Por Carles Ramió. EsPúblico Blog.- La burocracia como modelo organizativo y de gestión es
impecable. Pero los órganos de control burocrático y los empleados de las
burocracias ya son otro cantar: crecen en volumen organizativo y de personal de
manera descontrolada, imponen unos criterios formales desorbitados y acaban
perdiendo el norte de su función.
La burocracia como modelo para que funcione
necesita sus intermediarios: fedatarios públicos (notarios, registradores)
registros de todo tipo (civil, de asociaciones, de empresas, etc.), interventores,
gestores de expediente, etc. ¿Podemos imaginar un modelo de futuro
conceptualmente burocrático, pero sin unidades burocráticas y sin burócratas?
En efecto, es totalmente posible un modelo de futuro en el que imperan los
impecables principios burocráticos, pero sin ninguna externalidad negativa
inherente a su estructura o a los intereses subjetivos que suele utilizar la
burocracia de manera facciosa. Una aplicación inteligente de la robótica y la
inteligencia artificial lo puede lograr si buscamos este objetivo, si le damos
un enfoque no de simple cambio tecnológico sino de cambio de paradigma
conceptual, de cambio estratégico. Por ejemplo, los ciudadanos andan
expectantes con los automóviles autónomos. Suelen pensar mucho en aspectos
instrumentales: que sensaciones vamos a tener cuando subamos a un coche que
funciona solo. Unos se pondrán nerviosos con el tráfico y no poder dominar la
máquina, otros satisfechos y relajados leyendo un libro y aprovechando el
tiempo de los desplazamientos. Es un cambio instrumental importante ya que uno
puede iniciar su jornada laboral una vez que suba al automóvil ya que podrá
trabajar en él y llegar con una parte del trabajo hecho cuando alcance el lugar
en que se celebre la reunión. ¿Podremos fichar en el mismo momento que nos
montemos en el coche y aprovechar los tiempos de desplazamiento y no tener
costes de transición? Estas reflexiones son interesantes, pero se quedan en la
parte más anecdótica y menor de la transformación que va a suponer la
introducción de los automóviles autónomos. La auténtica revolución no es ni el
confort ni la eliminación de los costes por desplazamiento sino una auténtica
revolución en el concepto de movilidad. Por una parte, se va a lograr un
servicio de movilidad mucho más eficiente, con menos atascos, sin necesidad de
aparcamientos, ni semáforos, ni multas. Se van a ahorrar una cantidad ingente
de costes públicos y privados. Por otra parte, el gran cambio va a residir en
que se va a mudar del producto y la propiedad al servicio «ya no será una
necesidad disponer de un coche propio, sencillamente se va a precisar de un
servicio» (Vidal, 2018). La auténtica revolución no será el automóvil autónomo
como tecnología sino un nuevo paradigma de la movilidad que será mucho más
eficiente, sostenible (actualmente la utilización de los automóviles privados
durante los días laborales es solo del 4 por ciento y el resto del tiempo están
aparcados sin aportar ningún rendimiento) y que acabará con los intermediarios
(concesionarios, parkings públicos y privados, policías, semáforos, red de
talleres mecánicos descentralizados, etc.). Un sistema óptimo de movilidad sin
necesidad de que participen la mayor parte de los operadores e intermediarios
vinculados a la movilidad. Utilizando este símil en el modelo burocrático todos
andamos expectantes sobre cómo los cambios tecnológicos implicarán una
administración sin papeles. Un tema relevante pero no muy notable a nivel
conceptual. La gran transformación del modelo burocrático del futuro residirá
en lograr una burocracia más eficaz y eficiente, pero sin intermediarios
burocráticos y sin burócratas. Esto sí que puede ser una enorme revolución
conceptual: solo alimentarse del colesterol bueno sin tener que ingerir el
colesterol malo.
