Ningún empleo humano que quede estará jamás a salvo de la amenaza de la automatización futura, porque el aprendizaje automático y la robótica continuarán mejorando” (Yuval N. Harari, 21 Lecciones para el siglo XXI, Debate, 2018, p. 50).
Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional, blog- NOTA PREVIA: Lo que aquí sigue es un mero resumen de la
segunda parte de la ponencia presentada en las Jornadas sobre Los procesos
selectivos en la Administración Pública en la Unión Europea, nuevos
planteamientos para nuevos tiempos, organizada por el IVAP/EIPA en
Vitoria-Gasteiz los días 10 y 11 de abril de 2019. El texto completo de la
ponencia (“Doce tesis y seis hipótesis sobre la selección de empleados públicos
y su futuro”) puede consultarse en un PDF adjunto al final del texto, así como
la presentación de Power Point.
En esta entrada se pretenden identificar, a
modo de hipótesis, cuáles serán algunos de los retos de futuro a los que se
enfrenta el sector público y particularmente la selección de empleados
públicos, como consecuencia de la revolución tecnológica. Pero este encuadre
debe ser asimismo enmarcado en otros dos retos a los que se enfrenta el empleo
público: uno inmediato, la estabilización de plazas cubiertas actualmente por
personal interino (que se contabilizan por centenares de miles); otro
inmediato/mediato, la salida en masa de personal con motivo de las jubilaciones
que se producirán en los próximos diez años (entre el 50 por ciento y el 80 por
ciento, según Administraciones) y el consiguiente relevo generacional de
aquellas plazas que deban ser cubiertas. Cabe significar que los tres retos
citados (estabilización, jubilaciones y relevo generacional, y revolución
tecnológica) se entrecruzan y solapan, debiendo tener el sector público una
hoja de ruta clara y precisa (que se debe construir en cada caso) para
enfrentarse a ellos y, asimismo, para resolver adecuadamente los innumerables
desafíos que en el terreno de gestión de personas y de selección o captación de
talento se producirán en los próximos años.
1.- Un Sector Público que deberá identificar cuáles son sus
misiones de futuro, de acuerdo con estudios fiables de prospectiva (análisis de
demanda y de funciones a ejercer) en un contexto en permanente mutación y con
enormes cambios inmediatos y acelerados en el entorno que exigirán adaptaciones
permanentes y rápidas, con el fin de crear, modificar o suprimir estructuras,
programas y puestos de trabajo, adaptando los procesos selectivos a esas
necesidades.
Hay un criterio común que nos advierte de forma inexorable
sobre un cambio revolucionario en la tendencia de los empleos, con una condena
de muerte inminente o aplazada para aquellos empleos que desarrollen tareas
rutinarias o repetitivas (por ejemplo, el trabajo administrativo, de
gestión o de tramitación de baja o media complejidad) como consecuencia
de la automatización de esas tareas. Así, las cosas no hay otra opción cabal
que aplicar una prudencia infinita a la hora de ofertar o proveer plazas de
esas características, sino se quiere condenar a sus ocupantes a la rápida
obsolescencia o, en su defecto, a llevar a cabo procesos de readaptación
tecnológica que en muchos casos serán muy complejos, con resultados inciertos.
La Administración Pública debe preguntarse, por tanto, a qué
se dedicará en los años venideros y qué perfiles de profesionales (dado que
puestos instrumentales se requerirán pocos) necesitará. El sector público
sufrirá en los próximos años un cambio radical y una mutación constante en la
cartera de misiones o funciones que actualmente presta, así como en sus
estructuras convencionales. Muchas de sus funciones serán transitorias o
volátiles y requerirán estructuras “ad hoc” (programas, proyectos, misiones,
etc.) para ser ejercidas.
2.- Una Administración Pública más reducida de tamaño, en
constante y acelerada transformación y con una función pública permanente que
convivirá cada vez más con un número elevado de empleos públicos temporales,
transitorios o de programa, proyecto o misión. El imposible mito de la
estabilización estructural de plantillas en la era de la revolución
tecnológica.
Todo apunta a que la Administración del futuro será
numéricamente más reducida. Se destruirán muchos empleos, pero alumbrarán otros
nuevos mucho más cualificados y de perfil básicamente tecnológico o de análisis
y exploración de datos. Una visión que pretende ser ecuánime del proceso de
revolución tecnológica, como es la de José Ignacio Latorre (2018), distante de
la visión pesimista u optimista del citado fenómeno, es contundente en su
diagnóstico: “el tránsito hacia la tecnificación masiva no estará exento de
dolor”. La tendencia mayoritaria (y, al parecer, inevitable) es que el empleo
en general tenderá a contraerse en proporciones amplias, como consecuencia de
la automatización y de la IA. Y la Administración Pública no será (no podrá
serlo bajo ningún concepto) una excepción en este proceso. Algunas tareas,
muchas o pocas según los casos, se automatizarán lo que afectará derechamente a
las dotaciones de puestos de trabajo o de los empleos del futuro. Pero los
problemas reales se suscitarán en los innumerables supuestos de inadaptación a
los acelerados cambios tecnológicos, que en el sector público (dada la pirámide
de edad y la estabilización en estos años de centenares de miles de interinos
que prolongarán su actividad laboral por más de 25 años), puede dar lugar a
situaciones estructurales de alta tensión organizativa, pero también desde el
punto de vista profesional y personal.
