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Aunque aún no se han hecho efectivas las prometidas devoluciones de la paga extra de navidad de 2012 en la AGE y en varias comunidades autónomas y ayuntamientos por cuestiones de liquidez presupuestaria, los sindicatos de la función pública consideran que la próxima gran reivindicación que afectará al conjunto de las administraciones públicas pasa por exigir la vuelta a la jornada laboral ordinaria de 8 de la mañana a 3 de la tarde, 7 horas diarias, es decir las 35 horas semanales.
Cristóbal Montoro, ministro en funciones de Hacienda y AA.PP de quien depende la función pública |
Firmas en Madrid
En el caso del País Vasco la medida que afecta a 70.000 empleados públicos ha pasado más desapercibida si bien los empresarios lo consideran "un mal ejemplo".
En el caso de la Comunidad de Madrid, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha sido el encargado de iniciar esta protesta y recoger firmas entre los empleados afectados. De esa forma buscan presionar a las administraciones para que rectifiquen y recuperen la jornada laboral previa a la crisis económica que supuso un fuerte retroceso en los derechos sociales de la función pública.
Parte de esos derechos perdidos se han ido recuperando en los dos últimos años, primero con la devolución de tres días de libre disposición -hasta los seis moscosos- y los variables por antigüedad, conocidos en la jerga de los funcionarios como "canosos", y más tarde con la paga extra suprimida en navidad de 2012.
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