Elisa de la Nuez: Bloqueo Institucional

 "Lo previsible es que, si cambian las mayorías parlamentarias, cambien las posturas respectivas de los partidos. Y así “ad calendas graecas”.

Por Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado.  Hay Derecho blog.- Comienza el nuevo curso político con las asignaturas pendientes habituales, entre ellas, de forma muy destacada, la renovación de los órganos constitucionales y en general y del Consejo General del Poder Judicial en particular. El CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces, lleva más de 1000 días en funciones, presidido por Carlos Lesmes, uno de los “políticos togados” (es decir, los jueces y magistrados que suelen ir y volver de la política a la Justicia y viceversa) probablemente más dañinos para la separación de poderes y la democracia liberal de este país, y eso que hay competencia tanto entre los jueces que han jugado tanto a ser peones del PSOE como del PP.

Dicho esto, está claro a estas alturas de la película que el sistema hace aguas. Por el sistema nos referimos a la forma de designación de los Vocales de procedencia judicial por el Parlamento Generales que ha llevado a un reparto partidista de cuotas en el Consejo en función de los escaños en el Parlamento (tantos para ti, tantos para mí) completado por un sistema de vetos cruzados (a ese juez no me lo pongas) y que ha dado momentos de gloria, como el nombramiento para vocal del CGPJ del ex juez Pascual Estevill a instancias de CiU, conocido por extorsionar al empresariado catalán por el expeditivo procedimiento de enviarlos a prisión y que fue condenado por prevaricación continuada y detención ilegal a seis años de suspensión en cualquier actividad judicial.  La degradación del órgano de gobierno de los jueces, colonizado por los partidos con la inestimable colaboración de las asociaciones judiciales afines (sobre todo la progresista Jueces y Juezas para la democracia y la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura cuyos miembros se han beneficiado directamente del sistema) nos ha traído hasta aquí. Tanto el PSOE como el PP cuando han estado en la oposición han llevado en sus programas electorales la reforma de este sistema de nombramientos para despolitizarlo, pero cuando han llegado al poder, oh sorpresa, han hecho exactamente lo contrario, con mención especial al PP que, con la mayoría absoluta que tenía en el año 2013, incumplió flagrantemente su promesa.

Sentado lo anterior, para la renovación del CGPJ con las reglas actuales es esencial que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo. Y aquí empieza el baile, porque como ahora la mayoría “progresista” es del PSOE quiere hacerlo con las reglas vigentes, que le favorecen, mientras que el PP es un converso que pretende despolitizar el sistema aunque dados sus antecedentes no parece que haya sido porque se haya caído del caballo y haya tenido la visión de cómo funciona la separación de poderes en una democracia liberal sino porque le conviene. Lo interesante, no obstante, es que en los 36 años que llevamos con este nefasto sistema de nombramientos partidistas las cosas han ido evolucionando en el ámbito de la Unión Europea, de manera que ahora tanto el GRECO (Grupo de Estados Europeos contra la corrupción) como la Unión Europea en su mecanismo de “rule of law” como el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideran, con razón, que un sistema en que todos los vocales del órgano de gobierno de los Jueces son nombrados por el Parlamento es un sistema en el que peligra la separación de poderes, dado que el CGPJ realiza los más importantes nombramientos judiciales (incluidos los magistrados del Tribunal Supremo llamados a juzgar, en su caso, a los políticos aforados) y además, tiene la facultad de abrirles expediente disciplinario. El todavía Presidente del CGPJ habló, con total sinceridad, de que para gobernar a los jueces tenía el palo y la zanahoria. Sin embargo, los estándares europeos son claros: las autoridades políticas no deben influir en los procesos de nombramiento (o separación) de los jueces.

Por tanto, en este momento resulta que los argumentos del PP para reformar el sistema de nombramiento devolviendo a los Jueces y Magistrados la facultad de nombrar a los 12 vocales de procedencia judicial son los que esgrime la Unión Europea, el TJUE y el GRECO, aunque los invoque por razones espúreas y su propósito de la enmienda sea muy poco creíble; basta comprobar para hacerse pocas ilusiones que otro político togado famoso, Enrique López, es el Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. El argumento es puramente táctico, y, por tanto, de volverse las tornas, es probable que el entusiasmo del PP por la separación de poderes decaiga, para qué nos vamos a engañar.

Control político del Poder Judicial

Frente a esta postura, el Gobierno, su partido, sus socios, la Asociación Jueces y Juezas para la democracia, y algunos periodistas y juristas afines esgrimen que lo que hay que hacer es renovar ahora con el sistema actual (que ya muy pocos se atreven a defender abiertamente a estas alturas de la película) y, a continuación, cambiarlo. Claro que lo previsible es que, si cambian las mayorías parlamentarias, cambien las posturas respectivas de los partidos. Y así “ad calendas graecas”.

En fin ¿No les resulta un tanto sospechoso tanto interés por controlar el gobierno del Poder Judicial por parte de los partidos políticos? A mí, desde luego, me lo parece. El único sistema comparable al nuestro en Europa es el de Polonia. Por cierto, para reformar la LOPJ en el sentido que propone Europa se necesitan menos votos que para renovar el CGPJ. Y se puede tardar bastante poco; recordemos que la ley se reformó en unos meses para evitar que el actual CGPJ en funciones siga haciendo nombramientos de la cúpula judicial.  Y si tan problemático resulta volver al nombramiento por Jueces y Magistrados de los 12 vocales judiciales hay otras soluciones para cortar el cordón umbilical entre política y justicia, como, por ejemplo, un sistema de sorteo. Y por favor, que no nos tomen por tontos

Op Ed / CGPJ, una reflexión sobre el poder

Revista de prensa. El Confidencial: Elisa de la Nuez, abogada: "Podemos afirmar con rigor que la elección del CGPJ es inconstitucional de facto"

Por Eduardo Pastor Martínez. Almacén del Derecho blog.- La renovación del CGPJ se ha convertido en una de esas batallas que es necesario librar para que todo siga como estaba antes. Ni siquiera el lector despistado precisará ya instrucción sobre el significado de ese acrónimo, por alusión al órgano de gobierno de los jueces. Tampoco sobre el momento de anormalidad constitucional que atraviesa: su mandato caducó hace más de dos años y los partidos de gobierno y oposición andan enfangados en un proceso de selección de nuevos moradores que nunca se consuma, en la medida en que ha quedado condicionado por su dialéctica, sentido de oportunidad y enfrentamientos. Todos dicen querer salvar la independencia de los jueces y procurar la adecuada modernización de nuestro sistema judicial. El cinismo del Gatopardo sigue dramáticamente instalado en la vida política presente.

