Por Israel Pastor. EsPúblico blog.- Qué importantes son los idiomas. Bueno, el inglés, la
verdad. Como padres, nos llega a obsesionar mandar a nuestros hijos a estudiar
a Inglaterra, Irlanda o Estados Unidos. Incluso, los adultos se someten a
cursos intensivos que duran toda la vida para tratar de dominar la lengua de
James Rhodes y Jamie Oliver. Si estamos dispuestos a hacer semejante inversión
económica es que hay algo verdaderamente importante detrás de esas decisiones.
Aprender inglés, como cantara Prince, es “The sign o’times”.
Yo mismo viví esa oportunidad, para empezar, naciendo en
Londres. Pasar los veranos trabajando en el sur de Inglaterra me ha marcado más
de lo que yo mismo estoy dispuesto a reconocer a veces, con una anglofilia
irritante. Y me ha dejado una relación más emocional que intelectual con
el idioma. Pero, claro, el Londres de 1973 que me vio nacer no es el mismo
que el de hoy, en el que españoles e italianos se mezclan en grandes números
con pakistaníes, hindúes y otras nacionalidades de la Commonwealth.
Pero este blog va de administración pública. Por lo tanto,
no demoro más la pregunta clave de este post: ¿de qué hablo cuando hablo
de hablar inglés? y, sobre todo, ¿cómo debe demostrarse?
Quiero dejar claro que no me estoy refiriendo a que la
administración debe contar con filólogos (Cuerpo de Traductores e Intérpretes
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación aparte). Más
bien se trata de dominar la lengua de manera que el empleado público posea
esa “habilidad”. O, como diríamos en el lenguaje actual de recursos humanos,
domine esa “competencia”. Pienso en habilidades expresivas y, sobre todo, en la
eficacia de la comunicación. Especialmente en los siguientes campos,
ordenados, según mi opinión, de más a menos difíciles para los hispanohablantes:
Orales: dominar las presentaciones en público y en
reuniones, las entrevistas, las negociaciones, etc. Por ejemplo, en una reunión
con una delegación extranjera, ser capaz de explicar nuestro trabajo usando un
vocabulario correcto y habitual en el sector en el que nos movamos.
Escrito: leer y escribir con soltura, correos electrónicos
a papers, pasando por informes. Esto es muy habitual en el ámbito de los
proyectos de cooperación, quizás tanto como en notas explicativas o comunicados
de prensa.
Lectura: ser capaz de tener una comprensión lectora ágil y
eficaz. Son incontables los informes de terceras partes extranjeras que debemos
leer y resumir para nuestros superiores, de manera que ellas no tengan que leer
con el mismo detalle y en una lengua extranjera como el inglés.
¿Deben ser estas habilidades, en los ejemplos citados o en
cualesquiera otros, perfectas? No, “simplemente” deben ser eficaces, sin margen
de error, con la capacidad expresiva suficiente como para que tanto la imagen
de nuestro centro directivo sea la mejor posible, que ponga en valor su
trabajo, como la comprensión del mensaje del otro sea igualmente eficaz. Sin
duda, para puestos en el exterior, el nivel de exigencia sube, tal y como
recogen las convocatorias públicas que se prevén para su cobertura. Y, en el
fondo, la pregunta permanece invariable: por cuánto tiempo más podemos
sustraernos a la lingua franca.
Competencias
En mis años de experiencia en la administración pública, en
los procesos selectivos en los que he participado como miembro de tribunales,
así como de gestor, debo decir que me he encontrado un nivel que no alcanza
esas competencias. En particular, pienso en la Administración General del
Estado y, muy especialmente, en la de Justicia. Por lo tanto, algo está
pasando, cuando además de la inversión tan enorme que realizamos, y cuando
los curricula por doquier aseguran el domino, no ya solo del inglés,
sino también de alguna otra lengua, la percepción de la realidad es que el
nivel deja mucho que desear. En mi opinión, debemos mirar, una vez más
hacia el diseño de las pruebas selectivas. Es decir, las oposiciones están
dando entrada a nuevos funcionarios que no dominan las habilidades
comunicativas en inglés.
