TI.- Transparency International.- A principios de junio,
el Parlamento español votó para destituir al presidente Mariano Rajoy después
de que saliera a la luz que el partido al que pertenece, el Partido Popular
(PP), estuvo involucrado en el escándalo de corrupción más grande de la
historia democrática de España.
El caso es conocido como “Gürtel”, que en
alemán significa correa y que alude al apellido del principal sospechoso, el empresario
Francisco Correa. El asunto al que se refiere es una trama de corrupción que
operó en seis regiones de España entre 1999 y 2005. Correa trabó relaciones con
funcionarios del PP, y planeó sobornos tanto en dinero como en especie para
obtener contratos gubernamentales relacionados con obras públicas y
organizaciones de eventos. Las investigaciones empezaron después de que un
denunciante ofreciera detalles sobre un presunto caso de corrupción en el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Madrid.
En julio del año pasado, Rajoy
testificó ante el tribunal de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, y así
se convirtió en el primer presidente español que declaró sobre un caso penal.
Las sospechas sobre la autenticidad de su testimonio fueron determinantes para
votar más tarde la moción de censura que, finalmente, lo sacó del poder. La
Audiencia Nacional, que es la Corte Suprema de España, ha sentenciado a Correa
a 51 años de prisión por liderar la trama corrupta. Si bien Gürtel es el
escándalo de corrupción más preeminente de España en los últimos años, no es el
único caso que demuestra la existencia de una cultura de la corrupción en el
país.
Red de escándalos
Se trata, en realidad, de una parte de una amplia red de escándalos de
corrupción interconectados, entre los que se incluye el caso de Luis Bárcenas,
extesorero del PP, que estuvo vinculado con contribuciones secretas en efectivo
y donaciones hechas por empresarios, además de supuestos bonos que se pagaron a
altos funcionarios del partido. La Audiencia Nacional señaló a Bárcenas como
culpable por evadir más de 11,5 millones de euros en impuestos, y por recibir
1,24 millones de euros en sobornos, provenientes de personas que entraron en
contacto con él a través de Correa. Bárcenas tendrá que completar una condena
de 33 años de cárcel y pagar una multa de más de 44 millones de euros. Como era
de esperarse, el nuevo gobierno, liderado por el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), ha prometido luchar contra la corrupción, y todos los
principales partidos políticos han resaltado la necesidad de implementar
políticas anticorrupción.
Sin embargo, es importante destacar que el PSOE tiene
sus propios escándalos de corrupción, que siguen su curso ante los tribunales.
Además, todos los partidos principales han estado involucrados, presuntamente,
en delitos. Pese a esto, parece haber signos de un nuevo clima de rendición de
cuentas. Esta semana, el nuevo ministro de Cultura del PSOE, Màxim Huerta,
renunció a su cargo justo el mismo día en que los medios revelaron que había
evadido impuestos. Los políticos relacionados con escándalos de corrupción
previos han sido más reticentes a la renuncia. También hace unos días, la Corte
Suprema ratificó una sentencia de prisión para el cuñado del Rey, por su
participación en otro caso, el Nóos, que recibe ese nombre por la organización
sin fines de lucro que recibió contratos del gobierno sin seguir los procesos
de licitación adecuados. Iñaki Urdangarín fue puesto en prisión por los delitos
de fraude fiscal, malversación y tráfico de influencias.
En este momento
crítico para la lucha contra la corrupción en España, Transparency
International urge a todos los partidos políticos a unir fuerzas contra la
impunidad y apoyar los esfuerzos anticorrupción. Hay numerosas acciones que las
autoridades de España deben tomar con el fin de acabar con esa cultura
generalizada de pagos de favores y sobornos.
-PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES DE
CORRUPCIÓN- Tal como pone en evidencia el caso Gürtel, los denunciantes son
importantes para sacar a la luz los esquemas de corrupción. Pero las
potenciales represalias que pueden recibir de sus empleadores o, incluso, de
los tribunales, pueden frenar el impulso de esta gente para denunciar. Deben
cerrarse las brechas que existen en relación con la ley de protección de los
denunciantes en España, y el borrador de la directiva de la UE sobre este
particular debe trasponerse en las leyes nacionales, para mantenerse en línea
con las mejores prácticas definidas por Transparency International.
-CONTRATACIONES PÚBLICAS. Así como en otros países europeos, se necesita un mayor
compromiso cívico y una cultura de apertura para que los ciudadanos puedan
monitorear el sistema de contrataciones públicas. Eso no solo limitará las
oportunidades para que aparezca la corrupción, sino que reducirá la ineficiencia
y el despilfarro.
-CÓDIGOS DE CONDUCTA. Un informe reciente del GRECO, el Grupo
de Países del Consejo de Europa contra la Corrupción, hizo un llamado para que
se desarrollaran códigos de conducta entre los integrantes del parlamento, los
jueces y los fiscales de España. También debe haber más transparencia en las
actividades de lobby y más independencia en el sistema judicial y en la
Fiscalía General.
-PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL. Otras organizaciones de la
sociedad civil en España han exigido que exista una institución dedicada a
controlar la contratación pública, además de una regulación a nivel estatal del
lobby y la reforma de la Ley de Transparencia para que se reconozca el acceso a
la información como derecho fundamental. Los líderes políticos se deben
comprometer con la sociedad civil para encontrar los mejores caminos que
conduzcan a cerrar las fisuras que permitieron la existencia del caso Gürtel y
otros esquemas de corrupción, que amenazan con dominar el sistema político de
España.
No hay comentarios:
Publicar un comentario