Blockchain en las AAPP
Un ejemplo de ello, entre otros, residiría en la
implantación en las administraciones públicas del blockchain. Cada día nos
toca aprender nuevas posibilidades, y entre las más recientes y prometedoras
está el blockchain (la cadena de bloques para entendernos). Su
utilización nos aportará integridad, seguridad, permitiendo descentralizar al
entorno en el que tienen lugar las transacciones, El blockchain es
un elemento clave para el nuevo modelo de administración hiperconectada (Campos,
2018). Unido al concepto “distributed ledger technologies” (tecnologías de
registro distribuido), blockchain se presenta como un conjunto
de tecnologías (P2P, sellado de tiempo, criptografía, etc.) que combinadas
hacen posible que computadoras y otros dispositivos puedan gestionar su
información compartiendo un registro distribuido, descentralizado y
sincronizado entre todos ellos, en vez de utilizar las tradicionales bases
de datos. Pero no es solo eso, sino que la información se transmite y guarda de
un modo extremadamente seguro, respetando la identidad y privacidad, gracias al
uso de claves criptográficas. Además, es un registro que no permite su
alteración, es decir, no permite deshacer o reescribir lo ya registrado, que
además es visible para cualquier participante de la red (si ésta es pública,
como Bitcoin), añadiendo una gran transparencia. Como analogía podemos
asemejar el blockchain a un libro de cuentas, donde en cada página se
registran las operaciones para un cálculo que parte del resultado obtenido en
la página anterior. Todas estas características posicionan al blockchain como
la «tecnología para dar confianza más importante de la historia». Hasta tal
punto que ha abierto las puertas a algo hasta hace poco impensable: prescindir
de los intermediarios que eran necesarios para dar esa confianza, ya sean
ordenadores de verificación y control o incluso personas y entidades (notarios,
bancos centrales, etc.). «Las aplicaciones de los contratos inteligentes son
infinitas, solo hace falta que a alguien se le ocurra una idea original. Hay
aplicaciones en el mundo de la Banca, de los Seguros y de la Salud, entre otras
muchas. La gran pregunta es ¿Se pueden aplicar estos contratos, u otros
elementos basado en blockchain, en las Administraciones Públicas? La respuesta
teórica, claramente es sí, es posible (…) ¿Y si al igual que el bitcoin se ha
abierto paso entre las monedas oficiales, se abriera paso un registro de la
propiedad en el que se registren las operaciones de compra-venta sin tener en
cuenta a los notarios, a los registros oficiales, etc? ¿Se podría también crear
un registro civil que acabe por tener más validez que los oficiales?»
(Fernández Sáez, 2017). Este autor explicita varios ejemplos de burocracia
pública en la que se podría ubicar el blockchain: registros de inmuebles y
de otro tipo, historial de formación de todos los ciudadanos en general y de los
empleados públicos en particular, identidad digital, incluso la participación
en los comicios electorales o, finalmente, el historial de las ayudas y
subvenciones. En este último ítem incluso puede ser un caso de uso ideal para
los SmartContract; determinadas subvenciones requieren una justificación
del gasto con posterioridad. Se podría identificar qué documentación hay que
aportar para la justificación, de manera que, si no se justifica en tiempo y
forma, se inicie inmediatamente el procedimiento de devolución de la ayuda.
Como en el caso anterior, sería interesante también conocer qué subvenciones o
ayudas se le han otorgado a una empresa o persona. En determinados casos
existen subvenciones incompatibles. Si se gestionara el histórico de las
subvenciones recibidas a una empresa, por ejemplo, se podrían identificar
cuáles son coincidentes en el tiempo. Daría igual cual fuera el nivel de la
administración que la otorgue (EE.LL., Diputaciones, CC.AA. o AGE) (Fernández
Sáez, 2017).
Burocracia tecnológica
Otro elemento a tener en cuenta es que un modelo burocrático
de carácter tecnológico, pero sin apenas burocracia estructural (desaparecen
las unidades clásicas de control) y sin burócratas (las tareas ya no la asumen
los empleados públicos sino los robots y la inteligencia artificial) podría
erradicar en gran medida la corrupción. «La introducción de las nuevas
tecnologías constituye, en sí misma, una herramienta de prevención y lucha
contra la corrupción, la trazabilidad de las actuaciones electrónicas, y la
seguridad que rodea a su gestión favorece la confianza en la gestión, y la
introducción de mejores sistemas de control. Sistemas de control que pueden
aplicarse a sectores tan en riesgo y bajo sospecha como la contratación
pública. Como ejemplos podemos citar como los sistemas alerta temprana
impulsados por los pactos de integridad en la contratación impulsados por
Transparencia Internacional España» (Campos, 2018). Por tanto, la implantación
de la smartización y de la robótica debería orientarse a la simplificación o
eliminación de las redes de operadores burocráticos y a erradicar la
corrupción. Y la estrategia de implementación de esta tecnología no debería ser
solo técnica ni organizativa sino política ya que las resistencias de los
operadores públicos y privados van a ser enormes por la pérdida de capacidad de
influencia que implica (el poder discrecional como antesala de la corrupción) e
incluso porque estos actores se juegan la supervivencia de sus unidades y de
sus puestos de trabajo.
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