La Asamblea vota este jueves una proposición de ley impulsada por Ciudadanos para proteger a los funcionarios que denuncien posibles casos de corrupción. La norma prevé la creación de la figura del Defensor del Denunciante, que se encargará investigar y llevar ante la justicia la información remitida por el funcionario.
Revista de prensa. 20minutos.es.- En plena investigación de la única pieza secreta de la trama Púnica,
donde el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco rastrea los proyectos
estrella (nuevos hospitales, Ciudad de la Justicia, ampliación del Metro...) de
la expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP) por indicios de
irregularidades, la Asamblea de Madrid debatirá este jueves la toma en
consideración de una proposición de ley impulsada por Ciudadanos para
proteger a los funcionarios que denuncien posibles casos de corrupción en la administración.
La propuesta dota de una serie de derechos al denunciante, como la
confidencialidad o protección ante posibles represalias, y prevé la creación de
la figura del Defensor del Denunciante de Corrupción, un ente independiente que
se encargará de tutelar, contrastar, investigar y llevar ante la justicia la
información remitida por el funcionario.
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| Aspecto de la Asamblea de Madrid donde se debatirá la propuesta de Ciudadanos |
En España, solo la Comunidad
Valenciana y Baleares cuentan con un órgano específico similar. En principio
esta ley solo afecta a los funcionarios de la Comunidad de Madrid, ya que la
norma no tiene capacidad para ser aplicada a los funcionarios de los
ayuntamientos. Sin embargo la propuesta prevé que se puedan celebrar convenios
con la administración local para que se adscriban a la ley.
Ciudadanos toma la iniciativa
Mientras Cifuentes
quiere tapar la corrupción de los gobiernos de Aguirre y González, Ciudadanos
va a proteger a los denunciantes "Esta ley lo que busca es garantizar una
serie de derechos a los denunciantes de corrupción política en la
administración. Personas valientes que en muchas ocasiones han podido observar
irregularidades o posibles casos de corrupción y no se han atrevido a
denunciar", afirma el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio
Aguado, que ha sido el encargo de presentar la proposición. Aguado cree que
esta ley es "necesaria porque España es uno de los cuatro países de la
OCDE que todavía no tiene una norma de estas características".
"El
gobierno central está arrastrando los pies con este tema y, por ello, es el
momento de que las comunidades autónomas nos pongamos las pilas y empecemos a
aprobar leyes que vayan en esta línea", opina el portavoz de la formación
naranja, que espera que PSOE y Podemos apoyen la iniciativa, ya que el Partido
Popular ya ha mostrado su rechazo públicamente a la propuesta al considerar que
ya existen mecanismos internos en las administraciones públicas y judiciales
que permiten que los funcionarios puedan denunciar. "Mientras Cifuentes
quiere tapar la corrupción de los gobiernos de Aguirre y González, Ciudadanos
va a proteger a los denunciantes", critica Aguado.
¿Cuáles serían los
derechos del denunciante? Al funcionario que acuda ante el Defensor del
Denunciante tras detectar una posible irregularidad se le garantiza la
salvaguarda de su identidad, asesoría legal gratuita, asistencia psicológica a
él y su familia y la resolución de su denuncia.
¿Qué pasaría si se desvela su
identidad? La ley recoge que si se produce una filtración de la identidad del
denunciante, la Comunidad de Madrid deberá indemnizar al denunciante. En caso
de represalias, el Defensor puede dejar sin efectos medidas que el denunciante
sufra de sus superiores, siempre que no se acredite que no tienen que ver con
la denuncia.
¿Qué medidas de protección contempla la norma? Los denunciantes
podrán solicitar al Defensor que inste a la autoridad o al órgano competente la
concesión de un traslado provisional a otro puesto de trabajo del mismo o
equivalente grupo, cuerpo, escala o categoría profesional; o la concesión de un
período de excedencia por tiempo determinado, con derecho al mantenimiento de
su retribución.
¿En qué consistiría el procedimiento? Tras la denuncia del
funcionario, el Defensor dispone de un plazo inferior a 15 días para comprobar
la documentación y decidir si hay indicios o no para iniciar la investigación.
Si se admite la denuncia, el Defensor debe elegir si enviar esa documentación
(si es lo suficientemente contundente) a la Fiscalía, o si por el contrario
necesita iniciar la investigación para comprobar los hechos denunciados. La
investigación debe quedar resuelta en un plazo de 3 meses, prorrogable otros 3
más.
¿Cómo se elegiría al Defensor del Denunciante? La persona designada será
nombrada por la Asamblea de Madrid con al menos el apoyo de tres quintos de los
parlamentarios. Cada grupo parlamentario propondrá a un candidato, aunque un
solo candidato puede ser propuesto por más de un grupo.
¿Podrían optar al
puesto políticos? No podrán optar al puesto ni cargos públicos, ni personas
afiliadas a partidos políticos. Su dedicación será exclusiva. El candidato debe
tener una experiencia acreditada de 10 años con una especialización en derecho
penal.
¿Qué competencias tendría? El Defensor del Denunciante podría
personarse y registrar sedes de la administración implicadas con la
investigación, realizar entrevistas personales con cualquier implicado
(acompañado de su abogado), realizar y llevarse fotocopias de cualquier
documentación que considere pertinente. La Ley le otroga, además, la potestad
de exigir la colaboración de todos los órganos de la Comunidad de Madrid
implicados de alguna u otra manera en la investigación en curso, pudiendo
sancionar la negativa a colaborar.
¿Y límites? El Defensor deberá cesar su
investigación si un juez decide abrir una investigación sobre el caso.
¿Cuáles serían sus obligaciones? Debería comparecer siempre que sea requerido
por Comisión o Pleno de la Asamblea. Una vez al año tendría la obligación de
presentar una memoria con todos los casos investigados.
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