La transformación de la Administración y función pública,
por mucho que se demore, aplace o distraiga (que algo habrá de todo esto), será
inevitable. Y el proceso disruptivo, si no se adoptan medidas dirigidas a la
amortiguación de sus efectos y a su previsión, puede terminar siendo salvaje.
Ya no habrá unas funciones de un puesto de trabajo para toda la vida, sino para
cortos espacios temporales. Cabe plantearse, incluso, si sobrevivirá el
concepto actual de puesto de trabajo o no se transformará en otra cosa
(Gorriti, 2018-2019). Un escenario como el que se dibuja está frontalmente reñido
–por la naturaleza de las cosas- con la concepción de un empleo estable.
3.- Un empleo público altamente tecnificado y con
necesidades de aprendizaje permanente, con pasarelas constantes entre
público/privado y con fuerte externalización de algunos de sus trabajos más
estratégicos vinculados a la revolución tecnológica y al Big Data.
Cabe intuir igualmente que se producirá un trasvase muy ágil
y recíproco entre el ámbito de lo privado y lo público, pues la configuración
tradicional del empleo público, salvo en las funciones permanentes o de
ejercicio del poder público que formen parte del núcleo duro del Estado. Nadie
que no se adapte a los precipitados cambios que acaecerán en el empleo podrá
sobrevivir escudándose en una pretendida coraza de inamovilidad. Los tiempos
futuros no van por ahí, bajo ningún concepto. Los tecnólogos, analistas de
datos, ingenieros, científicos y las nuevas actividades profesionales
emergentes, tenderán a encuadrarse en un régimen laboral totalmente renovado:
la figura del “autónomo” será dominante en el panorama laboral general. Y ello
afectará directa o indirectamente al empleo público. En estos casos se
difuminarán las fronteras entre selección de empleados públicos y la selección
de contratistas (ambos procesos competitivos o de libre concurrencia, pero
alejados normativamente unos de los otros). El empleo que generará el Sector
Público en las dos próximas décadas no puede ser otro que empleo de alta
tecnificación o, como mínimo, de tecnificación media (formación profesional
vinculada con la automatización). Y, además, inmerso en un contexto de
volatilidad y transformación continua.
Un serio problema al que se enfrentarán a medio plazo las
Administraciones Públicas será cómo gestionar la dualidad del empleo público
interno. El dilema será ineludible: adaptar a los viejos empleados a las nuevas
tecnologías o dejarlos morir profesionalmente, mientras que –en paralelo- se
incorporarán al sector público un número amplio de jóvenes altamente
digitalizados, como empleados o contratados temporalmente, para satisfacer las
necesidades tecnológicas cambiantes en ese entorno. Se puede intuir que se
producirán dos tipos de tensiones: por un lado, la tensión tradicional entre
quien está vinculado a la Administración de forma permanente, estable o fija,
frente a quien está de paso o en una situación de temporalidad o participa en
un programa, misión o proyecto; por otro, una tensión mucho más relevante será,
sin duda, la generacional; esto es, entre empleados públicos jóvenes
incorporados a plantilla o temporales o contratados para proyectos, altamente
cualificados en tecnología digital y con habilidades blandas, frente a
empleados “estáticos” ya entrados en edad, con baja formación digital o
sencillamente analógicos y con escasas competencias blandas, salvo que se hayan
formado en ellas. No será fácil esa convivencia, y el desgarro
organizativo-estructural (aparte del profesional y emocional) puede ser
importante. ¿Podrá sostenerse por mucho tiempo esa situación? Cabe presumir que
no.
En la gestión de recursos humanos del futuro será un sistema
integrado o mixto de gestión de personas, lo que exigirá una refundación
de las políticas de recursos humanos en el sector público: una gestión de
perfiles profesionales en mutación permanente, pero también condicionada por la
definición de un diseño organizativo volátil o en constante evolución o
adaptación. Y la Administración Pública, le guste más o le guste menos, deberá
plegarse a esa tendencia. No tendrá alternativas.
4.- Unas funciones de autoridad o de potestad pública que se
mantendrán como esencia del poder público, pero cuyos procesos selectivos
deberán adaptarse a una presencia gradual e intensa de la digitalización,
robotización e Inteligencia Artificial (Revolución tecnológica 4.0), debiendo
recomponer gradualmente su trazado y las exigencias (capacidades) necesarias
para prestar funciones y tareas en constante mutación (sobre todo estas
últimas).