Porque incluso ese lector despistado habrá igualmente constatado que, en el debate sobre la renovación del CGPJ, únicamente se negocian las cuotas que a cada partido político pueda corresponderle en su futura composición. Los vetos recíprocos evidencian las afiliaciones más íntimas de los candidatos más procaces. Esa discusión es una menor y para otra más amplia: reproducir el mismo concierto en la renovación de otras instituciones elementales de nuestra maltrecha democracia liberal y que atraviesan una situación parecida. Desde RTVE hasta el Tribunal Constitucional.

Todo tiene que cambiar para que nada cambie. La democracia se basa en controles o contrapesos para el ejercicio del poder. La discusión sobre la renovación del CGPJ es sobre cómo hoy los partidos políticos mayoritarios pueden conservar las mismas estructuras de poder de ayer, en el vértigo de un mundo perplejo y donde los antiguos equilibrios sociales son cada día más frágiles. Ese mundo es un lugar donde estar y por eso su geografía es la de las gentes que lo habitan. Las pobres gentes, desengañadas y descreídas de la solidez de los rudimentos que antes procuraban confianza, unidad y paz. Dos años después, lo del CGPJ ya no se lo cree nadie.

Exprimir las instituciones

La inclinación del poderoso por exprimir las instituciones es irrefrenable y atávica. Desde el españolísimo caciquismo hasta el más reciente reformismo clientelar. Su afán es el de neutralizar esos controles y contrapesos. Donde eso no pueda hacerse se trata de domesticarlos, que significa hacerlos de la casa de uno. En España los partidos políticos mayoritarios están en todas partes, afán facilitado por un modelo de Estado intervencionista y asistencial, también por el estabulamiento de los españoles, necesitados de mayor conciencia crítica sobre el carácter inescindible de la libertad y responsabilidad individuales. Lo que nuestros poderosos parecen no haber entendido todavía es que ya no es posible que ejerzan su poder de la misma manera que lo hacían antes. Los partidos políticos y sus líderes deberían convertirse en organizaciones de su tiempo, renunciar al poder logrado a través del control absoluto y tratar de retener la mayor parte de ese poder mediante la seducción. Un método más difícil, pero igual de práctico. Mandar un poco menos y de otra manera: convencer y colaborar en lugar de colonizar. Si ayer los ciudadanos estaban involucrados en esos mecanismos de control a cambio de cuotas de seguridad y prosperidad, hoy puede igualmente involucrárseles en ese proyecto para la hegemonía política, de una forma más sofisticada y reconociendo el acento emocional de nuestros días, ofreciéndoles algo en lo que creer nuevamente.

La clave de la convivencia es la generosidad. Aunque a veces la generosidad se imposte, no por eso deja de ser menos positiva para la satisfacción de ese interés. Nuestros líderes políticos no tienen que ser generosos entre sí, sino con los ciudadanos que les soportan. No parece una concesión exorbitante la de que doce de los veinte miembros del CGPJ sean escogidos de entre jueces y por jueces. Tampoco que en la renovación de las instituciones democráticas únicamente participen quienes creen en ellas. Después, las corrientes políticas mayoritarias podrían igualmente ejercer influencia sobre el funcionamiento del órgano, pero de forma menos ruda que mediante la selección de candidatos por su solo compromiso y lealtad políticas. Porque no es tan importante quién elija sino a quién se elija, bastaría con que los negociadores escogieran a profesionales de un perfil acentuadamente técnico. También, que se objetiven las facultades atribuidas a ese órgano para la provisión de altas magistraturas o que se reduzca el perímetro de los aforamientos políticos ante los órganos donde se ejercen. Al CGPJ le incumbe, fundamentalmente, disponer las bases para la modernización de la justicia española. Por eso los candidatos deberían ser escogidos por sus méritos y propuestas de mejora. Mientras tanto, el sistema judicial español se debilita, la economía sufre las consecuencias de su falta de competitividad y la convivencia se envilece.

Las instituciones no lo soportarán todo. Los desórdenes actuales de nuestro sistema político, los malos ejemplos, el auge de los localismos y los desequilibrios sociales, reducen la resistencia de las instituciones. Si nuestros políticos insisten en su ensimismamiento y egoísmo, tarde o temprano serán engullidos por una crecida de rencor que necesariamente ha de seguirse del actual descontento. El resentimiento es el alimento del populismo y el nacionalismo. ¿Quién defiende a la democracia liberal?  Necesita aliados, pero nadie debe incurrir en el error de sentirse justificado por sus propias fuerzas, llevado de un adanismo que solo puede conducir a la frustración, incrementando los riesgos de enfrentamiento social. Los sistemas políticos occidentales mejoran paulatinamente y lo seguirán haciendo, siempre que se inoculen a tiempo los anticuerpos que han de preservar la salud de sus instituciones básicas. No se puede luchar contra todo al mismo tiempo y hay que contentarse con la suma de pequeñas victorias. Los defensores de la democracia liberal hemos de conformarnos hoy con exigir a nuestros representantes que procuren una solución de consenso para esta encrucijada, cediendo una parte de su poder, aunque sea con el propósito de conservar el resto.

Una visión amable de las instituciones españolas: crítica del libro “La calidad de las instituciones en España” coordinado por Victor Lapuente

"La introducción de nuevas técnicas de gestión, cuando lo son en un contexto de mala gobernanza, no evita un deterioro de la gestión pública y un despilfarro de recursos" .- Descarga aquí el libro en pdf

Por Carlos Sebastián.- Blog Hay Derecho.-  El Círculo de Empresarios ha publicado un libro coordinado por Víctor Lapuente sobre la calidad de las instituciones españolas. Vaya por delante que he aprendido mucho con los libros de Lapuente, especialmente con Organizing Leviathan, que me resulta muy convincente, pese a la dificultad que tengo para aceptar algunos de sus ejercicios econométricos, y también que disfruto mucho con algunas de sus agudas columnas en El País. Por tanto, me declaro admirador de este joven profesor de la Universidad de Gotemburgo. Pero discrepo bastante del tono que ha querido dar a las conclusiones del libro sobre la calidad de las instituciones españolas, y eso que están basadas en los siete textos que ha reunido, no carentes de calidad en su mayoría y llenos de interesantes reflexiones. Hay dos mensajes que se reiteran (en la introducción y conclusiones, así como en la presentación que hizo del libro en Las Cortes) sobre los que no puedo estar de acuerdo. El primero es que la elevada corrupción (relativa, claro) y la baja calidad del Estado de Derecho (también relativa) están más en las opiniones de los (¿cenizos?) españoles que en la realidad. La segunda que el pulso reformador se mantiene vivo en todos los frentes.

