La Oferta de Empleo Público para 2018 es la mayor desde 2008, con 23.156 plazas y la que más empleo neto creará, 1.909 plazas, de los últimos años. Asimismo, por primera vez, la Oferta de Empleo Público para este año es fruto del acuerdo de cuatro sindicatos, CSIF, CCOO, UGT y CIG. La Oferta de Empleo Público para 2018 traslada la recuperación económica al ámbito del empleo público, más allá de la recuperación salarial, y contribuye a la creación de empleo y al refuerzo de la prestación de servicios públicos. 23.156 plazas se aprueban hoy y suman 30.844 en 2018 La Oferta de Empleo Público convocará 11.095 plazas de nuevo ingreso y 6.204 plazas de promoción interna. Con tasas de reposición del 115% en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 100% en sectores prioritarios y del 75% en el resto, contará con un 5% adicional para determinados sectores de la Administración.
La Oferta va dirigida principalmente, entre otros
servicios públicos, a reforzar la atención de la Seguridad Social, la lucha
contra el fraude, instituciones penitenciarias, prestaciones y políticas
activas de empleo, emergencias o atención al ciudadano. Además, hoy se aprueba
un Real Decreto-ley para una Oferta de Empleo Público extraordinaria que
reforzará la atención a asilados y refugiados, con 323 plazas. También se
aprueba la Oferta de Empleo Público de Estabilización correspondiente a 2017 y
la Oferta de Empleo Público de Estabilización para el personal de la
Adminsitración de Justicia para 2018, con un total de 5.534 plazas. Todas estas
plazas suman 23.156 en la Administración General del Estado para 2018. Además,
Por otro lado, en abril ya se convocaron 7.688 plazas para docentes, Fuerzas
Armadas y Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, por lo que la Oferta
del Estado para 2018 alcanza un total de 30.844 plazas. Oferta de Empleo
Público extraordinaria Dentro de las cifras anteriores, figuran las 323 plazas
de la Oferta de Empleo Público extraordinaria para hacer frente a las demandas
derivadas de las solicitudes de asilo y refugio.
El incremento de las migraciones hacia nuestro país, con
un significativo aumento del número de personas llegadas de forma irregular a
nuestras costas y a Ceúta y Melilla, ha hecho que se incremente la carga de
trabajo en materia migratoria. Para dar respuesta al desafío de los nuevos
flujos migratorios es necesaria la incorporación urgente de nuevos efectivos
adicionales a los ámbitos donde se están gestionando actualmente las peticiones
de asilo y refugio. Debido a esta urgente necesidad se aprueba una oferta
extraordinaria, mediante Real Decreto-ley, en la que se autorizará la
convocatoria de 323 nuevos efectivos.
Justicia
De este modo, se añade a la Oferta de Empleo Público para
el ejercicio 2018 una oferta extraordinaria que resulta clave para mejorar del
sistema de acogida y para impulsarlo como un sistema justo, integrador y
eficiente. Estabilización en el empleo público Se aprueba, asimismo, un Real
Decreto de estabilización en el empleo. La Administración General del Estado
cuenta con un elevado índice de temporalidad y los acuerdos con los sindicatos
establecen un plan, a ejecutar en tres años, cuya primera fase, aprobada en los
PGE de 2017, corresponde fundamentalmente a las CCAA por tratarse de los
sectores docente, sanitario y servicios sociales. Este Real Decreto corresponde
a la parte de la AGE que todavía no se ha ejecutado y la correspondiente a la
Administración de Justicia de 2018.
El acuerdo firmado el pasado lunes con los sindicatos
incluye, además, el compromiso de aprobar en los próximos seis meses el Real
Decreto derivado de los PGE para 2018, que abre a todos los sectores la
posibilidad de estabilización.
Asimismo, se acordó con los sindicatos convocar, de forma conjunta, los procesos de 2017 y 2018.
Incapacidad temporal. Se aprueba también hoy el decreto sobre recuperación de derechos, que viene a suprimir un recorte del año 2012, que estableció para los empleados públicos en situación de incapacidad temporal una retribución del 50% para los cuatro primeros días, y de un 75% para los 14 siguientes.
Asimismo, se acordó con los sindicatos convocar, de forma conjunta, los procesos de 2017 y 2018.
Incapacidad temporal. Se aprueba también hoy el decreto sobre recuperación de derechos, que viene a suprimir un recorte del año 2012, que estableció para los empleados públicos en situación de incapacidad temporal una retribución del 50% para los cuatro primeros días, y de un 75% para los 14 siguientes.
La Ley de PGE para 2018 permite a cada Administración
negociar con los sindicatos poder volver a la retribución del 100% desde el
primer día. La ministra de Política Territorial y Función Pública.
Meritxell Batet, firmó el pasado lunes con los sindicatos
la recuperación de este derecho, que aprueba hoy el Consejo de Ministros.
