Por Ignacio Gomá. Hay Derecho blog.- Me consta que los lectores
de este periódico distan mucho de ser dummies pero,
como decía Ortega, es inteligente quien está a cinco minutos de verse como
tonto, por lo que siempre conviene recordar lo básico de las cuestiones
importantes.
El Consejo General del
Poder Judicial es el órgano constitucionalmente destinado a regir el Poder
Judicial, en el aspecto administrativo-gubernativo. Designa a quiénes ejercerán
los más altos cargos de la magistratura y sanciona a los que incumplan la
normativa. Conforme a la Constitución, se compone de 20 miembros, de los cuales
12 deben ser jueces o magistrados, 4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado.
La Ley Orgánica Poder Judicial de 1980 interpretó ese mandato en el sentido de
que esos 12 miembros se debían elegir también “por” los jueces y magistrados.
Pero en 1985, un PSOE recién llegado al poder decide cambiar la LOPJ para
establecer que todos los miembros del CGPJ debían ser nombrados por las Cortes
Generales, en principio para evitar que las reformas que iba a impulsar la
izquierda fueran aguadas por una magistratura todavía trufada de elementos
franquistas, aunque en realidad pretendía que la “voluntad del pueblo”
manifestada en las urnas (y administrada por el partido) alcanzara a todos los
estamentos del Estado y no fuera coartada por limitadas visiones corporativas o
molestas trabas legales. Es cuando supuestamente Alfonso Guerra proclamó que
Montesquieu “había muerto”, memorable momento que da inicio a la invasión
política de otras muchas instituciones que están en la mente de todos. El PP
recurrió la reforma ante el Tribunal Constitucional, pero éste (también
politizado por el nombramiento de sus miembros) la avaló, aunque advirtiendo
del riesgo de convertir el CGPJ en un reflejo de la lucha parlamentaria. Ahora
bien, llegado el PP al poder no tuvo empacho en mantenerla vigente y, todavía
peor, no se sonrojó al politizar aún más el CGPJ en la reforma de la LOPJ de
2013.
Pudiera pensar el amable
lector que esta cuestión no es más que un irrelevante problema competencial o
corporativo; incluso que planteándolo se está poniendo en duda la independencia
de la Judicatura. En absoluto, la cosa es más complicada, aunque no menos
trascendente. Intentaré explicarme. El juez que resuelva los miles de asuntos
ordinarios es absolutamente independiente legal y realmente, porque no depende
de nadie en sus resoluciones; y, además, es notablemente imparcial en la
práctica en España, muy profesional en los estamentos intermedios. Sin embargo,
un CGPJ nombrado por las Cortes Generales reproduciendo, tras arduas
negociaciones políticas, el reparto del poder político del hemiciclo sí va a
ser una decisiva arma política, cuyo calibre es equivalente a su capacidad de
determinar qué personas son las que ejercerán las más altas magistraturas, en
las Salas clave del Supremo, particularmente la Segunda, de lo Penal, y en
otros tribunales importantes. Este hecho, unido a la institución de los
aforamientos, que permite que determinados cargos públicos – demasiados en
España- sean juzgados directamente por las instancias superiores de la
magistratura, prefigura una situación potencialmente mucho más favorable a los
intereses de los partidos que, encima, aparecerán limpios formalmente.
Pues el poder no se ejerce
hoy por groseras órdenes o descarnadas intromisiones que desluzcan la imagen
formalmente impoluta del poderoso. Hoy el control remoto de las instituciones
se ejerce –como si fuera una rudimentaria Cambridge Analytica–
a través de la inoculación indetectable de sesgos cognitivos mediante el
condicionamiento de la carrera profesional del juez a decisiones que, finalmente,
son políticas porque el órgano que ha de tomarlas –el CGPJ- está nombrado por
políticos y compuesto por personas que previsiblemente van a cumplir, aunque
podrían no hacerlo, las indicaciones que les den los partidos. Y lo van a hacer
porque, por un lado, están en sintonía ideológica con quien los ha nombrado y,
por otro, porque saben que su futuro profesional o político dependerá de la
opinión que de su actuación tenga el que les ha nombrado; como paladinamente
quedó patente en los tristes mensajes de Cosidó del año pasado, en los que se
traslucía quién iba a ser el presidente del Consejo antes de que este se
hubiera reunido y lo hubiera acordado, como era su prerrogativa. En realidad
las decisiones no las toma el Consejo, sino quien nombraba a sus miembros, que
ufanándose groseramente de su poder provocó, les recuerdo, la renuncia del juez
Marchena.
