Los funcionarios preparan su primera gran protesta contra el Gobierno de Sánchez: "Nos lleva a la quiebra"

Miguel Borra, presidente de CSIF, exige una mejora salarial para los trabajadores públicos y denuncia que el Ejecutivo se niega a negociar.

Relacionado. EP. Hacienda convoca a sindicatos para iniciar la negociación de los sueldos en las administraciones públicas

Revista de prensa. DANIEL VIAÑA. El Mundo.- «Hay que protestarle a este Gobierno, que es el que con sus políticas nos está llevando a la quiebra social y económica en la que está España. Y sus políticas son también las que han hecho que España tenga una inflación superior a la de otros muchos países». Miguel Borra (Zaragoza, 1968) es el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato con una muy importante presencia en el sector público y creciente también en el ámbito privado, y que mañana (sábado 24 de septiembre) ha convocado una gran manifestación en Madrid contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Esperan congregar a «decenas de miles de personas», y ser un «canal legítimo y democrático» para que empleados públicos y también del sector privado protesten. Pero sin duda, uno de sus principales objetivos es conseguir subidas salariales para los funcionarios, petición que no deja de ser impopular en un momento tan complejo como el actual y en el que se exige un pacto de rentas para que la inflación no se desboque todavía más.

«¿Lo único que no puede subir son los salarios de los trabajadores? Ha llegado el momento de decirle a este Gobierno 'basta'. Los empleados públicos llevamos colaborando 12 años en el pacto de rentas. La primera y única vez que nos bajaron el sueldo fue durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Nos quitó entre el 5% y el 10%, y desde entonces llevamos acumulada una pérdida de poder del 20%. Una médico, por ejemplo, ha perdido el poder adquisitivo equivalente a trabajar gratis 18 meses en la última década», explica Borra en conversación con EL MUNDO.

Desde el sindicato denuncian, además, que el Gobierno hasta el momento se había negado totalmente a negociar con los representantes sindicales de los funcionarios, y que sólo tras la convocatoria de la manifestación han recibido la llamada del Ejecutivo. «El Ministerio de Hacienda y Función Pública nos acaba de convocar para iniciar la negociación de los sueldos en las Administraciones Públicas en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado. La primera reunión será el próximo miércoles», explicaban ayer a última hora de la tarde fuentes del CSIF, que inciden en que la llamada es el «fruto de la presión sindical y de la manifestación que tenemos convocada para este sábado».

Será la primera vez en la que tengan la ocasión de conocer a María Jesús Montero porque, como prosigue Borra, todavía no se han reunido con la actual ministra, que llegó al cargo en julio del pasado año en sustitución de Miquel Iceta. «Nunca ha habido negociación salarial con este Ejecutivo», profundiza.

Estos son los 230.000 funcionarios AGE que volverán al trabajo presencial cuatro días por semana desde octubre

Será necesario continuar con el sistema de cita previa en los servicios de atención al público “al menos hasta el 31 de diciembre de 2021”.

Revista de prensa. Cinco Días.- Más de 229.000 funcionarios de la Administración del Estado volverán a trabajar presencialmente cuatro días semanales desde el 1 de octubre. Según informó este miércoles CSIF (la Central Sindical Independiente y de Funcionarios), esta medida, con la que el sindicato ha mostrado su desacuerdo, sustituye al sistema actual que contempla que estos empleados públicos trabajen el 80% de su jornada de forma telemática. El grupo de funcionarios al que afecta esta normativa representa el 8,4% del total de personal al servicio de las Administraciones públicas, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fuera de este régimen quedan Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o la Administración de justicia, entre otros.

El colectivo más grande (casi el 40%) de trabajadores al que alcanza esta resolución se encuentra empleado en los ministerios, con un total de 91.553 personas. Le siguen los organismos autónomos (64.360), entre los que se encuentra por ejemplo el SEPE, y otros entes de derecho público, que emplean a 33.891 funcionarios. En este último se englobarían la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o el Consejo Económico Social.

Entidades públicas empresariales tales como Adif o Enaire también se verían afectadas por la medida (esta categoría emplea a 21.334 personas); así como las distintas agencias estatales (14.162 trabajadores). Aquí se engloban, entre muchas otras, la Agencia Estatal de Meteorología; la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo o la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Además, también se incluye en la Administración del Estado a la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que da trabajo a 2.507 personas, la única universidad pública no transferida. Por último, también se verían afectadas por la resolución las autoridades administrativas independientes, en las que se incluye, entre otras, a la Agencia Española de Protección de Datos; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o el Consejo de Seguridad Nuclear. Esta categoría emplea a un total de 1.541 funcionarios.

Distribución por regiones

La Comunidad de Madrid es, de largo, la región que tiene a un mayor número de trabajadores afectados por esta medida, ya que concentra al 35,4% de los empleados de la Administración del Estado (81.134 personas), algo lógico teniendo en cuenta que alberga la capital. En segundo lugar se encuentra Andalucía, con el 13,7% de los funcionarios (31.399). El podio lo completa Cataluña, con 15.193 empleados de la Administración del Estado (el 6,6% del total).

Por el contrario, Navarra, con 1.092 trabajadores, y La Rioja, con 1.109, son las autonomías con menos cantidad de este tipo de funcionarios (entre las dos suman el 1% del total). Les sigue Cantabria, con 2.674 personas afectadas por la nueva normativa, el 1,2% de todo el país.

Desde CSIF señalaron a este periódico que la medida incumple con el acuerdo que tenían con el Ejecutivo, según el cual estos trabajadores desarrollarían el 60% de su jornada de forma telemática, es decir, tres días por semana en lugar de uno. “No se corresponde con la filosofía sobre la digitalización, la reducción de emisiones y el ahorro energético que propugna el Gobierno”, denunció el sindicato.

Según el borrador de criterios generales de rein­corporación de los funcionarios al que ha tenido acceso este periódico, será necesario continuar con el sistema de cita previa en los servicios de atención al público “al menos hasta el 31 de diciembre de 2021”.

“Para el servicio de registro dependiente de la Administración General del Estado no será necesaria la misma. En todo caso se limitará el aforo de la ciudadanía en la atención presencial en función del espacio disponible para atención al público y se adoptarán las medidas de prevención para garantizar la seguridad y salud, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente”, se añade en el documento.

