El Pais. Los interinos en cada Comunidad Autónoma. Ver texto del acuerdo.
-Tras el proceso se podría llegar a 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y administración de justicia (8.564).
-Tras el proceso se podría llegar a 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y administración de justicia (8.564).
-La tasas de interinidad oscilan entre el 30% de la sanidad, el 25% de la administración de justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria
Nota Ministerio de Hacienda y F. Pública.- El ministro de Hacienda y Función
Pública, Cristóbal Montoro, y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSI-F
han firmado hoy un acuerdo para la mejora del empleo público que incorpora un
proceso de estabilización del empleo temporal para reducir la tasa de
temporalidad hasta el 8% en tres años.
El ministro ha destacado que es el “primer acuerdo de la
Legislatura sobre función pública” y que tiene como objetivo “mejorar la
calidad del empleo y reducir la tasa de interinidad durante un periodo de tres
años (2017-2019)”. Añadió que se trata además de una “apuesta por dignificar la
función pública” y su “importante contribución a la completa recuperación
económica del país”.
El acuerdo va dirigido a fortalecer los efectivos existentes
en las diferentes Administraciones Públicas y establece una tasa de reposición
de empleados públicos del 100% en aquellos sectores considerados prioritarios
hasta ahora en la Ley de Presupuestos Generales del Estado e incrementa al 100
% la tasa a otros servicios públicos que se consideran esenciales para atender
a las necesidades de los ciudadanos.
Los sectores prioritarios recogidos en el acuerdo para los
que se prevé una tasa de reposición del 100% son, entre otros: sanidad,
educación, administración de justicia, servicios sociales, control y lucha
contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la
Seguridad Social, prevención y extinción de incendios, políticas activas de
empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa
del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.
Esta misma tasa será de aplicación a las sociedades
mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios
prioritarios para la contratación de nuevo personal.
Esto podría suponer, teniendo en cuenta la oferta aprobada
en 2016, una Oferta de Empleo Público de alrededor de 67.000 plazas. Por
subsectores, 19.000 plazas serán en la Administración General del Estado,
28.144 plazas, aproximadamente, en las comunidades autónomas y en torno a
20.000 plazas en las entidades locales.
Reducción de la interinidad
El acuerdo también pretende dar estabilidad a las plantillas
de empleados públicos, dentro de los límites y reglas de gasto establecidos, de
tal forma que, respetando los principios de libre concurrencia, igual, mérito,
capacidad y publicidad, en un plazo de tres años, se consiga reducir la
interinidad hasta un máximo del 90 % en servicios públicos esenciales tales
como educación, sanidad, justicia, servicios sociales o policía local, entre
otros.
Como resultado de este proceso de estabilización del empleo
se podría llegar a un total aproximado de 250.000 plazas consolidadas, de las
que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807)
y administración de justicia (8.564).
Hay que tener en cuenta que se parte de una cifra muy
elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración, y que
ese elevado número de interinos afecta principalmente a los sectores de
enseñanza y justicia. La tasas oscilan entre el 30% de la sanidad, el 25% de la
administración de justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria.
Movilidad geográfica y funcional
Por último, el acuerdo prevé la constitución de grupos de
trabajo entre administración y organizaciones sindicales para estudiar medidas
que faciliten la movilidad geográfica y funcional de los empleados públicos,
para impulsar su formación y potenciar la profesionalización y cualificación
específica de los mismos, analizar los criterios en materia de igualdad de
género y, en particular, de violencia de género, la situación de las
mutualidades y para el seguimiento de la implantación de la Administración
Digital.
El ministro ha destacado que “la filosofía básica del
acuerdo que hemos firmado aquí ya se contemplaba en la Conferencia de
Presidentes celebrada el pasado 17 de enero”. En aquella reunión, se pedía
analizar la situación de interinidad laboral en la función pública, y
singularmente en educación y sanidad, para buscar fórmulas que dieran
estabilidad a las plantillas de personal de estos sectores. Asimismo se pedía
garantizar un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en las
Administraciones Públicas, especialmente en los sectores prioritarios.
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