"El caso sería menos escandaloso si los implicados no fueran quienes por la mañana imparten justicia y controlan fraudes que por la tarde se sienten con la libertad de ignorar "
Revista de prensa.- El País.- Un día el preparador nos
juntó a todos sus opositores. Estábamos todos en el salón, éramos más de 10” , cuenta un ex opositor que
no ha llegado a ser juez tras 7 años de estudio. Era un piso señorial en el
barrio de Salamanca de Madrid. “Esperábamos, cantábamos el tema y nos íbamos.
En una hora nos ventilaba a tres”, añade. El preparador era un magistrado del
Tribunal Supremo y cobraba a cada opositor 325 euros al mes en un sobre.
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| Preparar oposiciones es un gran negocio, incluso sin pagar impuestos para muchos jueces y otros altos funcionarios al margen de academías. |
La mayoría de preparadores
lo hace en privado en su casa, aunque también hay academias: “Donde hay más
preparadores privados es en la carrera judicial: alrededor del 80-90% son
particulares”, dice Jesús Martínez, director del Área de Oposiciones de la
Academia CEF. En la sede madrileña de esa academia tienen este curso unos 30
opositores a judicatura. En 2015, hubo 3.982 opositores que intentaron aprobar
las oposiciones para juez y fiscal, que son la misma. Otros 3.240 aspiraban a
ser Letrados de la Administración de Justicia —antiguos Secretarios judiciales—
y 938 querían ser Inspectores de Hacienda y Empleo.
Son algunos de los miles
de aspirantes en las oposiciones principales a la categoría más alta de
funcionarios en España, la A1. El precio medio que paga un opositor a su
preparador particular depende del funcionario, la provincia y el método -hay
quien prepara por Skype-, pero ronda los 200 euros y la media de alumnos es de
10. El sobresueldo de los preparadores puede llegar a duplicar su salario como
funcionarios en un negocio que mueve varios millones de euros anuales.
Ningún juez juzgado
El Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) requiere
a los jueces que quieran preparar que pidan un permiso de
compatibilidad si van a dar más 75 horas anuales. De los 5.502 jueces en
activo, lo habían pedido hasta 38 hasta mediados de noviembre. Y de esos 38, no
todos preparan por cuenta propia. Algunos lo hacen en academias, con lo que la
posible falta de permiso es más fácil de descubrir. En el actual CGPJ no
recuerdan ninguna sanción a un juez o magistrado por el incumplimiento de la
incompatibilidad como preparador de oposiciones. No es algo que se controle con
escrúpulo.
El dinero que los altos
funcionarios ingresan por estas clases no está regulado. La tributación depende
exclusivamente de la buena voluntad de los empleados públicos. “Hay un agujero
en la tributación de esta labor”, dice Álvaro García Ortiz, portavoz de la
Unión Progresista de Fiscales. “No solo es feo, es ilegal. Es del tipo de cosas
que la gente prefiere mirar a otro lado. Esto era escandaloso hace unos años y ahora
se va regularizando algo más, pero no es aún un campo limpio”, añade. Quizá
cada vez vaya mejor, pero no hay ningún dato que permita verificar si mejora o
empeora. Solo una cosa sigue igual: no está regulado.
El caso sería menos
escandaloso si los implicados no fueran quienes por la mañana imparten justicia
y controlan fraudes que por la tarde se sienten con la libertad de ignorar.
Los funcionarios que
preparan a opositores deben declarar sus ingresos como rendimiento del trabajo.
El sistema de tributación es el mismo que cuando dan un curso o una charla y
una entidad les paga. Pero entonces queda una huella: el pago de la empresa que
organiza el acto. Los opositores no son sin embargo una empresa cuyos pagos pueda
trazar la Agencia Tributaria, a no ser que haya una denuncia, que puede
ser también anónima.
El rastro que dejan los
opositores es un largo hilo de lamentos privados y anónimos en foros de
Internet donde comparten en soledad sus problemas: “Yo creo que no es pedir
mucho, dado el pastón que [los preparadores] se sacan y el sobresueldo que
tienen a costa nuestra (en negro, claro)”, dice uno. Y otro: “La mayoría de los
preparadores se están lucrando a base de bien con nuestro sufrimiento sin estar
a la altura de las circunstancias, la inmensa mayoría de ellos cobrando en
negro, sin comunicar al CGPJ que son preparadores, sin darnos un recibo ni
garantía alguna”.
Los mensajes de estos
foros son anónimos y por tanto sin posibilidad de atribución, pero las quejas
coinciden con un secreto a voces que he podido contrastar en numerosas
conversaciones off the record con jueces, fiscales, inspectores de
trabajo y de Hacienda. Este periódico ha contactado con una coordinadora de uno
de estos foros -que también prefiere ocultarse porque oposita- que confirma la
existencia de personas reales detrás de los mensajes.