Excepciones a la norma

Inmunodeprimidos. El borrador contempla algunas excepciones, como son el caso de las personas inmunodeprimidas o con cáncer, que podrán realizar hasta el 100% de su jornada laboral de forma telemática. También será así para aquellos trabajadores que se encuentren en cuarentena por haber sido contacto estrecho de un positivo por Covid o cuando dicha cuarentena afecte a menores o a dependientes a cargo de esta persona.

Reuniones. A su vez, la norma recoge que las reuniones serán presenciales o en modalidad mixta y se levanta la prohibición de realizar viajes, aunque señala que “se evitarán en lo posible las reuniones que impliquen desplazamientos a otra localidad, así como los viajes de trabajo siempre que puedan utilizarse medios tecnológicos”.

Oposición de CSIF. El sindicato, que no ha firmado la resolución al considerar que no reúne los requisitos para una vuelta segura, pidió al Gobierno que ponga “en valor la experiencia positiva que ha supuesto el de­sempeño del trabajo en modo telemático (...) y elaborar sin dilación la norma que plasme el acuerdo de teletrabajo en la Administración General del Estado que será de aplicación en condiciones normales cuando termine la actual crisis sanitaria”.

Los sindicatos exigen a Sánchez que cumpla con los funcionarios, pese a la repetición electoral

Las centrales con mayor representación le mandan una carta al presidente del Gobierno para pedirle que cumpla con los incrementos salariales pactados en la pasada legislatura

Revista de prensa. El Periódico- Los sindicatos han exigido a Pedro Sánchez que la repetición electoral no interfiera en el cumplimiento del Gobierno de los compromisos firmados durante la pasada legislatura con los funcionarios, principalmente la materialización de la oferta pública de empleo de 33.793 plazas y y los incrementos salariales previstos para el 2020. Así se lo han transmitido las centrales con representación mayoritaria entre los empleados de la función pública (CCOO, UGT y CSIF) en una misiva dirigida directamente al presidente en funciones. 

En materia de empleo, la entonces ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, pactó con las centrales una oferta pública de empleo de 33.793 plazas para el 2019, pero que, por cuestión de plazos, estaba previsto que se fueran publicando a lo largo del 2020. 

Oferta de Empleo Público

CCOO, UGT y CSIF también consideran imprescindible que el Gobierno en funciones cumpla con ello para "dar estabilidad a las plantillas, con las suficientes garantías jurídicas, que acabe con el insoportable nivel de temporalidad e interinidad, el cual  supone una vergüenza arrastrada e impuesta irresponsablemente por los diferentes Gobiernos en todas las Administraciones Públicas".

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre del 2018 un incremento salarial para los trabajadores de la Administración Pública para el periodo 2018-2020, pactado durante el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. El pago retroactivo del 1,95% correspondiente al 2018 ya se realizó, al igual que la subida del 2,75% prevista para este 2019. No obstante, queda pendiente de aprobar y diseccionar con sus respectivos 'extras', según la evolución del PIB y la voluntad de las administraciones locales, el incremento restante del 2020; que sería de entre el 2 y el 3%. 

Los sindicatos, que esperaban y no deseaban llegar a una repetición electoral han instado este miércoles por carta a Sánchez a dejar atada dicha subida, ante la dilatación de la formación de un próximo Gobierno más allá del mes de enero. Las centrales, "aun siendo conscientes de las limitaciones jurídicas que provoca esta situación de interinidad", tal como reconocen en su carta, señalan que, de no acometer dichos compromisos, ello "puede conllevar graves consecuencias sociales, económicas y personales sobre los servicios públicos". 

La Justicia reconoce el derecho de funcionarios a cobrar alzas salariales y trienios generados en baja médica

 Los funcionarios que se encuentran en situación de incapacidad temporal (IT) pueden reclamar los atrasos al reincorporarse a su puesto de trabajo.

Revista de prensa. EP.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido el derecho de los funcionarios a cobrar los incrementos retributivos que contempla la Ley de Presupuestos y los trienios que los empleados públicos generen durante sus bajas médicas.

Así lo señala CSIF en una nota, en la que explica que ha logrado una segunda victoria judicial con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que se suma a otra del Tribunal Superior de Galicia, por lo que "consolida doctrina judicial sobre este tipo de situaciones".

De esta manera, los funcionarios que se encuentran en situación de incapacidad temporal (IT) pueden reclamar los atrasos al reincorporarse a su puesto de trabajo.

En concreto, en esta segunda sentencia, de 5 de abril de 2019, se reconoce a una funcionaria de Justicia su derecho a percibir en la nómina la cantidad correspondiente al trienio perfeccionado (actualizado a su antigüedad) y el incremento retributivo conforme a la Ley de Presupuestos, aunque se encuentre en situación de incapacidad temporal.

La recurrente estuvo de baja por enfermedad desde el 22 de octubre de 2015 hasta el 4 de octubre de 2016 tras una intervención quirúrgica y posterior ingreso hospitalario, derivado de una tumoración.

En el transcurso de su baja, esta funcionaria cumplió su noveno trienio en la Administración, por un importe anual de 665,28 euros, pero no le fue abonado.

Además, durante este periodo de baja, la funcionaria tampoco percibió la subida de sueldo, trienios y resto de retribuciones complementarias, fijada en un 1% en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para el personal del sector público.

CSIF celebra que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dé la razón a esta trabajadora al reconocerle el abono del trienio consolidado con efectos retroactivos e intereses, así como el derecho a percibir el 1% de subida de ese año más los intereses correspondientes.

Precedente

La anterior sentencia sobre este mismo tema, del 14 de noviembre de 2016 y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, también reconoció este derecho a un funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

En el citado fallo, se determinó que el trienio es una retribución que tiene por finalidad compensar al funcionario por su prestación continuada de servicios y "no puede quedar afectada por una situación episódica y eventual", como que el trabajador se encuentre en una situación de incapacidad temporal.

Además, indicó que se puede entender que durante la baja no se perciba la cantidad correspondiente al trienio perfeccionado, pero que no existe ninguna norma que impida que el funcionario tenga derecho a los atrasos que correspondan una vez que reciba el alta médica.

OEP 2017: Interinos frente al todo o la nada

Otro post de interés. laboratorio Novagob #50retosnovagob

Revista de prensa. El Mundo.- Una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo dictaminó en septiembre de 2016 que los contratos precarios que las administraciones públicas españolas utilizan para cubrir sus carencias, principalmente en la sanidad o la educación, son ilegales. O lo que es lo mismo, que no se ajusta al derecho europeo el truco de encadenar contratos temporales para cubrir puestos permanentes.

