El Gobierno anuncia el fin de los descuentos a los funcionarios cuando se encuentren de baja médica

La ministra Meritxell Batet confirma en el Congreso que la paga con los atrasos que se adeudan por la subida de salarios aprobada en  la ley de PGE2018 se abonará en julio o agosto

La ministra de Función Pública se reunirá con los sindicatos de los empleados públicos  el próximo día 16 de julio

Revista de prensa. Cinco Días.- La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha anunciado este miércoles en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados que el Gobierno ha decidido eliminar los descuentos que se aplicaban hasta ahora a las nóminas de los empleados públicos cuando estos se encontraban de baja médica.

Se trata de una de las medidas que puso en marcha el Gobierno del PP a partir de 2012 como medida para contener el gasto y combatir el elevado absentismo. Sin embargo, y ante la ausencia de cifras que demostraran los ahorros que supuso esta medida, el Ejecutivo anterior ya había pactado con los principales sindicatos de la Administración revertir esta medida y anular los descuentos aplicados.

Fue una iniciativa muy criticada por las organizaciones sindicales, ya que como recuerda CSIF en un comunicado, penalizaba de manera injusta a los empleados públicos que se acogen a una baja médica. Además, algunas comunidades autónomas habían establecido tantas excepciones a la aplicación de estos descuentos en las nóminas que en la práctica eran muy pocas las enfermedades por las que se aplicaban los recortes.

35 horas semanales

CSIF valoró nada más conocer el anuncio de la ministra la voluntad de dejar de aplicar estos descuentos, como establecía el acuerdo suscrito con el equipo de Cristóbal Montoro en marzo pasado, y manifestó su confianza en que se desarrollen el resto de las iniciativas pendientes, como la vuelta a la jornada de 35 horas semanales.

En la reunión prevista para el próximo 16 de julio con la ministra, CSIF explicó que tiene previsto también reclamar la aplicación de los fondos adicionales para mejorar las retribuciones en los diferentes ámbitos (salario mínimo de 1.200 euros en la Administración General del Estado, o equiparación salarial en determinados sectores, entre otras reivindicaciones). En el ámbito retributivo, CSIF aspira, asimismo, a recuperar la estructura salarial previa a la bajada de sueldos que se produjo en 2010, con el inicio de la crisis.

Este sindicato también pondrá encima de la mesa la creación de un sistema de bolsa de horas recuperables para favorecer la conciliación, agilizar las ofertas de empleo público, así como el desarrollo de la carrera profesional, tal y como planteó la propia ministra durante su comparecencia.

Sobre el abono a los funcionarios de la paga con los atrasos correspondientes al incremento salarial aprobado para este año con efecto retroactivo desde enero, la ministra confirmó que se realizará lo antes posible, este mismo mes (julio) o a lo sumo, el que viene (agosto). Ver BOE de 4 de julio sobre la LPGE2018

Gobierno y sindicatos constituyen la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público

Revista de prensa.- Lainformacion.com. El Gobierno y los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF han constituido la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de condiciones de trabajo firmado por ambas partes el pasado 9 de marzo.

 Esta comisión tiene entre sus funciones la interpretación y evaluación de este acuerdo sobre condiciones retributivas, empleo y condiciones de trabajo.  CC.OO. ha señalado en un comunicado que hay que seguir avanzando en la recuperación de los derechos "arrebatados" a los empleados públicos por diferentes gobiernos, como la jornada o el 100% de las prestaciones por incapacidad temporal.

"Estos gobiernos, haciendo uso de leyes excepcionales en el tiempo del austericidio, han reducido, de forma significativa, los derechos, retribuciones y condiciones laborales de más de tres millones de trabajadoras y trabajadores de las Administraciones Públicas y empresas del sector público", ha denunciado el sindicato.

CC.OO. ha pedido que se impulsen mesas descentralizadas para el desarrollo del acuerdo alcanzado con el Gobierno, al tiempo que ha reclamado que las partidas de fondos adicionales vayan destinadas a reforzar los salarios más bajos y a atender a la reducción de la brecha salarial de género.

Para reducir al 8% la tasa de temporalidad, tal y como se estableció en el acuerdo, el sindicato pide cumplir los compromisos de mejora del empleo, con las convocatorias de ofertas de empleo necesarias, que estabilicen plantillas suficientes para atender los servicios públicos.

Más Mesas

Por su parte, CSIF ha reclamado a Collado la convocatoria de las diferentes mesas de diálogo para comenzar a negociar la eliminación de los descuentos por incapacidad temporal en las bajas por enfermedad de los empleados públicos, el desarrollo de la oferta de empleo público y de los concursos de traslado para los años 2018, 2019 y 2020 con los nuevos criterios establecidos en el acuerdo, y la negociación de la jornada laboral, con el nuevo criterio de máximos sobre las 37,5 horas semanales.

Esto permitiría, en los ámbitos donde exista acuerdo, negociar la implantación de la jornada de 35 horas (18 horas lectivas), según el sindicato que preside Miguel Borra, que ha pedido retomar cuanto antes la negociación en las administraciones donde se tumbaron las 35 horas (Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco y Ayuntamiento de Madrid), en aquellas donde ya hay acuerdo para aplicarlas (Extremadura o Castilla y León) y de manera general en todas aquellas donde sea posible el acuerdo entre administración y sindicatos.

CSIF también quiere que se negocie el reparto de fondos adicionales, del 0,20% en 2018, 0,25% en 2019 y el 0,30% en 2020 para mejorar salarios sobre la subida establecida. En el caso concreto de la Administración General del Estado, CSIF subraya que estos fondos permitirían mejorar las retribuciones de un colectivo "especialmente desfavorecido" respecto a otras Administraciones.

En este ámbito, el sindicato reclama un salario mínimo de 1.200 euros y homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario. Con este objetivo, propone un incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros por efectivo para el establecimiento de la carrera profesional.

