Revista de prensa. Por Daid García Maroto. El Independiente. Hay una bomba de relojería a punto de
estallar en la Administración pública. Es el envejecimiento de las plantillas
públicas, que amenaza con una jubilación masiva de efectivos en los
próximos años –hasta un 16% del total en cinco años, según CSI-F–.
Tanto es así que, no solo los sindicatos de
la función
pública, sino también el propio Gobierno, se han puesto manos a la obra
para tratar de corregir en lo posible la situación.
La intención de las dos partes era poner en
marcha un plan plurianual de empleo público, para sustituir las cortoplacistas
ofertas de empleo anuales, a la manera de lo que haría un departamento de
recursos humanos en una empresa, pero en la Administración.
El objetivo sería planificar la renovación
de plantillas a la vista de que la edad media de los trabajadores públicos
supera a día de hoy los 50 años. Sin embargo, la irrupción de las elecciones
anticipadas dio al traste con estos planes, y a la vista de la parálisis
política, la cuestión puede quedar en el cajón de los proyectos del Gobierno
sine die.
El problema es que, a la cuestión puramente
vegetativa, se suma otra más inmediata. El 78% de los funcionarios tiene en
mente la jubilación parcial y anticipada. Es decir, se quiere jubilar cuanto
antes. Y esto, además de anticipar el agujero de personal en la Administración,
supondría un gran coste para la Seguridad Social. Y todo porque, según aseguran
fuentes sindicales, hay una gran volumen de funcionarios ‘quemados’ por la
acumulación de trabajo tras años en los que la reposición de efectivos ha sido
nula o escasa.
El dato es el resultado de una encuesta
elaborada por el sindicato de funcionarios CSI-F a partir de las opiniones de
cerca de 15.000 empleados públicos. El resultado es que, si bien es cierto que
el 95% se sienten especialmente preocupados por las cuestiones retributivas, y
un 76,3% por la carrera profesional, un 74% también asegura que le interesa
entre bastante y mucho la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial o a
la anticipada.
La primera de estas modalidades plantea la
necesidad de celebrar al mismo tiempo un contrato de relevo y un
sobrecoste para la Seguridad Social –recientes estudios cifra en 2.000
millones el coste anual de esta fórmula en la actualidad–, pero un acuerdo
entre Gobierno y sindicatos ya la extendió a todos los empleados laborales de
la Administración General del Estado (AGE).
También tiene un coste para las arcas del
Estado la jubilación anticipada. Por ello, los últimos empleados públicos en
acceder a ella, los
policías locales, lo han hecho con una sobrecotización para
compensarlo. Pero también muchos otros colectivos, han solicitado (con poco
éxito), seguir la misma senda, para poder jubilarse antes.
Ahora, CSI-F asegura que luchará para que
tanto la jubilación anticipada como la parcial se extienda a todos los
empleados de la Administración Central.
El 25% de las vacantes, de ‘quemados’
La muestra más clara de cómo las plantillas
del Estado envejecen y además están quemadas y quieren jubilarse incluso antes
de lo que les correspondería, es que, en la trastienda de la última oferta de
empleo público, la más masiva en años, está la necesidad de cubrir un gran
bolsa de plazas libres por jubilación, de las que el 25% corresponden a salidas
antes de tiempo.
La oferta de empleo público de 2019 superó
los 33.000 efectivos, una cifra históricamente alta, como también lo fue la de
2018. Entre estas plazas, el se convocaron más de 11.000 de nuevo acceso por
tasa de reposición.
Pues bien, una de cada cuatro bajas en el
Estado –descontados Ejército, Policía Nacional, Guardia Civil o empresas
públicas, entre otros– se produjeron en 2018 a través de jubilaciones
anticipadas y, de estas, un tercio se concentraron en los servicios que
implican contacto con el público, donde no solo porque este sector concentra
proporcionalmente a un gran número de empleados, sino también porque son los trabajadores
más expuestos a la desmotivación.
De momento, las clases pasivas
Según explican desde los sindicatos, la
mayoría de estas jubilaciones anticipadas las protagonizaron empleados
encuadrados dentro del régimen de clases pasivas, en vías de extinción, y que
ha experimentado un verdadero éxodo desde 2012.
La razón es que, de acuerdo con un cambio
normativo que va camino de cumplir una década, los funcionarios públicos
incluidos en este régimen –los que accedieron antes de 2011, el resto se
encuadra en el Régimen General de la Seguridad Social– pueden jubilarse
anticipadamente, con carácter general y algunas excepciones, desde que
cumplen los 60 años de edad, siempre que tengan reconocidos 30 años de
servicios al Estado.
Además de a la jubilación voluntaria
prevista para todos los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas, los
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y los magistrados, jueces,
fiscales y letrados de la Administración de Justicia, que tienen fijada la
edad de jubilación forzosa en 70 años de edad, pueden acceder a la jubilación
desde que cumplen los 65 años de edad si acreditan 15 años de servicios
efectivos al Estado.
La particularidad de esta jubilación
anticipada respecto a la situación de aquellos que ingresaron desde 2011 y se
encuadran en el Régimen General, es que los beneficiarios de clases pasivas no
se ven penalizados por coeficientes reductores en el momento del retiro
voluntario. De ahí que en aquellos ámbitos en los que cunde la desmotivación,
sean miles los que cada año se acojan a esta posibilidad.
El envejecimiento de la plantilla de las administraciones públicas, ligada a la entrada masiva de personal en el momento de la adaptación de la administración al actual sistema constitucional y a los devenires posteriores que han experimentado todas ellas (consolidación de empleos temporales, congelación de oferta de empleo con la crisis, etc.) se ve agravada por el deseo de jubilarse de aquellos empleados públicos que, aún a unos años de alcanzar la edad de jubilación, se encuentran desmotivados o quemados.
ResponderEliminarLa motivación del personal en la administración pública es difícil de conseguir, a pesar de que la normativa prevé fórmulas para ello. La carrera profesional tanto horizontal como vertical y el sistema de productividades y el régimen sancionador son fórmulas que el legislador previó para conseguir mantener a los empleados públicos motivados.
Pero si no se implementa la carrera profesional y sus efectos retributivos, si los sistemas de productividades son antiproductivos (por retribuir de igual manera al que más produce que al que menos) y el régimen sancionador no se aplica (eliminando así el factor ejemplarizante), pues los trabajadores finalmente se queman y desean salir de allí cuanto antes.
En la administración en la que trabajo (administración local), este mismo problema también resulta aplicable: existen auxiliares y administrativos que llevan toda la vida en los ayuntamientos y que son el "alma mater" de los mismos a punto de jubilarse y no existe un relevo previsto para ellos ni una fórmula para evitar la pérdida de todo su conocimiento (problemas habituales, forma de gestión, sistema de archivo).