¿Sobran empleados públicos en España?

Revista de prensa.- La Región.com.- Se suele escuchar que en España el sector público ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, de la necesidad de su reducción, del excesivo número de empleados públicos con los que cuenta la administración y las –ya escasas- empresas públicas. Tantas veces se ha repetido la necesidad de aligerar el presupuesto del capítulo de gastos de personal del sector público que al final, la ciudadanía se lo acaba creyendo.

Parece también que el problema del déficit y la deuda pública se debe a las nóminas que hay que pagar a los empleados públicos. Cierto es que en algunas ocasiones, los medios de comunicación se hacen eco de comportamientos no deseables en la contratación de empleados públicos, pero esto no tiene porqué estigmatizar el buen trabajo que realizan la inmensa mayoría de los trabajadores públicos. Con la crisis económica, ellos también han visto empeoradas sus condiciones laborales y algunos siguen sufriendo mensualmente recortes en sus nóminas. Incluso en algunos casos han tenido que soportar despidos por expedientes de regulación de empleo.

Si realizamos una comparación desde 1981 y tomamos este ejercicio como año base, el salario medio de los empleados públicos en España se han incrementado en 161 puntos hasta llegar a 2014, mientras que el nivel de precios, basado en el Índice de Precios al Consumo (IPC), se ha incrementado en más de 327 puntos durante el mismo período. Esto supone una pérdida de poder adquisitivo medio para los empleados públicos de 166 puntos respecto a la subida del IPC. Lo anterior es consecuencia, entre otras cuestiones, de la supresión –finalmente temporal- de una paga extra, recortes en las remuneraciones y congelaciones salariales.

La función pública cuenta con una excelente plantilla de profesionales y estos comentarios, a todas luces, infundados, de que sobran empleados públicos se caen cuando se analizan, de manera objetiva, los datos. Este es precisamente el objetivo de este artículo, intentar aclarar desde una perspectiva técnica si realmente hay un exceso, como algunos se afanan en señalar, de empleados públicos y si el gasto en el capítulo I de los presupuestos es uno de los  culpables del déficit y la deuda pública en España.

Evolución

Durante la crisis económica que ha sufrido nuestro país los recortes laborales también han llegado al empleo público. Hasta entonces se pensaba que una vez conseguido un empleo en el sector público, éste era de por vida y que muy mal se tenían que dar las cosas para perder el puesto de trabajo en la administración o en una empresa pública. Pues bien, en economía la realidad supera, como casi siempre a la ficción. 

Tomando los datos a 1 de enero de 2014 publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se comprueba una reducción de casi 135.000 empleados públicos respecto a 2012, lo que se traduce que durante este bienio se haya producido un descenso del 5% de la plantilla de las administraciones públicas. Por lo tanto, la máxima tan extendida de que el empleo público es algo para toda la vida ha pasado nunca mejor dicho, “a mejor vida”. Durante muchos años la tasa de reposición del empleo público se situó en el 10%, ésto significa que de diez jubilaciones solo se podía cubrir una. Posteriormente esta tasa pasó al 50%, pero la merma en la calidad y cantidad en la prestación de servicios públicos se hizo patente y todos hemos sufrido esta situación.

Los mayores recortes en el empleo público durante esta etapa se produjeron en la administración local; por cierto, el nivel más cercano al ciudadano y el que presta buena parte de los servicios básicos, que vieron reducida su plantilla en torno al 6,1%, seguida de las Comunidades Autónomas (-4,9%) y, en menor medida de la Administración General del Estado (-3,9%). Este último dato era esperable, ya que cada vez más el peso de este nivel de gobierno es menor. De hecho, en 2014 había ya más empleados públicos en la administración local (ayuntamientos y diputaciones) que en el Estado.

En 2013, el 22,1% de los empleados públicos eran de la Administración General del Estado, un 50,7% de las CCAA, un 21,3% de la administración local y un 5,8% de las Universidades. Sin embargo, su composición es muy diferente por niveles de gobierno. Así, en la Administración General del Estado el 79% son funcionarios y el 19,2% personal laboral, quedando un exiguo 1,7% para otro tipo de personal. 

A nivel de CCAA el porcentaje de funcionarios es también elevado (69,5%), lo mismo que el personal laboral (10,8%), pero sorprende la importancia (19,7%) de otro tipo de personal. A nivel local, los porcentajes de personal funcionario y laboral son prácticamente el mismo, quedando en un 4,6% el de otro personal. Por lo tanto, la composición del empleo público resulta muy dispar por tipo de administración, comprobándose una mayor utilización de otras formas de contratación en la administración autonómica.

Por CC.AA. también se obtiene un resultado muy diferente en relación al número de empleados públicos totales por habitante. Así, Extremadura (8,1), Aragón y Castilla y León (6,6) son las tres autonomías con una mayor importancia del empleo público. La situación contraria se observa en Baleares (4,9), Comunidad Valenciana (4,5) y, sobre todo, en Cataluña (4,1). Galicia se posiciona en un nivel intermedio (5,5). 

