Revista de prensa. Elena G. Sevillano. Diario El País.- En los primeros ocho
meses de Gobierno de Pedro Sánchez los ministerios y las empresas
públicas han ido a juicio para evitar divulgar información en 25 ocasiones. En
un periodo similar, los últimos ocho meses de su mandato, el Gobierno de
Mariano Rajoy presentó en los tribunales 19 recursos contra decisiones del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le obligaban a hacer
públicos datos o informes. Así se desprende del análisis de los recursos
contencioso-administrativos que ha presentado la Administración contra
resoluciones del órgano independiente que vela por la transparencia en España.
"La litigiosidad va en aumento por una razón muy
sencilla: la Administración busca ganar tiempo", señala el jurista Miguel
Ángel Blanes. "Desde que se solicita la información hasta que finalmente
le llega al ciudadano, transcurren casi dos años y medio. Una auténtica
barbaridad. Luego se preguntan algunos: ¿por qué los periodistas no hacen más
uso de la ley de transparencia? Si el interés público de la noticia se tiene
que mantener dos años, estamos perdidos", añade. En su opinión, este es el
mejor ejemplo de cómo los Gobiernos se toman poco en serio la transparencia y
la "falta de respeto" que tienen a las resoluciones del Consejo de Transparencia.
Además, estos litigios, previstos en la ley de transparencia
de finales de 2013, consumen recursos públicos. Al Gobierno y a las empresas
públicas las defienden los abogados del Estado, pero como estos no pueden
enfrentarse a sí mismos, el Consejo de Transparencia se ve obligado a contratar
abogados externos. Hasta ahora el gasto en representación jurídica asciende a
287.000 euros. El absurdo de que la propia Administración pelee en los
tribunales contra sí misma se aprecia gráficamente en la documentación
judicial, donde en muchos casos el recurrente y el demandado son el mismo.
En el Consejo de Transparencia ven este aumento de la
litigiosidad "con preocupación", asegura Esperanza Zambrano,
subdirectora general de Reclamaciones de este organismo. "Supone un
desembolso de dinero público por ambas partes, además del bloqueo y el colapso
organizativo para atender estos recursos", añade. En su departamento
trabajan solo seis personas. A Zambrano le preocupa también el hecho de que los
recursos que plantea la Administración no sean para obtener una interpretación
de la ley de transparencia por parte de los jueces, sino que en muchos casos
versan sobre "cuestiones para las que ya hay un criterio
establecido".
Un portavoz del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública aseguró sobre el aumento de la litigiosidad que "debe tenerse en
cuenta el breve recorrido de la ley de transparencia y la importancia, por
tanto, de avanzar en la conformación de criterios conjuntamente con otras
instancias, en este caso las judiciales". "Cuestionar no es
malo", añadió, y puede ser incluso "positivo si el resultado es una
mayor seguridad jurídica". También afirmó que los casos que llegan a esta
instancia son muy pocos con respecto a las solicitudes de información pública
que presentan los ciudadanos (menos del 0,5%).
RTVE, la que más pleitea
El caso de RTVE es especialmente llamativo. Es el organismo
público que más veces ha llevado a los tribunales una resolución de
transparencia para evitar dar la información que se le requiere. La Corporación
RTVE ha presentado 15 recursos en los juzgados de lo Contencioso-administrativo
para evitar informar sobre cuestiones como los gastos del festival de
Eurovisión, la cobertura de los Juegos Olímpicos, el
sueldo de sus directivos o el programa Masterchef.
Samuel Parra, abogado especializado en protección de datos y
transparencia y socio del despacho 451.legal, lleva una decena de pleitos con
RTVE. Cinco de sus solicitudes de información a la radiotelevisión pública han
llegado a los tribunales. Los ha ganado todos. Uno de ellos, el que pedía conocer el gasto de Eurovisión 2015, ha llegado
hasta el Tribunal Supremo, creando jurisprudencia sobre qué información
debe ser pública. Pese a que el fallo del Supremo es de 2017, RTVE ha seguido
presentando recursos. El último, en 2019.
Despilfarro de dinero público
El caso de RTVE es “un auténtico despropósito porque en
varios asuntos está pleiteando por no dar información que la propia ley dice
que debería publicar directamente”, asegura Parra. Se refiere al deber de
publicidad activa que recoge la Ley 9/2013, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno. Los datos “de naturaleza económica,
presupuestaria y estadística” deberían ser públicos por defecto en todas las
Administraciones y entidades públicas; no tendría que hacer falta que alguien
los solicitara. Pero RTVE sigue sin publicarlos y continúa negándose a hacer
caso al Consejo. En cuanto a que la Administración pleitee contra sí misma,
Parra lo califica de “despilfarro de dinero público". RTVE no respondió a
las preguntas de EL PAÍS.
Que la Administración recurra a los tribunales para ocultar
información ha dejado de ser algo excepcional como los especialistas en
transparencia creyeron que sucedería cuando se aprobó la ley. El Ministerio de
Sanidad ha recurrido en 10 ocasiones, la mitad de ellas durante el Gobierno de
Pedro Sánchez. Pese a que el Consejo de Transparencia cree que debería hacerlos
públicos, se niega a facilitar informes sobre medicamentos, publicidad
institucional o sobre los
efectos de un producto llamado Ala Octa, que dejó ciegas a decenas de personas
en 2015. En este último caso, la solicitud que inició el pleito la presentó
EL PAÍS.
Gastos de los viajes del presidente
Entre los ministerios destaca también el de Fomento, que
acumula 15 procedimientos en los tribunales. Tres de ellos en nombre de Renfe
(sobre retribuciones de los directivos y expedientes de contratación), uno de
Adif (sobre las condiciones laborales de los directivos de la empresa pública)
y varios más presentados por autoridades portuarias (Barcelona, Gijón,
Baleares…), que se niegan, entre otras cosas, a hacer públicas las actas de sus
consejos. Información que debería ser pública por defecto. En este caso también
se han presentado recursos durante el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Ministerio del Interior (ocho pleitos), el de Defensa (4
contenciosos) y la Agencia Tributaria (también 4) son otros organismos públicos
que también están peleando en los tribunales para no dar la información que el Consejo
de Transparencia les instó a que hicieran pública. Las resoluciones del Consejo
no son vinculantes y tampoco tiene capacidad sancionadora. De ahí que haya
casos en los que el Gobierno haya decidido ignorarlas sin más, sin siquiera
pelearlos en los tribunales. Así
ha ocurrido, por ejemplo, con los gastos de los viajes del presidente.
En apenas unos días la Audiencia Nacional ha sacudido dos
veces a la Corporación RTVE y a su opacidad. El tribunal obligó a principios de
este mes a proporcionar información sobre cuántas
películas compró a Video Mercury Films, propiedad del producto Enrique
Cerezo, con qué criterios se decidieron y qué miembros del Consejo de
Administración votaron a favor de esa compra.
Un ciudadano había pedido copia del contrato de compraventa
de películas por valor de 1,3 millones de euros. RTVE se lo denegó y recurrió
al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que le dio la razón. Pese a ello,
RTVE acudió a los tribunales y acaba
de ser condenada en costas.
Solo unos días antes se había conocido otra sentencia
contraria a RTVE, firmada el 25 de enero. Un ciudadano solicitó acceder a una copia del contrato del programa ¿Cómo lo ves? y la corporación
pública denegó la información porque, dijo, pone en peligro sus intereses
económicos y comerciales. La Audiencia Nacional condenó en costas a RTVE, gasto
que se suma al de la defensa jurídica.
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