Casi tres millones de empleados públicos mejorarán sus condiciones tras el acuerdo con los sindicatos

 Acceso al texto completo del acuerdo

Comentarios al acuerdo de José Ramón Chaves. Blog delajusticia.com- Cara y cruz del acuerdo  

Nota MHAP.-  El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF han firmado hoy -9 de marzo-  el segundo acuerdo para la mejora del empleo público de la legislatura. Este acuerdo recoge por primera vez una vinculación de los incrementos salariales a la evolución del Producto Interior Bruto del país, de manera que la mejora de la economía se pueda trasladar a las retribuciones de los funcionarios.

Firma del acuerdo entre el gobierno y los sindicatos
de UGT, CC.OO y CSIF  el  viernes 9 de marzo

 Incremento salarial 2018-2020. En las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos se ha acordado un marco plurianual de incremento salarial (2018, 2019 y 2020) con un porcentaje de subida fijo más un porcentaje de incremento adicional ligado al crecimiento de la economía y, en 2020, al cumplimiento del objetivo de estabilidad.

De esta manera, por primera vez un acuerdo en la Función Pública vincula la previsión de aumento de las retribuciones a la a las expectativas de crecimiento y estabilidad para los próximos años La parte fija del incremento salarial será del 1,75% en 2018, del 2,25% en 2019 y del 2 % en el año 2020. 

A ello hay que sumar la parte variable que estará en función del crecimiento de la economía. Así, para un crecimiento del PIB que sea igual o superior al 2,5% en 2019 y 2020, la subida sería de un 2,5% en 2019, y un 3% en 2020. En esos dos años, para un crecimiento inferior al crecimiento del PIB del 2,5%, el incremento disminuirá proporcionalmente a la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5%. Por último, se añadiría un 0,55% adicional en 2020 por el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Si se cumplen las previsiones del Gobierno en materia de crecimiento del PIB y además se alcanzan los objetivos de déficit en 2020, se llegaría al final del período un 8,79 % de incremento total de los salarios públicos. Este incremento incluye los Fondos adicionales destinados a lo largo de los tres años de vigencia del Acuerdo a homologaciones retributivas o aportaciones a planes de pensiones. Estos fondos supondrán un incremento de la masa salarial de un 0,2% en 2018, un 0,25% en 2019 y un 0,30% en 2020.

 Negociación colectiva, jornadas de trabajo y conciliación. La aplicación del pacto es especialmente favorable para las Administraciones Públicas que cumplan con la Ley de Estabilidad  Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que les devuelve la negociación colectiva en sus ámbitos de actuación. Así, se mantiene la jornada semanal de 37 horas y media, pero se contempla la posibilidad de que cada Administración Pública pueda establecer en sus calendarios laborales otras jornadas ordinarias o especiales de trabajo. Se tendrán en cuenta en especial las jornadas a turnos, nocturnas, o especialmente penosas. Todo ello condicionado al cumplimiento de los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, así como no afectar al objetivo de temporalidad máxima del 8%. En materia de conciliación laboral se prevé una bolsa de hasta un 5% de jornada anual para el cuidado de mayores, hijos menores o discapacitados. Esta parte de la jornada deberá ser recuperada por el personal al servicio de las Administraciones Públicas en los términos que acuerde cada Administración. 

Se regula, además, la posibilidad de jornada intensiva para cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados.

Incapacidad temporal. Cada Administración podrá determinar el complemento retributivo a percibir durante la situación de incapacidad temporal, pudiendo alcanzarse un máximo del 100% de las retribuciones fijas. Se establece la necesidad de justificar adecuadamente las ausencias desde el primer día y la obligación de diseñar un plan de control del absentismo, que deberá ser objeto de difusión pública junto con los datos de absentismo laboral (portales de transparencia).

Acuerdos sobre empleo público. En materia de Oferta de empleo público para 2018, aquellas administraciones que hayan cumplido el objetivo de déficit, deuda y regla de gasto tendrán un 100% de tasa de reposición en todos los sectores, más una bolsa del 8% para los sectores en los que consideren necesario un refuerzo adicional. En el caso de las Corporaciones Locales, el refuerzo podrá ser de hasta el 10%. Aquellas Administraciones Públicas que no hayan cumplido alguno de los objetivos de déficit, deuda o regla de gasto tendrán una tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y del 75% en sectores no prioritarios, más una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar. Además, en todos los municipios habrá una tasa adicional del 5% si en alguno de los ejercicios del periodo 2013 a 2017 han tenido la obligación legal de prestar un mayor número de servicios públicos por el incremento de su población y bajo determinadas circunstancias.

En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía autonómica y Policía local la tasa de reposición se eleva al 115%. La cobertura de plazas de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional podrá llegar hasta un 30% de las vacantes dotadas presupuestariamente, en determinados casos. Por otra parte, se continúa con el proceso de estabilización de empleo público iniciado en 2017 y se amplía a los servicios de administración y servicios generales, de investigación, así como a otros servicios públicos. También se posibilita la extensión de estos procesos al ámbito de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, fundaciones, consorcios, agencias y autoridades independientes.

Grupos de trabajo. Por último, el acuerdo contempla otras medidas de diálogo social como la coordinación para la aprobación de planes de igualdad y medidas de corresponsabilidad o la creación de la Comisión de Seguimiento y Control de Absentismo.

El 'mindfulness' divide a los funcionarios andaluces

Otros post de interés. Tu blog de la Administración pública. La Administración como garantía y derecho

Revista de prensa. El Mundo.- Muchos funcionarios y muchos andaluces han descubierto esta semana el mindfulness, una técnica de relajación, una suerte de herramienta contra el estrés que utiliza la psicología moderna. No, no es meditación budista, como inicialmente se informó de forma errónea. Al menos no en la forma en que se utiliza el término en el catálogo de actividades hecho público por la Junta de Andalucía para que sus empleados públicos puedan completar su jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.

Dos horas y media de esa jornada podrán emplearse en tareas de formación y desarrollo personal. On line y desde casa. Y el curso de mindfulness es una de las opciones ofrecidas a los trabajadores públicos.

Esa oferta formativa les sirve a la Junta y a sus trabajadores para sortear una sentencia que obligaba a la administración andaluza a olvidarse de su jornada reducida y volver a las 37,5 horas semanales que el Gobierno de la Nación impuso en 2012 para todos los empleados públicos y que, según el Tribunal Constitucional (TC), sólo el Gobierno de la Nación podría modificar.

