Revista de prensa.- EP.- El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de
Miranda, reclamó el martes pasado en el Congreso que se eleven las multas para
las personas físicas o jurídicas que no atiendan los requerimientos del
fiscalizador para colaborar, por ejemplo, con el envío de determinada
información necesaria para que realice su función fiscalizadora. En concreto,
ha planteado actualizar la cuantía de estas sanciones para que las máximas se
fijen en 9.000 euros.
Esta es una de las peticiones incluidas en la moción para la
mejora de la eficacia del control de la gestión económico financiera del sector
público que ha presentado Álvarez de Miranda ante la Comisión Mixta
(Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
La moción fue aprobada por fiscalizador en 2011 y, según ha
relatado su máximo responsable, algunas de sus medidas aún siguen pendientes,
puesto que aún no han sido incluidas en la regulación del procedimiento para la
exigencia del cumplimiento del deber de colaboración con el tribunal.
De 900 a 9.000 euros
Una de ellas es la actualización de la cuantía de las
denominadas "multas coercitivas", que en 1988, se establecieron en
una horquilla que iba de los 60
a los 901 euros (entonces aún en pesetas). Su propuesta
es elevarla a 600 y 9.000 euros.
Asimismo, el tribunal es partidario de mejorar la seguridad
jurídica dejando claro en la Ley de funcionamiento de la institución que se
podrá recurrir a los "medios coercitivos para la exigencia efectiva del
debe de colaboración" en "todos los supuestos de falta de
colaboración".
Además, Álvarez de Miranda ha abogado por modificar el
procedimiento para recabar la información de las personas obligadas a ello.
Así, ha reclamado que se modifique la Ley de funcionamiento del tribunal para
que sean los consejeros de la sección de fiscalización los que efectúen los
procedimientos ordinarios de colaboración, de forma que el presidente sólo
intervenga cuando se trate de requerimientos extraordinarios derivados del
incumplimiento de los ordinarios.
Multas necesarias
"No queremos un régimen sancionador, pero sí un régimen
de multas coercitivas para que quienes no prestan colaboración puedan ser
multados hasta que cumplan con ese deber y restituyan la información necesaria
para poder ejercer las funciones del tribunal", ha explicado el
presidente.
Durante su intervención, Álvarez de Miranda ha admitido que
"el núcleo fundamental" de la moción de 2011 está cumplido, pero ha
pedido a los parlamentarios que sigan impulsado modificaciones legales para
dotar a la institución de una "plena capacidad fiscalizadora".
En 2011, el fiscalizador también demandó cambiar la Ley
General Tributaria y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. En concreto, los artículos que exceptuaban el carácter reservado de los
datos con trascendencia tributaria, social o laboral, cuando su cesión tuviera
por objeto la colaboración con el tribunal para el ejercicio de sus funciones
de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de la
Administración de la Seguridad Social.
Álvarez de Miranda ha señalado que, tras la reforma de 2015,
se habilitó al tribunal a celebrar convenios de colaboración con la
Administración General del Estado y demás entidades para el acceso a la
información, si bien con la posibilidad de limitar la cesión de información
relevante cuando el sujeto fiscalizado no fueran la Agencia Tributaria o las
Entidades de la Seguridad Social. Esto, ha apuntado, impide "su utilización como elemento
de contraste de la información de las entidades fiscalizadas, en materia fiscal
o social".
Además, ha recordado que la restricción de acceso que
existía en relación con los datos de la Central de Información de Riesgos del
Banco de España sobre el endeudamiento de las Administraciones Públicas fue
subsanada en 2012, al exceptuarse del deber de secreto las informaciones que el
supervisor tenga que facilitar para el cumplimiento de sus funciones al
Tribunal de Cuentas.
No obstante, ha hecho hincapié en que aún no se ha tomado
una medida similar en lo relativo al acceso a la Central de Información de
Riesgos de las Entidades Locales.
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