"El plan es que el CTBG se encargue de esta gestión hasta que la ley de transparencia de la Comunidad Autónoma cree un organismo propio"
Eva Belmonte.- El BOE nuestro de cada día. El BOE de 16 de Enero el BOE recoge el convenio entre la Comunidad de Madrid y el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para que este último se encargue de
tramitar y resolver las reclamaciones de los ciudadanos que consideren que no
han sido respondidos de forma correcta a sus solicitudes de información.
Con
este paso, el convenio entra en vigor de forma definitiva, después de cinco
meses en los que no había ningún organismo encargado de realizar esta gestión.
Las reclamaciones, por tanto, quedaban paradas en un limbo en el que nadie se
hacía responsable.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia para las entidades autonómicas y
locales en diciembre de 2015, la Comunidad de Madrid está obligada establecer
un organismo responsable de tramitar estas reclamaciones no solo para los
organismos propios, sino para todas las empresas públicas y los ayuntamientos
que no contaran con un organismo para realizar esta función. El 31 de diciembre
de ese año, tras la supresión del Consejo Consultivo, encargó esta misión al
Tribunal Administrativo de Contratación Pública.
Solo unos meses después, en julio de 2016, aprobó una ley
para reformar dicho organismo y le quitó esa función. De esta forma, desde el
11 de agosto de 2016, no se encarga de las reclamaciones. La norma también establecía que, hasta que se cree un organismo
específico para estas reclamaciones, será el CTBG quien se encargue de
tramitarlas. Pero hasta hoy el convenio no ha llegado al BOE. El Consejo de
Transparencia no tenía competencias para hacerlo. Durante cinco meses, nadie
las tenía.
Así, nadie se hacía responsable de recibir las reclamaciones
presentadas durante este tiempo, pese a que forman parte de la ley; y las que
se recibían quedaban paradas. Hasta ahora. El convenio firmado establece que el
CTBG tramitará no solo las reclamaciones que reciba a partir de ahora, sino
también las que estén pendientes de resolución. Esas que estaban abandonadas en
un cajón.
Convenios con seis CCAA y Ceuta y Melilla
Hasta el momento, según su página web, el CTBG tiene firmados convenios
similares con Extremadura, La Rioja, Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha,
Ceuta, Melilla y, ahora, Madrid. En todos ellos el procedimiento es muy
similar: el Consejo se encarga de tramitar y resolver las solicitudes y cobra
una tasa a final de año según el número de expedientes gestionados. De media,
en todos los casos, el precio por expediente está en 131,38 euros.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el plan es que el CTBG
se encargue de esta gestión hasta que la ley de transparencia de la Comunidad
Autónoma cree un organismo propio. La norma está aun en tramitación en la
Asamblea de Madrid, aunque hace ya nueve meses que se hizo público el primero
proyecto de ley.
De hecho, la primera propuesta de texto, presentada por
parte del gobierno autonómico, no incluía la creación organismo regulador
independiente de la transparencia. El proyecto de Cristina Cifuentes repartía
las competencias que corresponderían este organismo (la vigilancia del
cumplimiento de la ley, su evaluación, la instrucción e imposición de sanciones
o la gestión de recursos de derecho de acceso) entre cinco autoridades
departamentales distintas, todas ellas dependientes del ejecutivo madrileño.
Así, el gobierno de la Comunidad de Madrid se proponía como evaluador, guía,
juez y parte, algo considerado inadmisible según los estándares internacionales de
transparencia.
La propuesta realizada por el PSOE, que es la que se tramita
finalmente, sí incluye la creación de un Comisionado de Transparencia que se
encargue, entre otras funciones, de resolver las reclamaciones de derecho de
acceso. Hasta que la ley se apruebe, será el Consejo de Transparencia el
encargado de llevarlo a cabo.
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