Para la aplicación de esta fórmula singular para justificar horas de trabajo 'no presencial' de los funcionarios, el Gobierno de Susana Díaz ha contado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que han bendecido esta salida. Pero, a medida que pasan los días desde que se conocieran los detalles del acuerdo, han comenzado a reproducirse manifestaciones contrarias a la solución dada por la Junta para evitar que la sentencia del TC obligara a ampliar la jornada de trabajo real.

Desprestigio

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) y el Sindicato de Médicos de Andalucía (SMA) consideran que docentes y sanitarios se han visto perjudicados de alguna u otra forma, frente a los funcionarios de la administración general. Pero, curiosamente, el sindicato mayoritario en la administración general, el SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios) tampoco parece satisfecho con el acuerdo sino todo lo contrario. Para empezar, porque un cambio en las condiciones de trabajo de esta naturaleza ni siquiera ha pasado por el órgano natural y legal de discusión, la 'mesa sectorial de negociación', donde el SAF ostenta la representación mayoritaria.

Aunque, más allá de las cuestiones formales, el sindicato considera que, con esta aplicación de la nueva jornada 'no presencial', el Gobierno andaluz ha infligido un grave «daño al prestigio» y la imagen de los funcionarios andaluces, que están siendo «objeto de chanzas» en toda España.

El SAF dice estar en contra de «toda acción que tenga por objeto eludir la aplicación de la ley o burlar torticeramente la ejecución de las sentencias, máxime si ello se promueve desde la propia Administración».

Reivindicación

Hay varias preguntas a las que la Consejería de Hacienda y Administración Pública no ha dado respuesta en los últimos días. Una de esas cuestiones tiene que ver precisamente con el argumento más repetido por la consejera María Jesús Montero, quien subraya que la consideración de las horas de formación como parte de la jornada laboral constituye el reconocimiento de una «reivindicación histórica de los trabajadores». Sin duda, se trata de una declaración solemne. Sin embargo, el propio pacto firmado por la Consejería y los sindicatos admite que las medidas adoptadas para la ampliación de la jornada son «transitorias». O sea, que se reconoce una «reivindicación histórica» pero sólo de forma temporal, lo cual podría resultar incongruente. Y eso es así porque el propio Ejecutivo andaluz confía en que el Gobierno de la Nación levante el veto a la jornada de 35 horas tan pronto como consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018. ¿Qué pasará entonces con ese 'derecho' a que las horas de formación sean parte de la jornada?

En el caso de los docentes andaluces, la reducción de jornada se aplicó en el cómputo de horas lectivas semanales, que en el curso pasado eran 20, siendo el compromiso reducirlas para este curso a 19 y para el próximo a 18. Y para ello, durante este curso, una (y sólo una) de las horas de guardia semanales se computan dentro del horario lectivo. En el curso próximo se hará lo mismo pero con dos de las horas de guardia.

Redistribución horaria

Los profesores se quejan, por un lado, de que, en su caso, no hay reducción real de las horas presenciales, sino sólo un cambio en la distribución de las mismas. Pero, además, subrayan la incongruencia de que la Junta utilice ahora de forma flexible el concepto de 'horas lectivas', cuando se ha negado a ello durante todos los años anteriores afirmando que las restricciones impuestas por el Ejecutivo central lo impedían. ¿Por qué ahora sí se puede y antes no, si el criterio del Gobierno de la Nación no ha cambiado en este tiempo?

Con la aplicación de esta fórmula, la Consejería de Educación podría haber evitado o, al menos, atenuado la destrucción de empleo docente (4.500 plazas menos) en los años duros de la crisis. De hecho, así lo hicieron otras comunidades autónomas, como le han venido recordando año tras año los sindicatos al consejero de turno.

Igualmente, los docentes se preguntan si, una vez superado este periodo transitorio, las horas de guardia volverán a salir de la categoría de horas lectivas. El hecho de que la Consejería califique como horas lectivas tan sólo algunas de las horas de guardia y el resto no constituye también una incongruencia desde el punto de vista formal que añade inseguridad jurídica a las condiciones laborales de los docentes. A este respecto conviene recordar que la Justicia ha condenado recientemente a la Consejería por su regulación de los horarios de sus docentes. Así, el TSJA anuló, en una sentencia conocida el pasado mes de julio, una norma que suponía un aumento del número de alumnos por cada profesor de guardia y que tenía por objeto precisamente ahorrar en plantillas.

Para el sector sanitario, resulta una discriminación flagrante que en el catálogo de actividades se incluyan cursos de meditación computables como horas de trabajo y, sin embargo, la asistencia a congresos médicos no signifique para los médicos una ventaja equivalente.

Hacienda negociará con los sindicatos ligar al PIB la subida salarial para los funcionarios hasta 2020

El miércoles volverán a negociar el Mº de Hacienda y sindicatos de la función pública  y el día 22 el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018

La noticia en Expansión: Hacienda prepara una subida de casi un 2% para los funcionarios en 2018
Revista de prensa. El País. El Ministerio de Hacienda y los representantes de las principales organizaciones de empleados públicos (CSIF, UGT y CC OO) se han citado para mañana miércoles para cerrar el acuerdo sobre la subida salarial de los funcionarios.

Acuerdo a tres años 

El Departamento que dirige Cristóbal Montoro se muestra dispuesto a aprobar un acuerdo a tres años para que los empleados públicos comiencen a recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de crisis. Los sindicatos cuantifican en cerca del 20% los recortes sufridos desde el inicio de la recesión, una cifra que Hacienda no está dispuesta a ofrecer.

El Ejecutivo de Rajoy propone un acuerdo a tres años 2018-2020 con alza salarial que venga determinada por una fórmula ligada al crecimiento económico, tal y como adelantó este diario. Sobre la mesa está la recuperación del recorte del 5% que el Gobierno de Zapatero aplicó en mayo de 2010 a los empleados públicos.

