Otro post de interés. Por Víctor Almonacid: Un modelo de protección de datos para Ayuntamientos
Por José Ramón Chaves.- delaJusticia.com.- Siempre he defendido la labor de los interventores. Sin
ellos no habría control. Sin las bridas de su tutela del cumplimiento de la
legalidad, eficacia y eficiencia del gasto, se desbocarían las cuentas
públicas. Por eso creo que son profesionales necesarios y mas que útiles, son
imprescindibles.
Dicho esto, al hilo de una conversación mantenida en
Valencia con varios funcionarios, salieron a la palestra algunas exigencias de
las intervenciones de distintas administraciones cuando se trata de garantizar
la legalidad del gasto en viajes, manutención y alojamiento por razón de
servicio o para impartir cursos o conferencias.
En este campo, confieso que he visto rendiciones de
cuentas ejemplares pero también prácticas inaccesibles al común de los
mortales. Ahí van algunos ejemplos, diciendo el pecado pero no la
administración pecadora.
UNO.- La exigencia de la tarjeta de embarque en papel
para acreditar que el viaje aéreo realizado por encargo y pago directo por la
propia administración, ha sido usado por el funcionario ( no vaya a ser que
haya ido caminando o volando fuera de cabina). No deja de sorprender:
-Que en poca cabeza cabe que alguien suplante a la persona
con su billete aéreo nominativo con los numerosos controles aeroportuarios.
Tampoco adivino las razones de alguien que solicite y obtenga un billete y
aparezca en el lugar sin usarlo, cuando insisto, la relación con la agencia de
viajes es de la propia administración y no negocio directo del funcionario o
empleado público.
-Que se pida la copia de la tarjeta de embarque en papel,
cuando hoy día la inmensa mayoría la llevamos en el móvil con un código.
DOS.- La exigencia de garantía de pernocta en el hotel
encargado por la propia administración. Sorprende que para garantizar y
demostrar que se ha alojado efectivamente en el hotel se requiera una especie
de declaración jurada y firmada por el conserje, encargado o testigo
equivalente. Mas sorprendente resulta que tan rigurosos interventores no
requieran una declaración de un tercero que avale que ese conserje o encargado
es quien dice ser, y así sucesivamente ad infinitum.
No me extrañaría, que siguiendo esta absurda estela
pronto alguna intervención requiera además del ticket del servicio de taxi, la
declaración del conductor de que ha viajado realmente en él.
Lo que no parecen percatarse algunos de estos
interventores es que ningún particular está obligado a testificar o
documentar nada de tercero, ni mucho menos está obligado el funcionario a
exhibirle el DNI a un particular para que declare que él ha dormido o viajado.
TRES.- En otros casos, los interventores demuestran un
especial celo y preocupación por la ingesta en los gastos de comidas, cuando no
se abonan a título de dieta sino mediante factura, en que se repara u objeta
por el interventor el hecho de “consumir vino de calidad” mientras los gastos
en marisco o platos de alta cuna vuelan bajo radar. Mejor sería que la
instrucción dada al interventor o al funcionario sobre el gasto admisible y
legítimo, fijase un umbral máximo de gasto por persona y un umbral máximo de
grupo, y que se indicase el número de personas.
Por cierto, también he asistido a algún anfitrión de
curso como, tras invitarnos a los asistentes al curso, laboriosamente
recopilaba nuestro DNI y anotaba el cargo y administración o empresa de
procedencia porque su interventor le requería la identificación precisa de los
comensales que habían asistido.
En suma, si según el Código Civil la buen fe se presume y
si los procedimientos de intervención deben verificar la realidad del gasto…¿no
sirve la factura que implícitamente revela la realidad del servicio de porteo,
alojamiento o consumo?
En fin, que bien estaría menos desconfianza del
funcionario y más persecución del caradura. Lo que no se puede es aplicar una
tupida red de garantías y controles que los tiburones siempre romperán y en la
que quedarán encerrados los pececillos.
El resultado es que al final, los tickets y facturas se
pierden, o se casa el funcionario de pelear con el interventor de turno, de
manera que el que ha incurrido en gasto por cuenta de la administración (
comisión de servicio, charla,etc.) renuncia a ello. Triste.
En todo caso, estamos ante patologías puntuales y no
es la regla general, pero el que la sufre, maldice y no en vano. Con ello cobra
vigencia mi viejo
post realista e irónico sobre facturas e interventores. y donde cuento
un par de anécdotas del que fuere premio Nobel, Richard Feynman, y del escritor
Arturo Pérez Reverte, en sus relaciones con tales controladores.
Y ahora escribo desde el aeropuerto y voy a guardar
cuidadosamente la tarjeta de embarque y me haré un selfie en el asiento del
avión, o con la azafata, por si me piden que lo acredite, unido a una
declaración del piloto de que he sido buen pasajero y que no me bajé antes del
trayecto para enriquecerme.
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