"La gran paradoja: hacer políticas aparentemente de izquierdas en el seno de la Administración genera inevitablemente una Administración pública de derechas"
Por Carles Ramió. EsPúblico blog.- La Administración pública es social por definición. Se
encarga de la defensa del bien común y del interés general. No hay que ser un
lince para reconocer en los términos bien común e interés general una clara
dimensión social. No hay otra acepción posible que identificar bien común e
interés general con la protección de la sociedad y, dentro de ella, con la
preocupación por el bienestar de los ciudadanos más vulnerables, desprotegidos
y menos afortunados. A mi entender bien común e interés general no son palabras
huecas o abstractas, sino que implican decididamente defender, proteger y
ayudar a la parte más frágil de la sociedad.
Por otra parte, la nueva economía, en el contexto de la
globalización y de las revoluciones tecnológicas 2.0 y 4.0, está ampliando la
marginalidad social hasta el punto que este concepto pierde su sentido. La
parte vulnerable de la sociedad ya no son unos pocos, un residual porcentaje,
sino que la renovación económica está ubicando en una situación delicada a
buena parte de las clases medias de los países desarrollados. En este sentido,
desgraciadamente, el interés general y el bien común ya no implica fundamentalmente
atender de manera preferente a una pequeña parte de la sociedad sino a una
parte mayoritaria.
También hay que reconocer que la Administración pública y su
defensa del bien común y del interés general tiene una cierta mala imagen ya
que se identifica como una impostura basada en la captura de las instituciones
públicas por parte de las élites más favorecidas para imponer sus criterios a
una masa entre despreocupada o sencillamente marginada en todos los niveles
institucionales. Unas instituciones públicas dominadas durante mucho tiempo por
las élites extractivas generan todo tipo de desconfianzas.
Por tanto, una posición progresista (en el sentido más
literal del término) es aquella que defiende a las administraciones públicas
para su defensa del bien común y del interés general. Dicho de otra manera:
quien defiende a la Administración pública es progresista ya que apuesta por
unas instituciones que intentan corregir y atenuar los desequilibrios e
injusticias que provoca el mercado.
Para que la Administración pública pueda cumplir con su
función social es imprescindible que sea eficaz y eficiente en sus funciones de
regulación y disciplina económica y social y en su amplia cartera de servicios
públicos. Una Administración moderna, fluida y líder en la implantación de la
tecnología más vanguardista.
Prebendas
Es curioso detectar que la principal amenaza de una
Administración pública que pueda ser más social con la ciudadanía tiene que ver
con otro discurso que defiende la función social de la Administración a nivel
interno. Los sindicatos y los empleados públicos corporativizados son los
protagonistas de este segundo discurso social en las administraciones públicas.
Defienden, lógicamente, con empeño los derechos laborales y económicos de los
empleados públicos. El problema es cuando esta defensa llega a poner en riesgo
la sostenibilidad, la eficacia y la eficiencia de la Administración pública.
Por ejemplo, en determinados ámbitos públicos el gasto en materia de personal
es claramente excesivo por unas tablas retributivas excesivamente generosas
(destacan el sector de los transportes públicos o el de los cuerpos de
seguridad en las administraciones locales). A nivel más general, el problema es
que los costes laborales son excesivos no por las retribuciones de los
empleados públicos sino por las prebendas que afectan a sus jornadas laborales
(moscosos, canosos o conciliaciones excesivas). En este sentido, la defensa
social de los empleados públicos correlaciona con una Administración pública
casa vez menos solvente para resolver los problemas sociales de la ciudadanía.
Es obvio que hay que defender una Administración pública que tenga en su seno a
empleados públicos que, como buenos profesionales, estén bien retribuidos y con
unas condiciones de trabajo confortables que los motiven para ser todavía
mejores profesionales. Pero no hay que confundir estos principios con lo que
claramente son los excesos que ponen en peligro la viabilidad de la
Administración pública y de sus funciones sociales.
Reflexiones sobre robótica e inteligencia artificial
Presento estas reflexiones ante los análisis (en su mayoría
especulaciones) que realizamos algunos especialistas en gestión pública en
relación a la introducción de la inteligencia artificial y de la robótica en la
Administración pública. Esta revolución es totalmente inevitable y, por tanto,
hay que asumirla de la manera más positiva posible sin caer en resistencias de
carácter ludita que pueden provocar que el sector público pierda este tren
vinculado con la innovación. La inteligencia artificial y la robótica puede ser
un instrumento que haga mucho más eficaz y eficiente a la Administración
pública en su defensa del bien común y del interés general. Una Administración
mucho más solvente técnica y económicamente para cuidar de su función social:
atender a los ciudadanos y, en especial, a aquellos más vulnerables (ancianos,
niños y a los trabajadores más marginados y maltratados por la propia
revolución tecnológica). Los robots pueden facilitar servicios sanitarios y
sociales de calidad con costes económicos mucho más bajos que los actuales. Los
robots pueden encargarse de las tareas repetitivas vinculadas a la burocracia y
liberar a un ejército de empleados públicos para que se encarguen de nuevas
tareas con mayor valor público. En definitiva, una Administración pública
robotizada puede ser una Administración mucho más social y progresista.
Pero para que la Administración pública pueda liderar este
proceso de revolución tecnológica tiene que librarse de la etiqueta social a
nivel interno. Es obvio que esta migración tecnológica va a hacer innecesarios
a muchos perfiles de empleados públicos que ya no hay que reponer una vez se
jubilen. Pero las resistencias sindicales y corporativas son enormes y la
tendencia es que un conductor, un conserje o un auxiliar administrativo se
reponga cuando se jubile el titular. Estamos hablando de puestos de trabajo y
de perfiles que van a ser totalmente innecesarios en el futuro (y buena parte
de ellos ya son innecesarios en el presente). Esta perversa dinámica de defensa
social solo para unos pocos puede poner en riesgo la adaptación de la
Administración pública al actual cambio de paradigma tecnológico y laboral. El
resultado será una menor capacidad de defensa social para la mayoría de la
sociedad ante la insolvencia organizativa y laboral de la Administración.
Ya me imagino la defensa conceptual que van a hacer los luditas del
sector público en forma de eslogan: “Una Administración pública libre de
robots. Apostamos por el calor humano”. Dos frases afortunadas que representan
una impostura y que escoden un gran egoísmo corporativo y sindical. Nos
jugamos, ahora más que nunca, la supervivencia de una Administración pública de
carácter social por la confusión entre sus dos planos sociales. La captura del
concepto social de alta intensidad (asociado al bien común y al interés
general) por el concepto social de baja intensidad (que intenta favorecer
contra corriente a unos cuantos empleados públicos y a un sistema de relaciones
laborales totalmente obsoleto). Es la gran paradoja: hacer políticas aparentemente
de izquierdas en el seno de la Administración genera inevitablemente una
Administración pública de derechas
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