De nuevo estamos ante una realidad heterogénea. Y las
necesidades de cada administración varían lo suficiente como para que tengamos
que hablar de necesidades y realidades distintas. No obstante, si concebimos
esta cuestión idiomática como una habilidad no solo asociada al desempeño de un
puesto de trabajo, deberíamos exigir un nivel mínimo común denominador para
todos los empleados públicos de un cierto nivel. Si hablamos de directivos
públicos, por ejemplo, creo que convendremos que dominar con suficiencia el
inglés debe ser siempre un requisito. Es como olvidarnos en la selección y
formación de los funcionarios de las habilidades tecnológicas, como si
miráramos para otro lado cuando un directivo nos asegure que de un ordenador
solo sabe encenderlo. Hoy esto ya no es profesionalmente aceptable. Considero
que, de igual manera, los líderes de nuestras organizaciones deben dominar el
inglés con autonomía e independencia para la mayoría de funciones, como parte
de su repertorio de competencias profesionales.
Es preciso tener en cuenta que esta situación cambia en
función de los cuerpos. En algunos casos podría pensarse que los stakeholders de
algunos de ellos hubieran ejercido una influencia modernizadora o, quizás, sea
la propia cultura de ese cuerpo burocrático la favoreciese esta modernización.
Es el caso del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, caso
aparte del Diplomático, por razones obvias. Desde hace al menos 20 años, el
CSACE exige para su acceso el dominio de un idioma (inglés o francés), lo que
lo convierte en obligatorio y eliminatorio en su proceso selectivo. Además,
existe un segundo idioma europeo comunitario del que demostrar ciertas
destrezas, calificable como «apto o no apto». Hay otros, como el de
Interventores y Auditores del Estado que también han incorporado un ejercicio
en el que «se valorará el conocimiento de los idiomas extranjeros, la capacidad
de comprensión y síntesis y la calidad de la versión en castellano». Otro
ejemplo de menor intensidad lo encontramos en la Escala de Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, que entre sus
pruebas tienen un examen voluntario de una hora de inglés o francés.
En el caso particular de la Administración de Justicia,
debo hacer un apartado especial. He sido miembro durante casi dos años de la Comisión
de Selección que regula el artículo 305 de la Ley orgánica del poder Judicial.
Y en las actas de sus reuniones consta que siempre he defendido este
enfoque para las pruebas selectivas de jueces y fiscales (y, por descontado,
para los verdaderos directivos judiciales, los Letrados de la Administración de
Justicia). Con cierto éxito porque afortunadamente ya va a sentándose, incluso
en ese ámbito de la judicatura y la fiscalía, compartido por muchos de sus más
presientes representantes, la cecinad de exigir un mínimo nivel de inglés, que
hasta la fecha no existe en ninguno de los cuerpos y carreras de la
Administración de Justicia. Considero que ya es solo cuestión de tiempo, aunque
sin duda muy demorado ya, que los aspirantes a estas funciones tengan que
demostrar esta habilidad indispensable en nuestro tiempo.
No me olvido de la mayor barrera objetiva a la que debemos
hacer frente para lograr una más rápida y decida implantación de estas medidas.
Si empezaba este post hablando del esfuerzo que muchas familias hacen para que
sus hijos aprendan desde bien jóvenes el idioma, no me puedo olvidar de que hay
muchas otras (seguramente la mayoría) que sencillamente no pueden hacer este
esfuerzo económico. Por eso, hay que insistir en la escuela pública de calidad
y en los programas de bilingüismo en los colegios e institutos. Además, debemos
considerar otras vías, como las que muchos jóvenes exploran como las becas
Erasmus o los veranos trabajando en el extranjero. Pero no podemos olvidar que
los propios poderes públicos deben prever sistemas de caceo inclusivos, que a
la postre sean ascensores sociales, que es otra de las grandes oportunidades
que, hasta ahora, la función pública ha ofrecido como mayor atractivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario