Por Antonio Arias. Fiscalización.es. La semana pasada
participé, junto a otros dos ponentes, en un fructífero encuentro con los
diputados de la Comisión de Presupuestos y Economía de la Asamblea
de Madrid. Se trataba de exponer nuestra experiencia en el marco
de la ponencia legislativa para la reforma de la Ley de Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid. Acompañé a los Ex-presidentes del Tribunal Vasco de
Cuentas (Ignacio Martínez Churiaque) y de la Cámara de Comptos
de Navarra (Helio Robleda Cabezas) opinando sobre algunos
asuntos institucionales y profesionales de la fiscalización de los fondos
públicos.
Los portavoces de
los grupos parlamentarios de Ciudadanos (Victoria Alonso).
Socialista (Pilar Sánchez), Podemos (Miguel Ongil)
y Popular (Pedro Muñoz) se interesaron por aspectos como la
colegialidad, la independencia, la transparencia, las funciones de prevención de la corrupción o los nuevos
ámbitos de fiscalización del sector público.
La
prevención de la corrupción
La sesión duró casi tres horas y ofreció nuestros puntos
de vista sobre los diversos aspectos de la proposición
legislativa que modifica varios artículos que regulan la institución de
control externo del sector público madrileño incorporando las competencias
preventivas de la corrupción, lo que no es pacífico para los más
ortodoxos de la fiscalización.
La limitada experiencia del Consello de Contas de Galicia tras la
reciente modificación legislativa, al crear una sección específica para ello, está siendo objeto de
una atenta observación por parte de académicos y políticos. Se concreta en la
colaboración con las administraciones sujetas a su ámbito de actuación para
elaborar manuales de gestión de riesgos, comprobar los sistemas de prevención
de la corrupción que se pongan en marcha, asesorar sobre normas para prevenir y
reprimir la corrupción así como fomentar la transparencia y la ética de las
relaciones empresariales con el sector público. Esta opción no es para
nada querida por los OCEX pero intenta evitar la proliferación de Agencias
Antifraude (la última, Ley Foral 7/2018, en Navarra).
Helio Robleda:
“El modelo de control externo de las cuentas públicas en España ha fracasado
rotundamente”
Sin
embargo, es imposible acometer tan buenas intenciones sin el
acceso a las bases de datos de la AEAT, como reconoció la Declaración de Toledo 2016 que en su apartado séptimo pedía
acceso a la “relevante información tributaria, presupuestaria, contable o
financiera, respetando siempre las debidas garantías de confidencialidad”. El
propio Tribunal de Cuenta de España se
queja amargamente de sus dificultades para acceder a los datos
tributarios o sociales ¿Cómo se puede investigar la corrupción sin ellos?
Pues mucho menos las declaraciones de intereses,
como quiso hacerse en Navarra, sin que se lograse
finalmente el consenso suficiente para adjudicar esa competencia a la
Cámara de Comptos.
Debemos tener
cuidado para no generar unas expectativas infundadas que, si no hay más medios
para ello, defrauden a la ciudadanía. También hay que reconocer los límites de
esta función a la prevención pues cuando encuentran indicios de ella, se
aparcan las actuaciones que deben trasladar sus actuaciones a la Fiscalía.
Ignacio M.
Churiaque: “En algunos ámbitos del sector público, claramente no supimos ser un
contrapoder del Estado”.
Algunos
consensos parlamentarios
Me pareció
percibir un claro consenso en la necesidad de acortar
la rendición de las cuentas públicas, en los términos de la declaración de
los presidentes de OCEX de Pamplona durante el año pasado. La Comunidad de
Madrid la rinde antes del 31 de julio. En el resto, no tiene sentido que
el Ministerio de Hacienda conozca la liquidación presupuestaria en febrero -para
el análisis de su cumplimiento en términos de estabilidad presupuestaria- y
las corporaciones locales, por ejemplo, rindan la cuenta
general ocho meses más tarde.
También parecía
haber consenso en relación con el necesario seguimiento de las
recomendaciones del OCEX, como función ejercida con
regularidad que mide la utilidad del control, así como en la colegialidad
del órgano –entre tres y cinco consejeros- sin perjuicio de
recordar, como hizo el expresidente del Tribunal Vasco de Cuentas, que la
opinión ciudadana exige la despolitización de las Instituciones de control. “A la Auditoría no se va a
hacer amigos”, concluyó en su intervención.
Sin embargo,
después de todo, lo importante es acertar con el nombramiento de los cargos. En
algunos sistemas políticos es habitual nombrar al frente de estos órganos a
destacados miembros de la oposición en la respectiva Comisión Parlamentaria de
Hacienda, entendiendo que estarán más estimulados en la
fiscalización de la acción del gobierno. Otra opción es tirar de la
cantera de los funcionarios de las Instituciones. En mi intervención,
no pude menos que recordar al primer presidente de la Cámara de Cuentas de
Madrid, el fallecido Ramón Muñoz, funcionario y Consejero que fue del Tribunal
de Cuentas de España y un amigo que tanto me enseñó.
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