Revista de prensa. El Confidencial Digital.- El Gobierno ha
anunciado que va a implantar un nuevo plan de impulso y transformación de la
Administración Pública para 2017-2019, que implicará ya un ahorro de 900
millones durante el próximo año. Pero Hacienda no ha concretado donde aplicará
el recorte: el
mayor ajuste irá contra los “enchufados” de las diputaciones.
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| El Gobierno anuncia una reforma de las AAPP |
Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes
conocedoras de los planes del Gobierno, la nueva vuelta de tuerca a la reforma
de la administración local conllevará rebajas en las plantillas de asesores y
personal eventual (no de funcionarios) en estos organismos.
En Hacienda admiten que la medida es “un gesto a
Ciudadanos”. El PP no cede en cuanto a su demanda de la supresión las
diputaciones, cuya eliminación había marcado Albert Rivera como prioritaria,
pero en cambio acomete una reducción significativa del llamado “gasto político”,
es decir, cargos y sueldos para ex dirigentes de los dos grandes partidos hasta
ahora en el poder colocados en esos organismos.
3.000 asesores se encuentran en el disparadero
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD aseguran que
técnicos del Ministerio de Hacienda que están elaborando el borrador de la
reforma revisan ahora la situación de casi 3.000 asesores del ámbito local, para
decidir sobre su continuidad o no en los cargos que ocupan ahora mismo en
diputaciones de toda España. El objetivo es ahorrar más de 700 millones de
euros en gastos.
El Gobierno se ha propuesto también establecer una tabla
salarial para los cargos públicos, con el fin de acabar con la “discrecionalidad
exagerada” que existe en la fijación de estas remuneraciones. “No es razonable
que un alcalde o un asesor cobren más que el presidente del Gobierno”,
argumentan en Hacienda.
Cada provincia está dividida en partidos judiciales, que
agrupan a varios municipios y, según los sufragios obtenidos, se les asigna un
número de diputados. En total hay 1.040 diputados provinciales, a los que hay
que sumar 155 consejeros insulares, según datos del Ministerio del Interior.
Habrá que argumentar las contrataciones a dedo
Fuentes conocedoras del borrador de la reforma explican que,
a partir de ahora, se pretende dar más carrera profesional a los funcionarios
que ya forman parte de la Administración. Se tendrán que ocupar de las
funciones que hasta ahora desempeñan los asesores.
También se prevé obligar a seguir criterios homogéneos para
la elección del personal eventual, debiendo justificar debidamente las
contrataciones a dedo de cargos de confianza.
Esto significa que, cuando no se encuentre el perfil
requerido en el seno de la Administración Pública, se podrá buscar fuera, pero
justificando una experiencia y una cualificación de ese personal que no está en
la Administración.
Así las cosas, se establecerá que los puestos que sean de
directores generales para abajo deban ser cubiertos por funcionarios, mientras
que sí podrían ser cargos de confianza un jefe de gabinete o un responsable de
prensa.
Los asesores de los ministerios están identificados
El Gobierno defiende que en la Administración central, en
cambio, sí existe algo más de claridad, y además el número de asesores está
limitado por Ley. Según los datos que se ofrecen en el Portal de Transparencia,
el conjunto de asesores en Presidencia y los diferentes ministerios superaba
ligeramente el centenar de personas en 2013, que es cuando se produjo la última
actualización de datos.
Se trata de una cifra muy pequeña, si se compara con los
hasta 20.000 que figuran en todo el país. Se concluye que la mayor parte de
estos expertos, colaboradores, ayudantes y demás nombres bajo los que están
ocultos los asesores, se encuentran en las diputaciones y otros entes públicos
de menor tamaño.
Empleados públicos en las diputaciones denuncian que, bajo
el epígrafe “asesor de Servicios Generales y Órganos de Gobierno”, se ha
colocado a muchos ex alcaldes. Para ellos se han negociado pactos en
ayuntamientos y la recolocación de candidatos que no han sido capaces de ganar
en las urnas, premiados con un sueldo de una diputación.
Con esa iniciativa, Hacienda pretende poner límite al número
de trabajadores eventuales que puede contratar una diputación, de modo que sea
proporcional con su plantilla de funcionarios y responsables políticos.
Ahora -advierten- hay organismos con más asesores o personal
de libre designación que número de diputados provinciales.
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