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martes, 12 de abril de 2022

El Gobierno concede uno de cada diez indultos pedidos por las cofradías

En los últimos años resolvió de forma favorable menos del 1% de todas las solicitudes de indulto recibidas por la vía ordinaria. En el caso de las que llegaron de las agrupaciones religiosas, la cifra de aceptación subió al 13,8%.

Por MIGUEL ÁNGEL GAVILANES y DAVID CABO. Fundación Civio.es - Semana Santa e indultos. Hay tradiciones que año tras año, gobierne quien gobierne, solo se interrumpen si llega una pandemia. La llegada a Moncloa de PSOE, primero en solitario, y Unidas Podemos, después, como socio de coalición, ha supuesto un incremento de los indultos. Eso sí, este crecimiento no se ha notado de la misma forma en aquellos perdones impulsados por cofradías y hermandades religiosas, que se mantienen casi igual y, por tanto, se diluyen así en la cifra total. Aún con todo, sus peticiones de esta medida de gracia tienen más aceptación frente al resto.

El Gobierno aprobó la semana pasada nueve indultos, siete de ellos a propuesta de las agrupaciones. El Rescate (Linares, Jaén), El Perdón (Salamanca) y Soledad y Descendimiento (Granada) son algunas de las agrupaciones que han conseguido el perdón para sus reclusos. Para la Semana Santa de 2022, Justicia recibió 28 solicitudes de 15 cofradías, responde el ministerio a preguntas de Civio. Y es que, a diferencia de otros años, no ha habido menciones a este punto tras el Consejo de Ministros, tampoco notas de prensa, y se ha dejado de indicar en los reales decretos las pocas menciones a las promotoras de uno u otro indulto.

Eso en Moncloa, porque el subdelegado del Gobierno de Málaga Javier Salas, con una política de comunicación contraria, celebró un acto junto a la Cofradía de El Rico –otra de las que han visto aceptada su petición– y el reo de la cárcel de Archidona exonerado, en el que destacó “el compromiso de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio de Justicia con esta tradición” de la Semana Santa malagueña. Así, algunas procesiones de la próxima semana contarán con la presencia de un recluso liberado. Entre las que no, La Soledad de Burgos, que lamenta que su candidato, del que tenían constancia de informes favorables, no haya aparecido en el BOE, según BURGOS Conecta. La próxima reunión del Consejo de ministros no llegaría a tiempo, por lo que descartan su liberación para participar en los actos de esta Semana Santa.

Lo que sabemos, gracias también a la información disponible y a la Ley de Transparencia, es que, en cinco años, entre 2018 y 2022, las cofradías y hermandades pidieron el indulto para 174 personas y consiguieron liberar a 24. Esto significa que, en este periodo, el Gobierno concedió el 13,8% de los indultos pedidos por las agrupaciones religiosas, mientras que admitió menos del 1% de todas las solicitudes de perdón recibidas por vía ordinaria. Y, pese a que sus peticiones cuentan con una mayor aceptación del Ejecutivo frente al común de los mortales, no todas las cofradías son iguales: en estos años menos de la mitad de las 34 agrupaciones que pidieron la medida de gracia la consiguieron.

En esto de las costumbres, la malagueña El Rico aventaja al resto. Es la agrupación que más solicitudes de indulto presenta –tres cada año– y (casi) todos los años uno de sus reclusos propuestos es liberado. Una tradición que se remonta a un privilegio otorgado por el rey Carlos III en 1759 y que en la última década se interrumpió en dos ocasiones: en 2017, lo que llevó al ministro de Justicia a sofocar los ánimos en Málaga y prometerles la medida de gracia que llegaría meses más tarde, y en 2020, cuando, por la crisis de Covid-19 se anularon, también, las procesiones y ninguna hermandad consiguió liberar a ningún recluso. El Rico se vio compensado al año siguiente con tres indultos, pese a que la Semana Santa fue suspendida de nuevo por la situación sanitaria.

Este año El Perdón, de Salamanca, vuelve a conseguir liberar a un recluso; su última vez fue en 2017. Menos suerte tiene la cofradía del Cristo del Amor, de Marbella que, pese a sus intentos, no ha conseguido el perdón del Ejecutivo para ninguna de sus propuestas en la última década. Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid, otra de las que más peticiones ha registrado en los últimos años, pudo indultar por última vez a un preso en 2016.

Los penados que acceden a esta medida de gracia habían sido condenados, en su mayoría, por delitos contra la salud pública y, en menor medida, por delitos contra el patrimonio, como robos con fuerza.

Justicia no quiso entregar esta información

En 2019, al amparo de la Ley de Transparencia, volvimos a pedir las solicitudes de indulto de cada cofradía, con el objetivo de actualizar el artículo, que publicamos un año antes, sobre las diferencias en el trato a las distintas cofradías en su acceso a esta medida de gracia. Pero Justicia denegó lo que sí había entregado el anterior Gobierno. Y lo hizo hasta el punto de llevar a juicio, en dos ocasiones, la resolución del Consejo de Transparencia que daba la razón a Civio. Ambas sentencias de la Audiencia Nacional instaron al ministerio a entregar la información.

viernes, 28 de diciembre de 2018

Civio insiste al Gobierno: menos promesas y más avances concretos en transparencia

El Ejecutivo convoca en una reunión grupal a organizaciones pro transparencia y lobistas tras medio año sin avances en transparencia y sin concretar cómo va a cumplir sus compromisos en esta legislatura.

CIVIO. 27 diciembre 2018.- Hoy -l jueves 27 de diciembre- , en plenas Navidades, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha convocado a representantes de organizaciones pro transparencia y a lobistas para exponer la agenda de transparencia del Gobierno. El encuentro ha estado presidido por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y la directora general de Gobernanza Pública, María Pía Junquera. A él han asistido representantes de organizaciones como Civio, Access Info Europe, Transparencia Internacional, la Fundación Hay Derecho, Maldita y Más Democracia, así como a colectivos de lobistas como APRI y Foro por la Transparencia.

Sobre la mesa había cuestiones de urgencia como la ausencia de un reglamento de la ley de Transparencia (cuatro años después de su entrada en vigor y tras dos borradores frustrados durante el anterior Gobierno), la regulación de la actividad de los grupos de interés, la publicación de las agendas de trabajo y reuniones de los altos cargos y renovación de la presidencia de Consejo de Transparencia. Tras consultar previamente a todos sus socios, Civio ha asistido a esta reunión por responsabilidad y para trasladar un mensaje claro, pese a haber sido convocada un 27 de diciembre, con solo una semana de margen y en un formato colectivo que no permite discutir avances concretos y solo sirve para la imagen. Pese a ello, hemos vuelto a insistir: vamos a seguir exigiendo hechos y no promesas, sea cual sea el partido que esté en el gobierno.

Un formato de reunión ineficaz, en plenas fiestas
Desde el cambio de Gobierno, en junio, Civio ha solicitado repetidamente y sin éxito una reunión con la ministra Batet para lograr avances concretos en transparencia tras las promesas que realizó el PSOE mientras estaba en la oposición. Como hemos insistido, el formato de reunión en bloque no es eficaz. Pedimos reuniones de trabajo individuales con las organizaciones que trabajan en políticas de transparencia desde hace años, profundizando en los motivos de cada propuesta y en cómo implementarlas, porque las reuniones colectivas y sin agenda no permiten concretar ningún pormenor. Desde 2012 realizamos propuestas claras y argumentadas para reducir la opacidad de las instituciones, logrando así mejorar en transparencia la Ley de Contratos Públicos, y hemos introducido cambios en todos los niveles, desde el Congreso a las comunidades autónomas y las administraciones locales, para mejorar el derecho de acceso a la información y que la actividad de los lobbies y otros ámbitos estén bajo el escrutinio público. Batet ha señalado que su implicación personal en reuniones de trabajo individuales no es viable, y delegó en su equipo. Siempre que la reunión se convoque para discutir acciones concretas y con personas con capacidad de decisión, Civio participará, pero no acudiremos a reuniones que no faciliten medidas concretas para avanzar en transparencia.

Seis meses sin avances en transparencia
La ministra aseguró que el actual Ejecutivo tiene más voluntad para avanzar en transparencia que el Gobierno anterior, pero los seis meses en el cargo no lo demuestran. Civio considera que en este tiempo no se ha producido ningún avance en el ámbito de la transparencia. Hasta ahora, el único paso dado ha sido publicar un extracto de las declaraciones de bienes de altos cargos en el BOE. Una medida que suponía cumplir una obligación legal ya establecida y en la que el Gobierno desaprovechó la primera oportunidad de mejorar las escasas obligaciones de transparencia que ya existían en este ámbito, como sí hacen algunas comunidades autónomas y el Congreso de los Diputados.

Compromisos sin cumplir
En esta reunión, la ministra ha anunciado que el Ejecutivo no se plantea proponer una modificación de la Ley de Transparencia en esta legislatura. Civio le ha recordado los compromisos del programa electoral de su partido, que pasaban por una reforma de la ley y la publicación de la “huella legislativa” de todas las iniciativas normativas, entre otras. En ninguno de estos ámbitos se han producido avances.

Sobre la ausencia de reglamento de la Ley de Transparencia, la ministra comunicó su intención de tener listo un nuevo borrador en la primavera de 2019. Hemos preguntado qué consideraciones merecen las propuestas que Civio ha realizado a los dos borradores anteriores, y que compartimos con su equipo en octubre. ¿Se va a reducir al arbitrariedad en los tiempos de respuesta que afectan al derecho de acceso? ¿Se va a concretar el significado de “reelaboración de información” como motivo para denegar una respuesta y otras excepciones al derecho de acceso que siguen siendo demasiado ambiguas? ¿Se van a seguir los criterios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? El Ministerio de Política Territorial y Función Pública no ha concretado sobre estos aspectos, ni tampoco sobre si está teniendo en cuenta las aportaciones que organizaciones como Civio han hecho en las consultas anteriores.

Vacantes sin previsión de cubrir
Aunque el Ministerio se escuda en la minoría parlamentaria para justificar su escasa iniciativa, desde Civio hemos recordado que el Ejecutivo podía haber aprobado ya medidas directas para avanzar en algunas cuestiones (la publicación de las agendas de los altos cargos, proponer un borrador de reglamento que recoja las propuestas de las organizaciones expertas) y desbloquear otras (proponer al Congreso candidaturas a la presidencia del Consejo de Transparencia). Sobre las agendas de los altos cargos, que el ministerio prometió para noviembre, Batet aseguró que se pondrá en marcha el próximo trimestre, empezando por los ministros y los secretarios de Estado. Sobre la presidencia vacante del Consejo de Transparencia, afirmó que no se barajan plazos para proponer nombres.

Reiteramos nuestra disposición a colaborar para poder mejorar la transparencia de las instituciones, pero no de cualquier forma. Demandamos más voluntad política traducida en avances concretos, y nos reafirmamos en que una posición crítica, independiente y firme de la sociedad civil, gobierne quien gobierne, es clave para asegurar cambios como los que hemos ya hemos conseguido.

jueves, 7 de diciembre de 2017

Banderas rojas: Jornada el 13D en Madrid sobre detección de riesgos y prevención de la corrupción en contratación pública



Civio.es .-Se acerca la segunda sesión de trabajo del grupo Laboratorio de Innovación en Contratación Pública, que será el miércoles 13 de diciembre. Se llama Banderas rojas, detección de riesgos y prevención la corrupción en la contratación pública, y ya puedes consultar la agenda de la jornada.

Lugar y hora: En el Medialab-Prado (Calle de la Alameda, 15. Madrid), sala Auditorio, de 10:14h a 14h. La asistencia es abierta y no hace falta inscribirse.

Agenda
10.15h. Presentación de los objetivos de la jornada y de los ponentes. Por Eva Belmonte, cordinadora del laboratorio.

10.30h / 11.15h. Alejandro Gamir. Experto en corrupción en contratación pública y autor del informe ‘Mapping high-level corruption risks in Spanish public procurement (Corruption Research Center de Budapest). Sobre el estudio de irregularidades concretas que han desembocado en casos de corrupción.

11.15h / 12.15h. Lara Baena y Roger Folgera, de la Oficina Antifrau de Cataluña. Sobre análisis de riesgos en la contratación pública y los conflictos de interés. Descanso

12.30h / 13.15h. Elena Hernáez, presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Sobre el funcionamiento y los retos de un organismo de control y vigilancia de procesos de contratación pública.

13.15h / 14.00h. Alfonso Puncel, subsecretario de la Consejería de Transparencia de la Generalitat Valenciana. Sobre el sistema de alertas contra la corrupción en la administración que desarrolla la Generalitat.

Hemos tratado de contar con numerosos puntos de vista sobre cómo controlar la corrupción, y debatiremos al final de cada una de ellas, así que será una sesión más apretada que la anterior, y esta vez no tendremos margen para trabajar en grupo después. Lo que haremos será someter lo aprendido a debate de forma online en los días posteriores. Así podremos tener en cuenta todo lo aprendido durante la jornada y reflexionar de forma más calmada.

Para ir alentando el debate, compartimos además unos documentos esenciales sobre el tema de control de la corrupción en la contratación:
Para preparar la sesión
Mapping high-level corruption risks in Spanish public procurement es un informe de nuestro primer ponente, Alejandro Gámir, que analiza los riesgos concretos que se produjeron en casos de corrupción en contratación pública como Gürtel o Palma Arena.

La breve Guía contra el fraude en la licitación pública que elabora la CMNC, con su check-list de indicios de que una licitación puede estar manipulada y un buzón de denuncias anónimas.

En la web de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude existen estudios e iniciativas sobre estos temas a nivel europeo.

El proyecto Red Flags, de Hungría, una herramienta desarrollada por K-Monitor y Transparencia Internacional que emplea un algoritmo para detectar y filtrar automáticamente una serie de checks de control de irregularidades en la documentación de Tenders Electronic Daily, el suplemento del diario oficial de la UE donde se publican los concursos públicos.

En Argentina se está poniendo en marcha una plataforma de contratación electrónica llamada Contratar.Gob.Ar que permite comprobar cuáles son las empresas que ganan licitaciones de obras públicas, cuánto cobran por esos trabajos, quiénes pierden en cada proceso y cuáles son los precios en juego. Uno de sus objetivos es evitar los cárteles de empresas que concurran a un contrato. Este es un ejemplo de la información que publican sobre un proceso de contratación.

Desde la Oficina Antifrau de Cataluña se ha publicado un informe sobre los trabajos de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (CEMCORD). En la página 43 aborda el tema de la contratación pública.

Por último, en esta sesión recogeremos también algunas de las reflexiones que surgieron en la anterior, y que son pertinentes. Por ejemplo:
Es importante que los controles de vigilancia de irregularidades se realicen también a priori, no solo a posteriori.

Existen límites en el acceso público a la información contractual. No solo la protección de datos, también las restricciones en el acceso al Registro Mercantil. El Registro Mercantil Central, institución oficial de publicidad que aglutina los datos contenidos en los registros provinciales, no permite el acceso gratuito a la información que contiene. Y el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), en su edición electrónica, no permite la búsqueda de contenido en este apartado. Además, los contenidos disponibles en la web solo abarcan desde 2009 hasta la actualidad.

También ha surgido la cuestión de quién debería encargarse de vigilar la contratación, y cómo. Desde Civio llevamos tiempo pidiendo un organismo independiente y con poder sancionador y medios, pero la nueva LCSP se ha quedado a medias en este aspecto. La nueva ley crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, pero su composición, independencia y funcionamiento no es ni mucho menos como nosotros reclamábamos. Entre otros motivos, estará adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

También reclamamos un buzón de denuncias anónimas que permita destapar casos de corrupción. Tampoco ha entrado en la ley. Es una de las recomendaciones que podríamos pedir desde este grupo de trabajo a las Administraciones Públicas. Contamos, como ejemplo, con el buzón ético que nos explicó Albert Oliveres, de la Generalitat de Cataluña, en la anterior sesión: en Cataluña cuentan con un buzón que permite denunciar mala praxis en contratación a cualquier persona y sin necesidad de identificarse. La denuncia llega a los ocho miembros de una Comisión Ética en Contratación Pública con total garantía de confidencialidad.

Aquí tienes todos los materiales de la sesión anterior.

domingo, 13 de diciembre de 2015

El portal pro-transparencia Tu Derecho a Saber cierra su web por las trabas burocráticas del gobierno

La negativa de las instituciones a responder por correo electrónico condena al cierre a la web Tu Derecho a Saber
 
Civio.es.- El portal pro-transparencia Tu Derecho a Saber nació a finales de 2011 para facilitar que cualquier persona pudiera enviar solicitudes de información a cualquier institución pública española. Aunque el derecho a acceder a información pública aún no estaba reconocido por ley, entonces ya era una demanda social inaplazable, así que Access Info Europe y la Fundación Civio, con muchísima ayuda y colaboración, nos unimos para empezar a extenderlo.
 
Con Tu Derecho a Saber tratábamos de atajar varios factores que dificultaban el proceso de pedir información a las instituciones: una persona cualquiera, al no conocer las solicitudes de otras, podía no saber bien qué cuestiones podría preguntar, o cómo hacerlo, o cuál era el organismo adecuado. O podría no tener los datos de contacto de la persona responsable en este organismo, o no saber si el plazo de respuesta ha expirado y cómo reclamar. Como hacer todo esto uno mismo, en privado, podía resultar desmoralizante y generaba indefensión, Tu Derecho a Saber estaba específicamente diseñada para reducir esa brecha entre las administraciones y la sociedad. La web contenía los datos de contacto de cada organismo y enviaba la solicitud por correo electrónico. Después, tanto las solicitudes de información como las posibles respuestas quedaban abiertas al conocimiento público.
 
1.800 solicitudes tramitadas
Desde marzo de 2012, Tu Derecho a Saber ha canalizado más de 1.800 solicitudes de información, poniendo unos 900 organismos y administraciones públicas al alcance de un solo click. También ha sido el eje de la labor de control y monitorización que tanto Civio como Access Info Europe hemos realizado sobre la transparencia de las instituciones cuando no existía ningún otro medio para obtener datos. La información recabada gracias esta plataforma (un silencio administrativo del 54% en 2012; del 57% en 2013; del 42% en 2014) ha sacado la luz la verdadera cara de las instituciones a la hora de responder a los ciudadanos. 385.000 usuarios únicos han consultado la plataforma en este tiempo, y muchos miles más han conocido los entresijos de la tramitación de la Ley de Transparencia, sus limitaciones y las de su implementación a través del blog de Tu Derecho a Saber.

Un muro administrativo y técnico entre la administración y el ciudadano

El 10 de diciembre de 2014, el mismo día de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, paradójicamente, comenzaron las dificultades para Tu Derecho a Saber. Las dos organizaciones responsables lo supimos en cuanto tuvimos acceso por primera vez al Portal de Transparencia (un día después que la prensa, dicho sea de paso): “Se cumplieron los peores pronósticos. Los obstáculos para ejercer nuestro derecho a solicitar y recibir información son más y más férreos de lo que esperábamos”. El Gobierno, al desestimar el correo electrónico (el canal más sencillo, ágil y accesible para solicitar información), había optado por colocar una barrera administrativa y técnica que sigue siendo infranqueable para muchos ciudadanos: la exigencia de identificarse mediante un certificado digital, un DNI electrónico o mediante una clave personal obtenida a través del móvil.
 
Al quedar relegadas las comunicaciones por correo electrónico, y ante la imposibilidad de adaptar técnicamente la plataforma para franquear esta barrera, nos hicimos una pregunta obvia, la misma que los usuarios de la plataforma: si seguimos enviando solicitudes de información desde Tu Derecho a Saber a los poderes públicos, ¿nos responderán?
 
Tu Derecho a Saber ha seguido cumpliendo su función durante 2015 ya que algunos organismos nacionales (reguladores, embajadas, delegaciones del Gobierno), autonómicos y locales seguían admitiendo solicitudes de información vía email. Lamentablemente, en estos últimos meses, cada vez menos lo hacen. Alegando que el email no es la vía establecida para preguntar a la administración, son mayoría los organismos que deniegan la respuesta. A medida que las instituciones se adaptaban a sus nuevas obligaciones de transparencia, la identificación electrónica y los formularios propios se han consolidado como el ‘peaje a pagar’ por el ciudadano, en detrimento del correo electrónico.

jueves, 11 de septiembre de 2014

La Ley de Transparencia sigue con retrasos importantes a solo tres meses de su entrada en vigor

La ley de transparencia ha sido muy criticada por expertos a nivel nacional e internacional entre otras razones por no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental
 
Access Info Europe. Madrid, 9 .9 2014 - A tres meses de la entrada en vigor de la Ley  de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, el Gobierno sigue sin haber publicado nada sobre los distintos reglamentos que permitirán su implementación.
 
A continuación hacemos un repaso de lo que queda por hacer en estos tres meses.
 
Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio enviaron el día 20 de agosto de 2014 una carta al Secretario de Estado de Relación con las Cortes José Luis Ayllón Manso para saber en qué estado se encuentra la implementación de la Ley de Transparencia.
 
Entre las tareas pendientes, el gobierno debe completar los siguientes procesos:
 
» Presentar el Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Según la propia ley aprobada en diciembre de 2013, este reglamento debería haberse presentado en marzo de 2014.
 
Esta norma es especialmente importante ya que definirá entre otras cuestiones cuáles serán los requisitos que deberán cumplir los candidatos a la presidencia del Consejo de la Transparencia y los mecanismos para asegurar su independencia y el buen desarrollo de su mandato.
 
» Presentar el reglamento que desarrolle los detalles de la propia ley. Este reglamento clave ya que definirá exactamente la forma a través de la cual podremos solicitar información a las instituciones públicas y quizás aclarará algunos preceptos imprecisos que contiene la ley como la exclusión que hace el artículo 18 de informes y comunicaciones internas.
 
» Crear el Portal de la Transparencia. El Gobierno deberá tener listo en diciembre un portal en el que al menos deberá poder encontrarse información relativa a las instituciones estatales.
 
Una ley muy contestada
La ley de transparencia ha sido muy criticada por expertos a nivel nacional e internacional entre otras razones por no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, por limitar su alcance casi exclusivamente a información administrativa y por proponer un sistema de recursos muy poco ambicioso. Las normas que quedan por aprobar todavía podrían mejorar algunos de estos defectos, de ahí la importancia de que su aprobación se haga de forma transparente y participativa.
 
Aquí puedes leer la carta enviada al Secretario de Estado.
Aquí puedes encontrar el análisis de Access Info Europe a la Ley española de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

Noticia relacionada: Principio de acuerdo en Canarias para aprobar la Ley de Transparencia

jueves, 10 de abril de 2014

Las Administraciones Públicas se amparan en el silencio administrativo como respuesta a la demanda de transparencia

El 57% de las solicitudes de acceso a la información enviadas por Tuderechoasaber.es, no recibió ninguna contestación en 2013
 
Sólo el 13% de las demandas recibieron la respuesta solicitada. Los ayuntamientos cada vez más opacos.
 
Info Acces.  9 de abril de 2014 - En 2013, el año de la tramitación y aprobación de la Ley de Transparencia, las administraciones públicas españolas recurrieron en más ocasiones que en 2012 al silencio administrativo.
 
A
 menos de ocho meses para la entrada en vigor de esta nueva norma en las instituciones de rango nacional, el 57% de las solicitudes de acceso a la información enviadas desde
Tuderechoasaber.es,   la primera web que simplifica este proceso en España, no recibió ninguna contestación. Este ratio supone un aumento del 3% respecto al año anterior. Así lo revela el Informe Tuderechoasaber.es 2013 (file_pdf) que  publica Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio, las dos organizaciones responsables de esta iniciativa.
 
Este informe se basa en el análisis de 654 solicitudes de información enviadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. De ellas, 375 se quedaron sin respuesta. Los resultados de este trabajo no sólo muestran que las solicitudes de información respondidas (el 43%) son insuficientes, sino también la falta de respuestas adecuadas. Únicamente el 13% (84 solicitudes) recibió la información que se pedía. En el 11% de los casos las instituciones alegaron no poseer la información solicitada; un 7% de las respuestas fueron inadecuadas (casos en que lo contestado no tiene nada que ver con la pregunta); un 4% incompletas; un 4% remitió a formularios institucionales (una medida restrictiva respecto al correo electrónico) y el 2% de las solicitudes fueron rechazadas.
 
Los malos resultados de 2012 no sólo se mantienen sino que la respuesta de las instituciones incluso ha empeorado un año después. La opacidad se agrava al mismo tiempo que el Gobierno descarta introducir mejoras a una ley de acceso a la información que consideramos insuficiente y de cuya implementación, como antes de su tramitación, tenemos muy pocos detalles”, señala Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info Europe.
 
Ayuntamientos más opacos, comunidades más transparentes
El informe revela un alarmante agravamiento de la opacidad en las entidades locales. Ayuntamientos, cabildos y otras instituciones de proximidad ignoraron el 81% de las solicitudes de información, un 11% más que en 2012. Estas entidades cuentan con un año extra de plazo para atajar este problema y no estarán obligadas a aplicar la nueva normativa de transparencia hasta diciembre de 2015. En el caso de los órganos constitucionales, agencias estatales, organismos reguladores, empresas públicas y partidos políticos, el silencio administrativo se produjo en el 59% de las preguntas.
 
Por contra, las instituciones de alcance autonómico mejoran sus ratios de respuesta al ciudadano respecto al año anterior. Así, la callada por respuesta se redujo en las solicitudes a los gobiernos de las comunidades autónomas del 41% al 32%, estando varias de ellas inmersas actualmente en la tramitación de sus propias leyes de transparencia. Entre las comunidades autónomas,Cataluña es la que más solicitudes de información recibió en 2013. De 19 solicitudes de información, el 47% se saldó con silencio administrativo y el 31% fueron dirigidas a un formulario interno, por lo que la respuesta, si la hay, queda fuera del conocimiento público. “No siempre ha sido así. Hasta hace poco, la Generalitat admitía preguntas por correo electrónico, pero ha pasado recientemente a vetar esta vía de comunicación y se niega a facilitar una dirección de correo electrónico de contacto”, explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de la Fundación Ciudadana Civio.
 
Asimismo, destacan los casos de la Comunidad de Madrid (19 solicitudes, en el 53% alegó no poseer la información), Galicia (nueve solicitudes y silencio administrativo en el 44% de ellas), Castilla y León (15 preguntas, ocho de ellas satisfactorias) y País Vasco (17 solicitudes, ocho satisfactorias).
 
“No poseemos esa información”
El silencio administrativo se redujo mínimamente en las entidades nacionales, principalmente ministerios: del 53% al 47%. De los más 550 organismos listados en Tuderechoasaber.es, el que más preguntas de ciudadanos ha recibido durante 2013 fue el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Aunque su porcentaje de silencio administrativo fue muy inferior a la media (17%), aseguró no poseer la información reclamada en el 48% de las solicitudes de información. El caso del Ministerio de Interior también es relevante: de las 19 solicitudes de información recibida ninguna fue respondida.
 
A la espera de que la ley de transparencia se ponga en marcha, la gran mayoría de los organismos públicos demuestra no estar en absoluto preparada para su cumplimiento”, afirma Eva Belmonte. “¿Qué ocurre con las solicitudes vinculadas a información medioambiental, que sí cuentan con una ley en vigor desde julio de 2006? De las 38 preguntas relacionadas con este ámbito, casi un 40%, fueron ignoradas. Por eso insistimos en que la transparencia se debe más a la voluntad de las instituciones que a las garantías de una nueva ley”, explica.
 
A la cola de los países con plataformas similares
Tuderechoasaber.es se basa en un software llamado Alaveteli, y el primer país donde se aplicó fue Reino Unido en 2008, donde el 73% de las preguntas son contestadas de forma exitosa. En comparación, las entidades españolas suspenden y se ponen a la cola de casi todos los países con herramientas similares. Mientras que en nuestro país sólo el 13% de las preguntas reciben una respuesta satisfactoria, en República Checa llegan al 63%, en Hungría al 53%, en Nueva Zelanda al 51%, en Alemania al 27% y en Australia al 21% del total de preguntas presentadas. Sólo Túnez, con el 11% de las preguntas contestadas de forma exitosa, se sitúa por detrás de España.