Déficit y deuda

La pregunta a tenor de las cifras barajadas es inmediata ¿Las CCAA que tienen más empleados públicos son responsables del creciente déficit y deuda? Para poder contestar correctamente es necesario calcular el ratio de empleados públicos autonómicos por habitante. En este caso, de nuevo, Extremadura (4,2), Navarra (3,6) y Castilla y León (3,4) son las que tienen un mayor peso del empleo público. Además, se da la circunstancia de que el Navarra, debido al régimen foral, este resultado era el esperable. La Comunidad Valenciana y Madrid (2,3) y Cataluña (2,2) son las tres CCAA con un menor peso de este indicador. Galicia se vuelve a situar en una posición intermedia con 3,2.

Por lo tanto, no parece que el empleo público sea el responsable del déficit y la deuda pública autonómica, ya que precisamente, la Comunidad Valenciana y Cataluña, que quizás sean los ejemplos más claros de esta grave problemática, son dos de las CCAA con menor importancia del empleo público autonómico. Por lo tanto, la máxima de la responsabilidad de comportamientos ineficientes de las CCAA en materia de contratación como responsable del déficit y la deuda autonómica no parece muy plausible.

Ahora bien ¿Qué sucede en la administración municipal? Salvo el caso de Extremadura, donde el indicador se dispara a 2,3 respecto a la población de la Comunidad Autónoma, en el resto se sitúa entre el 1,5 de Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía y el 0,8 de Murcia, 0,7 de La Rioja y el 0,64 de Navarra. En Galicia, el indicador supera ligeramente la unidad y, de nuevo, no situamos en un posición intermedia. Finalmente, por lo que respecta a las empresas públicas la cifra ronda los 145.000 empleados, con un fuerte retroceso en los últimos años.

Un segundo indicador para medir el peso del empleo público sería el del número de habitantes por empleado público. Realizando en este caso una comparación internacional se comprueba cómo, en 2008, el porcentaje de empleados públicos respecto a la población era del 5,5%, muy por debajo de países como Finlandia (10,6%), Suecia (12,4%) o Bélgica (8,0%), donde tiene una mayor presencia el Estado de Bienestar. De hecho, nuestro indicador es prácticamente el mismo que en Alemania e inferior al de Italia (5,8%), Francia (8,0%) u Holanda (6,1%). Por lo tanto, no se puede decir que España sea “un país de funcionarios”. 

Lo mismo se puede señalar a partir del número de habitantes por cada empleado público. Nuestro país (18,1) está muy lejos de Bélgica (12,5), Finlandia (9,3) o Suecia (8,1), donde se observa un peso mayor del empleo público. En este ranking España sería el cuarto país de la Unión Europea con menor número de empleados públicos por ciudadano. Sólo Austria, Portugal e Italia tienen un valor más acentuado de este ratio. De nuevo, queda descartada esa idea de exceso de empleados públicos en España. 

Finalmente, se observa como en países con una mayor renta per cápita,existe una mayor importancia del empleo público, este sería el caso nuevamente de Bélgica, Finlandia o Suecia, a diferencia de otros, por ejemplo, Rumania, Eslovaquia o la República Checa donde el número de habitantes por cada empleado público oscila entre los 107 y 135. 

Además, las críticas con el papel del sector público sobre el empleo, suelen señalar, de forma continuada, la ineficiencia de la actuación pública. El problema para defender esta argumentación es que no hay estudios rigurosos que permitan comprobar la existencia de esta supuesta ineficiencia. Asimismo, también se suele obviar que, además de la oferta de trabajo que supone la actividad pública, el gasto público no salarial también influyen en los salarios y en el nivel de empleo del resto de la economía.

Solo el 26% del gasto de las Administraciones Públicas se destina al pago de las remuneraciones de sus empleados; el 48% tiene como objetivo sufragar subvenciones, transferencias en especie, corrientes, de capital, consumos intermedios y otras prestaciones y el 18% se destina a la formación bruta de capital. Así, el gasto público no salarial se traduce en compras por parte de las Administraciones Públicas, que crean demanda de trabajadores del sector privado, de transferencias como pensiones, cobertura por desempleo o asistencia social y de subvenciones a empresas e individuos que finalmente se convierten en demanda al sector privado.

Por lo tanto y como recomendación técnica, es necesario evitar argumentaciones tan confusas y tan poco defendibles como la “excesiva” carga sobre las cuentas públicas de las remuneraciones de los empleados públicos y su “supuesta” repercusión sobre el déficit y la deuda pública. A partir del análisis realizado no parece que España sea “un país de funcionarios” ni “que haya un exceso de empleados públicos”. 

Mejorar la productividad

Por supuesto, claro que se puede mejorar la productividad de los empleados públicos. Idéntico argumento se puede señalar para aquellos que trabajan en el sector privado. Pero decir que hay que suprimir empleo público son palabras mayores ¿Se imaginan ir a un hospital público y que no haya personal para atenderle? Supongo que también querrán los mejores profesores para sus hijos y tener un buen sistema judicial y contar con servicios públicos como seguridad ciudadana o atención social y a la dependencia. Pues bien, todos estos son algunos  ejemplos para contar con la debida plantilla de empleados públicos ¿Estamos dispuestos a recortar en personal en estos servicios públicos? 

Para terminar un aviso para navegantes. En aquellos países donde más se ha venido apostando por el estado de bienestar, se ha defendiendo el empleo público, incluso durante la crisis económica.