Tanto el departamento del presidente como Interior y Defensa han ignorado las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que les instan a entregar esta información.
MIGUEL ÁNGEL GAVILANES. Civio.es.- Marcha atrás en transparencia. Ni Presidencia del
Gobierno ni 12 de los 17 ministerios actuales han entregado los nombres de
todos sus eventuales: o dieron una respuesta parcial o ni siquiera
respondieron. Este tipo de personal, a diferencia de los funcionarios que deben
demostrar sus méritos o capacidad en un concurso público, es contratado por los
altos cargos de forma discrecional -a dedo- para funciones de asesoramiento o
especial confianza. Entre los peores casos están los ministerios de Interior
y de Defensa, dirigidos por dos magistrados, Fernando Grande-Marlaska y
Margarita Robles, que no dieron respuesta a la petición de Civio.
La mayoría de carteras han limitado la identificación de
su personal eventual a sus asesores de niveles 28, 29 y 30, los de mayor rango.
Ministerios como los de Justicia, Hacienda, Transición Ecológica, Educación,
Economía o Ciencia, entre otros, han seguido esta limitación. Otros, como los
departamentos de Fomento o Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad,
dirigidos por José Luis Ábalos y Carmen Calvo, han aceptado la oposición de los
asesores que no quisieron que su nombre fuera público, pero sin razonar por qué
prima el interés a su privacidad frente al interés público. Solo Asuntos
Exteriores, Industria, Trabajo, Sanidad y Política Territorial y Función
Pública han identificado sin matices a sus asesores.
El primer listado que se publicó, el de 2015, identificó a los
asesores que trabajaron en el Gobierno durante 2012 y 2013. Pero fue también el último, ya que el
Gobierno de Rajoy no volvió a publicar esta información durante los siguientes
años. Aún así, gracias a solicitudes de información, Civio pudo actualizar los ejercicios siguientes. Y las trabas que
presentaron algunos ministerios fueron resueltas por el Consejo de Transparencia,
que entonces recalcó la necesidad de conocer quiénes acceden a puestos de
trabajo público a los que se accede de forma discrecional.
Retroceso del Consejo de Transparencia
Pero si la interpretación del Derecho a Saber del
Gobierno ha sido más restrictiva, también lo han sido las respuestas del
Consejo de Transparenciaa las reclamaciones de Civio. Bajo la égida de la
primera presidenta del Consejo, Esther Arizmendi, sus resoluciones (dos
ejemplos, aquí y aquí) dejaban claro que “prima el interés público sobre los
derechos a la intimidad o la protección de datos de carácter personal” en
aquellos casos “en los que un puesto se provea mediante un procedimiento basado
en la discrecionalidad”. En sus últimas resoluciones, el Consejo de
Transparencia añade un nuevo límite: ahora ve con buenos ojos que se
oculten los nombres de los asesores con un nivel inferior al 28.
Diferencias en el tratamiento
La Unidad de Información Central (UIC), que coordina la
acción de transparencia de la Administración General del Estado, recomendó a
los ministerios que limitaran la identificación a los eventuales de niveles 28,
29 y 30, los de mayor rango. Uno de los que no acataron estas recomendaciones
fue el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de quien
depende esta unidad. El departamento que dirige Meritxell Batet no quiso dar
explicaciones al respecto.
“No hemos cambiado de criterio”, defiende Esperanza
Zambrano, subdirectora de reclamaciones del CTBG. “Se evalúa una doble premisa
en el caso del personal eventual: la adquisición del puesto de trabajo con
carácter discrecional pero también que esa persona ocupe puestos de relevancia
en el proceso de toma de decisiones”, argumenta. Y recalca que su posición se
basa en su primer criterio interpretativo, acordado con la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD). Sin embargo, en ese mismo texto, la
doble premisa solo se pide de forma expresa para el personal no directivo
de libre designación, una figura diferente a la de los eventuales. “La
existencia de trabajadores eventuales de nivel inferior a 28 es residual”,
justifica la subdirectora del Consejo de Transparencia.
Pero además, en una de sus resoluciones, el CTBG avala que la
administración omita la información del “personal eventual que no ocupa puestos
de asesoramiento o especial confianza”. A este respecto, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público es clara: estos
trabajadores solo pueden realizar funciones de confianza y no otras. No es
la primera vez que se utiliza este argumento para limitar la identificación de
los asesores públicos: el Tribunal de Cuentas ya dijo que la mayoría de sus
eventuales realizan “funciones equiparables a las de los auxiliares
administrativos, sin poder ser asimilados a puestos de asesoramiento y especial
confianza” para denegar esta información. Según Nuria Garrido, catedrática de Derecho
Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha y coautora de Las funciones del personal en la jurisprudencia, la
contratación de trabajadores como eventuales para tareas diferentes a las de
asesoramiento o especial confianza supondría una ilegalidad.
