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miércoles, 18 de julio de 2018

El Gobierno da instrucciones para que la subida de salarios de funcionarios del Estado se refleje en agosto

Los emplead@s públic@s del Estado podrían recibir en la nómina del mes que viene el alza salarial fija del 1,5% -con efectos desde enero de 2018- más la variable del 0,25%, con efectos desde el pasado 1 de julio.

Revista de prensa. ABC.- La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha anunciado este lunes que el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y la de Presupuestos, María José Gualda, cerrarán y lanzarán hoy las instrucciones para que la subida de los salarios de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) se pueda ver reflejada en las nóminas del mes de agosto.

No obstante, Batet ha asegurado que "eso dependerá de cada gestor y de la capacidad de incorporar esas variables". En concreto, los empleados públicos del Estado podrían recibir en la nómina del mes que viene el alza salarial fija del 1,5% más la variable del 0,25%, aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros y que corresponde a la cláusula del acuerdo que establecía esta subida si el PIB alcanzaba o superaba el 3,1%.

Así lo ha asegurado la titular del Ministerio tras reunirse este lunes por primera vez con los principales representantes sindicales de la Función Pública (CC.OO., UGT y CSIF). En un encuentro con los medios posterior ha puesto de relieve que el incremento del 0,25% aprobado el pasado viernes será "inminente", aunque ha destacado que la subida del 1,75% total (1,5% más 0,25% variable) dependerá de cada ámbito y de cada gestor.

Por otro lado, también ha señalado que está previsto un incremento adicional del 0,2% de la masa salarial, que, una vez tenga el visto bueno por parte del Ministerio de Hacienda, se negociará también con las organizaciones sindicales para ver cómo se reparten los fondos.

Nuevo acuerdo en otoño
Según ha explicado la ministra, esta subida del 0,2% "no responde a una subida lineal, sino que son fondos especiales y específicos para mejorar el funcionamiento y responden a otras lógicas". Además, ha resaltado que la intención es cerrar este acuerdo de subida adicional en otoño.

Asimismo, ha anunciado que el Ejecutivo tiene la intención de llevar al Consejo de Ministros del próximo viernes 27 la Oferta de Empleo Público (OEP) para este año, en la que se pretende incluir el acuerdo de estabilización correspondiente a los Presupuestos de 2017, "que no se había convocado con anterioridad".

En esta línea, ha asegurado que se compromete a convocar en los próximos meses la convocatoria de estabilización de los Presupuestos de 2018 para "ahorrarse futuros problemas que podrían quedar abiertos si no se hiciese con este carácter de simultaneidad".

No obstante, aunque el viernes 27 se apruebe el proceso de estabilización de 2017, no se convocarán las plazas hasta que no se apruebe el de 2018, ya que ambas convocatorias irán juntas. De hecho, ha subrayado que estará previsto para los próximos seis meses.

Incapacidad temporal, "Muy avanzado"
Sobre el número de plazas que se convocarían, Batet no ha señalado a cuántas ascenderían, aunque ha anunciado que a este mismo Consejo de Ministros también irá el acuerdo de incapacidad temporal, que está "muy avanzado".

De hecho, ha señalado que el día 23 de julio el Ministerio va a convocar la mesa general de negociación en la Administración General del Estado para que se cierre este acuerdo por el que los empleados públicos pasarán a cobrar el 100% de su retribución desde el primer día que se den de baja, volviendo así a la situación que vivían en 2013.

Con este acuerdo de incapacidad temporal se creará un grupo de trabajo para controlar el absentismo. La responsable de Política Territorial y Función Pública también ha afirmado que su intención es que las mesas de negociación constituidas se reúnan "mucho" y trabajen para seguir avanzando y mejorar las condiciones laborales y las condiciones profesionales de los empleados públicos.

"Sabemos que estamos en una legislatura corta y por tanto queremos aprovechar el tiempo que tenemos, no comprometernos a realizar cosas que no son posibles, pero aprovechar cada minuto y segundo que tengamos de legislatura", ha apostillado.

Respecto a las 35 horas, Batet ha afirmado que se ha hablado en la reunión, pero que no se ha entrado en profundidad, porque es un tema que se remite a las mesas de negociación. Sin embargo, ha recordado que la jornada de 35 horas está supeditada al cumplimiento del déficit.

Sindicatos piden el correcto desarrollo del acuerdo
El coordinador del Área Pública de CC.OO., Pepe Fernández, ha afirmado que le ha trasladado a la ministra que el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público no es "una ley de punto y final" que acabase con las reivindicaciones del sindicato y ha asegurado que seguirán trabajando por unas administraciones más pegadas a la ciudadanía y por unos servicios públicos <<bien retribuidos>>.

Asimismo, Fernández ha cifrado en 300.000 vacantes las necesarias, de las cuales 140.000 ya están cubiertas. También ha señalado que han trasladado a la ministra su preocupación por las oposiciones que se han realizado, sobre todo en Enseñanza, y le han pedido que "tome cartas en el asunto", porque el número de personas aprobadas ha sido inferior a las vacantes a cubrir.

"El sector público contempla un número importante de trabajadores que están en relación directa con diferentes administraciones y que llevan muchos años sin regular. Planteamos la necesidad de abrir un espacio que permita avanzar en definición de condiciones, trabajo y ámbitos de intervención", ha señalado Fernández.

Por su parte, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha puesto de relieve que le ha trasladado a Batet la necesidad de recuperar las condiciones laborales que tenían los empleados públicos antes del inicio de la crisis.

Asimismo, ha señalado que ha pedido una oferta de empleo pública extraordinaria en la Administración General de 4.000 plazas y 6.000 plazas de promoción interna. También ha pedido trabajar en el reparto de fondos adicionales del 0,2% y que se desarrolle la bolsa de horas de conciliación familiar.

En este punto, Borra ha afirmado que ha pedido "expresamente" empezar a trabajar en el acuerdo de permiso de paternidad para que hacer extensible a la Administración General las 20 semanas alcanzadas en Andalucía.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos UGT, Julio Lacuerda, ha señalado que esta va a ser una Legislatura "intensa" en materia de administración pública y ha asegurado que ha pedido un desarrollo adecuado del acuerdo.

Lacuerda también ha transmitido que hay que revertir las acciones de carácter lateral que afectaron a los empleados públicos desde 2012, entre ellos la reversión de la jornada máxima a jornada laboral y "otras 15 medidas que produjo la acción del Gobierno anterior".

martes, 12 de septiembre de 2017

Hacienda negociará con los sindicatos ligar al PIB la subida salarial para los funcionarios hasta 2020

El miércoles volverán a negociar el Mº de Hacienda y sindicatos de la función pública  y el día 22 el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018

La noticia en Expansión: Hacienda prepara una subida de casi un 2% para los funcionarios en 2018
Revista de prensa. El País. El Ministerio de Hacienda y los representantes de las principales organizaciones de empleados públicos (CSIF, UGT y CC OO) se han citado para mañana miércoles para cerrar el acuerdo sobre la subida salarial de los funcionarios.

Acuerdo a tres años 
El Departamento que dirige Cristóbal Montoro se muestra dispuesto a aprobar un acuerdo a tres años para que los empleados públicos comiencen a recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de crisis. Los sindicatos cuantifican en cerca del 20% los recortes sufridos desde el inicio de la recesión, una cifra que Hacienda no está dispuesta a ofrecer.

El Ejecutivo de Rajoy propone un acuerdo a tres años 2018-2020 con alza salarial que venga determinada por una fórmula ligada al crecimiento económico, tal y como adelantó este diario. Sobre la mesa está la recuperación del recorte del 5% que el Gobierno de Zapatero aplicó en mayo de 2010 a los empleados públicos.

Otra de las grandes temas de la negociación que reclaman los sindicatos consiste en recuperación de la jornada laboral de 35 horas. El sindicato CSIF, que preside Miguel Borra, propone que las administraciones que así lo decidan, como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o, incluso, el Ayuntamiento de Madrid puedan acortar la jornada laboral a las 35 horas.

Volver a las 35 horas
La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, aseguró en junio en una entrevista a EL PAÍS que "no se puede hacer todo a la vez". Y precisó: "La jornada de 35 horas tiene un coste muy importante porque supone sustituciones en el ámbito sanitario. Calculamos que el coste está entre 800 millones y 1.200 millones". No obstante, fuentes de Hacienda aseguran que todas las cuestiones están sobre la mesa y aún no hay nada decidido.

El Gobierno hará un esfuerzo para conseguir un acuerdo con los sindicatos porque busca apuntarse un acuerdo importante ante las dificultades para lograr pactos en el Parlamento. Los sindicatos, por su parte, endurecerán su postura porque el próximo año se celebran elecciones sindicales y necesitan vender los éxitos de su gestión.

En cualquier caso, la decisión se adoptará en los próximos días porque el Gobierno prevé aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, el próximo día 22. Unas cuentas, que según reconocen en el Ejecutivo están llamadas a ser las últimas de la actual legislatura.