El plazo no debe superar los treinta días "salvo acuerdo expreso" recogido en el contrato y "siempre que esté objetivamente justificado".
Revista de prensa.- Diario.es - La Comisión Europea (CE)
investigará si las administraciones públicas españolas respetan los plazos de
pago de facturas recogidos en las normas europeas de control de la morosidad.
"La Comisión tiene la
intención de investigar si, en la práctica, se respetan los plazos establecidos
por ley", afirma el Ejecutivo comunitario en respuesta a una pregunta
parlamentaria del eurodiputado de Convergència Ramón Tremosa.
En la misma, Tremosa planteó
que la metodología de cálculo de plazo medio de pago de las administraciones
desarrollada por el Gobierno español en 2014 "retrasa en 30 días la fecha
de inicio del cómputo" y "permite alargar 'sine die' el período de
certificación de las facturas".
"La distorsión de los
datos publicados por el Ministerio de Hacienda puede ser elevada",
advirtió el parlamentario catalán, quien preguntó a la CE si prevé
"requerir al Gobierno de España que cambie ambos aspectos de manera que se
consiga obtener un resultado real de plazo medio de pago".
En su respuesta, la CE
dice que "no tiene intención de requerir al Gobierno español cambios en
este ámbito" aunque "está investigando la conformidad" de la
legislación española con la directiva sobre la lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Extremadura y Aragón las que más se demoran, con 105 y 88 días, respectivamente
La directiva europea sobre
morosidad, que entró en vigor en 2013, establece que el plazo de pago de las
facturas por parte de poderes públicos a empresas que les hayan suministrado
bienes o prestado servicios no debe superar los treinta días "salvo
acuerdo expreso" recogido en el contrato y "siempre que esté
objetivamente justificado".
El plazo no debe superar
"en ningún caso" los sesenta días naturales.
Según los últimos datos
disponibles en el Ministerio español de Hacienda, relativos al mes de mayo, las
comunidades autónomas tardan una media de 43 días en pagar a sus proveedores,
siendo Extremadura y Aragón las que más se demoran, con 105 y 88 días,
respectivamente.
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