Víctor Lapuente, coordinador del libro

Para el primer mensaje se utilizan algunas estadísticas internacionales (TheEconomistIntelligenceUnit, por ejemplo), en las que España aparece relativamente bien situada, y se comparan con las negativas percepciones que los españoles revelan al ser encuestados en otras. El Banco Mundial lleva publicando desde 1996 los Indicadores de Gobernanza (WBGI) que tienen dos ventajas: agrega mediante técnicas de estadística multivariante la información que proporcionan un gran número de fuentes (mucha información, por tanto)  y, además, se preocupan de que los indicadores resultantes tengan las convenientes propiedades de ordinalidad (los países se pueden ordenar por el valor del indicador estimado) y cardinalidad (los indicadores proporcionan información sobre la distancia entre un país y otro), que no tienen algunos indicadores internacionales. Pues bien, si nos centramos en los 24 países europeos miembros de la OCDE (me olvido de Luxemburgo y Turquía), en calidad democrática (Voice and accountability) España en 2016 está en el puesto 16 y en calidad del Estado de Derecho (Rule of Law) en el puesto 18 entre 24. En este último tiene un indicador que es la mitad del de Suiza y del de Holanda (para no abusar de la comparación con los países escandinavos, que aquí también están los primeros) y está por detrás de Estonia, Eslovenia y Republica Checa.

Respecto a la corrupción, se nos dice que la percepción de los españoles (que recoge por ejemplo el ranking de Transparency International) es muy negativa por el impacto de los grandes escándalos mediáticos. Siendo verdad que la pequeña corrupción (exigir una mordida) no está apenas extendida, tampoco se puede decir que en España solo hay alta corrupción. Villoria, en su interesante capitulo, apunta a que las pequeñas  ganancias en transparencia no ha mejorado nuestra posición en el Open Government Index.

El Quality of GovernmentvExpertvSurvey 2015 de la Universidad de Gotemburgo, interesante fuente con la que el profesor Lapuente tiene mucho que ver, muestra que a la hora de obtener en España licencias administrativas no es del todo infrecuente que los funcionarios favorezcan a las empresas con las que tienen algún tipo de relación personal: los expertos lo valoran con un 3,5 (en el punto medio del intervalo entre el 1 de apenas nunca y el 7 casi siempre). Con esta puntuación España ocupa el puesto 19 entre los 24 países que estoy considerando. Más grave resulta la valoración que recibe la Administración española en la frecuencia con que la voluntad de altos funcionarios es comprada en los procesos de contratación pública.  Los expertos la valoran en 4,5, claramente más cerca del casi siempre que del apenas nunca. España ocupa el puesto 19 entre los 24 países europeos. Esta última opinión de los 23 expertos contactados por la Universidad de Goteburgo, coindice plenamente con el análisis de las miserias de la contratación pública  que lleva haciendo CIVIO hace tiempo. Y también es causa directa de los costes excesivos de la contratación pública que denunció la CNMC en 2015. Y, seguramente también, de no pocos casos de despilfarro público como los que repasaba yo en un post en este Blog el 04/07/2017. La nueva ley de Contratos del Sector Público puede ser un avance relevante, pero habrá que esperar a verla caminar.

El funcionamiento de la Justicia apenas mejora pese a la cantidad de medidas que se han intentado poner en marcha. La descripción de Marian Ahumada y Alicia González Alonso, en el capítulo correspondiente del libro,de los intentos y de sus fracasos es interesante y bastante contundente. Respecto a la lentitud, la mayoría de las fuentes muestran pocos avances: de Doing Business del Banco Mundial aprendemos que el tiempo medio para resolver un conflicto comercial es de 510 días (puesto 15 entre los 24 países de referencia y por encima de la mediana de esta muestra). Pero en 10 años solo se ha pasado de 515 días a 510. Las autoras de este capítulo citan los datos del EU Justice Scoreboard que sitúa a España en el puesto 17 de 25 y que muestra un aumento de los plazos en casos civiles y mercantiles. Y por último, el World Justice Project, sitúa a España en el puesto 13 entre 19 países europeos miembros de la OCDE en la calidad de la justicia civil (solo tiene por detrás a Italia, Grecia, Portugal y 3 países de Europa de Este). Los motivos de esa relativamente baja calidad son, según esta fuente, su lentitud y el deficiente enforcement de las sentencias. Por último, las autoras apuntan agudamente que además de mejorar el funcionamiento de los tribunales, para lo que una mejora de los datos resulta primordial, la litigiosidad se reduciría si la calidad de las leyes fuera mayor: más claras y más estables.

El capítulo de Gerard Llobet sobre regulación y supervisión de la competencia es muy bueno. Revela que se ha producido una involución en el ámbito de la regulación, al haberse visto forzada la CNMC  (en contra de Directivas europeas, por cierto) a ceder parte de sus atribuciones a los Ministerios. Y, por otro lado, apunta Llobet, “la sala de regulación se ha impuesto a la sala de la competencia”. También se ha reducido la transparencia al limitar la información sobre el funcionamiento de los mercados regulados.

Decepción con la Reforma de las Administraciones Públicas

El capítulo que más me ha decepcionado es el correspondiente a la Administración Pública. Es difícil aceptar la calificación de CORA como el proceso más intenso de reforma de las administraciones públicas. CORA se inscribe en la serie de reformas fallidas que se han emprendido desde 1984. Algunas, como la contenida en la Ley 30/1984, tuvo la consecuencia de alejarnos aún más del modelo de administración más eficiente en el que, como Lapuente argumentó tan convincentemente,  haya una separación clara entre políticos y funcionarios. Este alejamiento del modelo se confirma con el Estatuto básico del empleo público (2007) en el que se perdió la oportunidad de profesionalizar la cabeza de las Administraciones Públicas. 