Fichajes de partido
Entre los expertos y periodistas identificados por el
Gobierno en sus respuestas a Civio, también hay un buen número de personas
con una estrecha relación con el Partido Socialista. Por ejemplo, en el
gabinete del Secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez
Amor –socialista extremeño–, trabajan Miryam
Álvarez Páez, como directora, que ha sido diputada del PSOE en la Asamblea
de Madrid, concejala socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas y fue directora
de gabinete del presidente del Congreso de la anterior legislatura, Patxi
López; María Paloma Muñiz de Urquiza, asesora de los socialistas en Bruselas entre 1995 y
2009 y eurodiputada hasta 2014, cuando no consiguió escaño; y Miguel
Herraiz Montero, quien fue asesor del grupo socialista del Congreso de los
Diputados durante 14 años.
En la mayoría de ministerios hay algún asesor
vinculado al partido socialista: en Exteriores, Gabriel Colomé (PSC) y Juan María Fernández Carnicer (Agrupación Socialista de
Oviedo); en Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Reinaldo López Jiménez (Leganés); en Educación, Miguel
Ángel Recio Muñiz (Arganda); en Industria, Antonia Sastre Llompart (Baleares).
En Fomento, Koldo García Izaguirre (PSN), a quien VozPópuli sitúa en una trifulca que tuvo el ministro
de Fomento, José Luis Ábalos, con un policía nacional en un pub de Mérida el
pasado mes de febrero. García Izaguirre, alabado por Pedro Sánchez, suma varias condenas por
agresiones. De una fue
indultado –y librado de entrar en prisión– en 1996. La última, en
Pamplona, fue una falta por golpear a un menor que vestía una camiseta con el
lema “Independentzia” la noche que la selección española de fútbol ganó el
Mundial de Sudáfrica.
La titular de Justicia, Dolores Delgado, pese a no
pertenecer al PSOE, cuenta en su ministerio con varios asesores vinculados al
partido. Es el caso de María
del Mar Román Martínez, que ingresó en las Juventudes Socialistas de
Andalucía en 1988. Román fue diputada en el parlamento andaluz dos
legislaturas y ex alto cargo de la Junta antes de fichar por Justicia. Javier
Alemán Uris, uno de los eventuales más jóvenes, también empezó en las
Juventudes Socialistas de Tres Cantos (Madrid) y pasó un mes como asistente del
Grupo Parlamentario Socialista antes de recalar en la Secretaría de Estado de
Justicia. Por su parte, el asesor de Delgado en Memoria Histórica, Eduardo
Ranz Alonso, abogado especializado en este ámbito, fue vocal vecino
–ciudadanos que representan a los grupos municipales en los distritos– del PSOE
en el madrileño distrito de Retiro entre 2011 y 2015.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se
trajo de Sevilla a su directora de comunicación María Teresa Cortes
Barreiro, a Gabriel Alconchel Morales –socialista gaditano que dirigió
el Instituto de la Juventud durante el último Gobierno de Zapatero– y
al economista César Veloso Palma. Ambos trabajaron como asesores en el
Gobierno andaluz.
Pero uno de los miembros del Gobierno que más
personas se trajeron a Madrid fue la exministra Carmen Montón. Destacan,
de su etapa como consellera de Sanidad en la Generalitat Valenciana, dos de sus
directores generales, German Temprano García y Rafael Sotoca Covaleda; y tres asesores: Jaime
Prats Aznar, Abencio Cutanda y Antonia García Valls, con quien Montón compartió dos
legislaturas en el Congreso de los Diputados.
Ábalos, sin cargo en ninguna autonomía pero sí en el
PSOE –es secretario de Organización–, nombró director de comunicación de
Fomento a Alfredo Rodríguez Flores, que ha trabajado para Ferraz
durante 15 años y fue jefe de prensa del Patxi López durante los meses que
ocupó la presidencia de la Cámara Baja.
Incluso Irene Lozano, secretaria de Estado de la España
Global –la renombrada Marca España–, ha fichado a personas de su antiguo
equipo de UPyD. Alicia Gil Torres, directora de su gabinete, fue miembro de
la candidatura Renovadores, liderada por Lozano, en el proceso de sucesión
de Rosa Díez al frente del partido.
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