Durante el mismo periodo, 194 altos cargos recibieron el permiso de esta entidad para realizar actividades privadas
Diario.es.- La Oficina de Conflictos
de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, solo ha dictado dos resoluciones de incompatibilidad en la última
década para ex altos cargos del Gobierno que querían incorporarse al sector
privado durante los dos años siguientes a su cese, según datos obtenidos de una
petición de información enviada por el diario.es a través del Portal de
Transparencia.
Durante el mismo periodo,
194 altos cargos recibieron el permiso de esta entidad para realizar
actividades privadas en cotizadas españolas, empresas de armas y compañías del
Ibex.
La ley
de regulación de altos cargos aprobada en 2006 establece que cuando
estos últimos quieran prestar “servicios en entidades privadas afectadas por
decisiones relacionadas con el cargo desempeñado” durante el periodo de dos
años tras el cese “deben solicitar y obtener la autorización” del Gobierno. La
Oficina es la encargada de fiscalizar las actividades privadas de los altos
cargos que han cesado de sus responsabilidades.
La entidad solo halló
incompatibilidad con el nuevo puesto privado en dos ocasiones durante los
últimos diez años: los casos de Lourdes Arana y Alfonso Martinell.
Lourdes Arana, ex
directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), recibió la negativa del Gobierno para incorporarse como directora en
la Universidad privada de Deusto. La Oficina determinó que la nueva actividad
era contraria a la ley de conflicto de intereses, ya que la FECYT había
adjudicado a la universidad cuatro contratos por 14.000 euros y una ayuda de
20.000 durante su periodo como máxima responsable de la entidad pública.
Argumentación de la
Oficina de Conflicto de Intereses para negar la compatibilidad a Lourdes Arana
para trabajar para la Universidad de Deusto
Nombrada en mayo de 2009,
durante el mandato de Cristina Garmendia como ministra de Ciencia (e
Innovación), Arana sí recibió el permiso para constituir su propia empresa de
consultoría.
Alfonso Martinell fue
director general de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia de
Cooperación Española (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores,
entre 2004 y 2008. En enero de 2009, solicitó la autorización para firmar un
contrato de servicios con la Fundación Carolina, de naturaleza público-privada.
El Gobierno resolvió que
ese contrato era incompatible ya que los ex altos cargos no pueden “celebrar
contratos de asistencia técnica o de servicios con las Administraciones
Públicas” durante los dos años siguientes a su cese. Sin embargo, la
Oficina sí le autorizó a firmar un contrato para la producción de materiales
didácticos con la AECID, la agencia de cooperación donde fue director general.
"A rajatabla"
Fuentes del Ministerio de
Hacienda defienden que el organismo “cumple a rajatabla” la Ley de Altos Cargos
y aseguran que sus resoluciones se basan en los informes de los organismos
competentes. Apenas el 0,5% (2 de 363) de las resoluciones referidas a altos
cargos que querían realizar “actividades privadas” tras su cese vetaron el
fichaje por el sector privado desde su creación en 2006.
Un informe del Tribunal de
Cuentas ya denunció este año el funcionamiento interno de la Oficina,
al asegurar que no estaba cumpliendo con los objetivos con los que fue creada.
El documento, que analiza la fiscalización del organismo entre 2012 y 2014,
critica que la Oficina se limitó a solicitar aclaraciones a los ex altos cargos
sobre sus declaraciones de bienes y actividades pero "no desarrolló las facultades que le atribuye la ley para
verificar e investigar" la información declarada.
El informe también
denuncia que durante ese periodo no se tramitó ni conoció denuncia alguna sobre
presuntos incumplimientos de la ley de incompatibilidades. “Está claro que cabe
una interpretación más estricta de la ley”, opina Marcos Vaquer, catedrático de
Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III. “Otra cosa es que la
Oficina de Conflicto de Intereses no quiera hacerlo de esa manera”, opina.
La independencia del
organismo también está en entredicho. Expertos y catedráticos en Derecho
Administrativo pidieron en el Congreso dotarla de mayor independencia. “¿Qué
autonomía vas a tener si estás inserto en la estructura jerárquica de un
Ministerio?”, critica Vaquer, que formó parte del grupo de expertos
universitarios. Entre las soluciones propuestas, destaca la adscripción del
organismo al Congreso o al Consejo de Transparencia.
En 2006, cuando se aprobó
la ley y se creó la Oficina, la corrupción solo estaba entre los tres principales problemas de España para un 0,6% de
los españoles. Casi diez años después, la percepción de este problema ya se
encuentra en el podio para casi la mitad de la población española: más de un
40% lo ve entre los tres principales problemas del país.
Aunque la nueva
ley de altos cargos, aprobada en 2015, actualizó la anterior, no
contenía ningún cambio relevante. Las autorizaciones para altos cargos se
siguen limitando a los dos años siguientes tras el cese, la Oficina sigue
dependiendo del Gobierno y los supuestos de incompatibilidad no se han
endurecido. “Es verdad que la ley es mejorable, pero sigue dejando un margen de
interpretación y se podría aplicar de manera más estricta”, sentencia Vaquer.
Autorizaciones con
polémica
Entre las autorizaciones
concedidas por la Oficina en los últimos diez años están los casos de
siete ex altos cargos de Defensa que fueron autorizados a trabajar para
empresas de armas tras su cese, como publicó eldiario.es. Esas compañías de armamento
percibieron 3.680 millones de euros en adjudicaciones de Defensa durante el
periodo en el que desempeñaron puestos de alta responsabilidad en el
Ministerio.
La Oficina no halló
ninguna incompatibilidad en trabajar para una empresa de armas justo después de
ser alto cargo en el departamento de Defensa. Una cuestión denunciada por
Compromís, que ha pedido explicaciones al Gobierno en el Congreso.
Denuncian un posible caso de "puertas giratorias" de ex altos cargos
del Ministerio de Defensa y piden saber el motivo por el que se habrían autorizado.
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