Las otras reformas, algunas bienintencionadas, apenas han dejado huella en la Administración ni, lo que es peor, en los administrados. CORA es de estas últimas (una revisión crítica de CORA puede encontrarse en http://calidadinstitucional.org/novedades). El parecido formal con el Plan de Modernización de la Administración del Estado de 1992, que tuvo muy escasa repercusión, es notable. Aquel tenía un listado de 204 medidas concretas, algunas como la mejora de la señalización interna del Ministro de Agricultura y la confección de videos didácticos en el museo Reina Sofía. Y CORA tiene 222, como la eliminación de la obligatoriedad de inscripción en más de un registro taurino y como la coordinación del Coro de RTVE con otros coros, que están puestas en el mismo nivel que la codificación legislativa (realmente siete RD Legislativos que refunden legislación) y la promulgación de dos leyes sobre el régimen jurídico de las AA.PP., acciones de muy escaso impacto sobre los administrados, pero de una mayor pretensión que las dos primeras que he citado.  Cuando la OCDE dice en su informe que se han alcanzado el 76% de las 222 propuestas, se está limitando a reproducir un informe OPERA (Oficina con 5 funcionarios y 2 administrativos, en su momento más álgido, que seguían la marcha de la reforma). Si hubieran utilizado el último informe OPERA, el del segundo trimestre de 2016 (¡a partir de esa fecha desaparecieron!), hubiera dicho que se han alcanzado el 89% de las 222 propuestas. Seguro que los españoles no tienen ya que inscribirse en más de un registro taurino, y probablemente los coros de RTVE se han coordinado con otros coros. Más dudoso es dar por cumplido el objetivo de establecer una estrategia nacional de calidad de la enseñanza universitaria, medida supuestamente implantada, pero que no ha tenido ninguna incidencia sobre la comunidad universitaria, o dar por conseguidas numerosas “mejoras” (de coordinación, de la eficacia, de procesos de planificación, etc.) que se dan por implantadas sin más. En general, se considera alcanzado un objetivo porque, en el mejor de los casos, ha habido una norma de cualquier rango que así lo define, sin comprobar sus consecuencias reales. CORA se sitúa dentro de un mal endémico en la acción de gobierno en España: la práctica de identificar la consecución de un fin concreto  con la promulgación de una nueva norma, sin ningún seguimiento y valoración ex post de la misma.

La eliminación de duplicidades, uno de los objetivos CORA, se plantea desde la óptica casi  exclusiva de la AGE, lo que puede ser insuficiente para alcanzar el objetivo. Por ejemplo, clarificar si órganos estatales pueden realizar funciones que venían ejerciendo otros autonómicos, en lo que se insiste, no llegará muy lejos sin reconocer que esta acción puede no llevarse a cabo, o morir en la playa del Tribunal Constitucional , sin la participación de las CCAA. En general el grave problema de coordinación con las administraciones territoriales apenas está abordado. OPERA lista un número elevado de convenios y acuerdos, peroalgunos no pueden incluirse en CORA, pues son anteriores a julio de 2013, otros son renovaciones de convenios ya existentes y en general la adscripción de una parte de estos convenios al objetivo de racionalización de CORA genera dudas. Pero por encima de éstas, la mayoría de estos convenios se refieren a cuestiones menores y prácticamente ninguno son suscritos por el conjunto de todas las CC.AA, sino por un número limitado de ellas. Solamente lo es con todas las Comunidades el alcanzado para la unificación de registros oficiales de licitadores y empresas calificadas, que permite un único Portal de Contratación, uno de los pocos logros importantes de CORA.

La experiencia chilena

Respecto a los objetivos de ahorro, más que de aumento de eficiencia, las valoraciones que presenta los informes OPERA son de dudosa credibilidad. Deberían haber encargado a un organismo independiente y técnicamente competente como la AIREF, esas estimaciones. En la referencia anterior  (una revisión mía de CORA y sus logros  http://calidadinstitucional.org/novedades) se expresan dudas sobre cómo se han estimado muchos ahorros, y no solo porque muchos de ellos no sean recurrentes,sino también por su dudosa naturaleza, tanto en los gastos de personal (¿reducir los días de libre disposición es un ahorro?) como en los supuestamente logrados por eliminación de organismos: la extinción del Organismo Autónomo “Cría Caballar de las Fuerzas Armadas”, cuyas funciones y competencias son asumidas por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, seguro que no habrá supuesto apenas una reducción neta de personal (¡pobres caballos, no se habrán quedado sin cuidadores!).

CORA no entra las carreras de los funcionarios ni en la necesidad de separarlas claramente de la de los políticos. No se plantea, por ejemplo, discutir y aprender de la experiencia chilena (no de la de países escandinavos, ni de Nueva Zelanda, de Chile), que bajo la Presidencia de Lagos crea un sistema de Alta Dirección Pública que consigue la profesionalización de los puestos directivos inmediatamente por debajo de los cargos políticos. Hay un interesante informe de la experiencia, de su logros y de  su fallos que se pueden enmendar, en el que, por cierto, participa el profesor Francisco Longo del ESADE.

Y mientras tanto, los empresarios españoles siguen suspendiendo claramente, con un 2,8 sobre 7, las cargas burocráticas de la regulación de la Administración, uno de los aspectos que recibe una calificación más baja de entre los 86 que la encuesta del WEF les ofrece calificar.

En otros aspectos de la modernización de la Administración, las mejoras en eficiencia en organismos autónomos por la introducción de nuevos métodos de gestión, ciertas en Correos y algún otro caso, hay que interpretarlas con cuidado. No se puede decir que la Administración Tributaria ha mejorado su eficiencia porque gestiona a muchos más contribuyentes, cuando la realidad es que ha reducido la recaudación y ha aumentado la litigiosidad. Y no es por falta de análisis y de propuestas. El informe Ferreiro de hace 13 años analizaba la situación que se estaba deteriorando y hacía propuestas en línea con cambios introducidos  en otros países. En 2014, diez años más tarde, un informe del Colegio de Gestores administrativos de Cataluña, constata que, después de no haber hecho nada de lo que se proponía, la litigiosidad ha aumentado y la recaudación ha caído – un dato: el 40% de las impugnaciones son ganadas por los contribuyentes lo que redunda en una merma de recaudación. ¡Que Administración más eficaz! Ha faltado, como tantas veces, voluntad política de reformar.

En otros casos, la introducción de nuevas técnicas de gestión, cuando lo son en un contexto de mala gobernanza, no evita un deterioro de la gestión pública y un despilfarro de recursos. Un ejemplo claro es el de Puertos del Estado, respecto el que por dos veces en 2017 este blog (Rodrigo Tena y Carlota Tarin) ha albergado fundadas denuncias.

Reforma gradualista

No vemos, por tanto, que se pueda sostener que el pulso reformador continúa. La impresión es que en varios aspectos institucionales se ha producido más una regresión que un avance.