Con ese fallo, no sólo se dejaba en evidencia el abuso sistemático durante décadas del contrato-basura para suplir la falta de personal, sino que se obligaba a la Administración a cambiar drásticamente el sistema de cobertura de los puestos de trabajo estructurales. Los interinos están para la cobertura de necesidades puntuales o para cubrir las bajas de los titulares de las plazas, pero no para ocupar durante décadas plazas estables.

Ésa es la razón por la que el conjunto de las administraciones españolas, obligadas a ponerse las pilas en materia de personal, tendrán que sacar una importante oferta de empleo para reducir la cuota de interinidades en sus plantillas. El objetivo es pasar del actual 25 de interinos a un 8% en los próximos tres años, por lo que unas 300.000 plazas interinas se reconvertirán en fijas, 40.000 de ellas en Andalucía.

¿Quiere eso decir que los trabajadores que actualmente ocupan esos puestos van a convertirse en trabajadores indefinidos? No. El proceso contempla la transformación de los puestos no de las personas que los ocupan. Por eso, frente a la satisfacción con la que la oferta se ha recibido por parte de los sindicatos que han participado en la negociación, hay quienes alertan de que esta reconversión puede acabar derivando «en el mayor ERE de la democracia en España», pues supone que muchos de los trabajadores que llevan años prestando servicio de forma precaria para la administración se queden fuera de ella si no consiguen superar los exámenes de selección.

Asociación de interinos

El abogado Manuel Martos representa a una asociación de interinos (que en pocas semanas ha pasado de 300 a más de 600 asociados) que ha levantado la voz contra el proceso que -aseguran- no respeta el espíritu de las resoluciones de la Justicia europea.

A su juicio, la administración española ha «desnaturalizado» la obligación de reconocer como indefinido al trabajador que acumule más de tres años de antigüedad. De hecho, el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos establece que todas esas plazas salgan a oferta pública, obligando a los trabajadores que las ocupan en la actualidad a superar una fase de oposición para seguir trabajando. «Un interino que tenga, por ejemplo, 50 años y 20 de ejercicio, si no aprueba, va directamente a la calle. Y ése es precisamente el perfil medio del interino», asegura el abogado Manuel Martos.

De momento, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por esta asociación profesional, y que se fundamenta en la ilegalidad del acuerdo suscrito con los sindicatos, pues el Gobierno carecía previamente de un informe o autorización por parte de la Intervención o de los servicios jurídicos de la Administración, que es preceptivo para habilitar al ministro de turno a la firma de acuerdos.

Se trata de un defecto formal que, a juicio de los recurrentes, anula el acuerdo firmado y, por tanto, también el artículo de la Ley de Presupuestos que da luz verde a la oferta de empleo público.

Pero la cuestión de fondo es la protección de los derechos adquiridos por los trabajadores interinos de la administración.

"Los que están se quedan"

Con ese mismo objetivo, la federación de Enseñanza del sindicato CGT en Andalucía ha iniciado una campaña con el lema «Los que están se quedan», con la que solicita una doble vía de acceso al empleo público para solucionar la situación creada por la administración sin perjudicar a los trabajadores que ya ocupan esos puestos. Para el sindicato, podría establecerse, por un lado, una oposición de acceso libre y, por otro, un concurso de méritos (sin fase de exámenes) para los trabajadores interinos que ya forman parte del sistema.

«CGT se niega a aceptar, como sí parecen hacerlo ciertas organizaciones, que la forma más adecuada de reducir la precariedad laboral en el ámbito docente y ajustar el porcentaje de interinos a las exigencias de la Unión Europea consista en cambiar a unos trabajadores por otros», afirma el sindicato, que asegura que la ley admite el uso de sistemas extraordinarios de acceso para situaciones puntuales.

Además, la organización sindical recuerda que muchos de los trabajadores que ocupan plazas de interino aprobaron en su día las oposiciones a las que se presentaron, aunque se quedaron sin plaza porque la administración ofrecía un número de puestos inferior a sus necesidades reales de personal, tal y como ha quedado de manifiesto con la resolución de la Justicia europea.

Por su parte, CSIF, USTEA, CCOO y UGT también han iniciado una serie de movilizaciones en Andalucía para reclamar que el proceso reconozca la experiencia como un parámetro importante en la selección. En concreto piden que «se simplifique la fase de oposición con pruebas no eliminatorias, se amplíe la optatividad en la elección de temas, se aumente la ponderación de la fase de concurso y se incremente el peso de la experiencia docente en dicha fase de concurso».

Maratón de oposiciones con 25.562 plazas en la sanidad andaluza

La justicia europea ve ilegal encadenar contratos temporales para cubrir puestos permanentes

Los empleados públicos estallan en plena elaboración de los presupuestos de 2018 para obtener mejoras de Montoro

Aún hay varios sectores de la Administración con tasas de reposición del 50% que los sindicatos piden derogar y elevar los salarios por encima del 1% en 2018

+noticias. El Confidencial:  60 millones para arreglar LexNet: la 'chapuza'informática de Justicia ya tiene precio

Revista de prensa. Diario.es.- No es solo la conflictividad laboral del transporte propia del verano. Los empleados públicos de varios sectores se han rebelado en las últimas semanas y amenazan con huelgas en los próximos días, hartos, dicen, de no conseguir mejoras en su situación laboral. 

Hacienda está ultimando los Presupuestos Generales de 2018 que tienen que estar aprobados para el 30 de septiembre y los funcionarios y personal laboral están jugando con la principal arma de presión, la huelga, para conseguir vencer las resistencias de Cristóbal Montoro a una mejora de sus condiciones.

Los examinadores de la DGT (del carnet de conducir), el personal de las embajadas y de la Agencia Española de Cooperación (AECID) o la plantilla de Aena son los que tienen en marcha las protestas más inmediatas. Pese a la heterogeneidad de sus funciones, sus problemas tienen el mismo denominador común. A partir del tajo de mayo de 2010, sus plantillas se quedaron mermadas y sus sueldos congelados. Siete años después, y con la economía en plena recuperación, tienen que atender de nuevo a millones de usuarios con muchos menos efectivos y encima con una menor retribución.

