía en la
que estaba. Ahora salen por fin plazas, aunque es verdad que se presentan
miles de personas, así que no creo que vaya a ser tan fácil como lo fue en los
80. Pero no hace falta remontarse tanto. Hace 15 años había algunas oposiciones
a las que apenas se presentaba nadie, la gente ni se enteraba de las
convocatorias”, dice.
Los propios preparadores han percibido un cambio de
tendencia. Por ejemplo Mara Ramos, profesora de Lengua y Literatura, que se ha
empezado a topar con el cambio generacional en su propio claustro. “La
renovación empezó hace cinco o seis años y se está acelerando a la fuerza,
porque a muchos nos quedan pocos años. De los opositores que preparé el año
pasado, cinco han conseguido plaza”. Igual que los expertos, ella tampoco cree
que sea bueno, ni justo, que se abran todas las convocatorias en un espacio de
tiempo reducido. “Les van a poner un tapón a los que vienen detrás. Recuerdo
que en el año 84 hubo una convocatoria con 400 plazas de golpe. ¿Sabes cuántas
hubo el año después? Solo cinco. Parece que va a volver a pasar y los que ahora
están en el instituto lo van a tener muy difícil si se vuelve a reemplazar a
todo el personal de golpe”, dice.
Algunos preparadores veteranos ponen en duda que las
administraciones vayan a renovar en masa las plazas que van quedando vacantes. “Estamos
curados de espanto. Una cosa es lo que se dice y otra lo que después
ocurre. Lo que yo veo es que hay administraciones locales arruinadas, como
Jerez, deseando que se jubilen muchos administrativos para cerrar las plazas.
Con la situación económica del país me resulta contranatura pensar
que va a haber un 'boom' de trabajo público. Creo que crecerá pero que no
veremos las convocatorias masivas de antaño. Habrá comunidades, ministerios y
ayuntamientos que puedan permitírselo y otros que no”, resume Carlos Valiña,
preparador y autor de un método para
aprobar oposiciones. “Hay que ser prudente con las expectativas. Por lo que
pueda pasar”, concluye.
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