Eso es lo que pretende hacer la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo tras la disposición
comunitaria de la Unión Europea y que, 'grosso modo', pretende sentar las bases
para que la contratación pública sea una herramienta eficiente, competitiva y,
sobre todo, transparente. Estos son sus puntos fuertes y flaquezas.
Claves de la nueva ley:
1.- Más información
Dentro de sus novedades, la ley obliga a que todos los
concursos se publiquen en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de modo que
cualquier persona pueda acceder a la información. Además, la Administración
contratante tendrá que hacer constar en dicha plataforma todos los procesos
de la adjudicación: lanzamiento del pliego, detalle de los criterios de
adjudicación, oferta ganadora, informes de la mesa de contratación, etc.
Para María Jesús Escobar, socia responsable de Sector
Público de EY, se trata de un paso importante: "Ahora hay muchos
más puntos de transparencia en todo el proceso, y la transparencia es
la mejor arma contra la corrupción. No solo es una cuestión de imagen, sino de
gestión real: cuando una empresa lucha por una adjudicación, cuanta más
información haya, mejor será el entorno competitivo, con lo que es más difícil
que se produzcan situaciones de corrupción".
2.- Participación de las pymes
Las pequeñas y medianas empresas suelen tener
varios problemas cuando quieren acudir a una licitación pública. La mayoría de contratos
son demasiado grandes, cubren varios sectores, implican mucho tiempo de gestión
(sin garantía de que se vaya a ganar), pueden suponer una inversión demasiado
alta...
La nueva ley plantea la división de los contratos en lotes,
de modo que una pequeña empresa pueda optar a que se le adjudique uno sin tener
que concurrir al contrato entero. Además, la normativa también facilita
la subcontratación de partidas cuando así lo detalle el contrato.
La división de los contratos en lotes permite a las pymes pujar
por un lote concreto sin tener que concurrir a la licitación entera. "La Administración baja las barreras
administrativas y fomenta la competencia", destaca Escobar. Además,
"es muy importante que en España, donde las pymes tienen una incidencia
mayor que en otros países, accedan a los contratos públicos".
La división en lotes plantea también una duda: ¿no podría
convertirse en una forma de conceder muchos contratos pequeños (que por su
importe pueden negociarse sin concurso público) a una misma empresa? Escobar
recuerda que “todo debe estar publicado en la plataforma de contratación del
Estado, lo que ofrece una mayor transparencia y permite un seguimiento y
trazabilidad de todo el proceso".
3.- Simplificación de los trámites
La nueva normativa también simplifica los trámites de
concurrencia para "imponer una menor burocracia para los licitadores. El
proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las
cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes
en este ámbito, beneficiando así tanto a los licitadores como a los órganos de
contratación".
Además, el Gobierno ha creado la figura del procedimiento
abierto simplificado, que resultará de aplicación hasta unos umbrales
determinados y "nace con la vocación de convertirse en un procedimiento
ágil que, por su diseño, debería permitir que el contrato estuviera adjudicado
en el plazo de un mes desde que se convocó la licitación". Por otro lado,
"se prevé que todo se haga por vía electrónica", asegura María Jesús
Escobar, "con lo que la burocracia se abarata y todo se simplifica mucho
más".
4.- Concepto de calidad-precio
"Con la anterior ley, lo habitual era adjudicar el
contrato a la oferta económicamente más ventajosa", asegura Escobar,
" y eso podía desembocar en un mal servicio, ya que lo más barato no es
necesariamente lo mejor". Ahora la cosa ha cambiado: se da más valor al
concepto de calidad-precio. "Las adjudicaciones se realizarán
utilizando el principio de mejor relación calidad-precio", que "se
evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos que podrán
incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del
contrato".
La anterior ley obligaba a adjudicar el contrato a la oferta
más barata, pero lo más barato no es necesariamente lo mejor
Además, la legislación también introduce el concepto
de coste-eficacia, es decir, que podrá optar por adjudicar el contrato a
una oferta cuyo precio en principio sea mayor que el de sus competidores
siempre que se estime que con el paso del tiempo no habrá que hacer grandes
inversiones en mejoras o mantenimiento.
Los problemas que surgirán (o ya han surgido)
Las empresas que suelen concurrir a este tipo de concursos
se han encontrado con una situación muy llamativa ante la puesta en marcha de
esta ley. "Antes de que entrase la ley en vigor, el 9 de marzo, en EY
solíamos evaluar unos 60-70 concursos públicos al día, pero en las semanas
previas a la llegada de la nueva ley había cerca de 300 licitaciones publicadas
a diario", asegura Escobar. ¿La razón? "La inercia. La anterior ley
era de 2007, así que si una Administración lleva una década trabajando de la
misma manera y ahora tiene que cambiar los contratos modelo, se suelen dar
prisa. Ahora las empresas tienen que ajustarse a los nuevos modelos de
contratación y eso no va a ser fácil".
El anterior problema trae consigo una nueva consecuencia:
"Como los pliegos son nuevos y la ley también, hay cosas que aún no están
claras", nos cuenta la socia responsable de Sector Público de EY,
"así que muchas empresas que pierdan optarán por recurrir la
adjudicación". En su opinión, "se tardará un tiempo en tener esto
asentado, quizás un par de años, porque aún quedan muchos temas pendientes por
resolver". En cualquier caso, para Escobar, "esta ley es necesaria.
Venimos de una etapa de bastantes casos de corrupción que han marcado a los
ciudadanos y hay que cambiar el 'modus operandi"
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