La queja era muy similar a la de otros colectivos de atención al público como los Inspectores de Hacienda o el personal para expedir los DNI. Ambos sectores consiguieron ser incluidos en la Oferta Extraordinaria de Empleo Público para este año y han sido una inspiración para sus homólogos en otras esferas de la Administración Pública.

Los examinadores de Tráfico inician otra huelga (ya llevan 20 paros) el 4 de septiembre de tres días alternos a la semana con el objetivo de recuperar los casi 200 puestos que han desaparecido desde 2009 y también un complemento salarial específico. Por el momento les han ofrecido otros 100 examinadores para 2018 pero la aprobación del complemento depende en su totalidad de Hacienda.

El caso de la plantilla de Aena multiplica por diez estas magnitudes. En 2011,   la empresa contaba con 11.440 trabajadores y tenía un tráfico de 187 millones de pasajeros. En 2016, con un tráfico de 230 millones, Aena tiene 7.297 trabajadores. La amenaza de huelga a partir del 15 de septiembre está servida.

El caso de los responsables de proyectos en la AECID o del personal laboral en el exterior es singular. Además de sufrir los rigores de la congelación de salarios de todo el sector público, su situación está agravada por las espirales inflacionistas de los países de destino, como Argentina. Aprovechando la celebración del día del cooperante el 8 de septiembre, los responsables de proyectos de la AECID irán a la huelga. El personal de numerosas embajadas está de paros hace meses.

No son solo salarios

Miguel Borra, presidente de CSIF, uno de los principales sindicatos de la función pública, asegura que la situación es insostenible desde hace años y reconoce que están pendientes de las últimas reuniones con Hacienda. En 2017 los funcionarios recibieron una subida salarial del 1%, una cifra que Borra considera más que insuficiente para 2018 por la pérdida de poder adquisitivo en la que llevan inmersos años los funcionarios.

El otro caballo de batalla está en liberar a la Administración de la tasa de reposición del 50%. Esta tasa no afecta a servicios esenciales como sanidad o educación, pese a lo cual también han perdido efectivos. "Por eso nuestra prioridad ha sido conseguir transformar a los eventuales en fijos", recuerda Borra respecto al proceso que se ha aprobado para regularizar a los miles de interinos que subsisten en las administraciones. A esto se suman otras peticiones específicas como la de los empleados públicos andaluces, que quieren legalizar la jornada laboral de 35 horas frenada desde el Gobierno central y que amenazan con paros también este septiembre.

El plan de choque no ha incluido a las administraciones locales, donde la temporalidad es también muy alta, ni a la Administración General del Estado, otros dos sectores públicos en los que las plantillas han mermado sin cesar pero la recuperación de la actividad económica les ha llevado a asumir un trasiego propio a los años anteriores de la crisis.

Enero de 2011 marcó el pico de personal al servicio de las Administraciones públicas con 2,7 millones de empleados. El último dato de enero de este año sitúa al total de la plantilla pública en 175.000 efectivos menos. Solo en la Administración General del Estado se han volatilizado más de 40.000 empleos, y en las empresas públicas, como Aena, unos 25.000 puestos de trabajo.

Pero ha sido en la Administración Local y en las universidades donde más empleo de funcionario ha desaparecido. En enero de 2010 trabajaban en los ayuntamientos 657.000 personas y este año lo hacen 543.000. Por eso permitir reponer las jubilaciones que se den a partir de ahora no será suficiente para revertir unas plantillas esquilmadas y envejecidas. Casi un 60% de los empleados públicos que trabajan para la Administración General del Estado tienen más de 50 años.

El anuncio del ministro de Economía, Luis de Guindos, de que revisará al alza las previsión de crecimiento económico para 2017, juega a favor de las demandas de este sector de cara a la elaboración de los presupuestos. La marcha de la recaudación de los ingresos fiscales y también, con especial incidencia, las presiones políticas sobre un gobierno en minoría podrán ayudar a rebajar la tensión del otoño caliente que supondrá no ceder a las demandas de estos colectivos.

El gobierno y los sindicatos firman un aucerdo para reducir el nivel de internidad en las Adminsitraciones Públicas

El Pais. Los interinos en cada Comunidad Autónoma. Ver texto del acuerdo. 

-Tras el proceso se podría llegar a 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y administración de justicia (8.564).

-La tasas de interinidad oscilan entre el 30% de la sanidad, el 25% de la administración de justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria

Nota Ministerio de Hacienda y F. Pública.- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSI-F han firmado hoy un acuerdo para la mejora del empleo público que incorpora un proceso de estabilización del empleo temporal para reducir la tasa de temporalidad hasta el 8% en tres años.

El ministro ha destacado que es el “primer acuerdo de la Legislatura sobre función pública” y que tiene como objetivo “mejorar la calidad del empleo y reducir la tasa de interinidad durante un periodo de tres años (2017-2019)”. Añadió que se trata además de una “apuesta por dignificar la función pública” y su “importante contribución a la completa recuperación económica del país”.

El acuerdo va dirigido a fortalecer los efectivos existentes en las diferentes Administraciones Públicas y establece una tasa de reposición de empleados públicos del 100% en aquellos sectores considerados prioritarios hasta ahora en la Ley de Presupuestos Generales del Estado e incrementa al 100 % la tasa a otros servicios públicos que se consideran esenciales para atender a las necesidades de los ciudadanos.

Los sectores prioritarios recogidos en el acuerdo para los que se prevé una tasa de reposición del 100% son, entre otros: sanidad, educación, administración de justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social, prevención y extinción de incendios, políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.

Esta misma tasa será de aplicación a las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios para la contratación de nuevo personal.

Esto podría suponer, teniendo en cuenta la oferta aprobada en 2016, una Oferta de Empleo Público de alrededor de 67.000 plazas. Por subsectores, 19.000 plazas serán en la Administración General del Estado, 28.144 plazas, aproximadamente, en las comunidades autónomas y en torno a 20.000 plazas en las entidades locales.

Reducción de la interinidad

El acuerdo también pretende dar estabilidad a las plantillas de empleados públicos, dentro de los límites y reglas de gasto establecidos, de tal forma que, respetando los principios de libre concurrencia, igual, mérito, capacidad y publicidad, en un plazo de tres años, se consiga reducir la interinidad hasta un máximo del 90 % en servicios públicos esenciales tales como educación, sanidad, justicia, servicios sociales o policía local, entre otros.

Como resultado de este proceso de estabilización del empleo se podría llegar a un total aproximado de 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y administración de justicia (8.564).