Otra de las grandes temas de la negociación que reclaman los sindicatos consiste en recuperación de la jornada laboral de 35 horas. El sindicato CSIF, que preside Miguel Borra, propone que las administraciones que así lo decidan, como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o, incluso, el Ayuntamiento de Madrid puedan acortar la jornada laboral a las 35 horas.

Volver a las 35 horas

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, aseguró en junio en una entrevista a EL PAÍS que "no se puede hacer todo a la vez". Y precisó: "La jornada de 35 horas tiene un coste muy importante porque supone sustituciones en el ámbito sanitario. Calculamos que el coste está entre 800 millones y 1.200 millones". No obstante, fuentes de Hacienda aseguran que todas las cuestiones están sobre la mesa y aún no hay nada decidido.

El Gobierno hará un esfuerzo para conseguir un acuerdo con los sindicatos porque busca apuntarse un acuerdo importante ante las dificultades para lograr pactos en el Parlamento. Los sindicatos, por su parte, endurecerán su postura porque el próximo año se celebran elecciones sindicales y necesitan vender los éxitos de su gestión.

En cualquier caso, la decisión se adoptará en los próximos días porque el Gobierno prevé aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, el próximo día 22. Unas cuentas, que según reconocen en el Ejecutivo están llamadas a ser las últimas de la actual legislatura.

Presupuestos 2018: Sindicatos y Gobierno vuelven a negociar la subida salarial de los funcionarios

Otra noticia de interés en Cinco Días: Nace la primera red social para quienes quieren ser funcionarios

Revista de prensa.- Diario Cinco Días.- Después del fracaso de la negociación para alcanzar un pacto salarial en el sector privado, sindicatos y Gobierno asumen el reto de convertir a la Administración en el único ámbito donde sí podría llegarse a un consenso sobre cuánto deben aumentar los sueldos de los empleados públicos en los próximos años.

Fuentes de la Federación de Servicios Públicos de UGT admitieron  que están a punto de retomar las negociaciones suspendidas a finales de julio por el descanso estival, ya que el reloj corre en su contra.

Todo apunta a que si no ocurre ningún imprevisto de última hora que lo impida, el próximo día 22 el Gobierno aprobará en su reunión semanal del Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos de 2018. El caso es que el Ejecutivo no cuenta con mucho margen porque la ley establece que dicho texto ha de remitirse a las Cortes para su aprobación definitiva antes del 30 de septiembre, por lo que retrasar el visto bueno del Consejo al viernes 29 se antoja poco probable.

Y dicho proyecto de ley ha de contener como una de las grandes cifras de las cuentas públicas el gasto en personal previsto para el próximo ejercicio. Por eso, si el Gobierno quiere conseguir que esta vez exista un consenso total con los sindicatos en la subida salarial a los empleados públicos, apenas cuenta con 15 días para cerrar el pacto.

Acuerdo plurianual

Por el momento, ninguna de las partes quiere hablar de horquillas de subidas salariales y sí de un acuerdo plurianual que logre recuperar la pérdida de poder adquisitivo registrada durante la crisis tras años de congelación salarial, los recortes decretados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la supresión de la paga extra de Navidad ordenada por el Gabinete de Rajoy.

El Gobierno, como es lógico, elude hablar de a cuánto asciende esa pérdida de poder de compra de los empleados públicos. Sin embargo, los sindicatos hablan de entre un 12% y un 15%, según los casos. De hecho, recuerdan que trabajadores de algunas administraciones, como aquellos dependientes de la Generalitat de Cataluña, sufrieron la pérdida de más pagas extras que, por ejemplo, los empleados de la Administración General del Estado; debido a la delicada situación de las finanzas públicas catalanas.

La extra de Navidad de 2012 no abonada ya ha sido devuelta a la totalidad de los empleados públicos y para 2016 y 2017 fueron decretadas sendas mejoras en sus retribuciones del 1%, pero los sindicatos consideran que ha llegado el momento de que el Gobierno haga un mayor esfuerzo.

“Si es cierto que la recuperación va tan bien y con la economía creciendo más del 3% durante varios años seguidos, nosotros consideramos que la subida para 2018 ha de situarse por encima del 1% y en ese compromiso está de acuerdo el Ejecutivo”, argumentó ayer el secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Frederic Monell.

En este sentido, el dirigente sindical recordó que una mejora por encima del 1% no solo sería buena para los trabajadores de la función pública, “es que una subida generalizada de salarios le vendría muy bien a la economía española”.

Jornada de 35 horas e IT 

Por su parte, desde el Gobierno insisten en mostrar toda su disposición para la consecución de un buen acuerdo que no se suscriba únicamente a 2018, sino que abarque, al menos, lo que resta de legislatura, 2020 incluido. Admiten que las cuentas del próximo año tienen más margen para aprobar alzas más generosas que en 2016 y 2017, pero al mismo tiempo advierten contra los efectos que podrían tener “demasiadas alegrías” en la consecución del objetivo de déficit, del 3,1% del PIB.

Más allá del capítulo salarial, para los sindicatos es igualmente esencial que la negociación consiga avanzar en dos cuestiones claves. La primera es el contencioso sobre la jornada laboral de los empleados públicos. Uno de los recortes aplicados en 2012 consistió en modificar el Estatuto básico del empleado público y donde rezaba que su jornada de trabajo sería como máximo de 37,5 horas, el Gobierno decretó suprimir el término “máximo”, de forma que allí donde se había generalizado la jornada de 35 horas, esta tuvo que ampliarse a las citadas 37,5. Desde el Ministerio de Hacienda se recalca que esto también se va a estudiar.

Y otra de las reivindicaciones sindicales es la recuperación de la cobertura en salario que tienen los empleados públicos por incapacidad temporal (IT) o baja por enfermedad. Piden que dejen de descontarse del sueldo los primeros días de baja como ocurre en la actualidad.

Noticias relacionadas en Cinco Días: 

La oferta de empleo público dispara las matrículas en las academias

Casi el 30% de los asalariados extremeños cobra del sector público

Jordi Solé (Fedeca): "La inamovilidad absoluta de los funcionarios nos hace mucho daño"

"Sin propiciar que España se convierta en un país de chivatos, hay que conseguir que el que tenga elementos de denuncia los pueda aportar sin miedo sobre su futuro profesional"

Revista de prensa. Libre Mercado.-  Jordi Solé Estalella es funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado desde 1990. También es presidente de Fedeca (Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) desde febrero de 2016.