Estoy de acuerdo con el principio de Lapuente de reforma gradualista. Pero, por un lado,  hay que ser riguroso en la evaluación de las medidas y ésta debe ser continua. Y, por otro, hay medidas que no funcionarán si se introducen en un sistema en el que la asunción de responsabilidades (individuales) está ausente. Si no tiene coste personal incumplir leyes ni gestionar mal, ¿a dónde llevarán nuevas normas y nuevos métodos de gestión? El presidente de Puertos del Estado ahí sigue, tras el demoledor informe del Tribunal de Cuentas que revela que se han cometido todo tipo de irregularidades e incumplido varias normas. Si la designación de los directivos públicos siguiera el procedimiento chileno, este señor no hubiera sido reelegido y, probablemente, previamente, su conducta hubiera sido otra.

delaJustica.com: Las 30 cosas que realmente fastidian al ciudadano de la Justicia

"Pero lo que más le fastidia es saber que si existe otro riesgo de sus intereses o derechos, si no quiere echarse al monte con la escopeta, no tiene más remedio que confiar nuevamente en la ruleta judicial"

José Ramón Chaves. Blog delajusticia.com.- Suele decirse gráficamente y con cruel broma, que el justiciable sale de la Justicia ajusticiado. Lo cierto es que la Justicia es un servicio público que ni es infalible ni puede contentar a todos.

1.- No es infalible porque la ciencia jurídica no es exacta por muchas razones, aunque me limitaré a esbozar tres.

En primer lugar, los principios generales del derecho tienen alcance impreciso y fuerza desigual, además de no guardar jerarquía, de manera que en ocasiones se puede parafrasear a Groucho Marx: “ Si no se resuelve el litigio con estos principios, tengo estos otros”.

En segundo lugar, las leyes suelen responder a criterios políticos e intereses que no siempre coinciden con los generales,  su factura técnica es deficiente, y allí donde hay terrenos espinosos suele acudirse a dejar una cómoda laguna legal o bien a términos ambiguos.

Y en tercer lugar, porque la condición humana de jueces, abogados, fiscales y litigantes provoca actitudes, aptitudes y estrategias que conducen a resultados injustos, aunque bajo la fuerza de la cosa juzgada, la seguridad jurídica o la artimaña procesal, o la inexistencia de recursos frente al error o torpeza judicial.

2.- Además, la  Justicia que aplican los jueces no puede contentar a todos por la propia naturaleza dual del litigio, en que existen dos partes que buscan su propio interés o razón ( y en ocasiones multilateral, por la acumulación de acciones o presencia de codemandados).

3.- Dicho esto, este verano me invitaron a través de twitter a abordar, siguiendo la línea de mi viejo post  30 cosas que irritan a un juez de un abogado, o las 30 cosas que irritan a un abogado de un juez, o de las frases que un abogado odia del cliente, el escenario de las cosas que irritan a un justiciable de la Justicia.

Así que, a bote pronto, y como corresponde a la época vacacional, citaría las siguientes 30 cosas que a un ciudadano le fastidian de su relación con la Justicia:

1.- Le fastidia tener que embarcarse en un litigio para demostrar lo que el cree que el Derecho le ampara, cuando el nunca quiso meterse en pleitos y siempre tuvo presente la maldición gitana ( “pleitos tengas y los ganes”).

2.-Le fastidia tener que contratar un abogado con los costes de tiempo, dinero y energías y especialmente le fastidia eso de la “provisión de fondos” cuando el mismo siempre pediría una garantía o señal si prestase un servicio sin cobro al contado.

3.- Le fastidia no entender la jungla de Juzgados y Tribunales: Violencia doméstica, penal, laboral, instrucción, instancia…Audiencias, Salas… Ni quien diantres manda en su pleito… pues no sabe si la decisión sobre su caso o incidente es competencia de ese Juez, de ese Letrado de Justicia (antiguo secretario judicial, tampoco entiende el cambio de nombre del cargo) o de eso que se llama Oficina Judicial.

4.- Le fastidia no entender la razón de tener que seguir una vía administrativa, formarse un expediente, hacer un recurso administrativo, formular un demanda, pedir cautelares, proponer pruebas y conclusiones… cuando su tema podría solucionarse hablando con un Concejal o político y con un buen mediador o árbitro, con sentido común y sin esas leyes ininteligibles.

5.-Le fastidia tener que bucear en sus archivos, cajones y memoria para buscar testigos, documentos y cualquier prueba que permita al abogado tejer su demanda o contestación.

6.- Le fastidia tener que aceptar que su medida cautelar será probablemente denegada y tendrá que soportar el atropello hasta que llegue la sentencia, sufriendo en silencio y poniendo su fe a largo plazo, cuando quizá la sentencia intente deshacer un entuerto que se perpetró años atrás.

7.- Le fastidia que el pleito se convierta en la historia interminable, como el juego de la oca, va de incidente en incidente, marcha atrás, turno sin jugar, le adelantan…

8.- Le fastidia no entender que su pleito en el Juzgado que le tocó en suerte ( o desgracia) va mas despacio que el asunto similar de otro interesado que va acelerado en el Juzgado vecino, y sin alcanzar la certeza tampoco de si es mejor para la justicia un Juez-liebre o un Juez-tortuga.

9.- Le fastidia que las buenas noticias del pleito parecen llegar rápido (admisiones, cautelares estimadas, etc) y en cambio las malas noticias ( incidentes desestimado, pruebas rechazadas, sentencia desfavorable,etc) parecen llegar tarde o no llegar.

10.- Le fastidia no entender que su abogado le frene los pies para que no visite o pida entrevista al juez cuando el quisiera cara a cara explicarle “lo que hay”.

11.- Le fastidia que los escritos del juez le llamen “actor” cuando no es su profesión, o que consideren “impertinente” su prueba testifical y “pertinente” la del contrario.

12.- Le fastidia que le hayan citado para comparecer en la vista oral y ser interrogado por la otra parte, y verse enfrentado a un abogado despiadado, y además que le citen en una fecha en que  le viene en gana al juez pese a tener el particular su propia agenda personal y familiar.

13.-  Le fastidia que su abogado en el pasillo mientras esperan la vista oral, hable con el abogado contrario con familiaridad y cortesía…¿estará vendido?

14.- Le fastidia asistir sentado en un banquillo a una especie de circo donde todos van disfrazados con toga, se hablan con afectación, y siguen ritos extraños, cuando para el cliente su derecho está claro pues quiere cobrar, que no le multen, que no le expropien, etc.

15.- Le fastidia que quiere intervenir y hablar en la vista oral, para corregir los disparates o mentiras que escucha, pero el juez no le deja, mientras su abogado le hace señales de que guarde silencio y compostura en sala.

16.- Le fastidia observar conteniéndose a los testigos de la parte contraria, que además los conoce, como dicen lo que el cree mentira, o al menos, como se portan deslealmente con él.

17.- Le fastidia que el abogado no siga sus instrucciones como cliente que paga, porque el quería decir una cosa y mostrarle al juez otra y cantar las cuarenta a ese perito…y sin embargo su abogado hace lo que le da le gana… o eso le parece.

