Revista de prensa. El Confidencial.- El Gobierno de Pedro Sánchez va agotando el
periodo de gracia concedido por los agentes sociales. El lunes, lo experimentó
por primera vez con una concentración de trabajadores públicos ante la
Secretaría de Estado de Función Pública para reclamar que se concrete la mejora
salarial que percibirán en 2019. La movilización, organizada por el sindicato CSIF, es la primera de las que se avecinan si
no hay un verdadero avance en las mesas de la Administración General del
Estado.
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| Fachada del Ministerio de Hacienda |
“La convocatoria ha sido un éxito”, explica Francisco
Camarillo, secretario de acción sindical de CSIF, “de momento solo hemos
convocado a trabajadores de Madrid, pero si seguimos sin respuesta, iremos
aumentando el nivel de las movilizaciones”. Los sindicatos quieren que la
negociación salarial se separe de los Presupuestos Generales del Estado, ya que
es muy posible que nunca lleguen a aprobarse.
Como ya ocurrió hace un año, con el Gobierno de Mariano
Rajoy, los sindicatos piden que el salario de los trabajadores públicos salga
del debate político y se apruebe “sí o sí”. De ahí que exigen que la subida
salarial se ejecute por decreto-ley para que pueda entrar en vigor antes del 1
de enero. El ministerio ha trasladado en numerosas ocasiones que, si finalmente
no hay Presupuestos, aprobaría la subida por decreto-ley, pero hasta el momento
no hay más novedades.
CCOO y UGT todavía no se han unido a las
movilizaciones, pero también exigen certezas al Gobierno. CCOO envió una carta
a la ministra de Función Pública, Meritxell Batet, para que “cierre
definitivamente el incremento salarial para 2019”, pero todavía no ha recibido
respuesta. Su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, dejó firmada con los
sindicatos de la función pública una subida del salario del 2,25% fijo más
un 0,25% variable para 2019, por lo que el ministerio tiene que limitarse
a ejecutar lo que está aprobado.
Para los sindicatos, el problema es que el Gobierno
decida retrasar esta subida durante unos meses. Además, el riesgo de
adelanto electoral es más que evidente, lo que podría retrasar mucho más la
medida. Si bien es verdad que después se aplicaría con efectos retroactivos al
primero de enero, durante varios meses los trabajadores públicos estarían
‘financiando’ la Administración. “Legalmente, tienen que aplicar la subida,
pero lo que pedimos es que se haga desde el 1 de enero”, sentencia Camarillo.
El convenio único
La concentración de CSIF ante Función Pública reclamaba
también la aprobación del convenio único del personal laboral de la
Administración General del Estado. Este convenio tiene que incluir, entre otras
cosas, la subida del salario de estos trabajadores públicos que no son
funcionarios, así como la revisión de las clasificaciones. “Se comprometieron a
tenerlo listo en diciembre, pero el mes está a punto de acabar y todavía no
tenemos nada”, explica el secretario de acción sindical de CSIF.
CCOO y UGT también habían convocado movilizaciones para
el 19 de diciembre, esto es, el próximo miércoles. Sin embargo, la semana
pasada avanzaron en sus conversaciones con el ministerio y decidieron retirar
la convocatoria. Sin embargo, todavía no tienen un documento cerrado.
“El problema que tenemos es que no nos quieren dar
el presupuesto que tenemos para el personal laboral de la AGE y así es
imposible avanzar en las negociaciones”, lamenta Camarillo. Todos los números
del Gobierno para 2019 son provisionales y las partidas que no se aprueben por
decreto-ley, difícilmente llegarán a aplicarse por la falta de consenso para
sacar los Presupuestos. Los sindicatos pretenden lograr una mejora
significativa del sueldo del personal laboral de la AGE para aproximarlo al del
cuerpo de funcionarios.
Frentes abiertos
Además, está pendiente de acuerdo la oferta de
empleo público de 2019 correspondiente al acuerdo para la estabilización del
empleo público. Con este acuerdo, alcanzado en 2017, las administraciones se
comprometían a reducir los niveles de temporalidad en el empleo público hasta
el 8%. La oferta de empleo correspondiente a 2019 todavía está por negociar y
los sindicatos apremian al Gobierno para que llegue a un acuerdo.
“Hay muchos frentes abiertos y está la posibilidad de
cerrarlos, por eso hay que movilizarse ahora más que nunca”, explica Camarillo,
"y no tenemos que dejarnos llevar por el color del partido que esté
en el Gobierno". Las próximas semanas serán clave para ver si el Gobierno
finalmente adopta alguna decisión concreta o, por el contrario, sigue
prolongando las conversaciones. No solo eso, también comenzará la negociación
de los Presupuestos Generales del Estado, lo que podría complicar o facilitar
cualquier avance.
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