Jordí Solé, Presidente de FEDECA. Foto Nuevo Mercado

Desde su doble condición, inspector de Hacienda (y por lo tanto, funcionario) desde hace casi tres décadas y ahora portavoz de la asociación que engloba a los altos funcionarios del Estado, tiene una visión privilegiado de la situación actual de los trabajadores públicos en España y de la Administración. Solé es optimista. Cree que estamos en un momento decisivo, que se avecinan cambios… y espera que sea para bien. En su opinión, la crisis es una oportunidad. Y no menor.

Fedeca, la organización que preside, agrupa 47 asociaciones de funcionarios públicos de Cuerpos Superiores, desde abogados del Estado a inspectores de Hacienda, pasando por economistas, ingenieros o diplomáticos. La flor y natade la Administración. Aquellos que han pasado las oposiciones más exigentes. También los más buscados por el sector privado, por su competencia y conocimientos.

Libre Mercado se reunió con Solé la semana pasada en Madrid. Sobre la mesa, los temas que preocupan a los altos funcionarios y también los que se discuten por los contribuyentes que les pagan el sueldo: la carrera funcionarial, el sistema de oposiciones, la corrupción, la profesionalización de la figura del directivo público o la falta de herramientas para exigir responsabilidades al funcionario que hace dejadez de sus funciones. La excusa era el anuncio del Gobierno de que podría reducir la jornada de trabajo a los empleados públicos a las famosas 35 horas semanales. Y la respuesta de Fedeca que publicó un comunicado en el que aseguraban que "los altos funcionarios ven contraproducente recuperar la jornada laboral de 35 horas en el sector público".

35 horas semanales

- Hace unos días, Fedeca publicaba una nota de prensa en la que se oponía o al menos cuestionaba la oportunidad de la reducción de la jornada de los funcionarios a 35 horas semanales. Llama la atención que una asociación de funcionarios proteste por lo que parece ser una medida que les beneficia: trabajar menos cobrando lo mismo.

- Bueno, lo primero es que la medida no es gratuita, tiene un coste que la secretaría de Estado cifra en mil y pico millones de euros. Pero más allá del coste, lo importante es que esta no es nuestra principal preocupación y tampoco lo es para los funcionarios con los que hemos hablado. Y sin embargo, creemos que iría en perjuicio de otras que sí nos preocupan y consideramos más importantes.

Por otro lago, aunque nuestra principal preocupación no sea nuestra imagen ante la opinión pública, tampoco nos ayudaría nada que pareciera que ahora estamos reclamando trabajar menos horas. Nosotros creemos que la manera de ganarse la mejor retribución es demostrando profesionalidad y dedicación. Por lo tanto, esta medida, sin que en realidad nos opongamos, está en el último lugar de nuestra lista de reivindicaciones.

- Entendido. Pero si esta es la última de sus preocupaciones, cuál es la primera.

- Nosotros estamos empeñados en profesionalizar la administración y liberarla de lo que llamamos la colonización política. Creemos que es uno de los motivos de que la crisis institucional de los últimos años haya adquirido tanta fuerza. Nos han ido laminando los instrumentos de control. Por lo tanto, las primeras medidas serían aquellas que refuercen la imparcialidad e independencia de los funcionarios.

- Hace unas semanas, el Instituto de Estudios Económicos y Esade presentaron su estudio ‘El empleo público en España: desafíos para un Estado democrático más eficaz’. La noticia que dedicamos en Libre Mercado a este informe, la titulamos así: "Sólo el 1% de los empleados públicos suecos es funcionario". Y es que nuestro país tiene menos empleados públicos que esos países del norte de Europa con los que nos gusta compararnos, pero tiene muchos más funcionarios.

¿Mejor el modelo anglosajón?

Con este punto de partida, ¿qué quieren decir ustedes cuando hablan de "profesionalización"? ¿Avanzar hacia un modelo como el sueco? ¿Acabar con la figura del funcionario como la conocemos en España?

- No, nosotros creemos en el modelo funcionarial. El modelo sueco es distinto, es el modelo anglosajón, que no es propio de nuestra tradición. No vamos a entrar en cuál es mejor o peor, pero en cualquier caso creemos que es muy ajeno a nuestra cultura. Nosotros tenemos un modelo de función pública desde hace un siglo y medio y creemos que, hasta el momento, ha dado unos buenos resultados. Cuando hablamos de una administración profesional, pensamos en una administración servida con funcionarios. Es más, ha sido en las orillas de la funcionarización donde se han producido los casos graves de desprofesionalización.

- Bien, entonces entiendo que el estatuto del funcionario es sagrado para Fedeca.

- Sagrado no hay nada. Nosotros estamos dispuestos a estudiar y analizar cualquier medida de mejora…

Es normal cobrar menos en la Administración que en el sector privado. Pero en demasiados puestos, esa diferencia es demasiado grande

- Tampoco creo que esto lo plantee ningún partido ahora mismo en España. Lo ponemos nosotros sobre la mesa porque en Libre Mercado sí creemos que ése modelo anglosajón tiene algunas ventajas sobre el nuestro.

- Si a medio plazo llegáramos a un estudio tranquilo, razonable y sensato de que hay que ir hacia el modelo anglosajón, pues se podría estudiar. Pero mi opinión personal es que después de 200 años de modelo continental, lo más apropiado es profundizar ese modelo y corregir lo que haya que corregir. Por otro lado, no creo que haya sido un mal modelo. Otra cosa es la perversión de ese modelo.

Directivo público

- Entonces, esa profesionalización de la que hablamos, marcha en la línea de más autonomía para los funcionarios, ¿qué pide Fedeca?

