Noticia relacionada: Diario.es. Así se reparten las 33.793 plazas de empleo público estatal que ha aprobado el Gobierno
Es la primera vez
que se aprueba una oferta de empleo público basándose en las necesidades reales
de recursos humanos conforme al año anterior
Revista de prensa. El Confidencial.- El Consejo de
Ministros ha aprobado este viernes una oferta de empleo público para el
ejercicio de 2019 con un total de 33.793
plazas, incluyendo en esta cifra plazas ya aprobadas (como las 383 derivadas
del Brexit) y otras que han sido autorizadas para estabilizar las plantillas en
Justicia y Educación, según ha informado la ministra de Función Pública y
Política Territorial, Meritxell Batet.
Esta oferta de
empleo público para este año es casi un 10% superior a la
oferta registrada en 2018, ya que cuenta con 2.949 plazas
más que las ofertadas el año pasado. Además, según el Ministerio, es "la
mayor registrada en los últimos 11 años".
El Gobierno
convoca la mayor oferta de empleo público en 11 años
Las plazas de la
oferta de empleo público son 28.539, más 5.254 correspondientes a la estabilización de empleo temporal. En
concreto, 20.781 plazas corresponden a la Administración General del Estado
(AGE), 1.814 a las fuerzas armadas, 5.561 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y 383 plazas que se convocaron ya en febrero en previsión del efecto
del Brexit.
Del total de
plazas correspondientes a la estabilización de empleo temporal, 2.528
corresponden al ámbito de la AGE, 2.237 al ámbito de justicia y 489 a
educación.
Esta oferta de
empleo público se utilizará como instrumento de planificación de
recursos humanos, mediante la incorporación de
herramientas que permitan hacer un uso lo más eficiente posible de la
distribución de las plazas de la oferta, y reforzará la dotación de la
Administración Periférica del Estado con un total de 15.837 plazas, el 47%.
En la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular del Ministerio ha
detallado que es la primera vez que se aprueba una oferta de empleo público
conforme a una metodología plurianual y
de base 0, que basa las decisiones en las necesidades
reales de recursos humanos a satisfacer conforme al año anterior.
Asimismo, ha
apuntado que también tiene en cuenta tanto el envejecimiento
del personal de las administraciones públicas como el
resultado de los diferentes procesos de selección. Entre las novedades, también
destaca que a esta oferta le será de aplicación la eliminación como objetivo de
exclusión para el acceso al empleo público del diagnóstico de diabetes, celiaquía,
psoriasis o VIH.
Por otro lado,
Batet ha asegurado que, según el análisis realizado, los sectores más
necesitados son los del Empleo, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno,
tráfico, catastros o lucha contra el fraude, aunque también se va a priorizar
la administración penitenciaria o
la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicación a
la AGE.
Además, ha
apuntado que se ha revisado la tasa de cobertura de las plazas convocadas para
optimizar su dotación, evitando desajustes no
deseados entre distintos cuerpos o escalas y la
convocatoria de plazas que después no se cubren y, por tanto, se pierden.
Acuerdo con los
sindicatos
La oferta de
33.793 puestos de trabajo ha sido acordada con CSIF, CCOO, UGT y CIG y verá la
luz a través de varios reales decretos referidos a la Administración General
del Estado (AGE), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y estabilización en
el ámbito de Justicia y Educación.
La ministra ha
afirmado que hubiera sido una "absoluta
irresponsabilidad" no aprobar la oferta de empleo
público de 2019 antes de las elecciones generales del 28 de abril, pues, además
de entrar dentro de las funciones ordinarias del Ejecutivo, había dudas de que
un gobierno en funciones hubiera tenido la capacidad de aprobarla.
Batet ha
justificado además la aprobación de la oferta antes de los comicios generales
en la necesidad de garantizar la prestación de
servicios a los ciudadanos y de dar seguridad al cuerpo de
opositores, que saben que en marzo suele aprobarse la oferta de empleo público.
Preguntada por la
variación al alza del número de plazas respecto a las que se anunciaban ayer,
la ministra ha indicado que el volumen de plazas aumenta por efecto de las
jubilaciones previstas y por la promoción interna.
Rejuvenecer las
plantillas
Batet ha dejado
claro que el objetivo de esta oferta es reforzar los servicios de atención al
ciudadano y rejuvenecer las plantillas de la Administración.
En la actualidad,
la platilla de la Administración General del Estado (AGE) es de 135.476
funcionarios, con una edad que prácticamente ronda los 52 años, diez años más
que la del conjunto de la población activa del país, que ronda los 42,5 años.
Según la
ministra, el envejecimiento de la población se ha ido acelerando en los últimos
años y ha pasado de rondar los 46 años en 2004 a los 47 años de media en 2008 y
los 49 años en 2012, hasta alcanzar los 52 años en 2019.
Asimismo, ha
alertado de que es previsible que algo más del 51% del personal se jubile en
los próximos diez años, cifra que asciende hasta el 62% en el caso de los
auxiliares administrativos.
Este año, el 14%
de los empleados (19.159 empleados) reunirán los requisitos para poder jubilase, aunque
"no tienen por qué jubilarse todos ellos". "Estas cifras nos dan
una magnitud del problema al que tenemos que hacer frente mediante una
reposición de efectivos en las que las ofertas de empleo público de los
próximos años van a jugar un papel fundamental", ha resaltado Batet.
También ha
señalado que el reto no es solo cuantitativo, porque las necesidades son
distintas a las de hace 15 años y las circunstancias han cambiado en la
administración. Batet ha recordado que la descentralización y las nuevas
tecnologías adquieren cada vez mayor protagonismo y, por lo tanto, "repercuten
en la prestación de los servicios públicos".
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