EL Tribunal de Cuentas aprueba el informe de fiscalización del sector publico local del ejercicio 2015. El contenido del Informe (nº 1.230) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).
Nota del Tribunal de Cuentas. Madrid, 31 de agosto de 2017- El Pleno del Tribunal de
Cuentas ha aprobado el “Informe de Fiscalización del Sector Público Local,
ejercicio 2015” .
Esta fiscalización se realiza anualmente a partir de la información de las
cuentas generales, en este caso las relativas a 2015, rendidas por las
entidades locales del territorio nacional a través de la Plataforma de
Rendición de Cuentas (www.rendiciondecuentas.es),
gestionada por el propio Tribunal y la mayoría de los Órganos de Control Externo
de las Comunidades Autónomas (OCEX).
En 2015 el sector público local se encontraba integrado por
12.973 entidades, constituyendo la estructura fundamental los ayuntamientos,
8.122, que representaban el 63% del total de las entidades locales, entre
ellos, un número muy elevado de muy pequeña población. Resultaba, asimismo,
significativo el número de entidades de ámbito territorial inferior al
municipio (EATIM), 3.707, que representaba el 29% del total.
En el Informe se recogen un conjunto de conclusiones,
estructuradas atendiendo a los distintos aspectos analizados. Entre ellas,
pueden destacarse las siguientes:
Aumenta el incumplimiento en la rendición de cuentas
El 56% de las entidades locales rindieron la cuenta del
ejercicio 2015 en el plazo legalmente establecido. Este porcentaje resulta
inferior al registrado en 2014 (62%), habiéndose puesto en marcha por el
Tribunal de Cuentas y los órganos de Control Externo de las Comunidades
Autónomas, como en años anteriores, planes de actuaciones para promover la
rendición.
También el porcentaje de rendición de las cuentas de 2015 a 31 de diciembre de
2016 –el 73%- fue inferior al de 2014 a la fecha equivalente -el 76%-. Esta
situación supone un cambio de la tendencia al alza que venía produciéndose
hasta el ejercicio 2013.
A 31 de diciembre de 2016 no habían enviado la cuenta del
ejercicio 2015, 3.081 entidades que correspondían a: 1.641 ayuntamientos,
cuatro cabildos insulares, tres diputaciones provinciales, 407 mancomunidades,
diez agrupaciones de municipios, seis comarcas y 1.010 EATIM. El 22% de los
ayuntamientos no había rendido la cuenta de 2015 dos meses y medio después del
plazo legalmente establecido. De especial relevancia resultó que el 25% de los
ayuntamientos de entre 100.001 y 500.000 habitantes y el 30% de los de entre
50.001 y 100.000 habitantes, no lo había hecho a dicha fecha.
Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia las más incumplidoras
Por Comunidades Autónomas, el menor grado de rendición, a 31
de diciembre de 2016, correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un
34%. Las entidades locales del resto de comunidades autónomas, excepto
Castilla-La Mancha (62%), Región de Murcia (63%), Cantabria (65%), se situaron
en niveles de rendición, a 31 de diciembre de 2016, superiores al 70%. Entre el
80% y el 90% se encontraban: la Comunitat Valenciana (88%), La Rioja (88%),
Principado de Asturias (87%), Galicia (86%), Cataluña (83%), Comunidad de
Madrid (82%) y Canarias (81%). Sólo las entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Aragón superaron el 90% en su nivel de rendición, habiendo influido
notablemente en ello la aprobación de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, que condicionó la concesión de subvenciones a las
entidades locales al cumplimiento de la obligación de rendir sus cuentas.
Análisis presupuestario del ejercicio 2015
El gasto ejecutado en el ejercicio 2015 por las
entidades locales de las que se dispone información presupuestaria, ascendió a
44.918 millones de euros, manteniéndose en los mismos niveles que el ejercicio
anterior. Los ayuntamientos gestionaron el 79% del total de dicho gasto, el 17%
las diputaciones, cabildos y consejos insulares; las áreas metropolitanas un
2%; las comarcas y las mancomunidades un 1% cada tipo de entidad, el
resto de entidades (agrupaciones de municipios y EATIMs) gestionaron un gasto
inferior al 1% del total del gasto local en 2015.
58% de gastos corrientes
El gasto total del ejercicio 2015 se destinó por las
entidades locales a gastos en bienes corrientes y prestación de servicios y a
gastos de personal (58% del gasto total), gasto en transferencias –corrientes y
de capital- (18% del gasto total), gasto de endeudamiento –por intereses y por
amortización de la deuda- (12% del total), gasto en inversiones (11% del total)
y gasto en activos financieros (1% del total).
Las áreas a las que más recursos destinaron las entidades
locales en 2015 fueron: servicios básicos (34% del total) y programas de actividades
de carácter general (21% del total).
El pronunciado incremento en el ejercicio anterior de los
gastos de amortización de la deuda de las entidades locales tuvo carácter
extraordinario, produciéndose en 2015 el efecto contrario. Los gastos generados
por el pago de la deuda experimentaron una caída: un 40% los gastos financieros
y un 23% el gasto por amortización de pasivos financieros.
En 2015 se modificó la tendencia de reducción de los gastos
no aplicados a presupuesto que se venía registrando en ejercicios anteriores,
incrementándose un 5%. El importe de los pagos pendientes de aplicación
registró en 2015 una disminución menor que en ejercicios anteriores.