- Hay muchas medidas, pero en general tenemos dos tipos de medidas. Por un lado, hay que distinguir la función profesional-técnica de la política. Por eso insistimos desde hace tiempo en que hay que desarrollar la figura del directivo público, que es la bisagra, el nexo de unión, entre la alta administración y la política. No nos negamos a que la política dirija la administración, de hecho creemos que así es como debe ser, pero sí creemos que es pernicioso que invada los puestos técnicos. En estos puestos hay que volver a los criterios de elección por mérito y capacidad; y a la inamovilidad salvo falta de cumplimiento de objetivos o casos de infracciones administrativas. Pero la idea es que los puestos técnicos no estén sometidos a la libre designación discrecional y al libre cese.

El Ministerio de Hacienda, abierto a implantar las 35 horas para los funcionarios públicos

El coste de fijarlo como normativa básica se situaría entre los 800 y los 1.200 millones de euros

Revista de prensa. La Vanguardia.- La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ha afirmado este martes que están dispuestos a escuchar la petición delos sindicatos de implantar las 35 horas semanales en la Administración, si bien ha advertido de que el coste de fijarlo como normativa básica se situaría entre los 800 y los 1.200 millones de euros.

Así lo ha señalado Collado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las cuentas de 2017 de su departamento, en la que ha indicado que habría un "problema de sostenibilidad" en la posibilidad de implantar la jornada de 35 horas en la Administración, si bien "de todo se puede hablar".

En declaraciones a los periodistas al término de su comparecencia, Collado ha explicado que ya se está hablando con las organizaciones sindicales más representativas (CC.OO., UGT y CSIF) sobre la posible implantación de las 35 horas, así como del resto de reivindicaciones, de forma que durante la legislatura se puedan alcanzar acuerdos como el suscrito en materia de empleo público.

No obstante, ha indicado que "no se trata de una recuperación de un derecho", ya que cuando en 2012 el Gobierno fijó la jornada en 37,5 horas de manera general, solo dos comunidades autónomas tenían la jornada de 35 horas (Asturias y Andalucía).

Otras cinco regiones cuentan con una jornada laboral semanal de entre 36 y 37 horas, a la vez que los 500.000 funcionarios del Estado tampoco cuentan con esa jornada. "Es una demanda, pero no es una recuperación de derechos", ha insistido Collado, quien ha añadido que en el resto de Europa solo hay dos países con esa jornada, y uno de ellos "se lo está pensando", mientras que el resto tienen jornadas de más de 40 horas.

Precisamente Andalucía comenzó a aplicar en enero de este año la jornada de 35 horas para sus empleados públicos, por lo que se ha abierto un "mecanismo de entendimiento" que si no culmina con éxito, llevará al Estado a presentar un recurso de constitucionalidad.

Movilidad interna y saturación en DNI y SEPE

Asimismo, ha avanzado que Hacienda trabaja en un plan de concursos permanentes de méritos dentro de la Administración General del Estado (AGE), basado en el sistema que aplica ya Castila y León, que prevé culminar este año con el fin de agilizar la movilidad de los funcionarios y evitar los plazos anuales de cada concurso.

De igual forma, ha anunciado que se ha constituido un grupo de trabajo en el que se analizan los principales problemas a corto plazo, principalmente en cuatro servicios de atención al público (SEPE, DNI, Fogasa y Seguridad Social), para implementar medidas a lo largo de la legislatura que remedien las quejas de los ciudadanos, como la saturación de estos servicios y la falta de personal.

En este sentido, ha recordado que en estos cuatro sectores hay una tasa de reposición del 100%, por lo que, junto a lo que se pueda hacer en materia de distribución de efectivos, en un plazo de dos años se podrían conseguir una nueva organización.

En lo que respecta al SEPE, dado que cuenta con una interinidad temporal inferior al 8%, no estaría incluido en el plan de estabilización de interinos. "No hemos pensado en tasas de reposición adicional en estos sectores, sino en la posibilidad de acumular las tasas", ha añadido. Ha matizado que los interinos con una antigüedad mayor a 2005 también pueden consolidar sus puestos de trabajo.

67.000 nuevas plazas este año

Collado ha pedido el respaldo a los Presupuestos para que vea la luz la convocatoria de empleo público contemplada en las cuentas de este año, que supondrá, al menos, 67.000 nuevas plazas en todas las administraciones públicas (19.000 en el Estado, 28.144 en las CC.AA. y unas 20.000 en la administración local).

En este sentido, ha destacado que el acuerdo con los sindicatos, el primero que se alcanza desde 2009, permitirá abordar un proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal que alcanzará a 250.000 plazas interinas, sobre todo en el ámbito de las comunidades autónomas.

Con esta convocatoria, ha destacado que se reponen al 100% las bajas en los sectores prioritarios de sanidad, educación y justicia, entre otros, a los que se sumarán este año como áreas nuevas la atención al ciudadano en servicios públicos, la prestación directa del servicio de transporte público y la seguridad y emergencias.

Collado también ha subrayado el compromiso alcanzado para emprender un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal que tiene como objetivo reducir el volumen de personal interino existente en todas las administraciones públicas, y que se sitúa entre el 20% y el 30% en estos momentos, según sectores.

Sólo en las CC.AA., los interinos alcanzan cerca de 300.000, de los que más de 144.000 son personal sanitario (con una tasa de temporalidad del 30%), y 109.000 son docentes, con una tasa del 20%.

El acuerdo para la mejora del empleo público recogido en el proyecto de Ley supone reducir hasta un máximo de un 90% los interinos existentes en la actualidad en un plazo de tres años (2017-2019), y que la tasa de temporalidad resultante no supere el 8% del total de efectivos de cada ámbito.

Esta medida afectará a los sectores de docencia, sanidad y justicia, así como servicios sociales, policía local, gestión tributaria y recaudación, e inspección y sanción de servicios y actividades.

Muface y administración digital

Respecto a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ha adelantado que se van a acometer proyectos tales como la receta electrónica, la historia clínica digital, la provisión de las prestaciones a través de sede electrónica, la agilización del procedimiento de reclamaciones sanitarias, y la accesibilidad a las sedes de las 52 direcciones provinciales.

Actualmente se encuentra en vigor el concierto nacional e internacional para los ejercicios 2016 y 2017, en los que se estableció un incremento de la prima a abonar a las entidades de un 3,5%.

Para este año Collado ha adelantado que se procederá a la convocatoria de un nuevo concierto que garantizará las prestaciones en los próximos años, y cuya incidencia presupuestaria recaerá sobre ejercicios posteriores.

La secretaria de Estado de Función Pública ha informado de que se continuará con el desarrollo e implantación de servicios comunes de TIC en toda la Administración General del Estado y sus organismos públicos para dotarlos de máxima eficacia, con el mínimo coste posible.

En la actualidad, el 85% de los trámites que se realizan en la AGE son de carácter electrónico y solo queda un 15% en papel que va reduciéndose de año en año, ha apuntado. También se desarrollará un plan estratégico de impulso y transformación, con el objetivo de dotar de mayor eficiencia el modelo de gestión pública.

Por su parte, la diputada socialista María Jesús Serrano ha denunciado el deterioro de los servicios públicos y que haya "menos empleados públicos con menores retribuciones", ante unos Presupuestos que "son más de lo mismo", con la "única novedad" de la Oferta de Empleo Público que "hay que agradecérselo a los sindicatos".

"Tras dos años desde el inicio de la recuperación siguen maltratando a los empleados públicos", ha criticado Serrano, quien ha anunciado que desde el Grupo Socialista se presentarán enmiendas parciales a los Presupuestos encaminadas a un mayor incremento salarial y una recuperación de la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años.

Desde Unidos Podemos, María Auxiliadora Honorato ha celebrado el acuerdo por el empleo público porque "detiene la hemorragia", si bien ha remarcado que es necesario ir "más allá", mientras que Vicente Ten de Ciudadanos ha lamentado que durante "muchos años" los empleados públicos han sufrido los recortes del PSOE y del PP.

Hacienda y sindicatos de funcionarios acuerdan convocar una Mesa de Administraciones Públicas

La secretaria de Estado de AAPP, Elena Collado, baraja convocar una mesa general con los sindicatos de funcionarios en un plazo de dos semanas para iniciar las negociaciones sobre las condiciones de los empleados públicos, que posteriormente se incluirían en los PGE, siempre que le remitan antes los temas a negociar.

Noticia Relacionada. El Economista.es. Funcionarios: la reducción de jornada en Andalucía y Castilla y León costaría 700 millones

Revista de prensa.- Eleconomista.es 30.01.17. Así lo han comunicado en declaraciones a loso medios CSIF, CCOO y UGT, tras una reunión informal con Collado en la que le han trasladado la falta de diálogo que han percibido en años pasados.

En respuesta a sus demandas, Collado ha reiterado que hay cuestiones que deberán incluirse en los Presupuestos Generales del Estado, pendientes de aprobar, pero ha trasladado su "predisposición a negociar y avanzar en la posibilidad de incorporar a los Presupuestos los acuerdos que se puedan derivar de esta mesa", ha señalado el vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias.

"Si bien no nos ha dicho que está cerrado el tema de una subida salarial, sí queda abierto un posible acuerdo de Presupuestos de poder incrementar las retribuciones de los empleados públicos", ha añadido.

Entre los temas que deben cerrarse en esta mesa, para la que los sindicatos han fijado un plazo máximo de dos semanas, se encuentran la fijación de la retribución de los empleados públicos, la supresión de la tasa de reposición de efectivos que solucione la "tasa de temporalidad excesiva que hay en la propia Administración" y que las condiciones laborales de los empleados públicos "puedan ir recuperándose de los recortes sufridos en años pasados", según ha indicado Iglesias.

"No hay nada concreto, pero sí voluntad de negociar todos los temas que afectan a los empleados públicos", ha aclarado el secretario de Área Pública de CCOO, Antonio Cabrera

En este sentido, Cabrera ha recordado que la principal prioridad de los sindicatos es recuperar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, después de siete años "sin llegar a ningún tipo de acuerdo que afecte a todos los empleados públicos", aunque celebra que el escenario político "ha cambiado", por lo que se muestra optimista ante la posibilidad de negociar.

Subir salarios

El secretario de Área Pública de CCOO ha asegurado que, de prorrogarse los Presupuestos, sería posible negociar la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios, entre ellas la subida retributiva, a través de un real decreto que cumpla con el techo de gasto.

"Ya se ha aprobado para los pensionistas una subida, y con los empleados públicos se puede hacer igual", ha defendido.

Sin embargo, confía en que no sea así y que se llegue a un acuerdo con los sindicatos en la mencionada mesa general, que posteriormente se lleve al Parlamento y se negocie con los agentes políticos.

Sin embargo, el secretario de la Federación de Servicios Públicos UGT (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, ha manifestado que alberga "muchas dudas" sobre la voluntad negociadora del Gobierno.

"Vamos a tener que esperar novedades, pero desde UGT tenemos la sensación de que si le planteamos sobre papel esas medidas al señor Montoro que nunca consideró motivo de reunión con los sindicatos le harán salir corriendo", ha lamentado.

Por otra parte, Lacuerda cree que los Presupuestos Generales se prorrogarán, ya que, una vez que el Gobierno aprueba el techo de gasto, "tiene la seguridad de que puede prorrogar el Presupuesto hasta 2018, de una manera u otra lo va a haber".

Concepción Campos: ¿Son los Secretarios de Ayuntamiento responsables administrativos de la Transparencia?

Última hora Jornada 35 horas:  El Pleno del TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, contra el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre que reduce la jornada laboral de los empleados públicos de la región de 37,5 a 35 horas semanales y anula la jubilación forzosa de este colectivo a los 65 años y la suspende cautelarmente.

Concepción Campos Acuña*. Novagob.- Depende. Como buena gallega que soy contesto que depende, y me explico. En el último número del Observatorio de Transparencia de El Consultor, hablaba del papel de los Funcionarios de habilitación nacional (FHN) en el proceso de implantación de la transparencia. La reflexión surgió a raíz de unas interesantes jornadas organizadas por COSITAL sobre este tema tan oportuno y en la que se expusieron interesantes conclusiones, con la aportación de compañeros y expertos como Elisa de la Nuez, Manuel Villoria o Esther Arizmendi.

