Revista de prensa.- EP.- La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la
Fuente, ha alertado de la "insuficiente" fiscalización del sector público
local, pues uno de cada cuatro entes se niega a presentar sus balances ante la
institución.
En su último balance anual, el Tribunal recuerda que el
sector público local es más numeroso en entidades que el estatal y el
autonómico, pues engloba un conjunto cercano a las 11.600 entidades (excluidas
las del País Vasco y Navarra), y en cambio es el que presenta un mayor nivel de
incumplimiento de las exigencias de rendición de cuentas.
Según detalla, en 2018 sólo 7.034 entidades locales, lo que
supone el 61% del total, llegaron a rendir cuentas en el plazo que les
correspondía, un porcentaje similar al del ejercicio anterior. Pero, además, el
pasado ejercicio acabó con un 25% de entidades locales sin someter sus datos a
fiscalización, ya que sólo llegaron a presentar sus balances 8.731 entidades
(el 75% del total).
"De la rendición de las cuentas relativas al ejercicio
2017 por las entidades del sector público, que tuvo lugar en el ejercicio 2018,
se constata la necesidad de seguir trabajando en su mejora, especialmente en el
sector público local, donde aún resulta insuficiente", señala María José
De la Fuente en el balance del ejercicio 2018, recogido por Europa Press.
A su juicio, "la rendición (de cuentas) no sólo
constituye una obligación legal, sino un deber básico de los responsables
públicos para hacer efectiva la necesaria transparencia de la gestión y
posibilitar el control y la exigencia de responsabilidades, constituyendo su
omisión un importante déficit democrático".
De la Fuente también destaca la labor de la Sección de
Enjuiciamiento del Tribunal, que puede exigir responsabilidad económica a
aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos
públicos si su gestión ha provocado daños sobre el patrimonio público.
Esta función, que es competencia exclusiva de la
institución, también se ejerce sobre aquellas personas o entidades, públicas o
privadas, que reciben subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes
del sector público.
Según la presidenta, "los resultados de la tarea de
recuperación de fondos públicos menoscabados han alcanzado un volumen
significativo, tanto en lo que se refiere a las actas de liquidación
provisional como a las condenas por responsabilidad contable".
En concreto, el año pasado la Sección de Enjuiciamiento
dictó condenas por responsabilidad contable por importe de 64,67 millones de
euros que, cuando se ejecuten, permitirán que ese dinero se reintegre en el
erario publico. De la citada cantidad, 60,84 millones corresponden a sentencias
en primera instancia, 3,78 millones en segunda y 44.799 euros a autos de
sobreseimiento por reintegro.
Fases
Además, el tribunal ha levantado actas de liquidación por un
total de 12,48 millones de euros, de los que 9,57 millones corresponden al
principal y 2,90 millones a intereses legales, según el balance de 2018
recogido por Europa Press.
Tras la detección de indicios de presuntas responsabilidades
contables, durante 2018 la Sección de Enjuiciamiento tramitó un total de 287
diligencias preliminares, de las que casi la mitad (133), el 46,3%, surgieron
de informes de fiscalización aprobados por el propio tribunal.
El resto tienen su origen en informes de los órganos de
control externo de comunidades autónomas (58), de informes de otras
Instituciones Públicas (57), de comunicaciones de acciones públicas (25) y sólo
14 de denuncias de particulares.
En cuanto a las 150 actuaciones previas tramitadas durante
2018 -de las que cuatro fueron devueltas-, casi la mitad (71) afectaron al
sector público local, 48 al autonómico y 27 al estatal. Como consecuencia de
las mismas se iniciaron 171 procedimientos de responsabilidad contable.
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