Hay que tener en cuenta que se parte de una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración, y que ese elevado número de interinos afecta principalmente a los sectores de enseñanza y justicia. La tasas oscilan entre el 30% de la sanidad, el 25% de la administración de justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria.

Movilidad geográfica y funcional

Por último, el acuerdo prevé la constitución de grupos de trabajo entre administración y organizaciones sindicales para estudiar medidas que faciliten la movilidad geográfica y funcional de los empleados públicos, para impulsar su formación y potenciar la profesionalización y cualificación específica de los mismos, analizar los criterios en materia de igualdad de género y, en particular, de violencia de género, la situación de las mutualidades y para el seguimiento de la implantación de la Administración Digital.

El ministro ha destacado que “la filosofía básica del acuerdo que hemos firmado aquí ya se contemplaba en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero”. En aquella reunión, se pedía analizar la situación de interinidad laboral en la función pública, y singularmente en educación y sanidad, para buscar fórmulas que dieran estabilidad a las plantillas de personal de estos sectores. Asimismo se pedía garantizar un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en las Administraciones Públicas, especialmente en los sectores prioritarios.

El gobierno abonará en octubre a los empleados públicos de la AGE el 26,2% de la paga extra de Navidad de 2012

Un posterior decreto aclarará el abono y la recuperación de días libres para los 2,6 millones empleados públicas de todas las administraciones

 

Miguel Borra (CSIF): “El Gobierno debe devolver la extra íntegra, con rango de ley básica, y el resto de los recortes a los empleados públicos

 

Referencia Consejo de ministros de 4 de septiembre de 2015.- Solicitud de dictamen al Consejo de Estado para aprobar medidas que afectan a los empleados públicos

• Entre las medidas se incluyen la recuperación por los empleados públicos de un 26,23 por 100 adicional de la paga extraordinaria suspendida en diciembre de 2012.

"El Consejo de Ministros ha acordado solicitar a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del día 11 de septiembre, respecto a un proyecto de Real Decreto Ley por el que se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto del Estado correspondientes a diversos departamentos ministeriales.

 

En concreto, el texto del Real Decreto Ley, que será sometido a la aprobación del Consejo de Ministros de la próxima semana, incluye la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en los departamentos de Defensa, Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se trata de necesidades adicionales de financiación, de los departamentos afectados, por un importe inferior a 650 millones de euros.

 

El proyecto de Real Decreto Ley incluye, además, las siguientes medidas en materia de función pública:

• Recuperación de un 26,23 por 100 adicional de la paga extraordinaria de los empleados públicos suspendida en diciembre de 2012. El importe de la recuperación de esta parte proporcional de la paga extraordinaria asciende a 252 millones de euros para la Administración General del Estado.

• Recuperación de la regulación de vacaciones de los empleados públicos previa a 2012. Se aprueba un día adicional de permiso por asuntos particulares, hasta un total de seis. Además, se recuperan los días adicionales de vacaciones y de permiso por asuntos particulares vinculados a la antigüedad.

Una vez emitido el dictamen por el Consejo de Estado, el Real Decreto Ley se someterá a la aprobación del próximo Consejo de Ministros".

El protocolo de agresiones prohibirá grabar vídeos a los funcionarios en su puesto de trabajo

Se habilitará un registro que centralizará todas las denuncias de casos de agresiones que se produzcan en las administraciones

 

Revista de prensa. El Confidencial Digital.- Desde hace meses los sindicatos de funcionarios y representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas están elaborando un documento para que los distintos departamentos y organismos públicos tengan un plan para proteger a los empleados que trabajan allí.

 

En los últimos años las agresiones y amenazas hacia funcionarios por parte de ciudadanos que acuden a distintas oficinas públicas se han hecho cada vez más frecuentes. Según los datos de la administración, en el año 2014 hubo 357 agresiones de este tipo, aunque los sindicatos aseguran que son muchos más.

 

El último ocurrió hace unos días en el municipio valenciano de Catarroja: un parado que estaba en una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo INEM) comenzó a insultar a la persona que le estaba atendiendo y destrozó varios objetos, como el indicador de una mesa.

 

Un protocolo general para toda la administración

En las últimas semanas Gobierno y sindicatos han acercado posturas y se espera que la próxima semana, en los últimos días de julio, se consiga firmar el acuerdo para un protocolo contras las agresiones físicas y verbales en la Administración General del Estado.

 

Fuentes del sindicato CSIF aseguran a El Confidencial Digital que el acuerdo final está muy cerca, ya que en los últimos contactos desde el Gobierno se ha abierto la puerta a incluir a los funcionarios de prisiones en este protocolo, aunque de forma general y con un desarrollo específico posterior. Esta era una de las condiciones que habían puesto los sindicatos para firmar y apoyar el documento.

Más allá de este punto, los sindicatos celebran que por fin se vaya a aprobar un protocolo “paraguas” para proteger a los funcionarios del Estado en sus oficinas y lugares de trabajo. “Será un logro importante y lo aplaudimos: se han incluido muchas de nuestras propuestas”, señalan fuentes de CSIF participantes en las negociaciones con Administraciones Públicas sobre este tema.

 

El protocolo contra las agresiones se incluyen tanto medidas preventivas, para tratar de evitar incidentes y agresiones contra los funcionarios, como reactivas, para acompañar y ayudar a los empleados públicos que sean víctimas de este tipo de incidentes.

 

Grabaciones a funcionarios para amenazar

En un plazo de tres meses, cada ministerio, organismo y oficina tendrá que adaptar este texto general a las características específicas de cada uno. Los responsables de cada oficina, junto con los delegados de prevención de riesgos laborales, tendrán que elaborar un inventario de las medidas de seguridad existentes y a partir de ahí se reforzará la protección con nuevos elementos.

 

Según ha podido saber ECD, una de las novedades del nuevo protocolo contra agresiones será la prohibición de grabar a los funcionarios mientras atienden. En los últimos años han aumentado los casos de personas que deciden sacar sus teléfonos móviles para tomar vídeos de cómo les atienden los funcionarios cuando están descontentos con las respuestas que les dan.

 

Para evitar estos incidentes, con los que algunas personas tratan de amedrentar a los empleados públicos que les atienden en las ventanillas y mesas, por ejemplo, de las oficinas de empleo, se va a prohibir esta grabación de imágenes de funcionarios.

