Peor que nunca. La
situación de las entidades que se crearon en nuestro país en materia de
transparencia es crítica por falta de medios de toda índole.
Revista de prensa- Luis Javier Sánchez- Infolegal- La Red de
Consejos y Comisionados de Transparencia, formada por todas las autoridades
públicas de control de la transparencia en España, denuncia este martes en una
declaración institucional que se respete su trabajo y que la transparencia sea
un elemento clave de la agenda política y en el funcionamiento de las
administraciones públicas.
De momento
la cultura de transparencia es una utopía en nuestro país, según los expertos.
Miguel Ángel Blanes, doctor
en Derecho y experto en transparencia y en acceso a la información pública, ha
sido uno de los ponentes a este IV Congreso de Transparencia que concluyó este
martes en Málaga.
Sobre esta
declaración advierte que “el momento que se vive es crítico. Las
administraciones bajo el mandato de Pedro Sánchez han
dejado de presentar las alegaciones y ni siquiera contestan los requerimientos
del Consejo de Transparencia u otros autonómicos”, apunta.
Para Blanes, los propios comisionados que suscriben dicha
declaración advierten que en el último año la situación ha empeorado
ostensiblemente “la transparencia es la gran olvidada de los partidos
políticos».
«No se ha
avanzado nada. La falta de medios jurídicos para que sus resoluciones se
cumplan, de personal y económicos son flagrantes para realizar su trabajo con
solvencia”.
El propio Consejo de Transparencia mantiene una interinidad en su
presidencia desde que hace dos años Esther Arizmendi falleciera. También al
parecer ahora se plantea un recorte del presupuesto de esta entidad del orden
del 20%.
“La
actividad del Consejo de transparencia no gusta. Obliga a dar información a
terceros que no se quiere dar. Ahora intentan que funcione lo peor posible para
que el ciudadano advierta que acudir a esta entidad no vale para nada”, destaca Miguel Ángel Blanes.
La sensación que existe entre muchos expertos en transparencia y en la
sociedad civil es que se aprobó una ley, se creó una entidad como el Consejo de
Transparencia, pero realmente el ánimo era de cubrir el expediente y no hacer
nada.
“Las resoluciones de los Consejos autonómicos son contradictorias, con
escasos medios. Poca seguridad jurídica se ofrece desde sus resoluciones».
«En Galicia y Castilla-León esta atribución se la dieron al Defensor del
Pueblo autonómico donde son vinculantes mientras el andaluz también se ocupa de
protección de datos desde el pasado 1 de octubre”, indica Blanes.
Este
colectivo de entidades de transparencia demanda a los poderes públicos una
mayor proactividad en materia de transparencia y que cumplan con la Declaración de Cádiz.
Este
docuemnto se formalizó hace justo un año y en la que los organismos que
conforman la Red solicitaban apoyo explícito a su labor en favor de la
transparencia pública, así como un compromiso decidido en la implantación de la
nueva cultura de la transparencia.
En su opinión
“todos los comisionados de están de acuerdo en modificar la actual Ley de
Transparencia en profundidad antes de aprobar el Reglamento que está
pendiente».
«Es muy
importante que en esta reforma el derecho de acceso se plantee como un derecho
fundamental y estar al mismo nivel del derecho de protección de datos
personales”. Blanes advierte que la normativa de transparencia
genera muchos problemas en la actualidad.
Falta de
respeto institucional
Entre esos
problemas, nuestro experto destaca que “los límites y las causas de inadmisión
de recursos y resoluciones son muy amplios e indeterminados».
«Sobre el
silencio administrativo no hay claridad a nivel autonómico y estatal. El propio
Tribunal Constitucional en una sentencia habló de silencio negativo que debía
de entenderse”.
Blanes revela
la falta de respeto institucional en algunas ocasiones del Ministerio de la
Presidencia que ni siquiera responde a los requerimientos del Consejo de
Transparencia.
“Ante la
falta de medios jurídicos, muchas entidades públicas no se molestan en impugnar
las resoluciones de los consejos de transparencia».
«Si no se
cumplen no pasa nada. La sensación de pasotismo es total”.
En esa
reforma que se reclama se pide que el Consejo de Transparencia pudiera
interponer multas coercitivas a entidades y autoridades por dichos
incumplimientos y aplicar esa potestad sancionadora cuando hubiera entidades
que no publicasen en el portal de transparencia la información.
O reiteradamente no contestan a las solicitudes y las deniegan de forma arbitraria
“poder tener capacidad sancionada. La ley actual permite que la Administración
incumplidora tramite su propio procedimiento sancionador”.
Todos los nueve Consejos y Comisionados de Transparencia de nuestro país
reconocen en esta nueva declaración que, transcurrido un año desde que se
adoptó la “Declaración de Cádiz”.
“No se ha
obtenido la respuesta deseada” por parte de los representantes públicos y que
“la política de transparencia continúa siendo una gran olvidada en la agenda de
los gobernantes y los grupos políticos”.
La Red de
Consejos y Comisionados de Transparencia considera que no han “sido dotados de
medios adecuados, ni en el terrero de los recursos humanos ni en el de los
económicos y materiales”.
Y destacan
que existe resistencia a esta nueva cultura de transparencia por parte de
organismos e instituciones públicas, cuestión que “supone un grave obstáculo
para la eficacia de la actividad de los órganos garantes”.
Además,
recuerda que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal continúa con
una presidencia interina que dura casi dos años.
Los firmantes de la declaración consideran que el compromiso de los
responsables públicos con la transparencia “ha ido perdiendo peso en los
últimos años”.
También advierten del peligro de dejar “morir de inanición” a los
Consejos y Comisionados de Transparencia, encargados de defender los derechos
de la ciudadanía ante la opacidad de las administraciones públicas.
El texto
recoge también la necesidad de conectar la transparencia con otras cuestiones
en un marco más general de integridad pública, tales como medidas de Gobierno
Abierto, códigos éticos, control de la actividad de los grupos de interés o
“lobbies”.
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