El Gobierno sigue llevando a juicio por defecto las resoluciones que le obligan a ser más transparente

El Ejecutivo está recurriendo por inercia los dictámenes del Consejo de Transparencia y las decisiones judiciales que le obligan a dar información, o no las ejecutan.

CIVIO.- El Gobierno, para intentar frenar el acceso a información pública, no solo dispara con pólvora del rey, sino que además, dispara al aire. En los últimos meses, el Ejecutivo ha llevado a juicio, una vez sí y otra también, todas las resoluciones que le obligaban a dar información. Incluso en casos en los que esos datos se han dado en otras ocasiones o cuando ya se ha respondido a la pregunta. Ante la duda, recurso al canto.

Y no importa si esa información se ha dado ya antes o si están recurriendo una decisión cuando han dado los datos, por otro lado, sin problemas. Y mientras, el contador del gasto público sigue subiendo, entre costes judiciales y de personal. Por defecto, recurren las resoluciones del Consejo de Transparencia y las decisiones judiciales que les obligan a ser más transparentes. O no las ejecutan. Veamos algunos ejemplos:

Las solicitudes de indultos de cofradías que sí dio el Gobierno de Rajoy

Uno de los ejemplos más claros es el de las solicitudes de los indultos que piden las cofradías. En abril de 2019, pedimos información relacionada con los indultos de Semana Santa para conocer qué cofradías y hermandades habían solicitado indultos en 2017, 2018 y 2019. Al mes siguiente, el Ministerio de Justicia inadmitió a trámite nuestra solicitud alegando que requería una acción previa de reelaboración porque no disponía de los datos desglosados que habíamos pedido. Sin embargo, Civio había realizado esa misma solicitud de información antes, al Gobierno de Mariano Rajoy, y en aquella ocasión nos dieron los datos. Gracias a aquella respuesta, publicamos un artículo sobre los indultos de las cofradías y cómo dos de ellas, El Rico en Málaga y La Piedad en Zaragoza, siempre conseguían el perdón.

Tras la denegación del Ejecutivo de Sánchez, Civio reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En nuestro recurso defendimos que los datos encajaban dentro del concepto de información pública, que ya se habían concedido en el pasado y que el Gobierno no había explicado por qué en esta ocasión debía volver a elaborar la información. El Consejo de Transparencia nos dio la razón y afirmó que el Ministerio de Justicia no había citado las razones para alegar la reelaboración, máxime cuando existe una herramienta informática para gestionar los expedientes, de donde se podría extraer la información. Por ello, no parece un secreto de Estado y hay precedentes. Pero aun así el Gobierno no solo se niega a dar los datos solicitados, sino que también ha llevado la resolución del Consejo a juicio.

El juez nos dio la razón pero el Gobierno sigue escaqueándose y no cumple la sentencia

Pero es que, además, cuando ya hay sentencia firme, tampoco la cumplen. Es lo que pasa en el caso de los aviones oficiales. Esta batalla arrancó ni más ni menos que en 2015, cuando Civio solicitó al Ministerio de Defensa los nombres de los acompañantes de altos cargos públicos en viajes oficiales. Por aquel entonces, el Gobierno no quiso darnos los datos, reclamamos ante el Consejo de Transparencia y el caso llegó hasta la Audiencia Nacional. Allí, los jueces rechazaron los argumentos del Ejecutivo pero, y ahí llegó la mala noticia, señalaron que solo debían dar datos confeccionados desde la entrada en vigor de la ley, a finales de 2014.

Esta sentencia marcó un límite temporal al derecho a acceder a la información pública que no contemplaba la propia Ley de Transparencia. Por ello, Civio decidió presentar un recurso de casación con el fin de que se considerase información pública también la generada antes de la entrada en vigor de la ley. A finales del año pasado, el Tribunal Supremo nos dio la razón y estableció que las administraciones públicas están obligadas a dar la información que tengan, también aquella generada o sobre asuntos que sucedieron antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Esa sentencia obliga al Gobierno a dar la información solicitada de los viajes oficiales, pero, aun así, siguen sin proporcionarla. Y ello aunque la sentencia sea firme y estén obligados a cumplirla.