 

Además, en aplicación de este protocolo se van a reforzar las medidas de seguridad en oficinas y sedes de organismos públicos. “Desde 2011 se ha reducido el número de agentes de seguridad, otros han pasado a tener jornada reducida, Por eso ahora muchas oficinas del SEPE no tienen vigilante, ni detector de metales...”, explican fuentes sindicales. Ahora la Administración se compromete a colocar más vigilantes de seguridad allí donde sean necesarios, además de instalar arcos detectores de metales y escáneres en las entradas de las oficinas y cámaras de vigilancia dentro.

 

Ayuda jurídica y psicológica a los agredidos

Otro de los puntos que se contemplan en el protocolo contra las agresiones es, por ejemplo, que en las oficinas no haya puestos de atención en los que los funcionarios queden aislados, para no aumentar el riesgo de ser agredidos. También se harán simulacros y sesiones prácticas para que los funcionarios reciban formación sobre cómo reaccionar ante una situación de tensión y amenazas de un usuario.

 

Las amenazas telefónicas también se regulan, mediante la grabación de las llamadas a lugares oficiales que puedan ser objeto de estos incidentes: “Hay muchísimas llamadas con amenazas de gente que lo está pasando mal y se desahoga amenazando o insultando”.

 

En el documento que se aprobará también hay referencias a planes de sensibilización para insistir a los ciudadanos de la importancia de tratar con respeto a a los funcionarios y empleados que les atienden.

 

La otra gran “pata” de este protocolo es la que se refiere a las medidas de acompañamiento y ayuda a los funcionarios que sean víctimas de agresiones. Habrá programas para tratar las secuelas psicológicas que sufran los agredidos y también se compensará a los que sufran daños en sus bienes personales.

 

Por otro lado, la Administración General del Estado se compromete a facilitar apoyo jurídico a los funcionarios víctimas de agresiones: bien a través de los propios servicios jurídicos del organismo o institución en donde trabaje el funcionario, bien a través de la contratación de servicios externos, para que en todo caso no tenga que ser el agredido quien encima cargue con los costes.

 

Por último, se habilitará un registro que centralizará todas las denuncias de casos de agresiones que se produzcan en las administraciones.

 

Desde sindicatos como CSIF se muestran satisfechos por lo conseguido y aseguran que es muy importante que se ponga ya en marcha esta protocolo. “Hay oficinas de empleo muy desprotegidas; también hay agresiones en las consultas médicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde se deciden las incapacidades médicas y donde ha habido amenazas; también a inspectores de Empleo, al visitar empresas, y en oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social. No hay día en que no haya un caso de agresión”, aseguran fuentes sindicales.

Otras entradas de interés de la blogosfera pública. Andrés Morey. Tu Blog de la Administración Pública: Provisión de Puestos de Trabajo y el desplazamiento de interinos

El Gobierno desbloquea el diálogo con los empleados públicos y podría hacer un guiño salarial antes de finalizar su mandato

El MHAP ha convocado para el  16 de julio una reunión oficial de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE).

Noticia Relacionada de última hora. Expansión. 17.6.2015. El gobierno se plantea hacer un guiño salarial a los funcionarios

Revista de prensa. Cinco Días. 16.6.2015.- Durante esta legislatura, a la que quedan pocos meses, la negociación colectiva entre el Gobierno y los trabajadores del sector público ha sido prácticamente inexistente. Así lo indican fuentes del sindicato CSI-F,  que precisan que en los últimos cuatro años “pese a la constante demanda sindical de convocar la Mesa General de la Función Pública, el Ejecutivo solo ha reunido a los representantes de los empleados públicos los meses de septiembre para cumplir la formalidad de informar sobre los Presupuestos Generales del Estado”.

Sede del Ministerio de Hacienda y AA.PP

Sin embargo, tras el tsunami electoral del 24 de mayo, esto también ha cambiado. El Gobierno ha decidido ahora desbloquear la negociación colectiva en el sector público. Para ello, la directora general de la Función Pública, Elena Collado, ya mantuvo a mediados de la pasada semana un primer contacto con representantes de los principales sindicatos que representan a los empleados públicos, CSI-F, CCOOy UGT.

 

En esta reunión, los responsables gubernamentales plantearon la posibilidad de hacer algún tipo de concesión a las demandas de estos sindicatos, incluso antes del verano.

 

De hecho, según informó ayer el sindicato CCOO, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha convocado ya para el próximo 16 de julio una reunión oficial de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE).

 

Las principales demandas sindicales que se abordarán en este próximo encuentro y los siguientes tendrán que ver fundamentalmente con la ampliación de la oferta de empleo público y la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis.

 

Recuperar poder adquisitivo

Según ha calculado el sindicato CSI-F el conjunto de los 2,5 millones de empleados públicos arrastra un recorte medio de su poder adquisitivo del 30%, que se concentra desde los recortes salariales y de empleo producidos en los últimos cuatro años. En concreto, en este sindicato explican esta pérdida de poder de compra “por la bajada de sueldo decretada en 2010, la retirada en 2012 de la paga extra de Navidad, seis años consecutivos de congelación salarial y las rebajas retributivas adicionales aplicadas por las diferentes administraciones”.

 

Así, según cálculos de la Federación de Servicios Públicos de UGT, los salarios en las Administraciones Públicas –salario base y trienios– han retrocedido a niveles de 2007.

 

En cuanto al empleo público, fuentes de CSI-F aseguraron que los funcionarios y el resto de empleados del sector público no se conformarán con una nueva ampliación de la tasa de reposición, que ya se amplió del 10% al 30% para algunos colectivos de los servicios públicos. “Aspiramos a que se elimine totalmente esta tasa y que el Gobierno analice en profundidad la plantilla de trabajadores públicos y que haga un plan de recursos humanos y contrate en todos los sitios donde haga falta”, precisaron estas fuentes.

Consulta el último número de la revista "Carta Local". FEMP aquí http://bit.ly/1BjVRwD

El sindicato CSI-CSIF ve ahora màs receptivos a los partidos politicos sobre la situaciòn de los empleados pùblicos

Las eventuales privatizaciones de los servicios publicos, lo que màs interesa a los empleados pùblicos sobre los programas políticos

 

El sindicato CSI·F advierte que los empleados públicos se han sentido vapuleados por los recortes de los distintos gobiernos y van a votar como colectivo en las próximas elecciones autonómicas, municipales y generales del día 24.El sindicato está manteniendo reuniones con todas las fuerzas políticas para presentarles sus peticiones de cara a los próximos comicios y, aunque señala que son escuchadas por todos, los partidos nuevos están siendo más receptivos.