18.- Le fastidia enormemente que esperaba una decisión de fondo en la sentencia, que zanjase de una vez el litigio, y ha obtenido una sentencia que parece tomarle el pelo, pues aprecia inadmisión o se limita a disponer la marcha atrás para volver a la casilla de salida (ya sea “retroacción de actuaciones” del procedimiento administrativo, o “nulidad de actuaciones” del procedimiento judicial).

19-.Le fastidia leer la sentencia varias veces y no comprenderla pese a que su abogado le explica los tecnicismos ( en cambio si la sentencia es favorable le basta con comprender el “Fallo”).

20.- Le fastidia al leer la sentencia, pese a que consideraba su asunto importantísimo, el que reciba una  sentencia de “corta y pega” o que lo despacha con pocas líneas, a veces parcas, a veces rituales y a veces ininteligibles, y piensa…¿para esto pago yo mis impuestos?

21.- Le fastidia tener que reconocer que, pese a que su abogado le advirtió del riesgo de perderlo, se empecinó en ello, en seguir adelante y no dar un paso procesal hacia atrás, ni para tomar carrera.

22.- Le fastidia la condena en costas, y mucho más le fastidia, no solo que su abogado no podía anticiparle el monto que podría suponer en caso de perder, sino que la cifra máxima fijada por el juez que le tocó en suerte es mas elevada que el criterio del juez vecino para caso sustancialmente igual.

23.- Le fastidia, tras el desenlace desfavorable, tener que aguantar las preguntas de amigos y vecinos sobre si ya “salió la sentencia”, por la sensación de “cornudo y apaleado”.

24.- Le fastidia, si el desenlace es favorable, que el fuero le ha costado medio huevo, porque aun ganando el pleito no ha sido gratis.

25.-Le fastidia, si el desenlace es favorable, que la otra parte ha recurrido la sentencia y que se vuelve otra vez al terreno judicial.

26.- Le fastidia que con sentencia firme favorable, la ejecución lleva mas tiempo y costes que el desarrollo del litigio principal, y mas le fastidia que los autos judiciales le digan sin ruborizarse que la sentencia es “de imposible cumplimiento”.

27.- Le fastidia que el juez en su sentencia se declara cumplidor de la Ley pero se olvida de la Justicia, cuando siempre pensó que el buen juez debería primero aplicar justicia y postergar formalismos y leyes absurdas.

28.- Le fastidia el corporativismo judicial que destila el que su apelación o casación sea desestimada, como la de la mayor parte de amigos o conocidos que han tenido que recurrir sentencias.

29.- Le fastidia que, por lo que dicen los medios de comunicación, la justicia está politizada, ya que a él no le engañan con esa distinción artificiosa entre Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y el Poder Judicial, pues al fin y al cabo, parece que todos visten toga y son la misma camada.

30.- Le fastidia “el papelón” de que todos hablen de la “justicia sin papeles” y él solo hace que barajar documentos, aportarlos o sufrir el reproche de no aportarlos.

Pero lo que más le fastidia es saber que si existe otro riesgo de sus intereses o derechos, si no quiere echarse al monte con la escopeta, no tiene más remedio que confiar nuevamente en la ruleta judicial.

En fin, tómese lo dicho como una caricatura, que como toda caricatura exagera situaciones y se fija mas en la patología que en la regla general, y que intenta ofrecer una chispa amena en el período vacacional.

delaJustica.com: Las 30 cosas que realmente fastidian al ciudadano de la Justicia

"Pero lo que más le fastidia es saber que si existe otro riesgo de sus intereses o derechos, si no quiere echarse al monte con la escopeta, no tiene más remedio que confiar nuevamente en la ruleta judicial"

José Ramón Chaves. Blog delajusticia.com.- Suele decirse gráficamente y con cruel broma, que el justiciable sale de la Justicia ajusticiado. Lo cierto es que la Justicia es un servicio público que ni es infalible ni puede contentar a todos.

1.- No es infalible porque la ciencia jurídica no es exacta por muchas razones, aunque me limitaré a esbozar tres.

En primer lugar, los principios generales del derecho tienen alcance impreciso y fuerza desigual, además de no guardar jerarquía, de manera que en ocasiones se puede parafrasear a Groucho Marx: “ Si no se resuelve el litigio con estos principios, tengo estos otros”.

En segundo lugar, las leyes suelen responder a criterios políticos e intereses que no siempre coinciden con los generales,  su factura técnica es deficiente, y allí donde hay terrenos espinosos suele acudirse a dejar una cómoda laguna legal o bien a términos ambiguos.

Y en tercer lugar, porque la condición humana de jueces, abogados, fiscales y litigantes provoca actitudes, aptitudes y estrategias que conducen a resultados injustos, aunque bajo la fuerza de la cosa juzgada, la seguridad jurídica o la artimaña procesal, o la inexistencia de recursos frente al error o torpeza judicial.

2.-Además, la  Justicia que aplican los jueces no puede contentar a todos por la propia naturaleza dual del litigio, en que existen dos partes que buscan su propio interés o razón ( y en ocasiones multilateral, por la acumulación de acciones o presencia de codemandados).

3.-Dicho esto, este verano me invitaron a través de twitter a abordar, siguiendo la línea de mi viejo post  30 cosas que irritan a un juez de un abogado, o las 30 cosas que irritan a un abogado de un juez, o de las frases que un abogado odia del cliente, el escenario de las cosas que irritan a un justiciable de la Justicia.

Así que, a bote pronto, y como corresponde a la época vacacional, citaría las siguientes 30 cosas que a un ciudadano le fastidian de su relación con la Justicia:

1.-bLe fastidia tener que embarcarse en un litigio para demostrar lo que el cree que el Derecho le ampara, cuando el nunca quiso meterse en pleitos y siempre tuvo presente la maldición gitana ( “pleitos tengas y los ganes”).

2.-Le fastidia tener que contratar un abogado con los costes de tiempo, dinero y energías y especialmente le fastidia eso de la “provisión de fondos” cuando el mismo siempre pediría una garantía o señal si prestase un servicio sin cobro al contado.

3.- Le fastidia no entender la jungla de Juzgados y Tribunales: Violencia doméstica, penal, laboral, instrucción, instancia…Audiencias, Salas… Ni quien diantres manda en su pleito… pues no sabe si la decisión sobre su caso o incidente es competencia de ese Juez, de ese Letrado de Justicia (antiguo secretario judicial, tampoco entiende el cambio de nombre del cargo) o de eso que se llama Oficina Judicial.

