Un análisis de TI y el OCP a inicios del presente año 2016 vino a poner de manifiesto el clamoroso incumplimiento de la normativa legal de una gran parte de las instituciones públicas españolas: Ayuntamientos, CCAA, Parlamentos, Diputaciones y Universidades.
Transparencia Internacional.- Después de un primer
análisis realizado hace seis meses en el que se evidenció el muy escaso
cumplimiento de la obligación legal de publicación de contratos por parte de
las instituciones públicas españolas, el nuevo análisis realizado por
Transparencia Internacional España en julio de 2016 viene a evidenciar que de
una forma tan inaceptable como preocupante la mayor parte de las entidades
públicas siguen sin cumplir dicha normativa legal.
Transparencia
Internacional España realizó en enero y febrero de 2016 en colaboración con el
Observatorio de Contratación Pública (OCP) un análisis del nivel de
cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación
legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, en función de lo establecido por la Ley
20/2013 de Garantía de la unidad de mercado. Este análisis vino a poner de
manifiesto el clamoroso incumplimiento de esta normativa legal por parte de una
gran parte de las instituciones públicas españolas, tanto Ayuntamientos, como
Comunidades Autónomas, Parlamentos, Diputaciones Provinciales y Universidades
públicas.
En Julio 2016 mejora
El nuevo análisis
realizado por TI-España y el OCP en Julio de 2016 pone de manifiesto ciertas
mejoras en el nivel de cumplimiento en algunas de estas instituciones, pero en
todo caso sigue siendo inaceptable y realmente preocupante el mayoritario
incumplimiento legal por las entidades públicas de este país. Así, de los 110
grandes Ayuntamientos españoles analizados en enero de 2016 por TI-España, sólo
29 de los 110 cumplían esta obligación, esto es el 26% de los Ayuntamientos; en
el reciente análisis realizado en julio la situación sigue siendo casi la
misma, dado que son solamente cuatro Ayuntamientos más los que cumplen la ley,
esto es, en la actualidad son sólo 33 de los 110 grandes Ayuntamientos los que
cumplen esta normativa legal sobre contratos, o lo que es lo mismo sólo el 30%
de los Ayuntamientos cumplen la ley. Resulta significativo que grandes
Ayuntamientos como los de Madrid, Bilbao, Valencia o Sevilla incumplan esta
normativa legal.
Por otra parte, en
relación con las Comunidades Autónomas, en enero de 2016 eran sólo tres
Comunidades entre las 17 totales las que cumplían esta normativa legal. En el
reciente análisis del mes de julio han pasado a ser seis las Comunidades que
cumplen la ley, lo que significa que ahora es algo más de un tercio de las
Comunidades las que cumplen, y por tanto son casi dos terceras partes las que
siguen sin cumplir la normativa legal.
En lo que se refiere a los
19 Parlamentos (Congreso, Senado y 17 Parlamentos autonómicos) en julio de 2016
sólo cinco Parlamentos de los 19 totales cumplen la normativa legal, los mismos
Parlamentos que lo hacían hace unos meses, por lo que no ha habido ningún
avance en el cumplimiento normativo por parte de estas instituciones públicas,
siendo en este caso significativo que el Congreso de los Diputados y el Senado
sigan sin cumplir esta normativa legal.
En lo que se refiere a las
Diputaciones Provinciales, en el primer análisis eran 18 las Diputaciones, de
las 45 totales, las que cumplían la normativa legal. En estas instituciones se
ha dado el mayor nivel de mejora respecto al primer análisis, dado que son
ahora 27 Diputaciones, esto es, el 60%, las que han pasado a cumplir esta
normativa, siendo en todo caso una proporción del cuarenta por ciento el
colectivo de Diputaciones que siguen incumpliendo la normativa legal.
En lo que se refiere a
Universidades públicas, en el anterior análisis eran 30 las que cumplían la ley
de las 51 totales, mientras que ahora son 33 las que cumplen, lo que hace que
del 59% de cumplimiento se haya pasado al 65%, siendo por tanto algo más de la
tercera parte las Universidades que en todo caso siguen sin cumplir esta
normativa legal sobre contratos.
Dado el muy abultado e
inaceptable nivel de incumplimiento legal por las entidades públicas españolas, Transparencia
Internacional España insta a que todas las instituciones públicas cumplan
en el menor breve plazo posible esta obligación legal, de cara a que la
información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a
cabo los miles de entidades públicas españolas se encuentre centralizada a
nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país,
de cara a un aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción, y
posibilitándose además un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia, y
por tanto, de la eficiencia económica global.
A continuación se recogen las Tablas que muestran
de forma individualizada el nivel de cumplimiento legal y publicación de
contratos y licitaciones en la PCSP por parte de: a) los 110 grandes
Ayuntamientos, b) los 19 Parlamentos, c) las 17 Comunidades Autónomas, d) las
45 Diputaciones provinciales, y e) las 51 Universidades públicas.
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