CSI·F señala que algunos creen que meterse con los empleados públicos les da réditos electorales, pero asegura que tiene la percepción de que los funcionarios están leyendo con mucho interés los programas de cada partido, para ver sus propuestas para las administraciones públicas, algo que hasta ahora no era así.

Entre las propuestas que ha trasladado CSI·F a los grupos políticos, está la necesidad de elaborar un listado con los servicios que no pueden ser privatizados, como sanidad, educación, seguridad o justicia, entre otros. También pide la recuperación del poder adquisitivo y la creación de un Plan de Recursos Humanos para las Administraciones Públicas y de un sistema de evaluación, porque no queremos ni un empleado más ni menos de lo necesario.

 

Lo que sí critica CSI·F es el fuerte gasto realizado por muchos gobiernos en los últimos años destinado a servicios que no eran esenciales y que no necesariamente querían los ciudadanos y sigue denunciando la proliferación de asesores, altos cargos y libres designaciones.

 

Al actual Gobierno, CSI·F le pide que vuelva a reunir la Mesa de la Función Pública y active la negociación que hasta ahora es inexistente, porque de cara a las elecciones los empleados públicos quieren ser parte activa porque son muchos millones de familias que se juegan el pan.

Elecciones sindicales

El sindicato va a seguir insistiendo en la necesidad de abrir estos cauces de diálogo, al igual que se está empezando a abrir en la empresa privada. CSI·F se opondrá a la congelación salarial y a las tasas de reposición con un incremento "pírrico". A menos de dos meses para que concluyan las elecciones sindicales de los centros de trabajo, CSI·F calcula que logrará 6.000 delegados en el sector público (un 16 % del total) y unos 4.500 en la empresa privada, una cuantía que va en aumento desde que entrara en este sector hace más de 7 años.

CSIF lleva a Europa los recortes de Muface

Una delegación de CSIF y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) traslada un informe al Gabinete del Comisario de Salud de la UE sobre los recortes sanitarios de Muface.

www.change.org/salvemosmufaceisfas cuenta ya con  más de 135.000 firmas para que el Gobierno garantice la asistencia de funcionarios.

CSIF.- El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, mantuvo el jueves una reunión con  Annika Novak, miembro  del Gabinete del Comisario de Salud de la UE, Vytenis Andriukaitis,  en la que se abordaron los recortes en la atención sanitaria que ha sufrido el colectivo de funcionarios civiles, policías y militares españoles, dependientes del sistema de mutuas.

Esta reunión –en la que también participaron el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) y el secretario de Acción Sindical de CSIF, Eliseo Moreno-, pusieron en común los casos que han llegado a nuestra organización de desatención sanitaria.

La responsable de la Comisión Europea valoró la importancia de los hechos denunciados, mostrando su preocupación e interés por la situación de incertidumbre de este colectivo. En este sentido, estudiará el informe presentado por CSIF para realizar las actuaciones oportunas en el ámbito de sus competencias. Ambas partes mantendrán una interlocución para intercambiar la información que se vaya produciendo sobre este problema.

Los objetivos de CSIF pasan por la recuperación de la oferta hospitalaria perdida por el colectivo de funcionarios desde el 1 de  enero de 2015 y mejorar la financiación del mutualismo administrativo con un plan a medio plazo que garantice la protección social perdida y una asistencia sanitaria de calidad.

  A la Defensora del Pueblo
Desde comienzos de año, CSIF ha detectado que los recortes en las  mutuas han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos. Consciente de la gravedad, la Defensora del Pueblo adjunta también  ha ofrecido actuar de urgencia.

Aunque, teóricamente, el Gobierno asegura su continuidad asistencial en los casos más graves (eso sí, como máximo un año) lo cierto es que la burocracia y el silencio administrativo ha generado una situación de indefensión sobre un grupo de pacientes especialmente vulnerable.

De manera paralela, CSIF ha iniciado una campaña de recogida de firmas, a través de la plataforma change.org, en la que se han recabado más de 135.000 muestras de apoyo por parte de ciudadanos para que el Gobierno garantice la asistencia sanitaria integral, que también ha entregado en Bruselas y próximamente en el propio Ministerio de Hacienda, departamento del que depende la financiación de las mutuas.

Otros post de interés. Elisa de la Nuez en Voz Populi: Rodrigo Rato o la calidad de las instituciones españolas

Blog ACAL: ¿El fin de los funcionarios interinos?

Entrada Blog ACAL.- ¿El fin de los empleados públicos interinos?. Sentencia  STJUE 26/11/2014, caso Mascolo.

Otra entrada de interés GP. CSIF: La Defensora del Pueblo actuará de urgencia para que funcionarios mantengan sus tratamientos contra el cáncer ante los recortes sanitarios en las mutuas

Las normas que rigen la función pública en nuestro país están, fundamentalmente, orientadas al acceso a la función y  las vicisitudes que tiene el empleado público en su carrera profesional. Realmente, no ha sido hasta ahora, en este entorno de crisis y dificultades económicas de las administraciones, cuando se ha reparado en la falta de regulación del cese de empleados públicos.

 

Y lo cierto es que no existe ese cese del funcionario a menos que esto traiga causa en un procedimiento disciplinario que finalice con el apartamiento del servicio o una sentencia condenatoria que implique inhabilitación (arts. 63 y ss. EBEP). Precisamente, esta rigidez del sistema legal del empleo publico ha hecho que para reducir el tamaño de la administración se haya actuado en la oferta pública de empleo que, desde hace unos años, prácticamente se ha congelado.

 

Resulta que la utilización de las interinidades de plazas vacantes ha sido un recurso habitual para disponer de personal sin tener la categoría de funcionario de carrera o de empleado laboral fijo. A esta tipología de empleado regulada en el art. 10 EBEP solo esta previsto acudir por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. Sin embargo, constituye una forma habitual de reclutar personal que a veces funciona impropiamente como si de un periodo de prueba que se alarga en el tiempo se tratara, pero con la confianza de que antes o después se convocará la plaza y habrá algún tipo de ventaja a través de los tan repetidos procesos de estabilidad en el empleo. La falta de convocatoria de estos años ha hecho que se estanque este tipo de empleo interino. Y es que, realmente, estamos ante una forma de empleo precario, justificado por motivos presupuestarios pero que incumple las directrices europeas que obligan a los estados miembros a promover políticas de empleo tendentes a evitar la temporalidad. Se trata, en fin, de una utilización no ajustada a nuestro ordenamiento jurídico y abusiva que trae causa en una mala organización de los recursos económicos y personales.

