El Presidente de la FEMP remitirá una carta a Hacienda para reclamar que aclare si se disolverán las sociedades municipales en situación de desequilibrio financiero
Revista de prensa. El Economista.es.- El
Ministerio de Hacienda ha contactado recientemente por escrito a ayuntamientos
de toda España instando al cierre de algunas empresas municipales dedicadas a
servicios públicos por desequilibrio financiero. CCOO denunciaba esta semana,
que detrás de las instrucciones de Hacienda de cierre de empresas municipales,
ven un "intento de privatizar servicios públicos". Por
su parte, la Generalitat Valenciana y varios alcaldes han pedido que Hacienda
concrete lo que significan estas misivas.
 |
| Cristobal Montoro, Ministro de Hacienda y AAPP, junto con el Secretario de Estado de AA.PP, J. Antonio Beteta. |
Según
Hacienda en las cartas remitidas a los ayuntamientos sobre la situación de
entidades públicas locales que se encuentran en situación de desequilibrio
financiero lo que se hace es un requerimiento "de información, no de
supresión".
Además,
subraya que existe un plazo para presentar alegaciones que paralizaría el
procedimiento y que los propios consistorios pueden destinar fondos a las
empresas públicas deficitarias, por lo que "en ningún caso" tiene que
dejarse de prestar el servicio a los ciudadanos.
¿Qué
empresas deben cerrar?
Sin
embargo la Generalitat Valenciana y varios alcaldes no se fían y han criticado
el envío de estas misivas de Hacienda. La vicepresidenta y portavoz del
Consell, Mónica Oltra, asegura que el Gobierno valenciano ha enviado un
requerimiento al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que concrete las
empresas públicas locales afectadas por "sus advertencias" de cierre
en las cartas que ha remitido a los municipios afectados como si fuera "un
sheriff".
El
presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y
alcalde de Vigo, Abel Caballero, también anunciaba que remitirá una carta a
Hacienda para reclamar que aclare si se disolverán las sociedades municipales en
situación de desequilibrio financiero (tal y como recoge la nueva ley de las
administraciones locales) y, en ese caso, "quién va a prestar los
servicios" que asumen.
Al
respecto, desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro han incidido en
que lo que se ha hecho es un requerimiento "de información, no de
supresión" en cumplimiento de las competencias de seguimiento y control de
información sobre las estructuras públicas locales que tiene el Ministerio en
virtud de Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y desde
la voluntad de "dar el mejor servicio a los intereses ciudadanos".
Han
apostillado que, de acuerdo a la Ley de estabilidad presupuestaria, lo que se
ha puesto de manifiesto es la necesidad de que empresas públicas cumplan las
condiciones que, a su vez, establece la Ley reguladora de las bases del régimen
local. Así, han recordado que está estipulado que los ayuntamientos -en
concreto los propios interventores municipales- pasen la información
correspondiente y el plazo acabó el 31 de diciembre de 2015.
Se estudiará caso por caso
"A
partir de ahí, de acuerdo a la Ley de régimen local y a la de estabilidad
presupuestaria, se realiza un requerimiento de información, no de supresión, y,
además, se admiten alegaciones; una vez que se reciban las alegaciones, el
plazo se paraliza, pues entonces se comprueba, por si se ha producido algún
error, se analiza caso por caso y se busca una solución", han detallado.
Las
mismas fuentes apuntan que el requerimiento se refiere a entidades con dos
ejercicios de déficit que no se ha corregido y han hecho nota que los
ayuntamientos "pueden corregirlo incrementando su aportación. "Si el
ayuntamiento cumple el objetivo de déficit y con el pago medio a proveedores
puede aportar fondos a la empresa deficitaria, por lo que el servicio al ciudadano
no tiene por qué verse afectado", han concluido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario