Las asociaciones reclaman mayor cooperación entre comunidades autónomas y que se subsanen los fallos técnicos en los programas
Revista de prensa.- ABC.- El plan del ministro de Justicia Rafael Catalá de
eliminar el papel en los procesos judiciales cuenta con más detractores que
defensores. Jueces, fiscales y secretarios judiciales han creado un frente
común contra el llamado «papel cero», un programa de obligada implantación
desde el 1 de enero de 2016.
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| Rafael Catalá, ministro de Justicia |
Fallo en LexNet
El objetivo del proyecto de Catalá pasa por modernizar la
Justicia eliminando progresivamente el uso del papel, principalmente a la hora
de comunicarse entre los agentes intervinientes en el proceso. Sin embargo, las
aplicaciones que ya están en marcha, como es el caso de LexNet,
están teniendo grandes problemas técnicos. De hecho, el programa LexNet sufrió
una grave brecha en su seguridad hace escasos días que forzó la
paralización del servicio: un fallo informático permitió que cualquiera con
acceso al sistema pudiera ver las carpetas allí alojadas de todos los abogados
españoles sin necesidad de permiso o confirmación.
Si el Ministerio buscaba agilizar la tramitación de las
causas con la digitalización, desde las asociaciones de jueces, fiscales y
secretarios judiciales alertan de que se ha logrado todo lo contrario. Además,
denuncian que en lugar de reducirse el uso del papel, éste ha aumentado
considerablemente desde el 1 de enero de 2016.
Problemas de coordinación
Los jueces mostraron la semana pasada en una reunión con el
Ministerio de Justicia su firme rechazo contra el expediente judicial
electrónico debido a los problemas técnicos que viene ocasionando y su
dificultad de uso, además de por la existencia de nueve sistemas procesales
distintos ya que algunas comunidades autónomas tienen transmitida esta
competencia.
Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), recalca que existe una «diferencia abismal entre
territorios» que provoca la «imposibilidad de conectar» los sistemas de
los diferentes territorios. La APM reclama una «mayor coordinación entre
administraciones, más comunicación entre sistemas informáticos». Además, señala
que la digitalización por medio del expediente electrónico es un «sistema
precipitado» que se ha realizado «sin valorar los medios técnicos» con los que
se cuenta, propiciando que «no sea eficaz» su utilización para los jueces.
Los jueces reclaman mejorar la tramitación del expediente
judicial electrónico
En línea con la APM, la asociación Jueces para la Democracia
(JpD), en voz de su portavoz Ignacio González, destaca que son partidarios de
la modernización de la Justicia pero que resulta necesario acometer «una fuerte
inversión», así como evitar que su implantación se lleve a cabo de forma
«atropellada». En consecuencia, González señala que desde JpD «exigimos
formación y sistemas uniformados entre comunidades autónomas».
Desde Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción
Rodríguez, su presidenta, va incluso más allá al reclamar que «se paralice» el
plan del «papel cero» hasta que se resuelvan los problemas, como en el caso de
la firma digital de documentos con la que «se tarda tres veces más que con
el sistema antiguo». Por último, el portavoz de la Asociación de Jueces y
Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, constata que existen
«muchas deficiencias» y «retrasos» en la tramitación del expediente electrónico,
aunque reconoce que «el Ministerio está interesado en resolver los
problemas».
Fiscalía Digital
Los fiscales, a la par que los jueces, reclaman también
soluciones ante los graves problemas técnicos que se han detectado en las
aplicaciones informáticas que han de utilizar. Jesús Alonso, portavoz de la
Asociación de Fiscales, rompe una lanza a favor de la implantación de la Fiscalía
Digital, aunque con «garantías y eficacia, y que se solventen los problemas
técnicos encontrados».
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, en
palabras de su portavoz Miguel Pallarés, reclama que «no se está haciendo
adecuadamente y de forma coordinada el tema de la digitalización». Recuerda que
«estamos a favor de las nuevas tecnologías», aunque reconoce que «el
Ministerio está cerrado en banda» en este asunto. El presidente de la
asociación Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández, se suma a las
críticas de sus compañeros de profesión al destacar que «lo lógico es que tan
solo hubiera una aplicación y no cuatro» para los fiscales.
El sindicato de secretarios judiciales denuncia que están
«desinformados» respecto a los planes del Ministerio de Justicia
En ese frente abierto a Catalá no solo se encuentran jueces
y fiscales. Los secretarios judiciales, denominados ahora Letrados de la
Administración de Justicia, también claman contra la forma en que se está
llevando a término la digitalización de los procesos judiciales. Rafael Lara,
presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, reconoce que «la
situación no es la ideal» y que en España estamos «obsoletos» en
tecnología. Realiza un llamamiento a «favorecer la coordinación entre
comunidades autónomas» y, especialmente, a que el Ministerio «escuche más al
usuario, que es el que realmente tiene que utilizar los programas».
Por parte del sindicato de secretarios judiciales, Abigail
Fernández, su portavoz, denuncia que «no hay una línea concreta de actuación»
en lo que a ellos les concierne. «Es necesaria una mayor coordinación. Se hace
difícil trabajar en estas circunstancias. Estamos desfasados tecnológicamente y
no hay plazos, un plan de actuación. Estamos desinformados».
El Ministerio es consciente de las quejas
Las quejas de jueces, fiscales y secretarios judiciales son
continuas respecto al plan de Catalá, aunque desde el Ministerio reconocen que no
son ajenos a los problemas. «Se trata de un proceso de mejora continua en el
que se van abordando diferentes retos sucesivamente. Las aplicaciones van
incorporando peticiones avaladas por los contactos que se mantienen con todos
los colectivos que las utilizan y van dirigidas a mejorar la experiencia del
usuario en su puesto de trabajo», relatan desde Justicia.
Defienden a capa y espada la necesidad de incorporar de
forma definitiva en todos los juzgados el proyecto del «papel cero». «La
implantación de la tecnología en la Administración de Justicia es un
proceso complejoderivado de la complejidad de su propia organización. No
obstante, la plena incorporación de herramientas y sistemas digitales en
Justicia es un reto inaplazable y un objetivo compartido por todos los
organismos y actores que desarrollan su actividad en el sector», afirman
fuentes del Ministerio.
Hace escasos días ya se reunieron con jueces y secretarios
judiciales para tratar de buscar una solución, mientras que en septiembre está
prevista la convocatoria de un Consejo Fiscal para que el fiscal
general del Estado transmita una posición común a Justicia. Los próximos meses
serán claves para determinar el alcance de las quejas de estos colectivos.
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