Implementar la transparencia es un
reto  a incluir en la agenda de los
ayuntamientos para los próximos años

Uno de los problemas más comúnmente diagnosticados en el ámbito local es su amplia heterogeneidad y escasez de recursos. Frente a ello, los FHN, Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local  aparecen como el único denominador común entre todos ellos, desde el punto de vista de la organización administrativa.  Por ello, con más de 8.100 municipios y otras entidades locales que deben asumir el reto de la implantación de la transparencia la pregunta es obligada ¿Son los Secretarios y demás FHN responsables administrativos de la transparencia?

Algunos dirán “La implantación de la transparencia NO es una función reservada”. Cierto. Ninguna de las normas que regulan el régimen de los FHN recoge un título de atribución formal que les atribuya funciones relativas a la implantación de la Ley de Transparencia, lo cual no es óbice para asumir dicho rol en la organización. Y eso sirve de argumento a los más resistentes (por desconocimiento o imposibilidad material de asumir nuevas obligaciones). Pero debemos ver más allá. ¿Seguimos siendo esa figura decimonónica que suscita rechazo o debemos reinventarnos? Esa es la disyuntiva. Somos Directivos públicos profesionales. Y si no lo somos, es la figura que más se nos parece.

Aunque la resistencia no siempre se encuentra en los propios afectados. En otras ocasiones son los responsables políticos, que confunden transparencia con marketing, con una oportunidad para realizar magníficas operaciones  de maquillaje sobre su gestión los que quieren alejar a los FHN de un ámbito que genera tanta expectación mediática y al que imprimimos profesionalidad y rigor. Necesitamos un marco legal claro.

"La transformación de la administración y la mejora continua en la gestión son actuaciones en las cuales los Secretarios y FHN pueden y deben desempeñar un relevante papel en el ámbito local, asumiendo responsabilidades en aspectos estratégicos como la transparencia".

De ahí que la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización de la FEMP, conocedora de los aspectos organizativos municipales  y de las dificultades para la atribución de nuevas responsabilidades,  atribuya en su artículo 6 a la Secretaría de la Entidad Municipal la dirección y responsabilidad de la unidad responsable de información pública. Es una opción organizativa. Una buena opción.

Decisión organizativa

Aunque se trata de una decisión organizativa en el marco de una potestad autónoma de las EELL, la fragmentación de planta local aconseja en clave de racionalización, eficacia y eficiencia la  asignación de esta responsabilidad a los FHN, tanto por su elevada cualificación profesional, como por el carácter transversal de sus funciones en el conjunto de la organización, evidentemente con la necesaria dotación de recursos personales y materiales. No es sino la secuencia lógica de actuación.

Este papel además, no ha de circunscribirse al ámbito de la transparencia, sino al conjunto de la gestión pública local por nuestra transversalidad, y, en particular, en relación con el proceso de transformación que está experimentando la administración, directamente relacionada con la definitiva implantación de la administración electrónica y con las novedades derivadas de las Leyes 39 y 40 de 2015.  En el mismo sentido, debemos afirmar el necesario liderazgo y papel encomendado de impulso a los FHN para la implantación definitiva de la administración electrónica, coordinando y dirigiendo el proceso de cambio.

La administración pública y la sociedad no pueden permitirse prescindir de un colectivo tan valioso como los FHN y de la aportación que su cualificación, legal y profesional, ofrece. Recuperar la confianza ciudadana en el funcionamiento de las instituciones y la legitimidad democrática para la mejor prestación de servicio público, la transformación de la administración y la mejora continua en la gestión son actuaciones en las cuales los Secretarios y FHN pueden y deben desempeñar un relevante papel en el ámbito local, asumiendo responsabilidades en aspectos estratégicos como la transparencia. ¿Quién sino?

*Concepción Campos Acuña es Secretaria del Ayuntamiento de Vigo.

Los empleados públicos se movilizan para recuperar la jornada de 35 horas semanales

Los del País Vasco y Castilla la Mancha ya han recuperado su antigua jornada ordinaria  diaria de 8 a.m a 3 p.m. (35 semanales)

Ver resumen ejecutivo del informe anual CORA

Aunque aún no se han hecho efectivas las prometidas devoluciones de la paga extra de navidad de 2012 en la AGE y en varias comunidades autónomas y ayuntamientos por cuestiones de liquidez presupuestaria, los sindicatos de la función pública consideran que la próxima gran reivindicación  que afectará al conjunto de las administraciones públicas pasa por exigir  la vuelta a la jornada laboral ordinaria de 8 de la mañana a 3 de la tarde, 7 horas diarias, es decir las 35 horas semanales.

Cristóbal Montoro, ministro en funciones de Hacienda
y AA.PP de quien depende la función pública

Por ahora ya dos comunidades autónomas,   País Vasco (PNV) y Castilla-La Mancha (PSOE)  lo han aprobado en los últimos meses dejando atrás las 37,5 horas actuales que tienen carácter básico. Sin embargo parece que esa rebaja horaria no ha gustado al gobierno en funciones  de la nación que ha anunciado que prepara un recurso de inconstitucionalidad contra  las 35 horas acordadas por los sindicatos de Castilla La Mancha y el gobierno que preside el socialista García Page. 

 

Firmas en Madrid

En el caso del País Vasco la medida que afecta a 70.000 empleados públicos ha pasado más desapercibida si bien los empresarios lo consideran "un mal ejemplo".

 

En el caso de la Comunidad de  Madrid, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha sido el encargado de iniciar esta protesta y recoger firmas entre los empleados afectados. De esa forma buscan presionar a las administraciones para que rectifiquen y recuperen la jornada laboral previa a la crisis económica que supuso un fuerte retroceso en los derechos sociales de la función pública.

 

Parte de esos derechos perdidos se han ido recuperando en los dos últimos años, primero con la devolución de tres días de libre disposición -hasta los seis moscosos- y los variables por antigüedad, conocidos en la jerga de los funcionarios como "canosos", y más tarde con la paga extra suprimida en navidad de 2012.

 

Noticia relacionada: CSIF reclama al Gobierno en funciones la devolución íntegra de la extra, 35 horas semanales y las oposiciones previstas para este año