Del total del gasto público consolidado (sin
contar transferencias internas), la Seguridad Social (SS) gestiona,
aproximadamente, el 34% del total, la Administración Central (AC) gestiona el
22%, las Comunidades Autónomas (CCAA) el 33% y las Corporaciones Locales (CCLL)
el 11%.
Fuente: IGAE |
Por funciones, el principal destino de este
gasto es la protección social (el 40%; pensiones y prestaciones por
desempleo), altamente centralizada y gestionada por la SS en un 81% -supone el
95% de sus gastos- y en un 9,5% por la AC (pensiones de clases pasivas). Otros
dos gastos sociales complementan el grueso del gasto: la salud, con un
15%, y la educación, 10%. En estos dos casos las CCAA son las máximas
responsables (con un 92,5 y 91,3 % del total), absorbiendo el 37 y el 24,5% de
sus presupuestos (un 6,5% adicional va a protección social). Protección
del medio ambiente, vivienda y cultura representan el 2, 1 y 3%,
respectivamente, y, aunque la responsabilidad es compartida por todos los
niveles de gobierno, las CCLL representan en los tres casos más del 60% del
gasto. Defensa, con un 2% del total, es responsabilidad exclusiva de la
AC, mientras el orden público, un 4%, es compartido por la AC (53%), las
CCAA (22%) y las CCLL (25%). Asuntos económicos (subvenciones a
sectores, déficit eléctrico, transporte público, servicio de empleo, etc.), un
9% del total, también es una responsabilidad compartida (37, 33 y 23%,
respectivamente, a lo que se añadiría un 6% de la SS).
Fuente: IGAE |
Por último, la cobertura de los servicios
públicos generales supone el 14% del gasto consolidado. Este agregado es
difícil de analizar sintéticamente. A nivel global incluye aspectos muy
heterogéneos (como los pagos de los intereses de la deuda, la remuneración de
los asalariados o las aportaciones al presupuesto comunitario) y en cada uno de
los niveles de gobierno refleja, además, las transferencias de los sistemas de
financiación territorial. Esto hace que, por ejemplo, suponga el 70% de los
gastos de la Administración Central, por lo que sus valores deben analizarse
con mayor detalle y cautela.
Las CCAA gestionan un tercio del gasto y las EELL, el 11%
En un resumen apretado (e
incompleto) podríamos decir que el nivel central de gobierno es el
responsable de algo más de la mitad del gasto (56%), con la protección social
por transferencias de renta (pensiones, desempleo), la defensa y la gestión de
los sistemas de financiación territorial como principales tareas de carácter
casi exclusivo. Los gobiernos autonómicos gestionan un tercio del
total (33%), sobresaliendo sus competencias en educación y sanidad
(prestaciones sociales "en especie"). Y los locales el
restante 11%, destacando su papel en medioambiente, cultura y vivienda (ámbitos
en los que las CCAA son el segundo protagonista). Por último, orden público y
seguridad y asuntos económicos son áreas de gestión compartida del
gasto.
Sobre todo esto acabamos de decidir los
votantes. Una tarea exigente. Ahora toca ser igual de exigentes con los
elegidos, con sus decisiones a la hora de formar los gobiernos, con sus medidas
al ejercer el poder. Como siempre en democracia la tarea no ha hecho más que
empezar.
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