En cuanto a los ingresos, se indica en el Informe
de fiscalización que las entidades locales se financiaron en el ejercicio 2015,
fundamentalmente, mediante ingresos tributarios, en un 53%, y transferencias
corrientes, 36%, prácticamente igual que en 2014. El endeudamiento supuso
únicamente el 4% de la financiación local. Los ingresos del conjunto de las
entidades locales en 2015 se mantuvieron en importes similares a los obtenidos
en 2014, registrando un incremento del 1%. Los ingresos por operaciones
financieras disminuyeron un 17%, principalmente, por la caída de un 28% del
recurso a la emisión de pasivos financieros.
Saldo positivo y disminución del endeudamiento
El resultado presupuestario del ejercicio 2015 reflejó un
saldo positivo de 2.714 millones de euros, siguiendo la tendencia que se inició
en el ejercicio 2012. La solvencia de las entidades locales mostró una
situación agregada positiva.
El endeudamiento en 2015 se situó en 26.481 millones de
euros, lo que supone una disminución de un 6% respecto al ejercicio anterior y
de un 17% en relación con las cifras de 2013. Los ayuntamientos representaron
el 88% del total del endeudamiento de las entidades locales. La proporción de
endeudamiento sobre el total de ingresos corrientes del conjunto de entidades
de las que se dispone de información fue de un 61%. La carga financiera en 2015
se redujo en un 25%. En términos generales, las entidades locales han tenido
que destinar un menor nivel de recursos obtenidos a partir de los ingresos
corrientes que en el ejercicio anterior, para atender a los gastos financieros
y de amortización de pasivos financieros.
Sociedades mercantiles dependientes y entidades públicas
empresariales
En 2015, las transferencias de fondos de las entidades
locales a sus entidades dependientes representaron el 51% del total de las
realizadas.
La financiación ajena de las sociedades mercantiles suponía
en dicho ejercicio el 50% del total del patrimonio neto y pasivo del balance
agregado. El 33% de las sociedades mercantiles dependientes y las entidades
públicas empresariales presentaron resultados negativos en sus cuentas de
pérdidas y ganancias, poniendo de manifiesto la existencia de un sector público
empresarial local constituido por un elevado número de sociedades con pérdidas.
De acuerdo con la información de las cuentas anuales presentadas por las sociedades
mercantiles y entidades públicas empresariales, una parte de su activo
corriente se financiaba con patrimonio neto y pasivo no corriente, lo cual es
una situación favorable desde punto de vista financiero.
En relación con la contratación administrativa
Las entidades locales han incumplido en gran medida la
obligación de remitir motu proprio al Tribunal de Cuentas, las
relaciones certificadas de contratos o, en su caso, las certificaciones
negativas que impone la normativa de contratación; sólo el 60% de las mismas lo
hicieron. Tras el desarrollo por el Tribunal de un plan para promover su
remisión en las Comunidades Autónomas sin Órgano de Control Externo propio
(Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y la Rioja), lo
llevó a cabo el 93% de las entidades locales de estas.
Recomendaciones
El Informe contiene recomendaciones, en su mayoría
reiteradas en informes y mociones anteriores y recogidas en resoluciones de la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, destacándose las
siguientes:
-Debería procurarse la homogeneización en la normativa
estatal y autonómica de los plazos de rendición de las cuentas de las entidades
locales en todo el territorio nacional, así como regularse plazos de
tramitación y rendición más breves, de forma que se aproxime la rendición de
cuentas y, por tanto, su control a la gestión a la que hacen referencia, con
criterios de transparencia y oportunidad.
-Resultaría conveniente promover las reformas legales
oportunas para que la rendición de cuentas, tanto de las entidades locales
principales como de las dependientes, sea considerada en todo el territorio
nacional requisito indispensable para el acceso por las entidades locales a los
procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas. Asimismo,
debería instarse a la Administración estatal y autonómica a que hagan efectivas
de manera oportuna las medidas que ofrece la normativa para impulsar la
rendición de cuentas.
-Habría de revisarse la normativa actual en relación al
procedimiento de rendición de las cuentas generales de las entidades locales en
el caso de no ser aprobadas por el Pleno de la correspondiente entidad.
-Habrían de establecerse medidas para que el presupuesto de
las entidades locales constituya un auténtico instrumento de gestión,
planificación y toma de decisiones, así como de medidas estructurales que
permitan garantizar la solvencia financiera de las entidades locales.
-Deberían acordarse y aplicarse medidas de gestión del gasto
público que fomenten e incentiven la imputación a presupuesto y la
contabilización de todas las obligaciones por parte de las entidades locales,
para conseguir la máxima transparencia y fiabilidad de la información contenida
en sus cuentas. También deberían llevarse a cabo por aquellas operaciones
contables y presupuestarias para regularizar los pagos pendientes de aplicación
a presupuestos.
-Sería conveniente avanzar en la reorganización del sector
público local, en particular, debería considerarse la disolución de las
entidades que no ejercen ningún tipo de actividad, fundamentalmente, en el
sector público local empresarial, de modo que su actuación y permanencia
responda a razones de eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad
financiera.
-Las entidades locales deberían habilitar mecanismos que
garanticen el envío regular al Tribunal de Cuentas de la información relativa a
su actividad contractual.
Nota: El contenido del Informe (nº
1.230) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas
(www.tcu.es).
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