Nombramientos
Y, claro, con los
nombramientos que haga el CGPJ puede ocurrir lo mismo. Para muestra, un botón:
el asunto Gürtel iba a ser juzgado por un tribunal que presidiría una juez que
formó parte del CGPJ a instancias del PP, fue condecorada con la Gran Cruz de
San Raimundo de Peñafort por la Sra. Cospedal, que la elogió ampliamente, y fue
nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el CGPJ
controlado por el PP. Finalmente, debido al escándalo tal cosa se logró evitar.
Pero, ¿alguien cree que una persona en estas condiciones no iba a tener algún
incentivo perverso en el asunto?
No sería justo decir que
un juez así nombrado no pueda ser independiente e imparcial; pero sería
estúpido negar que pueda estar condicionado, incluso sin darse cuenta: no hace
falta darle instrucciones o sugerencias porque, en realidad, ya se ha minado su
capacidad de juicio con prebendas y nombramientos que todo el mundo sabe a
quién se deben y con el hecho inevitable de que su futuro profesional depende
de su actitud.
Por eso esta cuestión es
tan importante y algunos partidos políticos y asociaciones (especial mención
merece la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial) han puesto el acento
en ella. El control de las instituciones clave por los partidos, directa o
indirectamente, deteriora las estructuras básicas de una democracia avanzada
que se precie, en la que son indisolubles el principio representativo
consagrado en las elecciones periódicas, el reconocimiento de los derechos y
libertades fundamentales, la legalidad de la Administración pero también la
división de poderes, porque la única forma de evitar el abuso del poder es
establecer otro poder que lo controle y equilibre.
Pero ese entramado
institucional, formalmente perfecto, que nos dimos en 1978 ha ido sufriendo en
la práctica un sucesivo deterioro que tiene en la independencia del Poder
Judicial su manifestación más señera y que soterradamente ha impulsado una
transformación del sistema democrático en partitocracia, en
el que el elemento definidor del poder no es ya la voluntad del pueblo
expresada en la ley y articulada por el Estado de Derecho, sino la decisión de
la cúpula de los partidos. Y, lamentablemente, esa deteriorada estructura
institucional, enfrentada a la prueba de fuego de la crisis, ha permitido
el desarrollo de populismos cuya idea-fuerza es, precisamente, que la voluntad
popular está por encima de la ley, como sin rubor proclamaba Torra en una
reciente entrevista radiofónica. Lo que es peor, el deterioro aparece ya
asumido como irremediable por los partidos clásicos que, también sin rubor, a
través de sucesivos ministros de justicia, reivindican el derecho de controlar
el CGPJ a través del Parlamento. Por eso el bloqueo político de hoy es también
el bloqueo de la renovación del CGPJ.
La gravedad de esta
situación no es una manía de cuatro activistas: lo ha señalado el Consejo de
Europa (Recomendación 2010/12), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el
GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción), específicamente para nuestro
país. Y, por supuesto, su corrección no consiste en que los jueces nombren a
todos los miembros del CGPJ: eso también podría suponer un poder sin control.
Bastaría una solución equilibrada como la que previó la primera LOPJ
interpretando adecuadamente la Constitución. La solución no es muy complicada,
pero el problema es crucial para nuestra democracia y conviene recordarlo, como
si fuéramos dummies.
*Esta tribuna se publicó
en El Mundo el 23 de septiembre de 2019. La expresión “Para dummies” no
apareció en el periódico, pero se conserva aquí porque explica alguna frase del
texto.
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