La conocida como 'Ley Ómnibus' de Ciudadanos plantea, entre
otros, mayores garantías de la independencia y la imparcialidad de los
secretarios e interventores de la Administración local. También proteger a los denunciantes de casos de corrupción.
Revista de prensa. Europa Press. El Congreso comenzará a recibir el próximo 27 de septiembre
a los primeros comparecientes que desfilarán por la Comisión Constitucional
para ilustrar a los diputados encargados de tramitar la proposición de Ley
Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes
presentada por Ciudadanos.
Los portavoces de la citada comisión, que preside el
'popular' Jesús Posada, han acordado empezar a recibir expertos siete meses
después de que el Pleno del Congreso tomara en consideración la iniciativa
impulsada por la formación naranja, que fue sometida a ese primer debate en
febrero.
Expertos
En concreto, según han avanzado a Europa Press fuentes
parlamentarias, para el 27 de septiembre se espera el testimonio de cuatro o
cinco comparecientes, entre ellos el de Carmen Rodríguez Medel Nieto,
magistrada y asesora de la Secretaría de Estado de Justicia, a instancias del
PP; el del representante de Transparencia Internacional Manuel Villoria,
solicitado por el PSOE; y el del catedrático de Derecho Administrativo, Andrés
Betancor, uno de los nombres planteados por Ciudadanos.
Días más tarde, la pretensión del presidente de la Comisión
Constitucional, Jesús Posada, es decidir nuevos comparecientes, aunque desde
Ciudadanos se está barajando la posibilidad de renunciar a llamar a nadie más
para aligerar el trámite de su propuesta.
La conocida como 'Ley Ómnibus' de los de Albert Rivera
incluye asuntos como la prohibición de los indultos a condenados por corrupción
y medidas para proteger a los denunciantes de la corrupción.
Asimismo, plantea tipificar el delito de enriquecimiento
ilícito, eliminar los plazos máximos en la instrucción penal, mayores garantías
de la independencia y la imparcialidad de los secretarios e interventores de la
Administración local y la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos
políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan
cometido sus empleados o representantes.
Denunciantes
La tramitación de esta iniciativa en la Comisión Constitucional
ha llevado a la Comisión Anticorrupción del Congreso a cambiar el plan de
trabajo que había aprobado al principio de esta legislatura, cuando creo una
subcomisión que iba a analizar, entre otros temas, la situación de los
denunciantes de casos de corrupción.
Los grupos han acordado sacar este tema de la subcomisión
que, tras analizar el régimen de financiación de los partidos políticos, en las
próximas semanas empezará a recibir expertos para analizar la segunda cuestión
que tienen en cartera: la imparcialidad e independencia de autoridades
independientes y los órganos constitucionales.
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