Los impactos de la revolución tecnológica sobre las
estructuras de la Administración Pública y funcionariales serán particularmente
intensos, pero sus efectos se diferirán, por obvias resistencias internas al
cambio o a la adaptación, hasta que ésta sea inaplazable. Habrá, no obstante,
una pervivencia (por mayor o menor tiempo y con mayor o menor intensidad) de
las funciones típicas del Estado y, por tanto, de determinadas misiones
estratégicas vinculadas con el ejercicio del poder público, que deberán seguir
siendo ejercidas por altos funcionarios cualificados, muchas veces
identificados con titulaciones universitarias jurídico-económicas o de la
esfera de las ciencias sociales que, conforme avance la revolución tecnológica,
son profesiones que están, sin embargo, condenadas a representar un papel
cuantitativa y cualitativamente menor, también en la propia Administración
Pública (R. y D. Susskind, 2016).
Muchas de las tareas ejercidas por tales funcionarios
cualificados serán parcialmente desarrolladas por las máquinas, mientras que el
papel de las personas será complementar y añadir valor cognitivo (resolución
de problemas complejos) y pensamiento crítico a lo que la
automatización realizará cada vez de forma más perfeccionada (Hidalgo, 2018).
Las competencias que cabrá exigirles a tales altos funcionarios son
diametralmente distintas a las que se les piden en estos momentos.
Tales altos funcionarios dirigirán sus pasos hacia el
terreno de la dirección pública o de la gerencia pública (liderazgo
ejecutivo). En un contexto de disrupción tecnológica, la dirección pública solo
puede ser profesional o no será. No se puede exigir altas competencias y
capacidades a quien quiere acceder a la función pública y tener criterios tan
laxos o inexistentes para cubrir puestos directivos. Los empleos directivos son
uno de los ámbitos de ocupación que menos sufrirá por la revolución
tecnológica, dadas las competencias y capacidades exigidas para su desempeño. Y
tales competencias, al menos algunas de ellas, debieran incardinarse ya en los
propios procesos selectivos para el acceso a posiciones propias de la élite funcionarial.
Por consiguiente, los procesos selectivos para acceder a
esas estructuras de la alta función pública deberán cambiar por completo en su
diseño y trazado. No se pueden mantener más tiempo las pruebas selectivas
individualizadas para acceder a determinados cuerpos de élite, con sus
convocatorias singulares, sus programas específicos y sus clientelas de
candidatos cerradas por cuerpos o escalas. Sin duda, esta observación se verá,
desde determinados ángulos, como una herejía. Las funciones de élite, con peso
determinante hoy en día jurídico-económico, se irán contrayendo paso a paso, en
beneficio de las titulaciones STEM. Los altos funcionarios tendrán que
acreditar cada vez con más intensidad conocimientos digitales o tecnológicos
altamente especializados, habilidades blandas (creatividad, innovación,
empatía, comunicación verbal y oral, resilencia y capacidad de adaptación,
gestión del estrés, trabajo en equipo, etc.), así como pensamiento crítico, una
fuerte cultura de ética y valores públicos, aparte de que sepan obviamente
resolver problemas complejos en su ámbito de actuación. Parece obvio
concluir que se debería caminar hacia una suerte de pruebas selectivas de
acceso comunes en su primera fase a acreditación de competencias generales
y una segunda batería de pruebas de carácter más cognitivo o aplicativo
(resolución de problemas complejos en su ámbito de actividad).
Las Administraciones Públicas deberán crear estructuras
estables de funcionarios altamente cualificados en el ámbito de las titulaciones
STEM (o CTIM). Y esto no será una batalla fácil, pues, aparte de las
resistencias internas, el perfil actual de pruebas selectivas es una invitación
a la huida del sector público para la cantera de cuadros profesionales
procedentes de titulaciones STEM. Y eso se sabe perfectamente en la
Administración Pública. Así nunca se captará ese talento. El efecto de
desaliento, ante extensos y absurdos temarios de oposiciones, es brutal. Sin
embargo, las Administraciones Públicas deberán disponer de un núcleo duro,
más o menos numeroso de profesionales tecnólogos de carácter permanente o
estable que evite la total captura por parte del sector privado o por el
mercado de ese ámbito de actuación nuclear en el futuro funcionamiento del
sector público y ejerzan asimismo funciones directivas de contenido estratégico
en las respectivas Administraciones o entidades del sector público.
5.- Unas funciones asistenciales o sociales que también
seguirán siendo prestadas por las Administraciones Públicas, pero que asimismo deberán
recomponer sus perfiles profesionales y, por tanto, sus procesos selectivos a
las exigencias del contexto de revolución tecnológica que no se detendrá, con
mutación permanente, asimismo, de sus tareas y funciones.
Tampoco cabe duda alguna que las Administraciones Públicas
mantendrán unas importantes cuotas de empleos públicos en ámbitos propios de la
prestación de servicios educativos, de salud o de carácter asistencial, por
solo citar los más representativos. Sin perjuicio de que todos estos ámbitos
funcionales sufrirán cambios trascendentales en lo que afecta a la prestación
de los servicios derivados asimismo de la digitalización, automatización y la
Inteligencia Artificial, no es menos cierto que, en esencia, seguirán siendo
misiones propias de los poderes públicos, aunque sometidas a un contexto de
variabilidad permanente y de adaptación continua, por lo que los profesionales
que a estas actividades se dediquen deberán también acreditar tanto en el
acceso como en el desarrollo profesional (aprendizaje continuo y evaluación
permanente, condicionando la propia continuidad) las competencias que antes han
sido resaltadas y que serán pauta común de la nueva era tecnológica también en
esos ámbitos sectoriales (competencias digitales avanzadas, idiomas, creatividad,
innovación, soft skills y pensamiento crítico, entre otras). El tipo
de pruebas deberá ser alterado completamente, previendo una primera y nuclear
fase de acreditación necesaria e imprescindible de tales competencias y
capacidades, al margen de que ulteriormente se puedan realizar pruebas
selectivas complementarias sobre conocimientos o destrezas específicas.
6.- Conclusión. La necesidad imperiosa de llevar a cabo un
giro copernicano (gestionado gradualmente, pero de forma decidida) en los diseños
y métodos selectivos para el acceso al empleo público para afrontar los
desafíos de la Administración Pública del futuro.
Tras lo expuesto, se puede advertir la necesidad de llevar a
cabo un giro copernicano en la forma que actualmente se lleva a cabo en
nuestras Administraciones Públicas la selección de funcionarios, pues su
obsolescencia e inadaptación son evidentes. No cabe duda que la inercia
administrativa contamina la forma de ejercer esos procesos selectivos y
aboga hacia la continuidad de modelos claramente periclitados e inservibles,
pero que ahí siguen, aguantando las embestidas del tiempo y del entorno, como
si fuera nada pasara. Las resistencias no son solo internas (de cultura
administrativa tradicional, corporativa o funcionarial), sino también proceden
de otros actores. Los sindicatos del sector público disponen, asimismo, de una
cultura institucional en este tipo de ámbitos muy empobrecida, vetusta y hasta
cierto punto clientelar (Fondevila, 2018), mientras que los políticos y
gestores (muchos de ellos nombrados con criterios de discrecionalidad política)
intentan una política de “paños calientes” que garantice o salvaguarde la paz
social sin que ello implique alteraciones o tensiones adicionales a las que se
viven habitualmente. Y para más complejidad, los tribunales de justicia miran
con recelo formalista y absurdo cualquier innovación que mejore la forma de
selección, si esta se aparta de las consabidas exigencias de preparar un
temario y memorizarlo. El sistema de acceso a la judicatura en España,
inexistente con ese trazado en la fase de oposición en ningún otro país
avanzado, tal vez explique muchas de esas resistencias. Todos estos factores
actuarán, sin duda, como elementos retardatarios o como frenos de cualquier
evolución racional del sistema de selección hacia parámetros de innovación que
resultan imprescindibles para afrontar los desafíos ya abiertos por la
revolución tecnológica que está llamando a la puerta de las Administraciones
Públicas, sin que estas se atrevan aún a abrirla.
Pero hay que intentarlo. Se debe intentar. No hay otra
solución. Cabe ir modificando gradualmente el modelo, pero para ello se ha de
tener una hoja de ruta, de la que hoy se carece. Introducir pruebas nuevas que
midan las competencias y capacidades antes expuestas, mejorar la estructura y
procesos de la selección, crear instituciones autónomas que se dediquen
monográficamente a esa actividad, con personal técnico cualificado en procesos
selectivos. Y, sobre todo, incorporar en la agenda política un tema que no
parece importar a nadie, pero que será crucial para que la Administración
Pública del futuro sirva realmente a la ciudadanía y no se justifique solo por
sí misma o por su propia visión endogámica. Pues si así fuera, tendrá
inevitable fecha de caducidad. Y la inevitable adaptación será, entonces,
salvaje.
PONENCIA: “DOCE TESIS Y SEIS HIPÓTESIS SOBRE LA SELECCIÓN DE
EMPLEADOS PÚBLICOS Y SU FUTURO” DOCE
TESIS Y SEIS HIPÓTESIS SOBRE LA SELECCIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y SU
FUTURO-3
PRESENTACIÓN POWER POINT PONENCIA: 12 TESIS Y 6 HIPOTESIS PRESENTACION
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