4.- Le fastidia no entender la razón de tener que seguir una vía administrativa, formarse un expediente, hacer un recurso administrativo, formular un demanda, pedir cautelares, proponer pruebas y conclusiones… cuando su tema podría solucionarse hablando con un Concejal o político y con un buen mediador o árbitro, con sentido común y sin esas leyes ininteligibles.

5.-Le fastidia tener que bucear en sus archivos, cajones y memoria para buscar testigos, documentos y cualquier prueba que permita al abogado tejer su demanda o contestación.

6.- Le fastidia tener que aceptar que su medida cautelar será probablemente denegada y tendrá que soportar el atropello hasta que llegue la sentencia, sufriendo en silencio y poniendo su fe a largo plazo, cuando quizá la sentencia intente deshacer un entuerto que se perpetró años atrás.

7.- Le fastidia que el pleito se convierta en la historia interminable, como el juego de la oca, va de incidente en incidente, marcha atrás, turno sin jugar, le adelantan…

8.- Le fastidia no entender que su pleito en el Juzgado que le tocó en suerte ( o desgracia) va mas despacio que el asunto similar de otro interesado que va acelerado en el Juzgado vecino, y sin alcanzar la certeza tampoco de si es mejor para la justicia un Juez-liebre o un Juez-tortuga.

9.- Le fastidia que las buenas noticias del pleito parecen llegar rápido (admisiones, cautelares estimadas, etc) y en cambio las malas noticias ( incidentes desestimado, pruebas rechazadas, sentencia desfavorable,etc) parecen llegar tarde o no llegar.

10.-Le fastidia no entender que su abogado le frene los pies para que no visite o pida entrevista al juez cuando el quisiera cara a cara explicarle “lo que hay”.

11.- Le fastidia que los escritos del juez le llamen “actor” cuando no es su profesión, o que consideren “impertinente” su prueba testifical y “pertinente” la del contrario.

12.- Le fastidia que le hayan citado para comparecer en la vista oral y ser interrogado por la otra parte, y verse enfrentado a un abogado despiadado, y además que le citen en una fecha en que  le viene en gana al juez pese a tener el particular su propia agenda personal y familiar.

13.Le fastidia que su abogado en el pasillo mientras esperan la vista oral, hable con el abogado contrario con familiaridad y cortesía…¿estará vendido?

14.Le fastidia asistir sentado en un banquillo a una especie de circo donde todos van disfrazados con toga, se hablan con afectación, y siguen ritos extraños, cuando para el cliente su derecho está claro pues quiere cobrar, que no le multen, que no le expropien, etc.

15.- Le fastidia que quiere intervenir y hablar en la vista oral, para corregir los disparates o mentiras que escucha, pero el juez no le deja, mientras su abogado le hace señales de que guarde silencio y compostura en sala.

16.- Le fastidia observar conteniéndose a los testigos de la parte contraria, que además los conoce, como dicen lo que el cree mentira, o al menos, como se portan deslealmente con él.

17.- Le fastidia que el abogado no siga sus instrucciones como cliente que paga, porque el quería decir una cosa y mostrarle al juez otra y cantar las cuarenta a ese perito…y sin embargo su abogado hace lo que le da le gana… o eso le parece.

18.- Le fastidia enormemente que esperaba una decisión de fondo en la sentencia, que zanjase de una vez el litigio, y ha obtenido una sentencia que parece tomarle el pelo, pues aprecia inadmisión o se limita a disponer la marcha atrás para volver a la casilla de salida (ya sea “retroacción de actuaciones” del procedimiento administrativo, o “nulidad de actuaciones” del procedimiento judicial).

19-.Le fastidia leer la sentencia varias veces y no comprenderla pese a que su abogado le explica los tecnicismos ( en cambio si la sentencia es favorable le basta con comprender el “Fallo”).

20.- Le fastidia al leer la sentencia, pese a que consideraba su asunto importantísimo, el que reciba una  sentencia de “corta y pega” o que lo despacha con pocas líneas, a veces parcas, a veces rituales y a veces ininteligibles, y piensa…¿para esto pago yo mis impuestos?

21.- Le fastidia tener que reconocer que, pese a que su abogado le advirtió del riesgo de perderlo, se empecinó en ello, en seguir adelante y no dar un paso procesal hacia atrás, ni para tomar carrera.

22.- Le fastidia la condena en costas, y mucho más le fastidia, no solo que su abogado no podía anticiparle el monto que podría suponer en caso de perder, sino que la cifra máxima fijada por el juez que le tocó en suerte es mas elevada que el criterio del juez vecino para caso sustancialmente igual.

23.- Le fastidia, tras el desenlace desfavorable, tener que aguantar las preguntas de amigos y vecinos sobre si ya “salió la sentencia”, por la sensación de “cornudo y apaleado”.

24.- Le fastidia, si el desenlace es favorable, que el fuero le ha costado medio huevo, porque aun ganando el pleito no ha sido gratis.

25.-Le fastidia, si el desenlace es favorable, que la otra parte ha recurrido la sentencia y que se vuelve otra vez al terreno judicial.

26.- Le fastidia que con sentencia firme favorable, la ejecución lleva mas tiempo y costes que el desarrollo del litigio principal, y mas le fastidia que los autos judiciales le digan sin ruborizarse que la sentencia es “de imposible cumplimiento”.

27.- Le fastidia que el juez en su sentencia se declara cumplidor de la Ley pero se olvida de la Justicia, cuando siempre pensó que el buen juez debería primero aplicar justicia y postergar formalismos y leyes absurdas.

28.- Le fastidia el corporativismo judicial que destila el que su apelación o casación sea desestimada, como la de la mayor parte de amigos o conocidos que han tenido que recurrir sentencias.

29.- Le fastidia que, por lo que dicen los medios de comunicación, la justicia está politizada, ya que a él no le engañan con esa distinción artificiosa entre Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y el Poder Judicial, pues al fin y al cabo, parece que todos visten toga y son la misma camada.

30.- Le fastidia “el papelón” de que todos hablen de la “justicia sin papeles” y él solo hace que barajar documentos, aportarlos o sufrir el reproche de no aportarlos.

Pero lo que más le fastidia es saber que si existe otro riesgo de sus intereses o derechos, si no quiere echarse al monte con la escopeta, no tiene más remedio que confiar nuevamente en la ruleta judicial.

En fin, tómese lo dicho como una caricatura, que como toda caricatura exagera situaciones y se fija mas en la patología que en la regla general, y que intenta ofrecer una chispa amena en el período vacacional.

Corrupción y reforma de las instituciones

"El sistema democrático español formalmente es una democracia. Otra cosa es su funcionamiento real y su estado actual tras un largo período de deterioro y posterior hundimiento institucional"

“Las democracias que han durado son aquellas que han logrado mantener un número suficiente de instituciones fuera del sistema de competición” (Raymond Aron, Introducción a la filosofía política. Democracia y revolución, Página Indómita, 2015, p. 112)

“El poder del político para designar al personal de los organismos públicos, si se emplea de manera implacable, bastará a menudo por sí mismo para corromper dicha función supervisora” (Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, vol. II, Página indómita, 2015, p. 105)

Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional. - Tras casi un año de paupérrimo “debate” político y sin formar gobierno, llega el momento de afrontar el proceso de construcción de un Ejecutivo que, salvo sorpresas, será fuertemente inestable. Los partidos, “viejos” y “nuevos”, no se han puesto de acuerdo en nada. No hay señales de que esto mejore. La única expectativa razonable es que nadie quiere volver a las urnas, a menos a corto plazo.

Se trata ahora, en efecto, de formar gobierno y después gobernar o, al menos, intentarlo. Sin una mayoría parlamentaria estable esa tarea de gobernar será –en palabras de Schumpeter- como hacerlo sobre una pirámide de bolas de billar. 

Si la gobernación se plantea en tales términos de precariedad, la pregunta siguiente es bien obvia: ¿puede haber consenso para reformas institucionales donde no lo hay para gobernar la cotidianeidad? Aunque pueda resultar llamativo, nada debería impedirlo. Como sobre la letra pequeña nadie se pondrá de acuerdo, tal vez sea el momento de intentarlo con la grande. Pactos se han hecho en este país, aunque ello forme parte ya (casi) de la prehistoria política.

Hay mucha presión mediática y académica (no tanto ciudadana) por reformar la Constitución. Algún partido la promueve como solución taumatúrgica a todos los problemas. No seré quien me oponga a ello. Ahora bien, dudo que se alcancen los consensos requeridos y que tales decisiones reciban, siempre y en todo caso, el aval generalizado de las urnas en todo el territorio tras el inevitable referéndum. El demos está muy roto. Dudo también de los efectos taumatúrgicos que tal reforma tenga sobre los problemas sustantivos (aquellos que han echado raíces profundas) que anidan en el sistema político-institucional español. Al menos, efectos inmediatos no tendrán ninguno. Que nadie los espere. Ni hoy ni dentro de tres años. Un sistema democrático, como también recordara Aron, “es de manera general un sistema lento; es decir, que no cambia las cosas de la noche a la mañana”.

El sistema democrático español formalmente es una democracia. Otra cosa es su funcionamiento real y su estado actual tras un largo período de deterioro y posterior hundimiento institucional. Una de las fortalezas de los sistemas democráticos es, sin duda, la competencia política. Pero hay determinadas instituciones que deben preservarse siempre de esa competencia con el fin de salvaguardar su funcionamiento imparcial y objetivo.

Administración “impersonal”

Sin duda una de ellas es el Poder Judicial. Otra es el Tribunal Constitucional. Pero asimismo cabe citar a la Administración Pública o a las denominadas (formalmente) “autoridades o administraciones independientes”. Hace ya más de sesenta años, tanto Schumpeter como Raymond Aron hacían hincapié en esa necesidad de aislar a tales instituciones de las “brutales” garras de la política partidista. En 2010, Rosanvallon defendía la imparcialidad de esas mismas instituciones como esencia de la legitimidad democrática. Recientemente lo ha hecho Fukuyama, al reivindicar la Administración “impersonal” (alejada del clientelismo político) como presupuesto del Estado Constitucional.

Pues bien, si algo adolece este país llamado España es de un fuerte clientelismo político y de una captura descarada o disimulada de aquellas instituciones que deberían estar al abrigo de las pasiones políticas y garantizar el control efectivo del poder (que en estos momentos es el control básicamente del Ejecutivo, aunque no se deban obviar la importancia del control del Legislativo y el siempre olvidado control al Poder Judicial; que también debe existir por mucho que se empeñen en sortearlo).

La necesidad imperiosa de ponerse de acuerdo todos y cada uno de los partidos políticos que actúan en la escena pública sobre una serie de temas es algo que ya no se puede aplazar por más tiempo si no se quiere erosionar más todavía la devaluada confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Los ámbitos están perfectamente identificados y se proyectan, por lo que ahora importa, sobre la “despolitización” de las instituciones que se citan y, en particular, de los siguientes procedimientos:

-Nombramientos de magistrados y letrados del Tribunal Constitucional;

-Nombramientos de vocales del órgano de gobierno del Poder Judicial y de la política de nombramientos que este efectúa en todos los campos (judiciales y gubernativos).

-Nombramientos en la alta Administración Pública y de los niveles de dirección pública de la organización matriz y del sector público, de acuerdo con criterios de competencia profesional acreditada por órganos independientes.

-Profesionalización de la función pública, de los sistemas de acceso y provisión, de la carrera profesional y de la designación por mérito (y no por afinidades) del personal interino o laboral temporal del sector público e incluso del personal eventual (exigiendo para su nombramiento mínimas garantías de formación y experiencia).

-Nombramiento de los miembros de los organismos reguladores y de las entidades o instituciones de garantía existentes en el Estado o en las Comunidades Autónomas, así como de su personal directivo y resto de empleados, todos ellos bajo criterios de profesionalidad e independencia.

No hay atajos. El funcionamiento cotidiano de las instituciones públicas españolas muestra fehacientemente que este es un país “donde los métodos democráticos son importados”, lo que conduce a una falsa democracia o a una democracia corrupta. La democracia no es solo votar cuantas veces se quiera (en eso somos paladines), sino sobre todo garantizar un correcto funcionamiento del sistema institucional. Más aún del sistema de controles del poder. Sin control efectivo del poder no hay democracia.

En estos tiempos de desorientación, conviene volver la vista atrás. Como bien señalara Schumpeter en 1947, “la democracia no exige que todas las funciones del Estado estén sometidas a su método político”. Y, por su parte, Raymond Aron reconocía en 1952 algo muy cierto: los medios a través de los cuales se reducen los riesgos de corrupción política son, entre otros, “una administración no politizada, instituciones sustraídas al espíritu de partido, (y) una prensa que no sea sistemáticamente partidista”.

Lecciones extraídas tras el serio desgaste institucional producido en Europa después del período de Entreguerras. Desgraciadamente, por lo que a nosotros concierne, somos poco dados a reflexionar objetivamente sobre nuestros males y, sin embargo, si lo hiciéramos nos daríamos cuenta que nos faltan las tres premisas enunciadas. Fallamos en todo. Por aquí debería empezar la reforma institucional, si realmente alguien se la toma en serio.