El 'mindfulness' divide a los funcionarios andaluces

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Revista de prensa. El Mundo.- Muchos funcionarios y muchos andaluces han descubierto esta semana el mindfulness, una técnica de relajación, una suerte de herramienta contra el estrés que utiliza la psicología moderna. No, no es meditación budista, como inicialmente se informó de forma errónea. Al menos no en la forma en que se utiliza el término en el catálogo de actividades hecho público por la Junta de Andalucía para que sus empleados públicos puedan completar su jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.

Dos horas y media de esa jornada podrán emplearse en tareas de formación y desarrollo personal. On line y desde casa. Y el curso de mindfulness es una de las opciones ofrecidas a los trabajadores públicos.

Esa oferta formativa les sirve a la Junta y a sus trabajadores para sortear una sentencia que obligaba a la administración andaluza a olvidarse de su jornada reducida y volver a las 37,5 horas semanales que el Gobierno de la Nación impuso en 2012 para todos los empleados públicos y que, según el Tribunal Constitucional (TC), sólo el Gobierno de la Nación podría modificar.

Para la aplicación de esta fórmula singular para justificar horas de trabajo 'no presencial' de los funcionarios, el Gobierno de Susana Díaz ha contado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que han bendecido esta salida. Pero, a medida que pasan los días desde que se conocieran los detalles del acuerdo, han comenzado a reproducirse manifestaciones contrarias a la solución dada por la Junta para evitar que la sentencia del TC obligara a ampliar la jornada de trabajo real.

Desprestigio

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) y el Sindicato de Médicos de Andalucía (SMA) consideran que docentes y sanitarios se han visto perjudicados de alguna u otra forma, frente a los funcionarios de la administración general. Pero, curiosamente, el sindicato mayoritario en la administración general, el SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios) tampoco parece satisfecho con el acuerdo sino todo lo contrario. Para empezar, porque un cambio en las condiciones de trabajo de esta naturaleza ni siquiera ha pasado por el órgano natural y legal de discusión, la 'mesa sectorial de negociación', donde el SAF ostenta la representación mayoritaria.

Aunque, más allá de las cuestiones formales, el sindicato considera que, con esta aplicación de la nueva jornada 'no presencial', el Gobierno andaluz ha infligido un grave «daño al prestigio» y la imagen de los funcionarios andaluces, que están siendo «objeto de chanzas» en toda España.

El SAF dice estar en contra de «toda acción que tenga por objeto eludir la aplicación de la ley o burlar torticeramente la ejecución de las sentencias, máxime si ello se promueve desde la propia Administración».

Reivindicación

Hay varias preguntas a las que la Consejería de Hacienda y Administración Pública no ha dado respuesta en los últimos días. Una de esas cuestiones tiene que ver precisamente con el argumento más repetido por la consejera María Jesús Montero, quien subraya que la consideración de las horas de formación como parte de la jornada laboral constituye el reconocimiento de una «reivindicación histórica de los trabajadores». Sin duda, se trata de una declaración solemne. Sin embargo, el propio pacto firmado por la Consejería y los sindicatos admite que las medidas adoptadas para la ampliación de la jornada son «transitorias». O sea, que se reconoce una «reivindicación histórica» pero sólo de forma temporal, lo cual podría resultar incongruente. Y eso es así porque el propio Ejecutivo andaluz confía en que el Gobierno de la Nación levante el veto a la jornada de 35 horas tan pronto como consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018. ¿Qué pasará entonces con ese 'derecho' a que las horas de formación sean parte de la jornada?

En el caso de los docentes andaluces, la reducción de jornada se aplicó en el cómputo de horas lectivas semanales, que en el curso pasado eran 20, siendo el compromiso reducirlas para este curso a 19 y para el próximo a 18. Y para ello, durante este curso, una (y sólo una) de las horas de guardia semanales se computan dentro del horario lectivo. En el curso próximo se hará lo mismo pero con dos de las horas de guardia.

Redistribución horaria

Los profesores se quejan, por un lado, de que, en su caso, no hay reducción real de las horas presenciales, sino sólo un cambio en la distribución de las mismas. Pero, además, subrayan la incongruencia de que la Junta utilice ahora de forma flexible el concepto de 'horas lectivas', cuando se ha negado a ello durante todos los años anteriores afirmando que las restricciones impuestas por el Ejecutivo central lo impedían. ¿Por qué ahora sí se puede y antes no, si el criterio del Gobierno de la Nación no ha cambiado en este tiempo?

Con la aplicación de esta fórmula, la Consejería de Educación podría haber evitado o, al menos, atenuado la destrucción de empleo docente (4.500 plazas menos) en los años duros de la crisis. De hecho, así lo hicieron otras comunidades autónomas, como le han venido recordando año tras año los sindicatos al consejero de turno.

Igualmente, los docentes se preguntan si, una vez superado este periodo transitorio, las horas de guardia volverán a salir de la categoría de horas lectivas. El hecho de que la Consejería califique como horas lectivas tan sólo algunas de las horas de guardia y el resto no constituye también una incongruencia desde el punto de vista formal que añade inseguridad jurídica a las condiciones laborales de los docentes. A este respecto conviene recordar que la Justicia ha condenado recientemente a la Consejería por su regulación de los horarios de sus docentes. Así, el TSJA anuló, en una sentencia conocida el pasado mes de julio, una norma que suponía un aumento del número de alumnos por cada profesor de guardia y que tenía por objeto precisamente ahorrar en plantillas.

Para el sector sanitario, resulta una discriminación flagrante que en el catálogo de actividades se incluyan cursos de meditación computables como horas de trabajo y, sin embargo, la asistencia a congresos médicos no signifique para los médicos una ventaja equivalente.