Silencio revelador
Nadie ni siquiera dentro
del cuerpo es capaz de demostrar qué hacen sus compañeros que preparan más allá
de haberlo oído o intuido en charlas informales. He intentado hablar por
teléfono y por correo electrónico con varios preparadores. Ninguno ha querido
comentar su labor con un periodista, antes incluso de mencionar el problema de
la tributación: “Yo si te digo la verdad no sé quién eres. No voy a hablar con
una persona desconocida”, dijo uno.
Desde el CGPJ destacan así
la dificultad de descubrir casos ilegales: “Como este tipo de actividad se
desarrolla fuera del horario laboral, y evidentemente fuera de las sedes
judiciales, el CGPJ no puede ejercer ningún control. Como no puede hacerlo
ninguna empresa sobre las actividades que desarrollen sus empleados en su
tiempo libre”, dicen fuentes del CGPJ.
La Agencia Tributaria
tiene un problema similar: sin denuncia es difícil actuar y encontrar pruebas.
Los opositores son los únicos que podrían presentar una denuncia anónima para
que se pueda investigar. Pero la falta de factura —un recibo puede hacerlo
cualquiera— complica aún más las pesquisas. Fuentes de la Agencia Tributaria
confirman que sin una “constatación de incumplimientos” es difícil actuar: “La
Agencia Tributaria permanece atenta a cualquier incumplimiento del que pueda
existir la suficiente información, de modo tal que pueda ser comprobado y, en
su caso regularizado”.
Desde la inspección de
Hacienda apelan a la conciencia y al control corporativo como solución: “Puede
ser que haya un alto funcionario que no tenga ninguna conciencia fiscal y sus
compañeros tampoco la tengan. Pero nuestro cuerpo hay cierta conciencia
fiscal”, dice José Luis Groba, presidente de la Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda del Estado. “Es un mundo pequeño y todos nos conocemos.
No vas a quedar mal y que tus compañeros digan ‘mira este jeta’”, añade Groba.
Los jueces sin embargo
creen que la inspección de Hacienda podría hacer más: “La inspección de
Hacienda tendrá mucho trabajo y esto no suele vigilarlo. Debería vigilarlo
más”, dice Jaime Anta, de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria. Anta
añade luego la pregunta más compleja: “Pero por mucho que lo regules, ¿cuál es
la solución para que se declare a Hacienda?”
Con la crisis, el número
de plazas se ha reducido: en 2010 y 2011 hubo 400 plazas, en 2012 ni siquiera
hubo convocatoria y en los últimos tres años se han ofrecido solo 100 plazas. A
pesar de que las plazas se han reducido, el número de opositores se ha
mantenido constante. El negocio de la preparación por tanto no ha descendido
con la crisis.
Sin control fiscal
El agujero de la falta de
control fiscal no implica obviamente que todos se aprovechen. La falta de
regulación provoca otro problema: el mantenimiento del sistema impide que se
cree un sistema regulado de opositores, con sus becas y ayudas. Hoy
pocos jóvenes pueden sacarse unas oposiciones a alto funcionario sin
disponer de una media de 200 euros al mes. Las ayudas actuales son escasas y
puntuales: el Gobierno vasco da alguna, la Asociación Profesional de la Magistratura
ha empezado a dar este año 10 becas anuales de 1.200 euros financiadas por el
Banco Santander. No es nada sistemático.
“Siempre preparaban los
niños con posibilidades. En mi época solo preparaban la gente que vivía en la
ciudad o quienes tenían recursos. Es inaudito. El propio Estado debe
fomentarlo”, dice Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de
Inspectores de Trabajo. Una opción, propone Yébenes, sería la creación de una
escuela donde los preparadores tuvieran un nivel contrastable y los alumnos ya
pudieran ser seleccionados por mérito.
Una escuela haría que la
calidad de los preparadores estuviera más definida. No hay ahora un modo de
controlar la calidad pedagógica de cada preparador. Por su inocencia, el inicio
del estudio de los jóvenes opositores puede caer en manos de preparadores con
pocas aptitudes para enseñar: “Cuando te enteras de qué va la vaina, en
realidad el negocio es mucho. Yo abandoné a mis dos primeros preparadores
porque no tenían una metodología, no sabían qué hacían a nivel memorístico”,
dice un opositor.
Hay pocos incentivos para
cambiar el sistema: “Cuando sacaron el sistema de becas a opositores, algunos
preparadores se negaron a emitir el informe porque creían que era un sistema
para ser controlados por Hacienda”, dice un opositor anónimo. El sueldo extra
es un modo de subsanar todas las incompatibilidades laborales de estos cuerpos
de altos funcionarios.
Si no hay cambios, el
sistema para escoger a los representantes más altos del Estado seguirá
implantado tal como describe este otro opositor anónimo: “La gran mayoría hemos
tenido el mismo problema para buscar preparador. Se suelen encontrar
preguntando en las Audiencias, Fiscalía, profesores de universidad. Es echarle
morro al asunto y moverse un poco. Como cobran en negro, muchos prefieren mantenerse
en el anonimato y se anuncian a través de conocidos”.
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