"Es desolador advertir cómo unos responsables políticos se mueven sólo ante la amenaza de una sanción"
Mercedes Fuertes *. Blog EsPúblico.com.- Hace
unos días el Tribunal de Cuentas ha publicado su Informe de fiscalización del
sector público local correspondiente al año 2014 (Informe 1163, de 30 de junio
de 2016). Un importante documento que recoge el resultado del examen que ha
realizado sobre las cuentas presentadas por gran parte de las Administraciones
locales.
Para
quienes hemos leído anteriores Informes lamentablemente resuenan algunos
párrafos como estribillos, pues el órgano de fiscalización nos sigue señalando
que hay Administraciones que no envían la obligada documentación, que se
repiten conocidas infracciones de las normas contables o de contratación
pública… Hace bien en insistir con tenacidad en estas consideraciones el
Tribunal porque, sin duda, entre las muchas faenas que deberán atender las
nuevas Cortes esté la necesaria regulación de una suficiente financiación
local, así como la reordenación de estas Administraciones.
Muchos
programas electorales nos habían anunciado ya algunas propuestas. Sin embargo,
debería exigirse a diputados y senadores, a cualquier autoridad pública que
anuncie su propósito de reforma de la planta local, haberse leído las
conclusiones y recomendaciones de este Informe. De manera previa a que un
representante público anunciara una declaración para resumir sus propuestas, se
le debería interrumpir para comprobar primero si ha entendido bien la opinión
que refleja el Tribunal de Cuentas en esas últimas páginas que condensan bien
el resumen de tanto trabajo. Porque, además, si ese responsable público tiene
interés en reformar, sin duda esas páginas le llevarán a confirmar otros datos
que con extensión aparecen en los gráficos o qué ocurre con su Ayuntamiento,
Mancomunidad o Entidad local… pues una completa bases de datos, que recoge qué
hace cada Administración, está al alcance de un clic en la página web “rendiciondecuentas.es”.
No
es razonable que los responsables públicos pretendan reordenar la
Administración local sin saber su número y distinta entidad, sin conocer que
hay decenas de entidades y sociedades públicas que están sin actividad, que si
bien es necesario conseguir una suficiente financiación local, resulta
indispensable saber cómo han satisfecho hasta ahora tantas Administraciones la
imprescindible rendición de cuentas y otras obligaciones financieras que
recogen otras Leyes. Porque, según constata el citado Tribunal, todavía hay un
porcentaje muy significativo de Administraciones que incumplen. Alrededor de un
veinte por ciento. Un
alto número pues nadie puede poner en duda que una de las primeras
obligaciones de toda Administración, de todo gestor sería rendir cuentas de los
fondos públicos utilizados.
Menos presión= despreocupación
Sorprende
que las entidades locales menores, que el año anterior habían satisfecho esta
obligación, la hayan desatendido el año pasado. No ha cuajado esta buena
práctica política. Al no existir ya ninguna amenaza de desaparición, se han
relajado y han vuelto a despreocuparse. Es desolador advertir cómo unos
responsables políticos se mueven sólo ante la amenaza de una sanción. De ahí, que
muchos insistamos, como también defiende el Tribunal de Cuentas, en impedir que
las Administraciones incumplidoras puedan acudir a las convocatorias de ayudas
y subvenciones. Del mismo modo que la Ley general de subvenciones niega la
condición de beneficiario a quienes deban reintegrar subvenciones indebidamente
percibidas o hayan sido sancionados con la pérdida de obtener subvenciones; del
mismo modo las Administraciones que no rindan cuentas de los fondos recibidos
deberían quedar imposibilitadas temporalmente para obtener más recursos.
Interesará
también a los diputados y senadores conocer, como recuerda este Informe, las
carencias de muchas Administraciones para contar con interventores y
funcionarios de habilitación nacional; los problemas de las agrupaciones
forzosas y la buena asistencia de los servicios de las Diputaciones
provinciales. Y, además, cómo nos interesa a los ciudadanos que se incorporen
nuevos instrumentos para analizar con rigor las propuestas de presupuestos
locales, mecanismos para afinar en una más certera previsión de ingresos, lo
adecuado de las propuestas para reducir el déficit y el endeudamiento, o que
las inversiones estén bien estudiadas y no sorprendan con desmesurados
incrementos. En este sentido, hay que aplaudir la actividad que está realizando
otro relevante organismo público, la denominada Autoridad independiente de
responsabilidad fiscal.
*Mercedes Fuertes López es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León. Vocal permanente de la Comision General de Codificación.
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