Revista de prensa. Diario.es- Las idas y venidas del Tribunal Supremo en el asunto de las
hipotecas -el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo dejó en el
aire la sentencia que un día antes condenaba a los bancos asumir el impuesto
vinculado a los préstamos- ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la
independencia judicial y la capacidad de presión de los grandes sectores
económicos.
En este contexto, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y
la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que rechazan todo
tipo de patrocinio o subvención privada, han lanzado una campaña para
instar al resto de asociaciones, tanto de jueces como de fiscales, a asumir el
mismo "compromiso ético". En España la regulación es muy laxa y
no establece prácticamente limitaciones a la financiación de colectivos de la
Administración de Justicia.
Código ético
En un comunicado conjunto, ambas mantienen que estos acuerdos
pueden generar una "imagen distorsionada" de la Justicia y de sus
profesionales "especialmente en un momento en el que parece clara la
necesidad de mandar un mensaje a la sociedad sobre la absoluta independencia de
la justicia". También defienden que esta "cuestión deontológica"
merece ser incluida en el futuro Código Ético de la Carrera Fiscal.
Actualmente, las cuatro asociaciones profesionales de jueces
y una de fiscales mantienen acuerdos de patrocinio privado con el Banco
Santander, entidad que les proporciona fondos que, según aseguran, se dedican
principalmente a la organización de actividades de formación para sus
asociados.
Se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura
(APM), la Asociación Francisco de Vitoria (AFV), Juezas y Jueces para la
Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación de
Fiscales (AF). Sus portavoces declinaron informar sobre la cantidad exacta que
reciben del banco, si bien todos ellos defendieron que son importes
"muy pequeños", "pírricos" o "simbólicos" que, en
ningún caso, comprometen la independencia o la autonomía de sus actuaciones.
El Banco Santander también rechazó proporcionar estos
datos alegando no estar autorizado a desvelar información sobre la
relación comercial con sus clientes.
Los portavoces de las asociaciones consultados explican que
estos convenios de colaboración se suscriben únicamente con el Banco Santander
porque esta entidad mantiene una estrecha colaboración con el ámbito judicial
al ser adjudicataria por concurso público desde hace dos décadas del servicio
de cuentas en las que se consignan las fianzas y otros depósitos de los
procedimientos judiciales. La última adjudicación se formalizó el pasado 20 de
septiembre por una duración de cuatro años. Según los pliegos, este contrato no
comporta gasto alguno para la Administración y su valor estimado, 4.155,8
millones de euros, toma como base el saldo medio de las cuentas en enero de
2018. También es habitual que las asociaciones de jueces y fiscales tengan sus
cuentas en la entidad que preside Ana Botín.
Además, la entidad ofrece a jueces, fiscales, secretarios
judiciales, médicos forenses, funcionarios, abogados, procuradores, graduados
sociales, notarios y registradores "determinadas ventajas" como
exención de comisiones en la cuenta colectivos, tarjetas de débito y crédito
gratuitas y condiciones preferentes en financiación de vivienda y de consumo.
No obstante, un portavoz de la entidad asegura que estas condiciones son las
mismas a las que acceden hasta un centenar de colectivos profesionales que
"por su buen perfil" son de "interés comercial" para el
banco. Entre ellos, profesionales de la salud, militares, policías o miembros
de la Asociación de la Prensa de Madrid, entre otros.
Por otro lado, las cuatro asociaciones judiciales
reciben subvenciones del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) en concepto de gastos de organización y
funcionamiento, realización de actividades de interés para la Justicia y la
vida asociativa, implantación en la Carrera Judicial, resultados de las últimas
elecciones a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y
actividades de formación. En 2017, estas ayudas ascendieron a 434.479,9
euros. Además, el reglamento de
asociaciones judiciales profesionales también autoriza que puedan
recibir recursos procedentes de la financiación privada. En todo caso,
sólo tienen que rendir cuentas al CGPJ por las subvenciones y ayudas que
reciben del órgano de gobierno de los jueces, no por parte de entidades
privadas. Su actividad tampoco es fiscalizada por el Tribunal de
Cuentas. Las asociaciones de fiscales, por su parte, no reciben subvención
alguna por parte del Ministerio de Justicia.
Sin "efecto" sobre su independencia y
autonomía
El magistrado de la Audiencia Provincial de
Madrid Celso Rodríguez Padrón, que es portavoz de la conservadora APM,
mayoritaria entre los jueces, asegura que su organización no va a modificar su
"política de colaboración" con el Banco Santander, del que recibe
ingresos "puntuales" para actividades de formación y con el que
mantiene, además, un convenio estable para financiar que estudiantes sin
recursos puedan opositar a la carrera judicial. A su juicio, la crítica de
estos acuerdos que hacen la UPF y APIF es "terriblemente injusta y absolutamente
descabellada" y se muestra convencido de que "ningún juez pierde
su independencia como consecuencia de estas colaboraciones".
Raimundo Prado, magistrado y portavoz de la Asociación de
Jueces Francisco de Vitoria, también admite que su colectivo mantiene un
contrato de patrocinio con el Banco Santander. "No hay nada oscuro, está
publicitado en nuestra página web", subraya. E insiste en que estas
ayudas, aunque no son cuantiosas, sí sirven para mantener la actividad de la
asociación, pues con las cuotas de los asociados y la subvención del CGPJ
"no llega". En la reseña de la última reunión de su Comité Nacional,
publicada en la página web de la asociación, se da cuenta de la
"renovación del contrato de colaboración" con la entidad, aunque no
de sus particularidades o su importe.
Por su parte, el juez Ignacio González Vega, portavoz de la
progresista Juezas y Jueces para la Democracia asegura que, en su caso, la
colaboración con el Banco Santander se limita a una "ayuda de carácter
simbólico con contraprestación", pues se produce porque la entidad pone
publicidad en la revista que edita la asociación. "Esta colaboración no
tiene ningún efecto sobre la independencia con la que tratamos nuestros
asuntos. De hecho, estamos defendiendo los intereses de los consumidores en la
cuestión del impuesto de las hipotecas", añade. Es cierto que la
asociación pidió
la dimisión del magistrado del Tribunal Supremo que paralizó la
doctrina sobre quién debe pagar esa tasa y criticó su "nefasta
gestión".
Concepción Rodríguez, titular del Juzgado de Menores 1
de Madrid y portavoz del Foro Judicial Independiente, la cuarta
asociación de jueces, explica que su asociación tiene un "convenio
mínimo" con el Banco Santander por el que la entidad le proporciona alguna
"pequeña" cantidad económica que también declina
cuantificar. Rodríguez insiste en calificar de "sesgada" la
posición de la UPF y asegura que el "verdadero problema" está en que
los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por el Congreso de los
Diputados y el Senado.
Por otro lado, Cristina Dexeus, coordinadora de la Fiscalía
de la Audiencia de Barcelona y presidenta de la Asociación de Fiscales, de
carácter conservador, confirma que su colectivo tiene suscrito un
"contrato de colaboración por un precio pírrico" con el Banco
Santander. Asegura que estos fondos se dedican a actividades de formación y a
la organización de eventos o foros de debate jurídico y que, en ningún caso, un
acuerdo de este calibre "afecta a la autonomía de los fiscales".
"Es como si pensáramos que un fiscal va a actuar de una manera determinada
porque una entidad le haya dado una hipoteca en condiciones algo más ventajosas
sólo por pertenecer al colectivo judicial. Es que no tiene sentido",
subraya.
Los portavoces de la la UPF y de APIF, sin embargo,
insisten en que estos patrocinios, más aún cuando se trata de entidades
bancarias, tienen un efecto negativo sobre la imagen de absoluta imparcialidad
que las carreras judicial y fiscal deben proyectar a la ciudadanía. "En
2010 decidimos rechazar todo tipo de patrocinio o subvención privada. En los
últimos años, en pleno aumento de la litigiosidad con los bancos por las
cláusulas suelo, los impuestos de las hipotecas... vemos que el tiempo nos ha
acabado dando la razón", dice el fiscal Emilio Fernández, portavoz de la
UPF. "Los ciudadanos piden al poder judicial ser totalmente escrupuloso
respecto a este tipo de cuestiones", añade, por su parte, el fiscal Miguel
Pallarés, portavoz de APIF, colectivo que no ha recibido nunca patrocinio
alguno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario