Por Carmen Navarro Gómez. IDL-UAM.- El III
Informe de la Colección de Estudios de Políticas Públicas
Locales (una colección de estudios de diagnóstico y análisis de las actuaciones
de los municipios madrileños que venimos desarrollando en el Instituto de Derecho Local desde 2016)
aborda cuestiones de participación ciudadana.
El documento elaborado por
la profesora
Carmen Navarro y David Alba se
presentará el próximo miércoles 13 de junio en la Feria de Madrid en el
marco de la tercera edición del Foro de las Ciudades,
cuyo eje principal es la ciudad de los ciudadanos, proactivos con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y que impulsan ciudades verdes,
resilientes e innovadoras.
En él se hace balance de las políticas locales de
participación ciudadana de los 25 municipios más poblados de la Comunidad de
Madrid, a partir de información recogida en las páginas web de los
ayuntamientos, en estadísticas oficiales y en las entrevistas realizadas a los
responsables técnicos e institucionales de una quincena de ellos. Se ofrecen
resultados sobre la organización y recursos de estas políticas, el desarrollo
de los mecanismos participativos, así como sobre el impacto, el nivel de
actividad, los beneficios y las limitaciones de su implementación.
Para articular esta política, los ayuntamientos
estudiados se han servido principalmente de un reglamento de participación
ciudadana; reglamentos que en un alto porcentaje se han revisado muy
recientemente o están en fase de revisión para la adaptación a los nuevos
tiempos. Sin embargo, a la hora de planificar las acciones, son mayoría los
consistorios que carecen de planes específicos que orienten su estrategia en
este ámbito; más bien se remiten a las líneas generales de los programas de
gobierno. En cuanto a los recursos, son pocos los municipios que reconocen no
contar con personal dedicado a participación ciudadana y, en general, en los
últimos dos años han aumentado tanto las plantillas como los presupuestos de
las políticas de participación ciudadana.
En relación con el análisis de las actuaciones,
encontramos que los objetivos prioritarios de la política se refieren a i) el
impulso de los espacios estables de participación y ii) el apoyo y dinamización
del movimiento asociativo local. En menor medida se consideran prioritarios
procesos participativos sectoriales y nuevos canales de participación,
principalmente, por medio de nuevas tecnologías.
Así, el impulso de los órganos estables es
declarado de modo general como la prioridad principal (ej.: consejos de barrio
o distrito, consejo de juventud, consejo de personas mayores, etc.). Se han
identificado casi un centenar y medio de estos consejos sectoriales en el total
de municipios estudiados, si bien no se puede hacer un balance preciso del
grado de actividad de los mismos. Entre las novedades en su tratamiento, se
está revisando la composición de estos órganos para hacer más fácil la
participación del ciudadano a título individual (no organizado a través de
asociaciones) y los órganos estables para el desarrollo de presupuestos
participativos están ocupando terreno, a nivel de barrio o distrito.
Otro de los pilares de actuación es el apoyo a la participación
colectiva de base asociativa. Todos los municipios tienen reglamentado el
registro de las entidades o asociaciones ciudadanas y ponen a su disposición
recursos -principalmente económicos- para el desarrollo de sus actividades,
bien directamente adscritos a las políticas de participación ciudadana bien a
las sectoriales de su actividad: deporte, cultura, juventud, medio ambiente,
mayores, mujer, etc. Al igual que ocurría con el punto anterior, las acciones
de apoyo a las asociaciones también se están reformulando, dando cabida a
nuevos movimientos, no siempre organizados, que escapen de lógicas
potencialmente negativas de institucionalización de estas entidades sociales.
En el capítulo de nuevas tendencias se ha detectado el
refuerzo de los procesos de consultas y audiencias públicas, tanto
presenciales como telemáticas, con diferentes abordajes y alcances, desde
consultas para modificaciones en temas de festejos locales hasta decisiones
sobre el destino de inversiones. Son éstos últimos, los procesos de presupuestos
participativos, los que han ocupado gran parte de la atención de los
departamentos municipales de participación ciudadana en los últimos años, por
la influencia directa que tienen directamente sobre decisiones municipales y
por lo que pueden entrañar de transformación de los barrios.
Impacto moderado
En resumen, el análisis nos ha enfrentado ante una rica
variedad de situaciones, estrategias y formas de hacer. Los ayuntamientos
desarrollan políticas diversas, lo hacen desde estructuras organizativas
variadas y con apuestas económicas diferentes. Las entrevistas también nos han
permitido ofrecer un cierto balance de las actuaciones de participación. En
general, se considera que los distintos procesos participativos tienen un
impacto medio en las decisiones municipales, apuntando a un impacto algo mayor
en las consultas y procesos presenciales frente a los llevados a cabo por medio
de internet e identificando el fenómeno de una cierta brecha digital. El apoyo
e impulso del máximo nivel político a la política se considera el principal
factor determinante del éxito de este tipo de actuaciones. Aun así, la
fortaleza y calidad del tejido asociativo también se reconoce como elemento
clave y valorado en segundo lugar, lo que resulta lógico en un contexto como el
local en el que ambos se encuentran claramente relacionados, retroalimentándose
mutuamente.
Por otro lado, tanto la falta de recursos (dependiente directamente
del apoyo oficial) como la falta de interés público para participar en los
procesos se señalan como principales limitaciones. Entre los beneficios percibidos
de estas políticas se apunta a la mejora de la toma de decisiones y de la
formulación de políticas, que conllevan una mejora en la prestación de los
servicios y, por otro lado, una mayor conciencia ciudadana que posibilita un
mayor empoderamiento y desarrollo comunitario.
En definitiva, nos encontramos ante una política viva y
dinámica, en la que podemos identificar un cierto resurgir después de años de
caída tanto en su posición en la agenda política como en dotación de recursos.
Parece con esto que el gobierno local sigue demostrando su mayor capacidad de
innovación, de voluntad de mejora de sus procesos democráticos y de adaptación
a los nuevos tiempos.
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