Barreras al derecho a cuestionar a los peritos públicos para entender cómo funciona la aplicación del bono social

En paralelo, Civio inició otra importante batalla judicial, en la que pedimos el acceso a la aplicación que gestiona el bono social. El Gobierno primero y el Consejo de Transparencia después nos negaron el acceso a una información importante: el código de la aplicación, es decir, el programa informático que decide quiénes reciben la ayuda y quiénes no. Iniciamos este proceso porque detectamos que había defectos importantes en su diseño y, por tanto, queríamos saber cómo se había hecho el propio software que determina, de forma automática, una decisión clave para las personas más vulnerables: si consiguen o no esa ayuda económica.

Ahora mismo, en medio del proceso judicial, Civio, a través de su patrono y abogado Javier de la Cueva, ha formulado una serie de preguntas al perito público sobre el funcionamiento del programa. Aquí las puedes consultar. El abogado del Estado quería que se negara a responder a la mayoría de ellas (las 4.1, 4.2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 y 21), pero por suerte el juez no le ha dado la razón. Nuestro objetivo es entender por qué inicialmente el software se equivocaba en los casos de familias numerosas o en las personas con pensiones de jubilación o viudedad, por ejemplo. Esperamos que los responsables públicos den respuesta a esas preguntas clave.

Ocultando, una vez más, el precio de los medicamentos

Las CAR-T son unas terapias personalizadas que sirven, por ejemplo, para tratar algunos tipos de cáncer, pero su coste es muy elevado. El laboratorio Gilead comercializa uno de estos tratamientos, llamado Yescarta. En la actualidad, cada vez que Sanidad negocia con la industria farmacéutica el coste de un nuevo medicamento, el Gobierno da a conocer el precio máximo que está dispuesto a pagar por él, pero no la cifra real que abona al laboratorio. Ese fue el caso de Yescarta, cuyo precio máximo es de 327.000 euros, según dio a conocer el Ministerio de Sanidad. Pero hay dos datos clave que quedaron ocultos: el precio real y las condiciones de financiación pactadas con Gilead. Ambos detalles están incluidos en la resolución que Sanidad debe emitir para que una terapia como Yescarta sea incluida en la prestación farmacéutica, según establece la propia Ley del Medicamento.

En noviembre de 2019 decidimos pedir a través de una solicitud de acceso a la información pública dicha resolución. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ignoró nuestra petición y decidimos reclamar, una vez más, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Durante el periodo de alegaciones, el Gobierno respondió facilitando otros datos, como por ejemplo, las enfermedades para las cuales está indicada Yescarta, pero sin contestar a nuestra petición. Civio defendió entonces que debe primar el interés público sobre los intereses comerciales de los laboratorios. Finalmente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nos dio la razón el pasado 6 de marzo y dictó que Sanidad debía facilitarnos la resolución en diez días. Dado que los plazos administrativos se suspendieron durante el estado de alarma, no tuvimos respuesta del Ministerio. La novedad ha llegado a finales de junio, cuando hemos recibido la notificación de que el Gobierno ha decidido llevar a juicio la resolución del Consejo de Transparencia para no entregarnos la información pedida, ocultando así el precio real y las condiciones de financiación de uno de los medicamentos más caros que existen hoy en día.

Este freno a la transparencia es una mala noticia no solo por sí misma, sino también porque adelanta la postura del Gobierno ante futuros fármacos o vacunas contra el coronavirus: priorizar los intereses de las farmacéuticas, que exigen negociaciones opacas y cláusulas de confidencialidad, frente al interés por conocer qué se hace con el dinero público, el de todos, como sí pasa con otros sectores.

Estas cuatro luchas, y otras más que os iremos contando según tengamos novedades, seguirán en los tribunales. Y desde Civio seguiremos dando la batalla siempre que creamos que podemos conseguir cambios reales. Pero no litigaremos en los casos en los que creamos que no es útil, no lo haremos por defecto. Porque nosotros no disparamos con pólvora de rey.