martes, 26 de junio de 2018

Después de la Gurtel, ¿qué es lo próximo para España en su lucha contra la corrupción ?

"Hay numerosas acciones que las autoridades de España deben tomar con el fin de acabar con esa cultura generalizada de pagos de favores y sobornos"

TI.- Transparency International.- A principios de junio, el Parlamento español votó para destituir al presidente Mariano Rajoy después de que saliera a la luz que el partido al que pertenece, el Partido Popular (PP), estuvo involucrado en el escándalo de corrupción más grande de la historia democrática de España.

El caso es conocido como “Gürtel”, que en alemán significa correa y que alude al apellido del principal sospechoso, el empresario Francisco Correa.  El asunto al que se refiere es una trama de corrupción que operó en seis regiones de España entre 1999 y 2005. Correa trabó relaciones con funcionarios del PP, y planeó sobornos tanto en dinero como en especie para obtener contratos gubernamentales relacionados con obras públicas y organizaciones de eventos. Las investigaciones empezaron después de que un denunciante ofreciera detalles sobre un presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Madrid. 

En julio del año pasado, Rajoy testificó ante el tribunal de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, y así se convirtió en el primer presidente español que declaró sobre un caso penal. Las sospechas sobre la autenticidad de su testimonio fueron determinantes para votar más tarde la moción de censura que, finalmente, lo sacó del poder. La Audiencia Nacional, que es la Corte Suprema de España, ha sentenciado a Correa a 51 años de prisión por liderar la trama corrupta. Si bien Gürtel es el escándalo de corrupción más preeminente de España en los últimos años, no es el único caso que demuestra la existencia de una cultura de la corrupción en el país. 

Red de escándalos
Se trata, en realidad, de una parte de una amplia red de escándalos de corrupción interconectados, entre los que se incluye el caso de Luis Bárcenas, extesorero del PP, que estuvo vinculado con contribuciones secretas en efectivo y donaciones hechas por empresarios, además de supuestos bonos que se pagaron a altos funcionarios del partido. La Audiencia Nacional señaló a Bárcenas como culpable por evadir más de 11,5 millones de euros en impuestos, y por recibir 1,24 millones de euros en sobornos, provenientes de personas que entraron en contacto con él a través de Correa. Bárcenas tendrá que completar una condena de 33 años de cárcel y pagar una multa de más de 44 millones de euros. Como era de esperarse, el nuevo gobierno, liderado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha prometido luchar contra la corrupción, y todos los principales partidos políticos han resaltado la necesidad de implementar políticas anticorrupción. 

Sin embargo, es importante destacar que el PSOE tiene sus propios escándalos de corrupción, que siguen su curso ante los tribunales. Además, todos los partidos principales han estado involucrados, presuntamente, en delitos. Pese a esto, parece haber signos de un nuevo clima de rendición de cuentas. Esta semana, el nuevo ministro de Cultura del PSOE, Màxim Huerta, renunció a su cargo justo el mismo día en que los medios revelaron que había evadido impuestos. Los políticos relacionados con escándalos de corrupción previos han sido más reticentes a la renuncia. También hace unos días, la Corte Suprema ratificó una sentencia de prisión para el cuñado del Rey, por su participación en otro caso, el Nóos, que recibe ese nombre por la organización sin fines de lucro que recibió contratos del gobierno sin seguir los procesos de licitación adecuados. Iñaki Urdangarín fue puesto en prisión por los delitos de fraude fiscal, malversación y tráfico de influencias.

En este momento crítico para la lucha contra la corrupción en España, Transparency International urge a todos los partidos políticos a unir fuerzas contra la impunidad y apoyar los esfuerzos anticorrupción. Hay numerosas acciones que las autoridades de España deben tomar con el fin de acabar con esa cultura generalizada de pagos de favores y sobornos.

 -PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN- Tal como pone en evidencia el caso Gürtel, los denunciantes son importantes para sacar a la luz los esquemas de corrupción. Pero las potenciales represalias que pueden recibir de sus empleadores o, incluso, de los tribunales, pueden frenar el impulso de esta gente para denunciar. Deben cerrarse las brechas que existen en relación con la ley de protección de los denunciantes en España, y el borrador de la directiva de la UE sobre este particular debe trasponerse en las leyes nacionales, para mantenerse en línea con las mejores prácticas definidas por Transparency International. 

-CONTRATACIONES PÚBLICAS. Así como en otros países europeos, se necesita un mayor compromiso cívico y una cultura de apertura para que los ciudadanos puedan monitorear el sistema de contrataciones públicas. Eso no solo limitará las oportunidades para que aparezca la corrupción, sino que reducirá la ineficiencia y el despilfarro. 

-CÓDIGOS DE CONDUCTA. Un informe reciente del GRECO, el Grupo de Países del Consejo de Europa contra la Corrupción, hizo un llamado para que se desarrollaran códigos de conducta entre los integrantes del parlamento, los jueces y los fiscales de España. También debe haber más transparencia en las actividades de lobby y más independencia en el sistema judicial y en la Fiscalía General. 

-PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL. Otras organizaciones de la sociedad civil en España han exigido que exista una institución dedicada a controlar la contratación pública, además de una regulación a nivel estatal del lobby y la reforma de la Ley de Transparencia para que se reconozca el acceso a la información como derecho fundamental. Los líderes políticos se deben comprometer con la sociedad civil para encontrar los mejores caminos que conduzcan a cerrar las fisuras que permitieron la existencia del caso Gürtel y otros esquemas de corrupción, que amenazan con dominar el sistema político de España.

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