 

Pues bien, todo lo anterior parece que va llegando a su fin si leemos la STJUE, de 26 de noviembre de 2014, dictada en el caso Mascolo. Sentencias como esta ponen expectativas de caducidad a nuestro sistema de provisión de plazas y puestos de interinos en las administraciones públicas tal y como se ha venido haciendo.

Caducidad

La Sentencia estudia el caso de varias profesoras italianas que habían tenido con la administración correspondiente sucesivos contratos de trabajo de duración determinada. Se trataba, en principio, de sustituciones por plazas vacantes en tanto que se esperaba la conclusión de unos procesos selectivos. Seguramente cansadas de su situación de incertidumbre laboral, las profesoras se dirigen a los tribunales de instancia de su país pidiendo, fundamentalmente, la conversión de los contratos temporales en indefinidos, al entender que sus contratos de duración determinada eran ilegales. Llegado el asunto a los tribunales italianos, éstos se dirigen al TJUE para que les indique determinadas cuestiones y es en las respuestas que va dando éste donde nos tenemos que detener.

 

En primer lugar, hay que destacar que el TJUE no hace distinción alguna en este caso por el hecho de que el empleador sea público, a pesar de lo alegado al respecto por parte del gobierno italiano. Es decir, el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, de 18 de marzo de 1999 -anexo de la Directiva 1999/70/CE- y todo su contenido relativo a la obligación de los estados de evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos temporales es aplicable a cualquier relación laboral, siendo indiferente la condición de público o privado del empleador. Es decir, esto vale tanto para los interinos funcionarios y contratos laborales de interinidad. Esto es así porque, como indica la sentencia, “el Acuerdo marco no excluye ningún sector particular de su ámbito de aplicación” y, literalmente, indica en el párrafo 66 de la sentencia lo siguiente:

“A este respecto, debe recordarse que, según el propio tenor literal de la cláusula 2, apartado 1, del Acuerdo marco, el ámbito de aplicación de éste se ha definido con amplitud, pues en él se incluyen de manera general “los trabajadores con uin trabajo de duración determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro”. Además, la definición del concepto “trabajador con contrato de duración determinada” en el sentido del Acuerdo marco, contenida en la cláusula 3, punto 1, de éste, engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado de empleador para el que trabajan y ello independientemente de la calificación de su contrato en Derecho interno (…)” [El subrayado es propio].

En segundo lugar, la sentencia trata una de las cuestiones esenciales del litigio, que es la existencia o no de medidas de prevención de la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada -práctica cuyo fin, precisamente, pretende evitar el Acuerdo marco-. Sobre esto, la normativa italiana que se estudia, al igual que la española, sí permite contratar profesores mediante sucesivos contratos de trabajo de duración determinada para realizar sustituciones, sin que se prevea ninguna medida que limite la duración total máxima o el número de renovaciones de estos contratos. Y, resulta, que al igual que en España, la renovación de estos contratos se justifica por necesidades del servicio, es decir, por razones objetivas. En principio, indica la Sentencia que el hecho de que contratar temporalmente a profesores mientras esperan la convocatoria de un proceso selectivo, no es en sí misma contraria a la normativa europea porque puede constituir una razón objetiva en el sentido  de la cláusula 5.1.a) del Acuerdo marco.

Contratos temporales abusivos

Sin embargo, el TJUE acaba dando la razón a las profesoras, quienes alegaban, con razón,que la utilización de los contratos temporales era abusiva porque “no existe ninguna certeza en cuanto a la fecha en la que dichos procesos selectivos deben organizarse”. La renovación de tales contratos de trabajo de duración determinada, en opinión de las profesoras, permite así satisfacer necesidades permanentes y duraderas en las escuelas de titularidad estatal resultantes de una falta estructural de personal titular. En este sentido, indica el TJUE que “a falta de una fecha concreta para la organización y la conclusión de los procesos selectivos que pongan fin a la sustitución, y, por lo tanto, de un límite real en cuanto al número de sustituciones anuales (…) permite la renovación de contratos de trabajo de duración determinada para atender necesidades que en realidad no tienen carácter temporal, sino muy al contrario, permanente y duradero, en razón del déficit estructural de puestos de personal titular en el Estado miembro afectado”.

 

Lo cierto es que en el caso que estudia la sentencia que comentamos, se mencionan datos precisos de la situación de la interinidad en el personal de educación. En concreto, aproximadamente un 30%, o incluso un 61%, según el Tribunale di Napoli, del personal administrativo y de servicios de las escuelas de titularidad estatal se contrata a través de contratos de trabajo de duración determinada. Y, entre 2006 y 2011, el personal docente de estas escuelas vinculado por tales contratos representaba entre el 13% y el 18% de todo el personal docente de dichas escuelas -párrafo 109 de la sentencia-. Leyendo esta sentencia podemos ver que nuestras cifras no son muy distintas. En España se calcula que el empleo temporal supera con creces el 20%.

 

En tercer lugar, el argumento más importante y que guarda relación con el carácter objetivo que tiene que darse siempre en la contratación interina es la prevención que han de ejercer los Estados. Nos referimos a la necesidad de promover activamente medidas que limiten incurrir en el empleo temporal. Al respecto, el TJUE indica en la sentencia del caso Mascolo que..

“aunque las consideraciones de índole presupuestaria puedan ser el motivo de las opciones de política social de un Estado miembro e influir sobre la naturaleza o el alcance de las medidas que éste desea adoptar, no pueden justificar un objetivo perseguido por esta política y, por lo tanto, no justifican la falta de medidas de prevención de la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, punto 1 del Acuerdo marco”. [El subrayado es propio]

Como conclusión, podemos decir que si esta línea del TJUE se consolida, España tendrá que adaptar su normativa y su funcionamiento a ella. Tendrá que utilizar de una vez las interinidades de forma restrictiva y sólo para los fines propios de esta figura; no pudiéndola convertir en una forma de reclutar ordinariamente a personal teniendo empleo temporal que realmente responde a necesidades permanentes y estructurales.